Sentencia Nº 2021-002569 de Sala Segunda de la Corte, 17-11-2021

EmisorSala Segunda de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia2021-002569
Número de expediente16-001483-0166-LA
Fecha17 Noviembre 2021
*160014830166LA*
Corte Suprema de Justicia
SALA SEGUNDA
Exp: 16-001483-0166-LA
Res: 2021-002569
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno.
Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de S.J., por [Nombre 001], funcionario público y vecino de Cartago, contra el ESTADO, representado por su procurador adjunto, el licenciado Á.G.P.O., casado. Figura, como apoderado especial judicial del actor, el licenciado J.R.G.. Todos mayores, divorciados, abogados y vecinos de S.J.; con las excepciones indicadas.
Redacta el Magistrado O.Á.; y,
CONSIDERANDO:
I.- ANTECEDENTES: El actor apuntó que trabaja en el Ministerio de Seguridad Pública desde el 1° de octubre de 1998. Según expuso, percibe el salario de agente de policía (clase agente I), mas ejerce labores de oficial de guardia (clase suboficial II), sin cumplir con los requisitos exigidos para este último puesto. Refirió que presta servicio en rol de 2x2x2 (2 días trabaja de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., 2 días de 6:00 p.m. a 6:00 a.m. y 2 días libres); su jornada es de doce horas diarias, pero la acción de personal indica que labora ocho horas por día; y nunca se le ha pagado el aumento anual del 1.5% vinculado a las calificaciones. Solicitó el pago de ¢24.448.016,00 por diferencias salariales, daños y perjuicios, intereses, ¢29.897.146,00 por horas ordinarias y ambas costas. Además, pidió que se le ajuste el salario al cargo que ejerce y se ordene la actualización de su plaza (imágenes 2-5 de la vista completa del expediente electrónico del Juzgado). La representación estatal contestó en términos negativos y opuso las excepciones de falta de derecho y pago. Adujo que el accionante está nombrado como agente de policía I FP y que el Departamento de Análisis Ocupacional del Ministerio de Seguridad Pública le comunicó que no contaba con los requisitos necesarios para ocupar el puesto de suboficial II. Manifestó que el demandante está sujeto a una jornada ordinaria de doce horas diarias, de modo que entre la octava y la doceava hora no hay tiempo extraordinario. Agregó que en las acciones de personal o en los comprobantes de pago del sistema INTEGRA se registran ocho horas por una cuestión técnica del sistema informático de pagos. Según explicó, el servidor no tiene derecho al pago del 1.5% pretendido porque devenga el plus salarial regulado en la Ley de S.rios de la Administración Pública que compensa el mismo hecho generador (imágenes 44-76 ídem). El Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de S.J., mediante sentencia n.° 1425, de las 9:15 horas del 30 de julio de 2018, acogió las defensas interpuestas, declaró sin lugar la demanda y condenó al actor al pago de ambas costas. Las personales las fijó en ciento cincuenta mil colones (imágenes 252-266 ídem).
II.- AGRAVIOS: El apoderado especial judicial del accionante se muestra disconforme con lo resuelto. Primero: reprocha la denegatoria al pago de horas ordinarias. Acepta que quienes se desempeñan como policías tienen una jornada laboral ordinaria de doce horas diarias, en razón del régimen de excepción que les caracteriza. En su criterio, la persona juzgadora incurrió en un error de interpretación, pues rechaza la pretensión haciendo alusión a horas extra, mas estas no fueron reclamadas. Plantea que el demandante trabaja doce horas por día; no obstante, su acción de personal indica que le pagan ocho horas y el reporte de planilla presentado ante la Caja Costarricense de Seguro Social refleja que este presta servicio en jornada diurna de ocho horas; lo que le causa un perjuicio a sus derechos e intereses económicos. Segundo: no comparte que la denegatoria al pago del 1.5% por calificaciones se haya sustentado en la Ley de S.rios de la Administración Pública. A su juicio, dicho cuerpo normativo resulta aplicable a las personas funcionarias públicas que se encuentran cubiertas por el Estatuto de Servicio Civil y las personas que integran la Fuerza Pública se encuentran excluidas de este, según lo establece el artículo 3 de dicho estatuto. Invoca la Ley General de Policía y el Reglamento de Servicio de los Cuerpos adscritos al Ministerio de Seguridad Pública. Expone sobre el plus salarial en cuestión. Arguye que este último es completamente distinto al componente de anualidad o antigüedad, toda vez que su origen y supuesto de concesión son diferentes. Tercero: recrimina la denegatoria al pago de diferencias salariales en razón del puesto desempeñado. Manifiesta que, aun cuando se ha admitido que el servidor no cumple con los requisitos, la Administración se está favoreciendo injustamente con su accionar. Hace ver que la certificación de funciones A06-1530-10-DCG-2016 claramente evidencia que el actor realiza labores de oficial de guardia. Cita el principio de igualdad salarial. Cuarto: objeta la condenatoria al pago de ambas costas. Alega haber litigado de buena fe y agrega que la demanda tiene fundamento jurídico y fáctico (imágenes 279-283 de la vista completa del expediente electrónico del Juzgado).
III.- AGRAVIO INADMISIBLE: El apoderado especial judicial del accionante protesta la denegatoria del pago del anual escalonado. Sin embargo, estudiada la sentencia recurrida se observa que sobre este no hubo pronunciamiento alguno. Si bien en el escrito inicial de demanda, específicamente en el hecho décimo, se apuntó que el aumento anual del 1.5% no le era cancelado al demandante, lo cierto es que su pago no fue solicitado en el apartado titulado “petitoria” , el Juzgado únicamente resolvió los requerimientos enlistados en este y la parte actora no presentó la respectiva gestión de adición y aclaración (numerales 578 y 587, inciso 2), del Código de Trabajo). Tales circunstancias hacen que este agravio sea inadmisible, en tanto -al no existir pronunciamiento- resulta imposible ejercer el control de legalidad que le compete a este órgano jurisdiccional.
IV.- SOBRE EL PAGO DE HORAS ORDINARIAS: Ante la S. se reconoce que el accionante está sujeto a la jornada excepcional de hasta doce horas diarias, mas se plantea que su acción de personal indica que le pagan ocho horas y el reporte de planilla presentado ante la Caja Costarricense de Seguro Social refleja que este presta servicio en jornada diurna de ocho horas. A este respecto, en el hecho quinto de la demanda se consignó: “Del hecho cuarto se puede extraer que la jornada laboral de mi representado es de 12 horas, sin embargo, en la acción de personal se indica en el desglose del salario que las horas laboradas son 8, por lo que, el salario indicado en el hecho tercero no cubre la totalidad de la jornada, por no contemplar las 4 horas restantes, y que en consecuencia no han sido pagadas como corresponde(sic. Imagen 3 de la vista completa del expediente electrónico del Juzgado). Con base en lo anterior, queda claro que lleva razón el recurrente en cuanto sostiene que no se reclamaron horas extra, sino la diferencia de salario, pues, en su criterio, conforme a la acción de personal y el reporte de planilla, al demandante se le compensan ocho horas de trabajo diarias, cuando en realidad labora doce horas por día, las cuales no le están siendo remuneradas. La teoría del caso del servidor no puede ser acogida. Las escalas salariales del sector público, así como la fijación de salarios en el sector privado, no se confeccionan en atención a una determinada cantidad de horas. Los salarios, en ambos casos, se establecen para cubrir la jornada ordinaria, la cual puede variar según las condiciones efectivas de la prestación -diurna, nocturna, mixta o especial-. De esa manera, por ejemplo, los salarios de dos personas funcionarias serían iguales si ocupan el mismo puesto, aun cuando una de ellas preste servicio en jornada nocturna -solo seis horas- y la otra en jornada diurna -ocho horas-. En el asunto bajo análisis, la remuneración fijada para el cargo del actor es la que corresponde por su jornada ordinaria. Luego, si esta ha sido concebida en doce horas de trabajo diarias -aspecto no discutido- el salario establecido en la escala salarial para la plaza ocupada por este es el que se le reconoce y como está previsto para una jornada ordinaria, cubre en su caso las doce horas de labores. El hecho de que en la acción de personal y en el reporte de planillas se haga referencia a ocho horas no significa que solo se le estén remunerando ocho horas y adeudándosele cuatro horas diarias, ya que -como se explicó- el salario se fija conforme al puesto y no en atención a la cantidad de horas trabajadas. Cabe agregar que es cierta la posición sostenida por el Estado, en relación con una práctica común en todo el Sector Público, de indicar en las acciones de personal una jornada diaria de ocho horas, correspondiente a la jornada ordinaria diurna, sin advertirse o diferencias las diferentes jornadas que pueden ser laboradas. Lo que constituye, sin duda, un error normalmente cometido, sin que este pueda hacer que surja un derecho a favor de la persona funcionaria. Luego, lo decidido debe mantenerse, pero por las razones aquí expuestas.
V.- SOBRE LAS DIFERENCIAS SALARIALES: El recurrente admite que su apoderado no cuenta con los requisitos exigidos para el puesto respecto del cual reclama las diferencias salariales. El criterio más reciente de la mayoría de esta S. en esta materia ha sido en el sentido de que el pago de esas diferencias salariales solo es procedente cuando la persona reúne los requisitos que el cargo exige en el correspondiente Manual Descriptivo de Puestos. Tal posición se resumió en la sentencia n.° 1365, de las 10:45 horas del 7 de diciembre de 2016: “Ante estas circunstancias debe admitirse que el trabajo del demandante estuvo inmerso dentro de la categoría de Profesional C y no como lo señalaron los juzgadores en su fallo. No obstante, el artículo 192 de la Constitución Política establece que el nombramiento de los funcionarios públicos debe realizarse con base en idoneidad comprobada. De esta forma, la comprobación de la idoneidad de toda persona que pretenda ocupar o que ocupe un puesto público, es de rango constitucional y constituye un principio rector de empleo público. Esta idoneidad hace referencia a la aptitud o capacidad para desempeñar una función. A efecto de comprobar esta capacidad, es que el Servicio Civil, según la competencia que le otorga el numeral 191 de la Carta Magna, elabora manuales de puestos y a cada uno de ellos le asigna un perfil específico, con requisitos que cada uno de los postulantes debe cumplir, dentro de los que se encuentra el nivel técnico o el grado académico. Esta disposición tiene varios objetivos, por un lado garantiza el ingreso a la función pública en condiciones de igualdad y, por otro, permite que los funcionarios públicos sean las personas más aptas, para cumplir con el deber de eficiencia de la Administración Pública. Sobre el régimen de empleo público, la diferencia con el privado, y la idoneidad comprobada, la S. Constitucional de la Corte Suprema de Justicia expuso en la sentencia n.° 2012-15024 de las 10:05 horas del 26 de octubre de 2012: ‘Los principios que orientan el empleo público fueron ampliamente analizados en las actas de la Asamblea Nacional Constituyente, evidenciando la intención de establecer un régimen laboral administrativo totalmente diferenciado del empleo privado -regido por el Código de Trabajo-, que respondiera a las especiales particularidades de la función pública. La consagración a nivel constitucional de ese régimen laboral administrativo marcó la necesidad de regular las relaciones entre los servidores públicos y el Estado, a fin de protegerlo de las destituciones arbitrarias (estabilidad en el empleo), así como también de profesionalizar la función pública (búsqueda de la eficiencia en el servicio y la idoneidad del funcionario). La Administración Pública debe contar con los factores organizativos que le permitan satisfacer el derecho de los ciudadanos a una buena administración, siendo un factor importante en dicha función el personal que trabaja al servicio de la Administración. Asimismo, el sistema de empleo público debe ser capaz de atraer a los profesionales que la Administración necesita, de estimular a los empleados para el cumplimiento eficiente de sus funciones y responsabilidades, de proporcionarles formación adecuada y de brindarles suficientes oportunidades de promoción profesional, al tiempo que facilita una gestión racional y objetiva, ágil y flexible del personal, atendiendo al continuo desarrollo de las nuevas tecnologías. Para ello, el procedimiento que se utilice para seleccionar y nombrar -en general- a un servidor en la Administración Pública, debe cumplir con los principios fundamentales que prevén los artículos 191 y 192 constitucionales para su validez, garantizándose de esa manera, el personal idóneo para ocupar un puesto público, con el propósito de que con ello, se garantice la eficiencia y efectividad de la función pública. VI.- Sobre el régimen del servidor público. De lo dicho se desprende que la función pública se caracteriza, entre otras cosas, por garantizar a sus empleados una serie de derechos básicos y comunes. Entre estos destaca la estabilidad en el puesto, que debe entenderse no como un privilegio corporativo, sino como la garantía más importante de su imparcialidad. Para ello, el marco normativo que regule la función pública debe garantizar la selección sobre la base de los criterios constitucionales de mérito y capacidad, y establecer un justo equilibrio entre derechos y responsabilidades de los empleados públicos. Además, la legislación básica ha de prever los instrumentos que faculten a las diferentes Administraciones la planificación y ordenación de sus efectivos, y la utilización más eficiente de los mismos. Así, se considera que la relación laboral de empleo público está sujeta a ciertas especificidades y principios, como los de mérito y capacidad en el acceso, y también a ciertas normas de derecho público, como el régimen de incompatibilidades.’ En la citada sentencia, definió la idoneidad comprobada como: ‘significa que los servidores deben reunir las condiciones y características que los faculten para desempeñarse en forma eficiente en el trabajo, sea reunir los méritos necesarios que el cargo demande’ –el subrayado y el resaltado no forman parte del original. De las razones expuestas, claramente se colige que una persona que no cumpla con los requisitos para desempeñarse en un determinado puesto, no puede acceder a él. Así lo indicó el Tribunal Constitucional en el voto n.° 2016-000857 de las 9:05 horas del 22 de enero de 2016, en el que dispuso: ‘El derecho a ocupar un cargo público no se adquiere con el simple transcurso del tiempo o por haber ocupado otros similares por cierto período, sino por tener la idoneidad comprobada para desempeñarse conforme a los dispuesto por el artículo 192 constitucional’. La jurisprudencia de esta S. ha sido conteste con la línea de S. Constitucional, pues reiteradamente ha indicado que una persona por desempeñarse en un puesto no adquiere el derecho a que se le nombre en propiedad, véase a manera de ejemplo el voto n.° 2010-000510 de las 8:34 horas del 9 de abril de 2010. También se ha considerado que el trabajador que se compruebe que ejerce funciones que no le son propias de su cargo, tiene derecho a que se le paguen las diferencias salariales existentes entre la plaza en la que estaba formalmente nombrado y la plaza cuyas funciones ejerció, sin que interese si cumple o no con los requisitos, pues ha considerado que la Administración no puede beneficiarse de esa manera del trabajo de un funcionario, ya que va contra lo establecido en el ordinal 146 de la Ley General de la Administración Pública, que regula lo concerniente al abuso de las figuras de poder (véase en ese sentido los votos número 208, de las 10:20 horas del 2 de marzo de 2011, 731 de las 9:20 horas del 15 de julio de 2016, en el que también se citaron los números 695, de las 15:35 horas del 25 de agosto; 955, de las 10:45 horas del 18 de noviembre; ambos de 2011; y 966, de las 10:40 del 12 de octubre de 2012). Bajo una mejor ponderación , esta S. dispone cambiar el criterio imperante en casos donde el funcionario no reúna los requisitos exigidos para el puesto en cuyas labores se desempeñó. Tal y como se colige de lo indicado líneas atrás, en la Administración Pública impera el principio de idoneidad comprobada, por lo que no es factible que a una persona se le cancele con fondos públicos, el salario correspondiente a una plaza para la que no reunió los requisitos. Lo anterior no solo lesiona lo dispuesto en el ordinal 192 de la Carta Magna, sino, además, el principio de legalidad, contenido en el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, que establecen que los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad, están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella… Cabe aclarar que con lo resuelto no se lesiona el principio de igualidad (sic) salarial estipulado en el ordinal 57 de la Constitución Política, pues para que éste sea aplicable, es necesario estar ante supuestos idénticos, lo que no sucede en este caso, pues el actor -a diferencia de quienes sí estuvieron nombrados en plazas de Profesional C- no tuvo los requisitos que exigía el puesto, supuesto suficiente para proceder de manera distinta, pues no se está ante condiciones iguales” (en igual sentido, véase la resolución n.° 1398, de las 10:25 horas del 14 de diciembre de 2016). Ese criterio fue impugnado ante el órgano contralor de constitucionalidad, pero, mediante sentencia n.° 11169, de las 16:02 horas del 17 de junio de 2020, se declaró sin lugar la acción. Consecuentemente, en vista de que es un hecho no controvertido que el accionante carece de los requisitos exigidos para el puesto profesional cuyas diferencias salariales pretende, no se puede acceder a su petición. Lo anterior no lesiona el principio de igualdad salarial contemplado en el ordinal 57 de la Constitución Política, pues para que este sea aplicable es necesario estar ante supuestos idénticos, lo que no sucede en este caso, en tanto el demandante -a diferencia de quienes sí están nombrados en propiedad- no tiene los requisitos que exige el cargo, supuesto suficiente para proceder de manera distinta, ya que no se está ante condiciones iguales. En consecuencia, lo resuelto por el Juzgado se encuentra conforme a derecho.
VI.- COSTAS: El artículo 562 del Código de Trabajo , en lo que resulta de interés, estipula: “En toda sentencia […] se condenará al vencido […] al pago de las costas personales y procesales causadas. /Si la sentencia resuelve el asunto por el fondo […] las personales no podrán ser menores del quince por ciento (15%) ni mayores del veinticinco por ciento (25%) del importe líquido de la condenatoria o de la absolución, en su caso…”. El numeral 563 siguiente, por su parte, señala: “No obstante, se podrá eximir al vencido del pago de las costas personales y aun de las procesales, cuando: 1) Se haya litigado con evidente buena fe. /2) Las proposiciones hayan prosperado parcialmente. /3) Cuando haya habido vencimiento recíproco. /La exoneración debe ser siempre razonada… /No podrá considerarse de buena fe a la parte que negó pretensiones evidentes que el resultado del proceso indique que debió aceptarlas, no asistió a la totalidad de la audiencia, adujo testigos sobornados o testigos y documentos falsos, no ofreció ninguna probanza para justificar su demanda o excepciones, si se fundaran en hechos disputados…”. De conformidad con lo anterior, la regla es imponer el pago de estos gastos a la parte que resultó vencida, siendo la exoneración una facultad y no una obligación. En este asunto se estima estar en presencia de uno de los casos de excepción, que facultan a la persona juzgadora para eximir a la parte vencida del pago de las costas, pues su resolución deviene de una interpretación jurídica, por lo que el servidor bien pudo tener la sana creencia de que le asistía derecho a lo pretendido y, en consecuencia, debe tenérsele como litigante de buena fe y exonerársele del pago de estos gastos (en sentido similar, véase el fallo n.° 1018, de las 11:30 horas del 10 de junio de 2020).
VII.- CONSIDERACIONES FINALES: Como corolario de lo expuesto, procede declarar parcialmente con lugar el recurso. En consecuencia, debe anularse la sentencia recurrida únicamente en cuanto condenó al actor al pago de ambas costas. En su lugar, este asunto debe resolverse sin especial sanción en dichos gastos. En lo demás, el fallo debe mantenerse incólume.
POR TANTO:
Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se anula la sentencia recurrida únicamente en cuanto condenó al actor al pago de ambas costas. En su lugar, se resuelve sin especial sanción en dichos gastos. En lo demás, el fallo se mantiene incólume.
Orlando Aguirre Gómez
Julia Varela Araya Luis Porfirio Sánchez Rodríguez
Jorge Enrique O.Á. Roxana Chacón Artavia
Res: 2021-002569
PROJASM/DMENESES

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