Sentencia Nº 2021-002182 de Sala Segunda de la Corte, 22-09-2021

EmisorSala Segunda de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha22 Septiembre 2021
Número de expediente13-000570-0641-LA
Número de sentencia2021-002182
*130005700641LA*

Corte Suprema de Justicia
SALA SEGUNDA

Exp: 13-000570-0641-LA
Res: 2021-002182
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas treinta y cinco minutos del veintidós de setiembre de dos mil veintiuno.
Proceso ordinario seguido ante el Juzgado de Trabajo de H., por [Nombre 001], divorciada, odontóloga y vecina de Cartago, contra la FUNDACIÓN AUTÓNOMA DE CIENCIAS ODONTOLÓGICAS, representada por su apoderado general judicial, el señor [Nombre 015], casado y adontólogo. Actúan, como apoderados especiales judiciales, de la actora, la licenciada J.H.S., de estado civil ignorado y abogada; y, de la demandada, el licenciado A.T.M., soltero y abogado. Todos mayores y vecinos de S.J., con la excepción indicada.
Redacta el Magistrado A.G.; y,
CONSIDERANDO:
I.- ANTECEDENTES: Con la acción, la parte actora pretende el pago de las diferencias salariales entre 1 de enero 2012 y el 12 de febrero de 2013, en virtud de los rebajos realizados; ¢306.450,00 por preaviso; 372,5 días por auxilio de cesantía; los salarios caídos; el daño moral y psicológico; los intereses desde el despido y hasta su efectivo pago; la indexación y las costas (archivo incorporado en fecha 08-08-2013). La demandada contestó en términos negativos y opuso la excepción de falta de derecho (archivo incorporado en fecha 12-06-2014). El Juzgado declaró sin lugar la demanda, resolviendo sin especial condena en costas (archivo incorporado en fecha 22-03-2019).
II.- AGRAVIOS: Ante la Sala recurre la representación de la parte actora. Por la forma, acusa que mediante resolución de las 11:54 horas del 7 de agosto de 2018 se convocó a audiencia oral, la cual estaría compuesta de dos etapas (preliminar y complementaria o de juicio) conforme a los artículos 517 y 518 del Código de Trabajo; no obstante, el día de la audiencia (6 de marzo de 2019) se dio inició con la conciliación, omitiéndose la fase preliminar. Plantea que, con lo actuado se le produjo un perjuicio a su representada, pues ahí debió haberse analizado un aspecto medular, a saber: los daños y perjuicios, los que debieron motivarse e indicar en ese momento en qué consistían y su estimación (artículo 495 del Código de Trabajo), lo que no se cumplió. Ese aspecto, señaló, debió haberse analizado y subsanado previamente en la fase preliminar, tal y como lo plantea el inciso 2 del numeral 517 citado. De esta forma, estima que debió subsanarse la falta de estimación de los daños. Así, ante la violación de la norma que rige la materia, considera que debió declararse la nulidad, revocando la resolución impugnada y retrotrayendo el proceso al momento en que debió enmendarse aquella falta de requisito que contenía la demanda, a efecto de que se realizara la corrección pertinente. De la misma forma, acusa un fundamento insuficiente de la sentencia. Refiere que tuvo por probada la causal de despido por abandono de trabajo; no obstante, en la fundamentación que hizo no aludió al número de días que dejó de laborar ni los días en que lo hizo, a efecto de determinar si eran días consecutivos o alternos, a propósito de establecer si se configuraba o no la causal. Expresa que sobre el particular, el juzgador hizo una trascripción de testimonios, exponiendo en el recurso lo que aquel dijo en relación con el punto. Por el fondo , alega errores en la valoración de la prueba y en el análisis de los hechos. Expone que en la acción se planteó la persecución de la que fue objeto producto de la gestión que realizó ante el Ministerio de Trabajo por el rebajo de su salario y otros incumplimientos. Al respecto, expone que en el lapso de un mes se le amonestó, suspendió y despidió. Manifiesta que el A quo solo analizó el caso de la última paciente ([Nombre 004]), expresando que no existió responsabilidad de la mandante, pues lo que falló fue la endodoncia; sin embargo, obvió el análisis sobre la persecución alegada y el verdadero motivo del despido. Por otra parte, refiere que el testigo [Nombre 005] indicó que la jornada de la demandante era de 24 horas y que tanto éste como la deponente [Nombre 006] fueron claros sobre las materias, días y jornadas impartidas. Además, en la certificación expedida por la contadora de la accionada (aportada en la contestación) se corrobora lo alegado en la acción, a saber: que la jornada de la actora era de 24 horas y que comenzó a sufrir rebajos a partir de setiembre de 2012. Añade también que el testigo [Nombre 007] declaró que a otros profesionales se les podían cambiar los horarios, pero no a la actora, pues estaba fija y no se le condicionaba el horario, por cuanto su contrato era diferente al de otros profesionales. Considera que hubo un yerro en la valoración del juzgado, porque no se pretendían diferencias entre las horas laboradas y las canceladas, sino que su jornada fue de 24 horas, tal y como se estableció en su contratación y se desarrolló en el contrato realidad, lo que fue demostrado con los testigos ofrecidos, la referida constancia de la contadora, así como con las declaraciones de [Nombre 008] y [Nombre 014], quienes indicaron que habían tratado de mantenerle el número de horas. Señala que la carga de la prueba recaía en la empleadora, quien no desvirtuó la jornada de 24 horas ni que se le contratara conforme a la matricula que existiera. Menciona que los testigos aseguraron que la demandante impartió siempre los mismos cursos: operatoria, coronas y puentes, y clínica, los cuales dio por dieciocho años, por lo que trae a colación la variación de sus funciones y su contrato realidad (ius variandi abusivo), lo que no fue valorado por el juez, sumado a que la actora no pudo gestionar la reconsideración pertinente, pues fue despedida antes del mes de comunicación del cambio de funciones. En relación con la posición del juez sobre la causal de despido cita el oficio n.º FACO-02-2013 del 8 de enero de 2013 en el que se le informa sobre los cursos que se le iban a asignar a partir del 14 de enero de 2013, dado que no había matrícula para los cursos de laboratorio de operatoria y coronas y puentes, así como lo expuesto por los testigos [Nombre 010] y [Nombre 014]. Acusa que no se valoró que los cursos asignados no eran parte de sus funciones, máxime cuando, como lo refirieron ambas testigos, la actora no estaba conforme y no impartiría los cursos, porque no estaba capacitada para hacerlo y por problemas de horario. Sostiene también que si ésta dio aviso de ello el 8 de enero de 2013, para cuando se le entregó la carta de despido el plazo de un mes para que operara la prescripción se había superado, sumado a que en contrapartida a la decisión, no hubo un planteamiento de la empleadora en torno a si aceptaba o no su inconformidad con los cursos y horarios asignados, así más bien se le impuso una sanción por la desobediencia a la orden impartida. Agrega que la parte demandada no demostró el abandono, pues en la carta no se dijo si eran dos días consecutivos o alternos en los que faltó a laborar y tampoco se hizo en la contestación, ni lo expusieron los testigos. Sobre el particular, expone los siguientes aspectos: 1) las clases iniciaban el 14 de enero de 2017; 2) la actora impartía varios cursos, manteniendo las clínicas, con los cuales se encontraba conforme, sumado a que por estos fue contratada y por 18 años los había impartido y, 3) se le suspendió por una semana (oficio FACO-08-2013), lapso en el que no se podían contabilizar las ausencias. Reitera la incorrecta aplicación del régimen probatorio. Por las razones expuestas, solicita anular la resolución impugnada o, por el fondo que ésta se case (archivo incorporado en fecha 05-04-2019).
III.- RECURSO POR LA FORMA: El actual artículo 587 del Código de Trabajo faculta a la Sala para conocer los vicios de orden procesal que ahí se prevén. El inciso 1 de esta norma contempla como causal de casación: “Cualquiera de los vicios por los cuales procede la nulidad de actuaciones, siempre y cuando estos hayan sido alegados en alguna de las fases precedentes del proceso y la reclamación se haya desestimado”. Esta disposición normativa debe complementarse con lo dispuesto en el artículo 471 ídem que, en relación con las expresas alegaciones de la parte recurrente, dispone en su inciso 9 la procedencia de la nulidad “Cuando de alguna manera se haya impedido el acceso a la justicia o al derecho de defensa, o se ha incurrido en la violación del debido proceso”. En efecto, como lo plantea la parte recurrente, escuchado el audio que contiene la audiencia celebrada ésta inició luego de las presentaciones correspondientes (juez, partes y abogados), del intento de conciliación propuesto por el A quo a las partes, obviando cualquier pronunciamiento sobre el objeto del proceso y el orden en que se conocerían los aspectos por resolver, así como la aclaración, ajuste y subsanación de las proposiciones de las partes. No obstante, en relación con esto último no puede perderse de vista que esta actuación se prevé para el caso de que, a criterio de la persona juzgadora, aquellas (proposiciones) resulten oscuras, imprecisas u omisas respecto de derechos irrenunciables, sumado a que tal y como se desprende de la grabación respectiva, la parte impugnante no gestionó en aquel momento –el procesal oportuno para hacerlo- la corrección pertinente ni la reclamación que ahora se formula ante la Sala, circunstancia que imposibilita su atención, pues conforme al artículo 475 ídem: “Las nulidades no reclamadas durante el proceso y en la oportunidades señaladas se tendrán como definitivamente consentidas y subsanadas”.
IV.- SOBRE LA PERSECUCIÓN ALEGADA: En primer lugar, ante las manifestaciones de la recurrente sobre la persecución de la que fue objeto producto de la gestión que efectuara por los rebajos de su salario y otros incumplimientos, debe señalarse que efectivamente existe una coincidencia temporal entre el momento en que la actora realizó la reclamación correspondiente ante la decanatura de la demandada (nota de fecha 4 de diciembre de 2012, recibida el 7 de diciembre siguiente, según consta a imagen 9 del archivo incorporado en 08-08-2013) y aquellas en que fue amonestada (oficio FACO 05-13 del 14 de enero de 2013 en imagen 14 ídem), suspendida (oficio FACO 08-13 del 23 de enero de 2013 en imagen 18 ídem) y despedida (oficio FACO 013-2013 del 12 de febrero de 2013 en imagen 22 ídem); sin embargo, esto no es suficiente, como tampoco lo es el resto del material probatorio constante en autos, para tener por establecido sin lugar a dudas que esas actuaciones tuvieron ese ánimo, como tampoco que fueran una represalia, ante la acción emprendida por la trabajadora en defensa de derechos laborales que estimaba violentados, en la forma que lo ha expuesto durante el proceso. Por otra parte, en relación con su reclamo respecto del salario y la jornada laboral, resulta oportuno hacerle la precisión a la impugnante en torno a que su formulación sobre que no se pretendían diferencias entre las horas laboradas y las canceladas no es correcta, pues su pretensión estuvo orientada, en lo conducente, al “pago de diferencias salariales que corren del 1 de enero de 2012 al 12 de febrero de 2013, por el rebajo en mi salario”. Esta solicitud estuvo sustentada en lo expresado en el hecho segundo de la acción, en el que indicó: “En diciembre de 2012 presenté una nota dirigida al Dr. [Nombre 015], Decano de la Facultad Autónoma de las Ciencias Odontológicas, indicándole que desde julio de 2010 había devengado un salario bruto de 272,400.00, neto 247,420, por una jornada laboral de 24 horas semanales; que desde hace casi tres años mi salario no era aumentado; que desde setiembre de 2012 se había venido rebajando mi salario; que debía devengar, al menos, el salario mínimo establecido por el Decreto de Salarios Mínimos y que mi salario no podía ser rebajado pues ello constituye un uso abusivo del ius variandi” (imágenes 1 a 2 del archivo incorporado en fecha 08-08-2013), lo cual fue detallado, ante prevención realizada por el juzgado, en los siguientes términos: "En marzo de 2011 percibía un salario de ¢306.450,00 por una jornada de 24 horas semanales; 3) A inicios del 2012 se me rebajó a 204.300; y en enero 2013 a 136.200” (archivo incorporado en fecha 21-11-2013). Sobre lo expuesto, debe destacarse que la demandante hizo referencia a una jornada de 24 horas y nunca señaló que ésta fuera variada, pues solo hizo mención a una modificación en la remuneración percibida. Asimismo, se advierte una contradicción en el planteamiento expuesto, pues por un lado alega que “desde julio de 2010 había devengado un salario bruto de 272,400.00 neto…” y por otro que “En marzo de 2011 percibía un salario de ¢306.450,00”; sin embargo, lo indicado en archivo incorporado en fecha 21-11-2013 (el generado a partir de la mencionada prevención) se encuentra respaldado por las constancias del subgerente administrativo de la accionada visibles en imágenes 11 a 12 ídem. Sobre la tesis de la demanda, la accionada, quien por la naturaleza de lo controvertido tenía la carga de la prueba (artículo 478 inciso 5 ídem), argumentó: “Tomando como referencia el ejemplo brindado por la actora en este hecho, se puede extraer que la actora, para el año 2012, muestra inconformidad por percibir un salario de ¢272.400,00 mensuales, por una jornada laboral de 24 horas semanales. Para el segundo semestre del año 2012, el salario mínimo de un Licenciado Universitario era de ¢529.855,43 por mes, por jornada completa, sean 48 horas semanales. En el caso de la actora trabajaba medio tiempo, 24 horas por semana, por lo que de acuerdo con el salario mínimo vigente para el segundo semestre del año 2012, le correspondía un salario de ¢264.927,71 por las horas laboradas. Se evidencia entonces que la actora percibía un salario superior al mínimo de ley, por lo que mi representada no estaba en la obligación de aplicar reajustes semestrales ni tiene obligación de pagarle las diferencias pretendidas con respecto al mínimo de ley. / Por otra parte, es importante mencionar que dado que la materia prima de estas labores es la matrícula de estudiantes y como la misma tiende a ser incierta, a la actora nunca se le prometió un mínimo de horas por cuatrimestre o cursos fijos por impartir, ya que incluso su roll era como docente auxiliar. Estos fueron los términos originales de su contratación” (imagen 7 del archivo incorporado en fecha 12-06-2014). Para probar su dicho, esta parte aportó el documento de fecha 8 de enero de 2013, en el cual el decano se refirió a la gestión de la demandante en los siguientes términos: “Como usted menciona en su carta su posición o contratación es de Docente, desde su inicio laboral usted sabía que su salario quedaba sujeto a la apertura de los cursos en los cuales usted nos iba a colaborar, dándose por entendido que si no había estudiantes para dicho curso para ese cuatrimestre, no había contratación. Más aún la Facultad por ser condescendientes con su persona ha buscado continuamente el modo de reubicarla en otras áreas como por ejemplo el aumento de horas en clínica. Sin embargo cuando los períodos de matricula entre uno y otro cuatrimestre hace que los meses tanto al inicio como al final del mismo, no se den en su totalidad, siempre se le ha pagado su salario completo, sin mediar rebajo alguno, así como las vacaciones que disfruta que son más que las que corresponden por ley. / Como usted lo menciona su jornada laboral ha sido de 24 horas mensuales. El salario que usted devenga no ha sido incrementado ya que está por encima del mínimo de ley, así que cuando usted señala que debe al menos devengar el salario mínimo establecido por el Decreto de Salarios Mínimos, le informe que el pago de las 24 horas es proporcional a lo fijado por Ley. / Con relación al rebajo del salario del III cuatrimestre de 2012, usted fue informada por escrito de los cursos que estaría colaborando con el encargado de los cursos en ese cuatrimestre, en el cual no aparecía el curso de Operatoria Laboratorio, como efectivamente usted nos indica por falta de matrícula. / Se trato de compensar esas horas con algún otro curso pero no fue posible, también consideró abrirle algún turno en clínica, pero usted es consciente que se ha tenido que mover de la especialidad de Coronas y P. por los problemas de mal praxis, en detrimento de la excelencia académica, y de lo cual usted tiene conocimiento. / Con respecto al III cuatrimestre del 2012, por concepto del curso de Laboratorio de Restaurativa que no impartió por falta de matrícula, nos vemos imposibilitados de compensarle su horario por las razones antes señaladas” (imágenes 31 a 33 del archivo incorporado en fecha 12-06-2014). Además, se aportó documento del 5 de febrero de 2014, donde la contadora de la accionada hizo constar, entre otros, los salarios, cursos y total de horas canceladas a la accionante durante el año 2012 y los dos primeros meses de 2013. Así, el 1 de enero, 1 de marzo, 1 de abril, 1 de mayo, 1 de julio y 1 de agosto, todos de 2012, más el 1 de enero de 2013 aparece reportado un salario bruto de ¢272.400,00 por 24 horas correspondientes a los cursos “Operatoria II –Coronas y P. Laboratorio + 12 horas de clínicas" ; el 1 de febrero de 2012 por 23,25 horas en los mismos cursos se registra un salario bruto de ¢263.888,00; el 1 de julio de 2012 con 23,5 horas respecto de aquellos cursos devengó un monto de ¢266.725,00 por concepto de salario bruto; el 1 de setiembre percibió ¢153.225,00 relativos a 13,5 horas por los cursos de “Operatoria II –Coronas y P. Laboratorio + 1.5 horas de clínicas”; del 1 de octubre al 1 de diciembre de 2012 se reporta un salario bruto de ¢204.300,00 por 18 horas correspondientes a ¢204.300,00. Finalmente, el 1 de febrero de 2013 para 6 horas de “Clínicas 12” devengó un salario bruto de ¢68.100,00 (imagen 35 en archivo incorporado en fecha 12-06-2014). A lo anterior, se suma lo declarado por las dos testigos ofrecidas por dicha parte. Al efecto, la deponente [Nombre 014], quien es asistente de la decanatura de la accionada, refirió que siempre se trató de mantenerla por las mismas horas para las que se le contrataba. Pese a que se oferta no hay matricula, entonces no se da el curso. No recuerda la cantidad de horas laboradas por semana. Las planillas se montan por cantidad de horas. Desconoce si se le daban aumentos salariales (archivo multimedia). A su vez, la testigo [Nombre 010], quien es vice-decana en la demandada, expresó que la accionante laboraba para ésta desde hace 12 o 13 años. Las horas clínicas y los cursos dependían de la cantidad de estudiantes. A veces no había suficientes estudiantes en clínica. No hay contrato por horas porque los horarios varían cada cuatrimestre, pero generalmente ella manejaba 24 horas por semana. En una ocasión se le dijo que como los laboratorios bajaban mucho, entonces se le dio más de clínica. Se le trató de compensar para que le quedaron 24 horas por una situación que tenía (divorcio), se le habló de un curso para que completara, tenía tiempo de tener las 24 horas (archivo multimedia) . De lo planteado se desprende que, pese a los esfuerzos que hacían las autoridades de la accionada por mantenerle a la actora una jornada de 24 horas, lo cierto es que, según se demostró, la jornada de los docentes y, por consiguiente, los salarios que percibían al efecto dependían de la demanda estudiantil al respecto (la matricula en los cursos). Además, lo indicado fue corroborado, en relación con la actora, con la mencionada constancia que emitió la contadora de la accionada, en la cual se constató la disminución del salario de la trabajadora en torno a la jornada que desempeñaba en los cursos que impartía para la demandada. Es cierto, que en autos también se encuentra la declaración del testigo [Nombre 005] , quien, según dijo, conocía a la actora desde 1995, y que a su vez había laborado para la demandada. Este testigo ratificó la posición planteada por la accionada en torno a que se les pagaba en relación con las horas que daban; y no es tan precisa la afirmación de la demandante relativa a que éste declaró que ella se encontraba fija, pues lo que él aludió fue a que la accionante estaba más fija, en contraposición a él que estuvo intermitente (unos semestres iba y otros no), sumado a que expuso que desconocía si a ésta la condicionaban o no. Ante estas circunstancias, ninguna objeción debe hacerse al A quo cuando afirmó “que la gestionante devengaba un salario de acuerdo a las horas laboradas como docente e instructora”, además, sobre el particular explicó: “ Del documento a imagen 83 del expediente electrónico, la demandada mediante este documento refleja los salario devengados por la Dra. [Nombre 013] de enero de 2012 a enero de 2013, en el cual se indica el salario devengado de acuerdo a las horas laboradas, por lo que el monto podía variar, debido a que estaba sujeto a la cantidad de horas que laborara. Por lo anterior, la demandante no desvirtuó este documento, no demostró haber laborado una cantidad de horas distintas a las consignadas en este documento”, aspecto en concreto que no fue refutado en el recurso que se conoce.
V.- SOBRE EL DESPIDO DE LA ACTORA: Sobre los reproches en relación con la causal tenida por acreditada en sentencia para el despido de la accionante, es importante tomar en cuenta que en la demanda, la parte actora alegó: “El 8 de enero de 2013 recibí el oficio FACO-02-2013, en el cual se me indicaba que no se me asignarían los cursos que impartía, desde 1995, que en su lugar debía impartir otros, para los cuales no me encontraba capacitada en ese momento. Ese oficio me lo entregaron el primer día de clases, sea cuando ya debía empezar a impartirlos. El 8 de enero, después de recibir el oficio FACO-02-201314 fui a la oficina del Decano de la Facultad, a efecto de indicar que no me encontraba conforme con el cambio de cursos, pues desde el inicio de mis servicios para la Universidad impartí los cursos de Laboratorio de Operatoria y Coronas y P.; que se estaban modificando los cursos que debía impartir y también se me modificaba el horario; que sobre los cursos que se me habían asignado no contaba con ninguna experiencia, que no me encontraba capacitada, en ese momento; que se estaban variando mis funciones y mi horario, afectando la modificación de mi horario actividades de mi vida privada” (hechos cuarto y quinto, en imágenes 2 a 3 del archivo incorporado en fecha 08-08-2013). La parte demandada aceptó los hechos e indicó: “Efectivamente el 8 de enero de 2013 le fue entregado a la actora el oficio FACO 02-2013, en el cual se le indicaba cuales eran los cursos y los horarios que iba a tener para el curso lectivo del primer cuatrimestre del 2013; sin embargo, es falso que dicho documento se le entregó el primer día de clases ya que las clases comenzaron el 14 de enero del 2013 y el oficio fue entregado el 8 de enero del mismo año. Además, tomando en cuenta que la labor de la actora era de docente, la universidad lo que hizo (a pesar de no ser su obligación y dado que la actora alegó una difícil situación económica ya que estaba recién divorciada y el esposo le había quitado dos de los tres hijos que habían procreado por lo que estaba pagándole pensión al ex esposo y con un juicio para recuperar a sus hijos o que al menos el ex esposo le permitiera ver a sus hijos) fue que por mantenerle sus 24 horas mensuales, cambió los cursos que inicialmente impartía por otros que sí habían obtenido matrícula, estos cursos eran de otras disciplinas pero siempre dentro de su área de conocimiento que es la odontología o para los cuales ella no estuviera capacitada…. El mismo 08 de enero del 2013, la Dra. [Nombre 013], se presenta a la decanatura para informar verbalmente a la Licda. [Nombre 014] (asistente de la decanatura) que no le servía las alternativas propuestas de los cursos (siempre en la carrera de odontología) ni del horario, porque además de no sentirse capacitada para impartir esos cursos (los cuales se le estaban ofreciendo para compensarle los cursos cerrados) le interfería con su vida privada, ya que había matriculado algunos cursos libres de corte y confección. / Cabe resaltar que la facultad realizó dichos cambios con la finalidad de ayudarle a la actora y completarle las horas mensuales; sin embargo esta no quiso aceptar la propuesta planteada por la facultad y no impartió los cursos propuestos, por lo que la facultad tuvo que recurrir a otro profesional para suplir a la actora” (imagen 9 del archivo incorporado en fecha 12-06-2014). En relación, el artículo 478 inciso 4 ídem, establece: “En los conflictos derivados de los contratos de trabajo, le corresponde a la parte trabajadora la prueba de la prestación personal de los servicios y, a la parte empleadora la demostración de los hechos impeditivos que invoque de todas aquellas que tiene la obligación de mantener debidamente documentados o registrados. / En todo caso, le corresponderá al empleador o la empleadora probar su dicho, cuando no exista acuerdo sobre: (…) 4) Las causas de la extinción del contrato”. En la carta de despido, en lo atinente se le imputó el “abandono a las obligaciones profesionales y de horario pactado”, por cuanto “ no contestó la propuesta (sobre los nuevos cursos) a tiempo” (se hace el análisis conforme a la causal que tuvo por establecida el juzgador, dado que la persona que recurre es la actora y no es posible una reforma en perjuicio). En autos, consta que mediante documento de fecha 8 de enero de 2013, se le comunicó a la actora lo siguiente: “Nos permitimos informarle que debido a que no ha habido matrícula para los cursos de Laboratorio de Operatoria y el de Coronas y P., para este I cuatrimestre 2013, se le asignaran los cursos de: / Neurofisiología y Oclusión… Introducción a la Oclusión y Anatomía Dental Lab… Anatomía Humano Lab… Los turnos de clínica (12 horas) se mantienen… Por lo cual se le mantienen las 24 horas mensuales. Este regirá a partir del lunes 14 de enero del 2013” (imagen 21 del archivo incorporado en fecha 12-06-2014). Además, debe valorarse la prueba testimonial evacuada en este asunto. Así, la deponente [Nombre 014] sostuvo: En algún momento se le ofreció un curso que no era el que ella normalmente impartía para rellenarle el cupo. Una vez que no había suficiente matricula se le ofreció otro curso para compensarlo, sobre todo porque tenía bastante tiempo de estar en la facultad, esto fue en 2013. Se le informó de otro curso, pero ella le dijo que lo iba a pensar y luego que no, porque no se sentía preparada y que había tomado curso de corte y confección, por lo que le chocaba. Se le asigna un curso, el programa se les entrega. Cree, porque no es odontóloga (la testigo), que un profesional en esa rama, conoce o maneja el programa de odontología (archivo multimedia). De la misma forma, la testigo [Nombre 010] indicó: A la actora le faltaban horas, para no bajarle el salario se le ofreció el curso de oclusión (curso normal y corriente), cualquier odontólogo puede hacerlo, se le informó por teléfono y luego llegó a hablar con la secretaría de decanatura y le dijo que no estaba capacitada, entonces se le pidió que lo hiciera por escrito, no lo hizo y cuando llegó el momento tuvieron que correr para buscar quien lo diera. Ocho días pueden requerirse para preparar la primera clase. Se le avisó como 15 días antes. Ella no llegó. El despido se le comunicó a los veinte días. Se le hizo por escrito. Se le ofreció curso para completar horas (archivo multimedia). A partir de lo expuesto, quedó claro que a la actora se le asignaron unos cursos (Laboratorio de Operatoria y Coronas y P.) distintos a los que normalmente impartía, los cuales si bien formaban parte del programa de odontología, como se alega por parte de la accionada, ello no supone, en los términos que ésta lo plantea, el manejo de estos por parte de la actora y, en consecuencia, no existen razones para dudar de su dicho en relación con el hecho de que no se encontraba capacitada para darlos, por cuanto durante años había impartido otros cursos y, en ese entendido, para dar los nuevos no solo debía prepararse en lo personal sobre los temas en cuestión, sino también en los contenidos que impartiría a sus alumnos. A lo anterior, se suma la circunstancia de que ésta comunicó su limitación (no estaba preparada) para brindar los cursos correspondientes, aspecto sobre el cual tenían conocimiento las autoridades de la demandada, conforme ha quedado acreditado en autos, por lo que tener por establecido un abandono de parte de ésta, en razón de que no cumplió la exigencia de hacer aquella comunicación por escrito (lo hizo en forma verbal) resulta contraria a la buena fe que debe imperar en toda relación laboral, pues la accionada, según lo admitieron sus testigos, sabía de la posición de la actora, por lo que el requerimiento de un escrito al efecto, constituye una mera formalidad, que no abona al conocimiento que ya se poseía y, en consecuencia, ninguna lesión pudo haberse generado para conseguir a un sustituto, en los términos que lo ha alegado dicha parte, por cuanto la información sobre la demandante (su no disposición en relación con cursos distintos a los que impartió por años) se tenía desde tiempo atrás. De esta forma, en el contexto formulado no puede tenerse por configurado un despido justificado por abandono, como se le ha imputado a la accionante. En virtud de lo señalado, ante el rompimiento de la relación por parte de la accionada en los términos indicados, ésta debe cancelarle a la actora un mes de preaviso (artículo 28 del Código de Trabajo, toda vez que la relación se prolongó por un espacio de 17 años, 9 meses y cuatro días), lo que corresponde a la suma de ¢267.058,33 que constituye el promedio salarial de los últimos seis meses de labores (el juez tuvo por probado para el año 2012 un salario de ¢272.400,00, aspecto que no fue objetado por la parte demandada, pese a la información contenida en constancia a imagen 35 del archivo incorporado en fecha 12-06-2014. Los datos de enero y los 11 días laborados de febrero de 2013 se tomaron del documento en cuestión), conforme lo prevé el numeral 30 ídem. Por cesantía le corresponden, con la antigüedad señalada, 160 días, que con el promedio salarial referido da lugar a la suma de ¢1.424.310,40 (¢8.901,94 x 160). De la misma forma, tiene derecho la actora al pago de los salarios caídos a título de daños y perjuicios (artículo 82 del Código de Trabajo) en razón de que la demandada le atribuyó la comisión de faltas que no comprobó, debiendo establecerse su importe en el monto de ¢1.602.349,98 correspondientes a seis meses de salario, el cual se estima que es un plazo razonable y proporcionado, así como ajustado a lo que la jurisprudencia ha venido determinando al efecto (véase, entre muchos otros, los votos números 352 de las 9:35 horas, del 13 de mayo de 2005; 300 de las 10:45 horas, del 26 de febrero y 1343 de las 9:40 horas, del 1 de octubre, ambos de 2010). En razón de lo que se viene disponiendo, tiene derecho la demandante también al pago de los intereses y a la indexación de los extremos concedidos desde el momento del despido y hasta su efectivo pago (tómese en cuenta que se trata de derechos que surgieron de previo a la reforma procesal laboral y, en consecuencia, no tienen que aplicarse los límites que prevé el artículo 565 inciso 2) para el segundo extremo). La determinación de estos últimos rubros debe hacerse en ejecución de sentencia, pues a nada conduce una determinación en este momento, cuando se desconoce aquel en que se realizará la cancelación respectiva. Finalmente, debe imponerse también a dicha parte demandada el pago de las costas, las cuales corresponde establecer en el 15% de la condenatoria, por estimarse que es un porcentaje acorde a la labor realizada, la cuantía de la cosa litigada y la posición económica de las partes, sin que se realice la cuantificación respectiva en razón que no se cuenta con el dato concreto de los dos rubros anteriores.
VI.- CONSIDERACIONES FINALES: C. de lo expuesto, procede declarar parcialmente con lugar el recurso y anular la sentencia recurrida en cuanto denegó los extremos de preaviso, cesantía y daños y perjuicios. En su lugar, procede concederlo y condenar a la demandada a pagarle a la actora la suma de ¢267.058,33 por preaviso, ¢1.424.310,40 por cesantía y ¢1.602.349,98 por los daños y perjuicios. Asimismo, debe imponérsele a dicha parte el pago a la accionante de los intereses y la indexación sobre las sumas debidas desde el momento del despido y hasta su efectivo pago, más las costas, las cuales deben establecerse en el 15% de la condenatoria. El cálculo de estos últimos extremos corresponde hacerlos en la etapa de ejecución de sentencia por las razones expuestas en el considerando anterior. En lo demás, debe mantenerse incólume, en virtud de lo que ha sido analizado y de lo que fue objeto de recurso.
POR TANTO:
Se declara parcialmente con lugar el recurso y se anula la sentencia recurrida en cuanto denegó los extremos de preaviso, cesantía y daños y perjuicios a la parte actora. En su lugar, se conceden y se condena a la demandada a pagarle a la actora la suma de doscientos sesenta y siete mil cincuenta y ocho colones con treinta y tres céntimos por preaviso, un millón cuatrocientos veinticuatro mil trescientos diez colones con cuarenta céntimos por cesantía y un millón seiscientos dos mil trescientos cuarenta y nueve colones con noventa y ocho céntimos por los daños y perjuicios, así como los intereses y la indexación por las sumas debidas desde el momento del despido y hasta su efectivo pago más las costas, las cuales se fijan en el quince por ciento de la condenatoria. En lo demás, se mantiene incólume.





Orlando A.G.



Julia Varela Araya Luis Porfirio Sánchez Rodríguez



Roxana Chacón Artavia Sandra María Pereira Retana
Res: 2021-002182
IARAYAV/DMENESES

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