Sentencia Nº 2021-01000 de Sala Tercera de la Corte, 27-08-2021

EmisorSala Tercera de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente19-000443-1283-PE
Número de sentencia2021-01000
Fecha27 Agosto 2021
*190004431283PE*
Exp: 19-000443-1283-PE
Res: 2021-01000
SALA DE CASACIÓN PENAL. S.J., a las diez horas con cincuenta y tres minutos del veintisiete de agosto del dos mil veintiuno.
Visto el recurso de casación interpuesto en la presente causa seguida contra H.A.Q.C., por el delito de venta de drogas, cometido en perjuicio de [Nombre 001]; y,
Considerando:
I. Mediante escrito visible de folios 459 a 461 del expediente, la licenciada K.V.M.C., en calidad de Defensora Pública del sindicado H.A.Q.C., interpone formal recurso de casación contra la sentencia número 805-2021, de las ocho horas treinta minutos, del veintiocho de mayo del dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de S.J. (cfr. folios 446 a 452), que declaró sin lugar el recurso de apelación promovido por la defensa técnica del encartado, y confirmó la sentencia N° 132-2021, de las once horas del veintidós de febrero de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de S.J., que impuso al encausado Q.C., una pena de 24 años de prisión, por Infracción a la Ley de Psicotrópicos (cfr. folios 407 a 430).
II. Recurso de casación presentado por la licenciada M.C.. En el único motivo, la recurrente advierte una violación a la ley penal sustantiva y a los principios constitucionales de culpabilidad y proporcionalidad. Acusa la infracción de los siguientes artículos: 8.2 b) y 8.2 h) de la Convención Americana de Derechos Humanos, 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 39.40 y 41 de la Constitución Política, 1, 6, 12 y 142 del Código Procesal Penal, así como 58 y 87 de la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado y Actividades Conexas. Señala que, en su recurso de apelación, cuestionó la decisión del a quo al condenar a su representado, por la comisión de tres delitos de venta de drogas, ya que estima que por la forma en que se dieron los hechos, y en aplicación del principio de proporcionalidad, debió entenderse la comisión de un único delito. Sostiene que el Tribunal de Alzada, al refrendar la sentencia de primera instancia, incurre en la errónea aplicación de la ley sustantiva. Admite la casacionista que la tesis del rompimiento de la unidad de acción en materia de delitos contenidos en la “Ley de Estupefacientes” (sic), ya ha sido admitida por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de S.J. y por la Sala Tercera; sin embargo, afirma que en el caso concreto no podría aplicarse la doctrina desarrollada por la Sala Constitucional en el voto 0824-1998, por cuanto el cuadro fáctico es distinto, y en apoyo a su tesis, inserta una fracción de dicho fallo. Sobre el mismo tema, quien gestiona sostiene que, la posición de la Cámara Constitucional en asuntos de narcotráfico, es que el rompimiento de la unidad de acción, desde el punto de vista jurídico-penal se produce cuando la persona ya ha sido juzgada por el hecho delictivo; es decir, ha sido dictada una sentencia condenatoria en su contra, y a pesar de ello, el agente decide continuar con su narco actividad. Afirma que en el caso de marras, el marco histórico es meridianamente distinto, ya que el análisis del modo, tiempo y lugar de las acciones que fueron acusadas por el Ministerio Público atribuyó, hacía ver que estábamos en presencia de una sola actividad, en definitiva, de un único delito. Discute que, aunque es cierto que el señor Q.C. fue detenido en cuatro ocasiones y presentado ante el Ministerio Público, lo cierto es que, no se emitió sentencia alguna en su contra. Indica que las causas que fueron acumuladas, se acusaron mediante una misma delación pública, circunstancia que hace que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional no pueda subsumirse sin más, dejando de apreciar ese elemento. Por otra parte, afirma que el ad quem se limitó a hacer una transcripción de los hechos probados y a repetir votos que, en rigor, se referían a supuestos de hechos diferentes al de este proceso. Insiste la petente, que no logra precisar cómo, en este caso, podía entenderse que el imputado había consumado el delito hasta en tres ocasiones pese a que, según lo acreditado, se dedicó a la comercialización de sustancias prohibidas durante varios meses consecutivos. Nuevamente refiere que, no se dio una sentencia de un órgano competente para admitir que el encartado comenzaba otro acto ilícito y, en consecuencia, un nuevo iter criminis para ser reprochado de manera independiente. Agrega la recurrente que la interpretación realizada de la resolución del Tribunal Constitucional, desafía a la carta política pues supone también una flagrante violación del principio de culpabilidad y una palmaria inobservancia del principio de proporcionalidad. Postula que la Sala Constitucional se ha apoyado en la doctrina alemana y estadounidense para aplicar el principio de proporcionalidad; a modo de ejemplo cita el voto 846-2005 e inserta un extracto del mismo. Adelante motiva la recurrente, que el Tribunal de Alzada inobservó la ley sustantiva, al hacer una interpretación contraria a los valores y principios que inspiran a un Estado Constitucional de Derecho, contenidos tanto en la norma fundante, como en la Ley especial 8204. Motiva que, el señor Q.C. debió ser sentenciado por haberse dedicado, durante nueve meses a la venta de drogas, pero concluir que cada detención implicó la comisión de un delito independiente, es irracional y desproporcionado. Nuevamente arguye que su representado cometió un único delito, y así debió ser sancionado, pues sus detenciones se dieron en la misma zona, en un mismo periodo y ante la venta de las mismas sustancias. Objeta que el justiciable recibió una pena más alta, que aquella que se hubiere impuesto por vulnerar bienes jurídicos de mayor valor, lo cual desde su óptica pudo resolverse, afirmando que se trataba de un único delito. Acusa que la resolución causa un agravio evidente a su patrocinado porque resultó condenado por tres delitos, pese a que por la forma en cómo se desarrollaron los hechos, únicamente se había dado una delincuencia de venta de drogas. Al respecto, pretende que se declare con lugar su recurso de apelación, y en consecuencia, se reenvíe la causa al Tribunal de origen para una nueva sustanciación.
III. Se debe declarar la inadmisibilidad del presente recurso de casación. Como punto de partida, esta Cámara ha constado que, el recurso cumple con los requisitos formales que disponen los artículos 467 y 469 del Código Procesal Penal para su correcta interposición, a saber: (i.) se encuentra dirigido contra la resolución de alzada, que ha resuelto de manera definitiva la situación jurídica del imputado, al confirmar la condena en su contra, (ii.) fue presentado dentro del plazo legalmente establecido y ante el Tribunal que dictó la sentencia que se impugna (cfr. folios 453, 458 y 459), y (iii.) es promovido por la defensora pública que debidamente se encuentra apersonada al proceso, en representación del acusado H.Q.C.. Superado lo anterior, conviene recordar que el artículo 468 del Código Procesal Penal establece los supuestos, bajos los que se permiten incoar un recurso de casación, a saber: “El recurso de casación podrá ser fundado en alguno de los siguientes motivos: a) Cuando se alegue la existencia de precedentes contradictorios dictados por los tribunales de apelación de sentencia, o de estos con precedentes de la Sala de Casación Penal. b) Cuando la sentencia inobserve o aplique erróneamente un precepto legal sustantivo o procesal…”. Con relación a dicha norma, los numerales 469 y 471 establecen, bajo pena de inadmisibilidad, que el recurso estará debidamente fundado e indicará por separado los motivos en que se basa. Ahora bien, con una simple lectura del único motivo del libelo presentado, se constata que es completamente genérico, pues la casacionista, no logra señalar con la especificidad y formalidad que se demanda en esta fase, la esencia de su reparo. Resulta claro que, la impugnante mezcla en una sola exposición, varios argumentos que debería fundamentar por separado en motivos concretos de impugnación, con la advertencia del agravio que cada uno le pudiera representar. Lo anterior se observa a partir de las motivaciones esgrimidas por la señora defensora, cuando cuestiona inicialmente la errónea aplicación de la ley penal sustantiva; pero en el mismo reparo, advierte una violación al principio de proporcionalidad. Al respecto ya esta Cámara ha indicado que “…esa mala técnica recursiva está sancionada con inadmisibilidad por los artículos 469 y 471 del Código Procesal Penal, al disponer que cada motivo debe ser presentado por separado, son su propio fundamento (argumental y normativo), conteniendo su agravio y pretensión. A contrario sensu, si se trata de más de un agravio, en el sentido de que es son varias las afectaciones que se dice generadas, debe ser formulados en motivos apartes, cada uno cumpliendo los requisitos antes aducidos. No cabe, como lo hace el impugnante en este asunto, hacer una enumeración continua de reclamos, de distinta índole y con posibles efectos también diferenciables, bajo la denominación común de “falta de fundamentación”, y ser presentados como si se tratara de un solo vicio o agravio procesal.” ( Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Voto 2019-935, de las diez horas y cuarenta y ocho minutos, del nueve de agosto del año dos mil diecinueve, con integración de las y los M.Z.M., R.Q., D.H., A.V. y S.B. Tal y como se indicó algunas líneas atrás, la licenciada M.C. presenta alegatos de manera conjunta en el desarrollo de su recurso, ya que acusa aspectos relacionados con la aplicación de la ley sustantiva al indicar: “la posición del Ad quem inobservó la ley sustantiva pues hizo una interpretación que es contraria a los valores que inspiran a un Estado Constitucional de Derecho contenidas tanto en la norma fundante como en la Ley especial 8204” (cfr folio 460 vuelto). Sin embargo, en el mismo motivo hace referencia a aspectos que tiene que ver con el principio de proporcionalidad, por ejemplo, cuando cita: “Para está (sic.) representación, la interpretación que se ha hecho de la resolución del tribunal constitucional desafía a la carta política pues supone también una flagrante violación del principio de culpabilidad y una palmaria inobservancia del principio de proporcionalidad […] La proporcionalidad no es un principio que aplique solo en la fijación de la pena, debe ser un criterio que oriente todo el ejercicio del poder punitivo del Estado” (cfr. folio 460 vuelto). De manera tal que, en virtud de lo ya expuesto, la mixtura de motivos advertida se traduce en un incumplimiento de lo señalado por el numeral 469 del Código Procesal Penal, con respecto a las exigencias de admisibilidad; en consecuencia, lo correspondiente es declarar la inadmisibilidad de este motivo.
Por tanto:
Se declara inadmisible el recurso de casación que interpuesto por la licenciada K.V.M.C.. N..


Patricia Solano C.


Jesús Alberto R.Q.


Álvaro Burgos M.


Gerardo Rubén A.V.


Sandra Eugenia Zúñiga M.

Roleon
Int: 0746-3/16-3-21

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