Sentencia Nº 2021-001909 de Sala Segunda de la Corte, 20-08-2021

EmisorSala Segunda de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia2021-001909
Fecha20 Agosto 2021
Número de expediente16-007163-1027-CA
*160071631027CA*

Corte Suprema de Justicia
SALA SEGUNDA

Exp: 16-007163-1027-CA
Res: 2021-001909
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las diez horas del veinte de agosto de dos mil veintiuno.
Vista la solicitud de adición y aclaración interpuesta por el apoderado especial judicial de la actora, de la resolución de esta S. número 2021-000741, de las nueve horas cincuenta y cinco minutos del veintiuno de abril de dos mil veintiuno, y;
CONSIDERANDO:
I.- El apoderado especial judicial de la actora solicita adición de la sentencia n.° 741-2021, de las 9:55 horas del 21 de abril de 2021, en la que se declaró parcialmente con lugar el recurso de casación interpuesto por la parte demandada; se anuló la resolución impugnada en cuanto acogió la excepción de prescripción, declaró con lugar la demanda, anuló la resolución número 6000-0984-2016 y condenó al accionado a pagar los salarios dejados de percibir hasta un monto máximo equivalente a veinticuatro veces el salario mensual total que debería devengar la accionante al momento de la firmeza del fallo, aguinaldo, vacaciones, salario escolar, aportes al Fondo de Garantías y Ahorros del Instituto Costarricense de Electricidad, aportes a la Caja Costarricense de Seguro Social y los ordenados por la Ley de Protección al Trabajador, tres millones de colones por daño moral, indexación (a excepción de los salarios caídos), intereses y ambas costas; en su lugar, se denegó la defensa interpuesta, se desestimó la demanda y se condenó a la actora al pago de ambas costas, fijándose las personales en trescientos mil colones. Señala que, al resolver el fondo del asunto, específicamente en el considerando V, se omitió emitir pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los argumentos expuestos por esta representación. En ese sentido, enlista los siguientes: la falta de competencia del órgano administrativo que dictó y ejecutó el acto de despido (el cual se introdujo durante la audiencia) y la aplicación del principio de razonabilidad y proporcionalidad de la sanción disciplinaria. Alega inobservancia del artículo 596 del Código de Trabajo. Menciona que, al contestar la audiencia conferida respecto del recurso de casación, se reiteró que se resolvieran cada una de las defensas invocadas (documento agregado al escritorio virtual de la S. el 27 de mayo de 2021 a las 10:19:22 horas).
II.- En aplicación del numeral 578 del Código de Trabajo, la adición y aclaración de una sentencia es un remedio procesal que solo procede en cuanto a su parte dispositiva, mediante el cual no se puede variar o modificar las sentencias, pero sí aclarar cualquier concepto oscuro o suplir cualquier omisión que contengan sobre un punto discutido en el litigio. En este asunto, como se dijo, la S. declaró parcialmente con lugar el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, anuló la resolución impugnada y desestimó la demanda. Veamos lo que a texto expreso se consignó en la parte dispositiva del fallo: Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se anula la sentencia recurrida en cuanto acogió la excepción de prescripción, declaró con lugar la demanda, anuló la resolución número seis mil guion cero novecientos ochenta y cuatro guion dos mil dieciséis y condenó al accionado a pagar los salarios dejados de percibir hasta un monto máximo equivalente a veinticuatro veces el salario mensual total que debería devengar la actora al momento de la firmeza del fallo, aguinaldo, vacaciones, salario escolar, aportes al Fondo de Garantías y Ahorros del Instituto Costarricense de Electricidad, aportes a la Caja Costarricense de Seguro Social y los ordenados por la Ley de Protección al Trabajador, tres millones por daño moral, indexación (a excepción de los salarios caídos), intereses y ambas costas. En su lugar, se deniega la defensa interpuesta, se desestima la demanda y se condena a la accionante al pago de ambas costas. Las personales se fijan en trescientos mil colones”. De la lectura del texto recién trascrito esta S. no observa ninguna omisión u oscuridad que deba ser subsanada; por el contrario, se aprecia que la redacción es clara y no se presta para interpretaciones. En todo caso, la gestión que nos ocupa no pretende la adición de la parte dispositiva del voto, sino de la parte considerativa, en tanto el apoderado especial judicial de la accionante alega que se omitió emitir pronunciamiento sobre dos aspectos en concreto: la competencia del órgano que dictó y ejecutó el acto de despido y la razonabilidad y proporcionalidad de la sanción impuesta. Luego, a la luz del ordinal referido, la solicitud resulta improcedente por no ser propia de la gestión de adición y aclaración. No obstante lo anterior, se estima oportuno señalar que la fase preliminar no está prevista para ampliar las proposiciones de las partes, sino para aclararlas, ajustarlas y subsanarlas cuando estas sean omisas, imprecisas u oscuras y respecto de derechos irrenunciables. El inciso 2) del artículo 517 del Código de Trabajo dispone: “En la fase preliminar se realizarán las siguientes actuaciones: […] 2.- Aclaración, ajuste y subsanación de las proposiciones de las partes, cuando a criterio del juzgado sean oscuras, imprecisas u omisas respecto de derechos irrenunciables, tanto en extremos principales o accesorios, cuando con anterioridad se hubiera omitido hacerlo…” En el caso que nos ocupa, el gestionante echa de menos el pronunciamiento sobre el cuestionamiento formulado en la audiencia celebrada a las 8:00 horas del 27 de febrero de 2019, en torno a la competencia del órgano que dictó y ejecutó el acto de despido de la demandante. Según se consignó en el acta de la audiencia: “…la parte actora manifiesta que con fundamento en el numeral 517 inciso 2 del Código de Trabajo, le interesa agregar una proposición nueva conexa con un hecho posterior a la interposición de la demanda, que tiene incidencia o constituye un motivo adicional para cuestionar la legalidad del acto administrativo por medio del cual fue despedida la actora. Manifiesta que se trata concretamente de la emisión del dictamen de la Procuraduría General de la República C-318-2018 del 14 de diciembre del 2018, mediante el cual se concluyó que la eliminación de la Gerencia General del ICE y la consecuente distribución de sus competencias legales en gerencias de áreas, es ilegal porque viola la Ley 449 del 8 de abril de 1948 y sus reformas. Manifiesta la parte actora que tal y como se indica en el hecho cuarto de la demanda, el acto de despido de la actora fue ejecutado por el Gerente de Telecomunicaciones del ICE, y que de conformidad con lo que establece el citado dictamen, este gerente carecía de competencia legal para ejecutar el acto de despido, por esta esa una potestad legal exclusiva del gerente general. Agrega que consecuencia de esto, el acto de despido deviene en nulo absolutamente también por este otro motivo, es decir la falta de competencia del órgano que lo dictó…” (Sic. El resaltado es agregado. Documento incorporado al escritorio virtual del Juzgado el 27 de febrero de 2019 a las 9:32:32 horas). Este planteamiento constituye una proposición novedosa, por lo que no se subsume en los supuestos de hecho regulados en la norma parcialmente trascrita. Luego, sobre el particular no debía emitirse pronunciamiento alguno, toda vez que se trata de un argumento que se introdujo al proceso una vez trabada la litis. Lo anterior, aun cuando a la contraparte se le haya dado audiencia y esta haya ejercido su derecho de defensa, por cuanto -como se dijo- se trata de un tema que se propuso extemporáneamente. Finalmente, en relación con el segundo aspecto -la aplicación del principio de razonabilidad y proporcionalidad de la sanción-, debe indicarse que este planteamiento no se formuló en el escrito inicial de demanda, de modo que tampoco formó parte del objeto del debate y, por ende, esta S. no debía pronunciarse al respecto. En todo caso, al haberse avalado el despido de la actora, implícitamente, se determinó que el poder disciplinario se ejerció conforme a los principios de causalidad, razonabilidad y proporcionalidad, por lo que se ajustaba a derecho.
III.- De conformidad con lo expuesto, procede declarar sin lugar la solicitud de adición y aclaración formulada por la parte accionante contra la resolución de esta S. número 741-2021.
POR TANTO:
Se declara sin lugar la solicitud de adición y aclaración.







Orlando Aguirre Gómez








Julia Varela Araya Luis Porfirio Sánchez Rodríguez












Jorge Enrique Olaso Álvarez Roxana Chacón Artavia









































Res: 2021001909

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