Sentencia Nº 2021-002451 de Sala Segunda de la Corte, 29-10-2021

EmisorSala Segunda de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha29 Octubre 2021
Número de expediente17-000022-1533-LA
Número de sentencia2021-002451
*170000221533LA*
Corte Suprema de Justicia
SALA SEGUNDA
Exp: 17-000022-1533-LA
Res: 2021-002451
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las diez horas quince minutos del veintinueve de octubre de dos mil veintiuno.
Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Tercer Circuito Judicial de S.J., sede H., por [Nombre 001], casada y técnico en microfilm, contra el ESTADO, representado por su procuradora adjunta la licenciada Cinthya Vanessa Castro Hernández, abogada. Figura como apoderado especial judicial de la actora el licenciado S.D.V.R., abogado. Todas las personas mayores de edad, solteras y vecinas de S.J., con las excepciones indicadas.
Redacta el Magistrado A.G.; y,
CONSIDERANDO:
I.- ANTECEDENTES: La actora planteó la demanda para que se condene al pago de diferencias salariales entre el puesto de M. en el que se encuentra nombrada y el correspondiente a Técnico en Microfilm, cuyas funciones realiza desde el 1 de setiembre de 1998. Pidió la satisfacción de diferencias por aguinaldo; el daño moral (estimado prudencialmente en la cantidad de cinco millones de colones por año laborado); los incentivos previstos en el numeral 69 y siguientes del Reglamento de Servicio de los Cuerpos Policiales adscritos al Ministerio de Seguridad Pública (pretensión desistida en la fase preliminar de la audiencia oral); intereses y costas (libelo inicial incorporado al escritorio virtual el 15 de febrero de 2017). Al trabarse la litis, en aplicación del principio de legalidad, se mostró inconformidad con esas pretensiones. Se alegó las defensas de falta de derecho y pago (contestación incorporada a ese mismo escritorio virtual el 8 de enero de 2018). La sentencia de instancia estimó parcialmente la demanda. Condenó a pagar las diferencias salariales generadas y demás derechos derivados a favor de la actora, entre el puesto de M. y el de Técnico de Servicio Civil 3, correspondiente al período en el que se demostró la realización de las labores; junto con las diferencias de aguinaldos de los años 2000 a 2017. Ordenó realizar las deducciones a la Seguridad Social, así como hacer en sede administrativa los cálculos de lo concedido, sin perjuicio de acudir a ejecución de sentencia. Reconoció intereses legales e impuso las costas al demandado, fijando las personales en el 15% del total de la condenatoria (resolución incorporada al escritorio virtual el 3 de febrero del 2021).
II.- RECURSO DE CASACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA: Reclama por la aplicación incorrecta del régimen probatorio y por el quebranto de los numerales 11, 191 y 192 de la Constitución Política, 11 y 13 de la Ley General de la Administración Pública y 4 y 5 inciso d) de la Ley de la Administración Financiera y de Presupuestos Públicos, al obviarse que la actora no cumple con los requisitos académicos ligados al puesto Técnico en Microfilm, respecto del cual pide diferencias salariales. Argumenta que “… es impensable la equiparación salarial entre puestos con distintos requisitos académicos…”. Niega haberse incurrido en violación al principio de igualdad salarial, porque los supuestos no son idénticos. Luego de hacer referencia a antecedes jurisprudenciales, al amparo de los principios de idoneidad y de legalidad, se opone a la concesión de diferencias salariales, a pesar de no reunirse los requisitos del puesto cuyas labores se desempeñó. Pide revocar la sentencia recurrida y, en el supuesto de no acogerse su teoría del caso, dispensar del pago de las costas por haber litigado de buena fe, gastos que además debieron fijarse de modo prudencial y no porcentual (impugnación incorporada al escritorio virtual el 4 de julio de 2018).
III.- SOBRE EL CASO CONCRETO: Con base en las probanzas aportadas al expediente e incorporadas al escritorio virtual del Juzgado el 8 de enero de 2018, es claro que la actora no cumple con las exigencias académicas para tener un nivel de clasificación acorde con las labores técnicas de Microfilmación. No obstante, la sentencia de instancia acogió parcialmente la demanda por considerar que: “El hecho de que la actora no estuviera nombrada para el desempeño de ese cargo, o bien, no tenga los requisitos para ser nombrada, puede tener relevancia si lo que se pretendiera fuera la reasignación de su cargo, no cuando, a pesar de ese escollo legal, ha desempeñado ese puesto y la Administración se ha visto beneficiada con ese servicio, y lo que se pretende en este asunto, es el pago de diferencias salariales, tal y como en la constancia laboral de la actora se indica que el cargo ocupado era de "Técnico de Microfilm". En todo caso, lo que interesa es el desempeño efectivo de las funciones atinentes al puesto de "Técnica en Microfilm". Véase que, en aplicación del principio de igualdad consagrado en el artículo 33 de la Constitución Política, si la actora desempeñó las mismas funciones que otras personas que estén formalmente nombradas en el cargo antes dicho, tiene derecho a que se le remunere esos servicios de la misma manera en que se ha hecho con los demás, pues de existir requisitos para ese cargo, sólo deben ser considerados a la hora de designar las personas que han de desempeñar esas funciones, es decir, son requisitos de elegibilidad, pero si los mismos fueron obviados, y la actora fue elegida, ese indebido proceder no puede afectar su situación salarial”. Y agregó: “… el reparo alegado por la representación Estatal no es de recibo, pues a partir de los principios de primacía de la realidad y de a igual trabajo igual salario, la aspiración de la actora para que se le satisfaga las diferencias en deber por el desempeño de unas funciones no remuneradas adecuadamente, se estima legítima, de lo contrario se admitiría el uso abusivo del ius variandi por la administración y el trato discriminatorio para los funcionarios a los que se les exige determinadas tareas pero se les paga por otras. Lo anterior evidencia una organización inadecuada del trabajo y un uso incorrecto de los recursos por parte de la administración, particularmente del recurso humano, sin detenerse en los derechos que se están lesionando. Si una persona no califica para un puesto o no cumple con los requisitos, sencillamente no se le utiliza en el mismo, pero no se vale utilizarlo en el puesto para aprovecharse de sus energías y de su trabajo, para luego decirle que por una u otra razón no se le puede pagar…”. Para resolver el asunto, debe tenerse presente que la Administración está sujeta al principio de legalidad (artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública), en aplicación del cual, debe cumplir también con la normativa reguladora de los derechos de quienes le sirven. En ese orden de ideas, si se demuestra que a una persona se le encomienda realizar las labores propias de un puesto superior del que estaba nombrada, tiene derecho a recibir el salario correspondiente al puesto que verdaderamente ejerce, mientras permanezca en esa condición. Sobre el particular, la jurisprudencia ha sido clara. Así en el voto número 695 de las 15:35 horas del 25 de agosto de 2011, se expresó: “Conforme al principio de legalidad que vincula la actividad administrativa, la Administración no puede otorgar derechos o beneficios salariales, si no están previamente autorizados o previstos por el ordenamiento jurídico. No obstante, ese principio, debe también entenderse, como una limitación para la propia Administración de no actuar fuera de los límites permitidos, lo que legalmente se contempla bajo la figura del abuso de poder (artículo 146 de la Ley General de la Administración Pública). En el plano del empleo público, en el que cada puesto tiene una descripción específica en cuanto a requisitos personales, tareas, remuneración, etc., no es posible admitir que, en demérito de los derechos de los trabajadores, se desconozca esa misma legalidad y se coarten los derechos a los servidores. Es decir, la legalidad administrativa implica también para la Administración la imposibilidad de extralimitar el desempeño de sus funcionarios, fuera de los parámetros establecidos, para el puesto específico de que se trate; pues lo contrario significaría admitir, un enriquecimiento injusto para la Administración, al verse beneficiada con servicios ajenos y distintos a los remunerados al funcionario” (también sobre el tema se puede consultar la sentencia número 1154 de las 10:55 horas del 14 de diciembre de 2012). No obstante, esto es así, siempre y cuando, quien reclame cumpla con todos los requisitos del puesto superior, lo que en modo alguno vulnera el principio de igualdad salarial consagrado en el numeral 57 de la Constitución Política. Sobre este preciso tema, la Sala también ha externado criterio en el siguiente sentido: “El artículo 192 de la Constitución Política estatuye que el nombramiento de los funcionarios públicos tiene que efectuarse con base en idoneidad comprobada. La comprobación de la idoneidad de toda persona que pretenda ocupar o que ocupe un puesto público es de rango constitucional y constituye un principio rector del empleo público. Esta idoneidad hace referencia a la capacidad para desempeñar una función. A efecto de verificar esta aptitud es que en las instituciones públicas se elaboran los manuales de puestos (que forman parte del bloque de legalidad) y a cada uno de los cargos se le asigna un perfil específico, con requisitos que las personas postulantes deben cumplir, dentro de los que se encuentra la formación académica. Ello tiene varios objetivos: por un lado, garantizar el ingreso a la función pública en condiciones de igualdad y, por otro, permitir que los funcionarios públicos sean personas capacitadas para cumplir adecuadamente con el deber de eficiencia de la Administración Pública. La Sala Constitucional expresó en la sentencia n.° 2012-15024: “Los principios que orientan el empleo público fueron ampliamente analizados en las actas de la Asamblea Nacional Constituyente, evidenciando la intención de establecer un régimen laboral administrativo totalmente diferenciado del empleo privado -regido por el Código de Trabajo-, que respondiera a las especiales particularidades de la función pública. La consagración a nivel constitucional de ese régimen laboral administrativo marcó la necesidad de regular las relaciones entre los servidores públicos y el Estado, a fin de protegerlo de las destituciones arbitrarias (estabilidad en el empleo), así como también de profesionalizar la función pública (búsqueda de la eficiencia en el servicio y la idoneidad del funcionario). La Administración Pública debe contar con los factores organizativos que le permitan satisfacer el derecho de los ciudadanos a una buena administración, siendo un factor importante en dicha función el personal que trabaja al servicio de la Administración. Asimismo, el sistema de empleo público debe ser capaz de atraer a los profesionales que la Administración necesita, de estimular a los empleados para el cumplimiento eficiente de sus funciones y responsabilidades, de proporcionarles formación adecuada y de brindarles suficientes oportunidades de promoción profesional, al tiempo que facilita una gestión racional y objetiva, ágil y flexible del personal, atendiendo al continuo desarrollo de las nuevas tecnologías. Para ello, el procedimiento que se utilice para seleccionar y nombrar -en general- a un servidor en la Administración Pública, debe cumplir con los principios fundamentales que prevén los artículos 191 y 192 constitucionales para su validez, garantizándose de esa manera, el personal idóneo para ocupar un puesto público, con el propósito de que con ello, se garantice la eficiencia y efectividad de la función pública. De lo dicho se desprende que la función pública se caracteriza, entre otras cosas, por garantizar a sus empleados una serie de derechos básicos y comunes. Entre estos destaca la estabilidad en el puesto, que debe entenderse no como un privilegio corporativo, sino como la garantía más importante de su imparcialidad. Para ello, el marco normativo que regule la función pública debe garantizar la selección sobre la base de los criterios constitucionales de mérito y capacidad, y establecer un justo equilibrio entre derechos y responsabilidades de los empleados públicos. Además, la legislación básica ha de prever los instrumentos que faculten a las diferentes Administraciones la planificación y ordenación de sus efectivos, y la utilización más eficiente de los mismos. Así, se considera que la relación laboral de empleo público está sujeta a ciertas especificidades y principios, como los de mérito y capacidad en el acceso, y también a ciertas normas de derecho público, como el régimen de incompatibilidades”. En dicho fallo, se acotó que la idoneidad comprobada “significa que los servidores deben reunir las condiciones y características que los faculten para desempeñarse en forma eficiente en el trabajo, sea reunir los méritos necesarios que el cargo demande”. Como en la Administración Pública rige el principio de idoneidad comprobada, no es factible que a una persona se le cancele con fondos públicos el salario correspondiente a una plaza para la que no reúne los requisitos. De lo contrario, no solo se conculcaría el ordinal 192 de la Carta Magna, sino además el principio de legalidad, contenido en los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, que estipulan que los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad, están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Cabe aclarar que con esta posición no se infringe el principio de igualdad salarial contemplado en el canon 57 de la Carta Fundamental, pues para que este sea aplicable es necesario estar ante supuestos idénticos, lo que no sucede cuando un funcionario sí cumple el requisito académico del puesto y otro funcionario no, aunque ambos realicen las mismas funciones” (énfasis suplido) (sentencia número 282 de las 10:30 horas del 9 de febrero de 2018). Mediante el voto número 11169 de las 16:02 horas del 17 de junio de 2020, la Sala Constitucional declaró sin lugar la acción presentada contra la jurisprudencia de esta otra Sala sobre el tema. En el caso concreto, como durante el perído de interés, la actora no cumplía con todas las exigencias del puesto superior, en relación con el cual reclama diferencias salariales, carece de derecho a lo pretendido.
IV.- CONSIDERACIÓN FINAL: Conforme con lo expuesto, procede acoger el recurso, anular la sentencia recurrida y desestimar la demanda en todos sus extremos, sin especial condena en costas. Esto último por cuanto, dadas las circunstancias en torno a la prestación de sus servicios, se estima que la accionante al acudir a estrados judiciales lo hizo con evidente buena fe, con la creencia de que le asistía derecho a lo pretendido.
POR TANTO:
Se declara con lugar el recurso, se anula la sentencia recurrida y se desestima la demanda en todos sus extremos, sin especial condena en costas.
Orlando A.G.
Julia Varela Araya Luis Porfirio Sánchez Rodríguez
Jorge Enrique Olaso Álvarez Roxana Chacón Artavia
Res: 2021002451
MBOGANTES/wdcerdas
1
EXP: 17-000022-1533-LA

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