Sentencia Nº 2021-00288 de Sala Tercera de la Corte, 15-04-2021

EmisorSala Tercera de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha15 Abril 2021
Número de expediente19-000021-0454-PE
Número de sentencia2021-00288
*190000210454PE*
Exp: 19-000021-0454-PE
Res: 2021-00288
SALA DE CASACIÓN PENAL. San José, a las trece horas treinta y cuatro minutos del quince de abril de dos mil veintiuno.
Visto el recurso de casación interpuesto en la presente causa seguida contra Adrián Jesús Ávalos Guadamúz, por el delito de violación, cometido en perjuicio de [Nombre 001].; y,
Considerando:
I. El defensor público Alejandro Calderón Chacón, en representación de los intereses del justiciable Adrián Ávalos Guadamuz, interpuso recurso de casación (confrontar folio 95 a 102) en contra de la resolución 2020-737, de las 13:15 horas del 10 de diciembre de 2020, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago (confrontar folio 83 vuelto a 89), en la que se declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa contra la sentencia 89-2020, de las 11:00 del 7 de julio de 2020, dictada por el Tribunal Penal de Osa, en la cual se impuso al justiciable la pena de 10 años de prisión, luego de que se le declarara autor responsable de un delito de violación en perjuicio de una persona menor de edad.
II. Primer motivo de casación. La defensa técnica alega “ Violación al principio de imputación y correlación entre acusación y sentencia, por errónea aplicación del artículo 303 y 365 del Código Procesal Penal y violación al derecho de defensa como consecuencia”, lo que fundamenta en los ordinales 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 26 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; 14 párrafo 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8 párrafo segundo, inciso h, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 39 y 41 de la Constitución Política; 1, 303 y 365 del Código Procesal Penal. Refiere que en apelación se presentó un alegato direccionado a reclamar que el a quo incurrió en un vicio absoluto, por no existir una debida correlación entre acusación y sentencia, debido a que los hechos acusados no son los mismos que se tuvieron por acreditados, en cuanto a la fecha y circunstancias en que ocurrieron. Transcribe un pasaje del fallo de alzada, luego manifiesta que el ad quem estableció dos razones para determinar que no existe una violación al principio de imputación: la primera porque, a pesar de la diferencia en la fecha de ocurrencia del hecho, esta es mínima; la segunda razón corresponde a las circunstancias personales de la víctima. Asevera que ambas justificaciones constituyen una errónea interpretación del principio de imputación, así como del principio de correlación entre acusación y sentencia. Argumenta que el principio de imputación derivado del ordinal 303 del Código Procesal Penal, establece los elementos de la acusación y la precisión de la descripción de los hechos atribuidos, con el fin de concretar un cuadro fáctico que le permita al imputado ejercer su defensa material y técnica, mientras que la garantía del principio de correlación entre acusación y sentencia lo que protege es que el imputado no pueda ser sentenciado por hechos diferentes a los acusados de forma sorpresiva. Afirma que dichos principios no se excluyen, ni cuando la diferencia entre los hechos acusados y sentenciados es mínima, ni cuando existe una posible razón para que dicha diferencia haya ocurrido, como lo son las condiciones de la víctima. Refiere que los ordinales 303 y 365 no tienen excepciones a las reglas establecidas por los mismos, a lo que agrega que el principio de imputación está protegido por diferentes instrumentos internacionales y que ha sido concebido por la Sala Constitucional como un componente del debido proceso. Reclama la transgresión del principio de imputación, lo que constituye una violación al debido proceso y, en consecuencia, genera un defecto absoluto. Indica que el principio de imputación tiene como finalidad proteger el derecho de defensa, debido a que solo partir de una imputación precisa, la defensa puede ser eficiente, al permitir el descargo de prueba de conformidad con la requisitoria fiscal. Sostiene que la interpretación efectuada por el ad quem violenta el derecho de defensa, al establecer como válidas circunstancias diferentes a las acusadas, las que no se tuvieron como probadas durante el debate, lo que -a su criterio-, constituye un agravio para el imputado. Solicita se declare con lugar el recurso, la ineficacia de la resolución y la absolutoria del acusado. El motivo es inadmisible. De la lectura del reclamo interpuesto se determina que el mismo no es susceptible de un estudio de fondo, por las razones que a continuación se exponen. Lo primero que se debe de indicar es que del planteamiento efectuado por la defensa no es posible derivar un vicio concreto en la resolución, en virtud de que incurrió en una mezcla de motivo, que torna confuso el reclamo. Nótese que se invoca la violación del principio de correlación entre acusación y sentencia, de forma conjunta con una transgresión al principio de imputación, defectos que, pese a ser ambos de orden procesal, son claramente diferenciables y por tal razón requerían de un abordaje separado, con una fundamentación adecuada de la que se desprendiera en qué consistió la errónea aplicación de la normativa procesal que alega. Al respecto se debe recordar que artículo 469 del código instrumental, exige que los motivos sean presentados de manera separada, con la correspondiente exposición de agravios y pretensión. Por otra parte, se debe hacer notar que en el recurso sometido a conocimiento del ad quem por parte de la defensa, únicamente se hizo alusión a una supuesta ruptura del principio de correlación entre acusación y sentencia, no así a alguna transgresión al principio de imputación, por lo que esta última circunstancia es hasta este estadio que se inserta en la discusión jurídica y por tal razón, no es posible que sea admitido para estudio de fondo, ante la falta de interés para reclamarlo. Ahora bien, en cuanto al razonamiento emitido por el tribunal de alzada, para rechazar el reclamo interpuesto por la violación al principio de correlación entre acusación y sentencia, la defensa refiere que lo señalado fue que la diferencia en la fecha de los hechos es mínima y que la variación se dio por las circunstancias personales de la acusada. Sin embargo, quien impugna no efectúa ninguna vinculación de estos aspectos con el defecto que reclama, por cuanto no logra establecer por qué estas justificaciones dadas por el ad quem vulneran el principio aludido. En su lugar se limita a efectuar una serie de afirmaciones de lo que, a su criterio, da contenido a los principios de correlación entre acusación y sentencia e imputación, sin que este ejercicio logre reflejar el defecto que reclama. Lo cierto es que las argumentaciones expuestas lo que revelan es su inconformidad con el contenido del fallo de alzada, por haberse llegado a conclusiones que resultan contrarias a los intereses del acusado. No obstante, esta circunstancia por sí misma es insuficiente para dar cabida a la impugnación, por no ajustarse a ninguna causal de casación. A partir de lo expuesto, esta Sala concluye que el motivo debe ser declarado inadmisible de conformidad con los ordinales 468, 469 y 471 del Código Procesal Penal.
III. Segundo motivo de casación. Se reclama una “ Violación al debido proceso por violación al principio de legalidad y de reserva de ley y violación al derecho de defensa como consecuencia”. Como fundamento cita los numerales 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 26 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; 14 párrafo 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8 párrafo segundo, inciso h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 11, 39 y 41 de la Constitución Política; 1, 303 y 365 del Código Procesal Penal. El casacionista refiere que en alzada se reclamó que la sentencia del a quo contiene un vicio absoluto, por no existir una debida correlación entre la acusación y la sentencia, ya que los hechos acusados no son los mismos que los tenidos por probados, en cuanto a la fecha de ocurrencia y las circunstancias en que se desarrollaron. Cita un pasaje de la resolución cuestionada y luego indica que de los razonamientos expuestos por el ad quem se desprende una violación al principio de reserva legal, al establecer eximentes a la aplicación de la ley, propiamente del ordinal 365 del Código Procesal Penal, en dos casos: 1) Cuando la diferencia entre lo acusado y probado es mínima; 2) Cuando las condiciones personales de la víctima lo justifican. Refiere que se trata de eximentes que la ley no permite y que, en virtud del ordinal 2 del Código Procesal Penal, no pueden legitimarse por constituir una interpretación extensiva de la ley en contra de los derechos del acusado. Sostiene que el principio de legalidad y reserva de ley es parte del debido proceso y de seguido transcribe un amplio pasaje de la resolución 1739-1992 de la Sala Constitucional. En cuanto al agravio afirma que se debió absolver al acusado, debido a que la sentencia condenatoria es violatoria del principio de correlación entre acusación y sentencia, lo que genera un perjuicio efectivo en la defensa material, la que no se pudo ejercer de forma eficiente ante el cambio sorpresivo de las circunstancias en las que ocurrió el hecho. Solicita se declare con lugar el recurso, la ineficacia de la resolución y la absolutoria del acusado. El motivo es inadmisible. Nuevamente se denota una mezcla de motivos en el presente apartado, en virtud de que se reclama una supuesta violación a los principios de legalidad y reserva de ley, pero en realidad lo que se expone son aspectos referidos al principio de correlación entre acusación y sentencia, en un nuevo e infructuoso intento por denotar defectos en la aplicación del numeral 365 del Código Procesal Penal. Incluso nótese que no existe relación alguna entre el reclamo invocado con el agravio que se expone, por cuanto se afirma que el perjuicio que se ocasionó al acusado consiste en un cambio sorpresivo de las circunstancias en que aconteció el ilícito, lo que claramente hace alusión al principio de correlación entre acusación y sentencia. Como se indicó en el apartado anterior, la mezcla de diferentes argumentos en un mismo motivo, torna el reclamo confuso, lo que impide que este se ajuste a las causales dispuestas por el legislador. Es por esta razón que cada reclamo debe exponerse de forma separada, con una adecuada fundamentación y exposición de los agravios que se ocasionan a la parte. Nuevamente se determina que lo que se presenta en este caso es una inconformidad del recurrente con la resolución emitida, la cual, valga destacar, es mucho más amplia que lo referido en la impugnación. Se reitera que la simple desavenencia de la parte con el contenido del fallo no es apta para propiciar la revisión de fondo del reclamo, en virtud de que la casación se trata de un medio de impugnación formal y restringido, en el que necesariamente los reclamos deben ajustarse a las causales dispuestas por el legislador, de lo contrario, lo que corresponde es la declaratoria de inadmisibilidad. Con base en lo expuesto, se declara la inadmisibilidad del motivo, de conformidad con los ordinales 468, 469 y 471 del Código Procesal Penal.
Por tanto:
Se declara inadmisible la impugnación interpuesta por el defensor público Alejandro Calderón Chacón. Notifíquese.
Patricia Solano C.
Jesús Alberto Ramírez Q.
Álvaro Burgos M.
Gerardo Rubén Alfaro V.
Sandra Eugenia Zúñiga M.
Int: 219-2/4-2-21
SLEIVAA

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