Sentencia Nº 2021-01005 de Sala Tercera de la Corte, 27-08-2021

EmisorSala Tercera de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente21-000246-0219-PE
Número de sentencia2021-01005
*210002460219PE*
Exp: 21-000246-0219-PE
Res: 2021-01005
SALA DE CASACIÓN PENAL . S.J., a las diez horas cincuenta y ocho minutos del veintisiete de agosto de dos mil veintiuno.
Visto el recurso de casación interpuesto en la presente causa seguida en contra de J.A.H., por el delito de resistencia agravada y robo simple con fuerza sobre las cosas, cometidos en perjuicio de la Autoridad Pública y [Nombre 001]; y,
Considerando:
I. El licenciado J.M.M., en calidad de representante del Ministerio Público, interpone recurso de casación contra el fallo N° 2021-278, dictado por el Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago, Sección Segunda, de las 11:10 horas del 12 de mayo de 2021. Mediante el mismo, se declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensora pública del incriminado, y por razones diversas a las alegadas, revoca parcialmente la sentencia impugnada, recalifica los hechos probados de un delito consumado a uno tentado y ordena el reenvío.
II. Primer motivo del recurso interpuesto por el licenciado Martínez Madriz: Errónea aplicación de un precepto legal sustantivo; artículo 212 inc. 1 en relación al 24 del código penal: Con fundamento en la causal de procedencia establecida en el inciso b) del artículo 468 del Código Procesal Penal, el representante fiscal señala que, del marco fáctico probado por el Tribunal de Juicio se desprendía la ocurrencia de un delito de robo simple consumado, con base a los siguientes hechos probados: "...EI día 9 de febrero del año 2021, al ser aproximadamente las 00 horas con 40 minutos, el imputado Johnny A. Herrera con la única intención de sustraer ilegítimamente bienes ajenos se presentó a la tienda Mi Armario ubicada contiguo al Banco de Costa Rica del centro de San Isidro de P.Z., donde procedió a forzar y quitar unas latas de zinc del techo y seguidamente utilizando la fuerza necesaria rompió el cielo raso del interior de dicho local comercial, una vez en el interior del local el encartado A.H. se apoderó ilegítimamente de un dispositivo para chips marca C. color negro con una pantalla pequeña valorado en la suma de 5 000 colones y se retiró del lugar, subiendo nuevamente por el techo donde se había hecho un hueco para ingresar y dispuso del bien como propio. En la misma fecha y lugar, minutos después se apersonaron oficiales de la Fuerza Pública quienes procedieron a subir al techo del local comercial Mi Armario, donde encontraron al imputado A.H. escondido en una bodega detrás de la tienda Mi Armario y procedieron con la detención del imputado, encontrando entre sus pertenencias el bien propiedad de la ofendida..." (Ver hechos probados de la sentencia oral). No obstante, con relación a dichos hechos el ad quem varió la calificación jurídica indicando: “ ...lo jurídicamente correcto es recalificar la conducta a un delito de tentativa de robo simple sobre las cosas en perjuicio de [Nombre 001], quién nunca fue realmente despojada del objeto sustraído en sentido jurídico conforme a la teoría mayoritaria de la disponibilidad, siendo que la víctima recuperó el bien, que le fue devuelto por los oficiales de la Fuerza Pública...." (Folio 4 de la Sentencia de Apelación). Como agravio, señala que la recalificación supuso dejar de lado la calificación legal que correspondía con los hechos demostrados, así como la imposición de una pena mucho menor a la que correspondía al tipo penal acreditado. El reclamo resulta admisible: Se constata que el recurso en cuestión fue formulado en tiempo, por quien válidamente puede hacerlo – el representante del Ministerio Público –. Además, se dirige contra la resolución que resolvió la apelación de una sentencia penal, y se alega errónea aplicación de la ley sustantiva, por parte del Tribunal de Apelación, como un vicio que se encuentra previsto como motivo de casación, en el inciso b) del artículo 468 del Código Procesal Penal. Se aprecia que el impugnante fundamenta adecuadamente su alegato, pues el recurrente explica que, a su juicio, el ad-quem invisibiliza los hechos probados de la acusación en su totalidad que vendrían a establecer que el robo fue consumado, pues no solo del cuadro fáctico se estableció que el imputado dispuso del bien como propio, sino además que cuando sustrajo los bienes salió de la tienda por el mismo hueco que hizo para ingresar y se fue para otro sitio, con lo cual hubo posibilidad de disposición conforme lo imputó y demostró el órgano fiscal, lo cual se prevé que el artículo 212 inciso (1) del del Código Penal. Se constata también que el agravio se afinca en que la interpretación aplicada por el ad quem, produce una consecuencia perjudicial para los intereses del ente acusador: la imposición de una penalidad menor. Por cumplir con los requisitos formales estipulados en los artículos 467, 468 inciso b), 469 y 471 del Código Procesal Penal, se admite para su conocimiento de fondo, el primer reclamo de casación, por errónea aplicación de la ley sustantiva.
III. Segundo motivo del recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público: inobservancia de un precepto legal procesal: errores graves en la construcción lógica de los fundamentos: Expone el recurrente que del fallo impugnado (N° 2021-278 del Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago, Sección Segunda), se infiere que existe un error grave en la construcción lógica de los razonamientos del Tribunal que llevó a la recalificación de un delito consumado a uno tentado a favor del encartado A. Herrera. Argumenta el impugnante, que este error grave en su construcción lógica, se puede establecer de la fundamentación del Tribunal de Apelación, cuando justifica la recalificación de un delito de robo simple consumado a uno tentado, indicando que al haber sido detenido el imputado in fraganti, nunca tuvo ninguna posibilidad de disposición sobre dicho bien, descontextualizando para ello toda la imputación fiscal y los hechos probados, de donde de una lectura correcta de la misma, lo que se indica es que el imputado tuvo disposición del bien y además que fue detenido en un lugar diferente a la tienda donde mediante la fuerza ingresó a sustraer bienes, pues claramente el encartado logró salir por donde entró y se fue para otro sitio. Como agravio, el licenciado M.M. aduce que, al inobservar preceptos procesales en relación a la debida fundamentación, se recalificaron los hechos de robo simple consumado a robo simple tentado, para lo cual incurrió en graves vicios de logicidad, cuando tal y como consta en autos, el ente fiscal considera que la condena correcta es conforme lo decidió el tribunal de juicio, sea por robo simple consumado. Para el gestionante, ello justifica la ineficacia del fallo impugnado, en lo que toca a la calificación jurídica. La queja se declara inadmisible para su conocimiento de fondo: Se constata que el recurso en cuestión fue formulado en tiempo, por quien válidamente puede hacerlo – el representante del Ministerio Público –. El recurso se dirige contra la resolución que resolvió la apelación de una sentencia penal, y se alega la existencia de un error en la construcción lógica de los razonamientos del Tribunal de Apelación, como un vicio que se encuentra previsto como motivo de casación, en el inciso b) del artículo 468 del Código Procesal Penal en relación con el artículo 142 del mismo código. Acusa el representante fiscal, que el ad quem, yerra cuando fundamenta lo siguiente: "...lo jurídicamente correcto es recalificar la conducta a un delito de tentativa de robo simple sobre las cosas en perjuicio de [Nombre 001], quién nunca fue realmente despojada del objeto sustraído en sentido jurídico conforme a la teoría mayoritaria de la disponibilidad, siendo que la víctima recuperó el bien, que le fue devuelto por los oficiales de la Fuerza Pública...." (Ver folio 4 del expediente de casación).- No obstante de una lectura detallada del motivo de casación incoado por el representante del Ministerio Público, permite colegir que no es posible decretar su admisión para un ulterior examen de fondo, toda vez que aunque el casacionista refiere que no se trata de una inconformidad con lo resuelto por el ad quem, en específico en su argumentación, no indica cuáles premisas son contrarias a la fundamentación, que a la postre hagan prever ese error grave en la construcción lógica de la sentencia, que aduce el casacionista; más parece ser en efecto una discrepancia con lo resuelto, ya que el representante fiscal afirma que la decisión del ad quem no es acorde a la imputación que de los hechos hiciera el órgano fiscal y que forman parte de los hechos probados de la sentencia de instancia, razón que por sí misma no constituye un error de logicidad en la construcción del razonamiento de los jueces de apelación. En ese sentido debemos recordar que dicha causal, refiere a aquellos casos en que, a la hora de motivar el fallo, el Tribunal de alzada incurre en serios yerros en la construcción lógica de los argumentos, de tal entidad, que pueda tornar ineficaz la resolución. Por su lado, recientemente esta cámara de casación abordó la cuestión en su sentencia, N° 2021-00654, de las 10 horas 22 minutos del veinticinco de junio de dos mil veintiuno (integrada por S., R., Burgos, A. y Z., en donde se indicó: “Esta S. en reiterada jurisprudencia ha señalado que no es posible cuestionar por la vía de la casación cualquier defecto de fundamentación, sino únicamente aquellos que impliquen la ausencia de esta o los errores graves en la construcción lógica de los razonamientos. Este último defecto se refiere a la estructura de la resolución, a la forma en que los jueces exponen sus argumentos, entendidos estos como una cadena de razonamientos. Lo que se pretende es determinar si existe una relación de consecuencia lógica entre las premisas de razonamiento empleadas y la conclusión a la que se arribó. No corresponde analizar si las normas procesales o sustantivas fueron adecuadamente aplicadas, toda vez que para estos efectos existe una causal específica, contenida en el inciso b) del numeral 468 del Código Procesal Penal. Es decir, el fin no es constatar si la conclusión a la que se arribó es correcta o no conforme a la ley aplicable, sino verificar el camino que se siguió para llegar a esta y si se trata de una inferencia de las premisas de razonamiento empleadas” … En el caso que nos ocupa el casacionista reclama errores graves en la construcción lógica de los razonamientos, sin embargo, no identifica dicho defecto y omite realizar señalamientos direccionados a acreditar sobre los extremos, que desde su óptica los jueces de alzada hayan construido los razonamientos de forma incorrecta en la resolución, pero además no se trata de afirmar que la resolución presenta defectos lógicos por no efectuar el análisis del caso que el Ministerio Público pretendía, lo que claramente no se ajusta al vicio invocado. Con base en lo expuesto, al no verificarse el defecto invocado por el recurrente, lo que corresponde es declarar inadmisible el motivo, de conformidad con los ordinales 468 y 473 del Código Procesal Penal.
IV. Tercer motivo del recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público: inobservancia de un precepto legal procesal: falta de fundamentación: Expone la recurrente que del fallo impugnado (N° 2021-278 del Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago, Sección Segunda), se infiere que existe una falta de fundamentación que respalde la decisión del ad quem, ya que se justifica la recalificación de un delito de robo simple consumado a un delito de robo simple en grado de tentativa, diciendo de manera escueta y en no más de once líneas que: "...lo jurídicamente correcto es recalificar la conducta a un delito de tentativa de robo simple sobre las cosas en perjuicio de [Nombre 001], quién nunca fue realmente despojada del objeto sustraído en sentido jurídico conforme a la teoría mayoritaria de la disponibilidad, siendo que la víctima recuperó el bien, que le fue devuelto por los oficiales de la Fuerza Pública...." (Ver folio 4 del expediente de casación). Refiere el casacionista, que esto es la única justificación del ad-quem para establecer la recalificación de los hechos a favor del imputado, dejando de exponer de manera clara, específica y con el debido contenido de hecho y de derecho, el por qué los hechos probados constituyen un delito tentado. Asegura que no se trata de una simple disconformidad con lo resuelto, sino que efectivamente el Tribunal de Apelación fue totalmente omiso en cuanto a fundamentar con razones fácticas y jurídicas su decisión, pues solamente indicó que el imputado al ser detenido in fraganti, nunca tuvo disposición del bien, aplicando la teoría mayoritaria de la disponibilidad, sin fundamentar cómo aplica esta teoría en los hechos probados, y por ello la sentencia queda en simples enunciados genéricos. Para el gestionante, no existe fundamento que soporte el cumplimiento de la obligación que tiene toda autoridad jurisdiccional, de fundamentar conforme al numeral 142 del Código Procesal sus decisiones, obviando que dicho numeral prohíbe una decisión que contenga la simple descripción de los hechos o la sola mención de los elementos de prueba, en cuyo caso es como si no existiera fundamentación. La queja se declara inadmisible para su conocimiento de fondo: Examinado el motivo invocado por el representante del Ministerio Público, se debe indicar que el mismo no puede prosperar para su análisis de fondo. El recurrente reclama la que el ad quem incurrió en una violación del artículo 142 del Código Procesal Penal, precisando que la sentencia adolece de una adecuada fundamentación para justificar la recalificación de un delito de robo simple consumado, a un delito de robo simple en grado de tentativa, lo que se realizó de manera escueta y en no más de once líneas. Sin embargo, una vez analizado dicho reproche, se puede establecer que, aunque el casacionista ha referido que no se trata de una disconformidad con lo resuelto, este defecto no se constata, ya que basta confrontar la resolución recurrida para determinar que no existe esa ausencia absoluta de la motivación alegada. En el único considerando de dicha resolución y sobre el extremo impugnado, el ad quem indicó: “En el ejercicio de la defensa material, el encartado J.A.H. manifestó que no requirió mayor esfuerzo para ingresar al local, ya que las láminas de la parte externa de la edificación se encontraban sueltas o flojas, y el cielorraso estaba deteriorado y en mal estado. Frente a esta versión, el a quo contrapuso una prueba documental debidamente admitida, consistente en el acta de inspección ocular realizada en el sitio de interés, que se ubica en S.J., P.Z., San Isidro del General, a un costado del Café Internet El Balcón, denominada Tienda Mi Armario. En donde al ser las 15:41 horas, del día 09 de febrero del 2021, el oficial Gerardo González Barboza agente del Organismo de Investigación Judicial, detalló en punto 3 del informe que propiamente en el interior del inmueble, se observa un boquete en el cielorraso, mismo de aproximadamente 40 centímetros de ancho por 1,20 metros de largo, y aproximadamente a 2,80 metros de altura, este se ubica aproximadamente a 5 metros de la pared este del local y a 20 metros de la puerta principal ubicada al costado sur, por debajo de este boquete se encuentran dos colgaderos de ropa y sobre estos se aprecian restos de madera y polvo, siendo que en uno de ellos, se ubica una gorra de color azul con logo del Instituto Nacional de Seguros (aparentemente dejada ahí por el antisocial) [sic], así mismo y a un lado de uno de los colgaderos de ropa, se observa en el piso un encendedor color amarillo con restos de madera y polvo a su alrededor, a unos dos metros de distancia aproximadamente y en dirección norte, se ubican 6 paletas de celosías sobre el piso, dichas paletas fueron retiradas de un ventanal interno que está a un lado del punto donde se ubican las paletas de celosía, los herrajes de dichas paletas en la estructura de la celosía se observan doblados. Además, se indica que en la esquina noreste del inmueble parte interna y a un lado de una pila color rojo, se ubican sobre el piso dos cajas registradoras metálicas color negro las cuales presentan los cables de conexión a impresora reventados por fuerza aplicada, la gaveta principal de ambas se observa forzada y con marcas de algún tipo de herramienta, pero las mismas al parecer no fueron abiertas. En el punto 4 de la inspección ocular se detalla que a un lado del mostrador principal se observan por debajo de su repisa, dos CPU de computadora con los cables reventados por aparente uso de fuerza, se observan signos de registro en toda esta parte, se ubican unas tijeras torcidas en su punta (aparentemente usadas para forzar las cajas registradoras), adicionalmente, sobre el mostrador se ubica una rasuradora color negro con gris aparentemente nueva y sin su caja. De lo anterior se extrae, que independientemente de lo manifestado por el imputado, que intenta hacer ver su ingreso como algo que es resultado de las malas condiciones del inmueble, la realidad ofrecida por la inspección judicial y las fotografías que aparecen en el mismo informe lo contradicen, siendo que causó más daños de los que admite, para intentar atenuar su responsabilidad, pero que más bien justifican que los dueños de la tienda tuviesen que cerrar la misma para hacer las reparaciones pertinentes antes de reabrirla al público. Pese a lo expuesto y dentro de las facultades que tiene el Tribunal de Apelación de realizar un examen integral del fallo conforme al artículo 459 del Código Procesal Penal, de los hechos probados de la sentencia se acreditó que el imputado únicamente sustrajo un aparato GPS marca Garmit, siendo que al haber sido detenido in fraganti, nunca tuvo ninguna posibilidad de disposición sobre dicho bien, por lo que si bien el a quo lo condenó por un delito consumado de robo simple sobre las cosas en perjuicio de [Nombre 001], lo jurídicamente correcto es recalificar la conducta a un delito de tentativa de robo simple sobre las cosas en perjuicio de [Nombre 001], quién nunca fue realmente despojada del objeto sustraído en sentido jurídico conforme a la teoría mayoritaria de la disponibilidad, siendo que la víctima recuperó el bien, que le fue devuelto por los oficiales de la Fuerza Pública. En consecuencia, se revoca parcialmente la sentencia impugnada, únicamente en cuanto se declara a J.A.H. autor responsable de un delito de robo simple con violencia sobre las cosas en grado de tentativa y se ordena el reenvío al Tribunal de origen para que se fije la pena respectiva conforme a la nueva calificación”… De lo anterior se puede establecer claramente que no existe ausencia de fundamentación, y que más parece una discrepancia con lo resuelto respecto de la recalificación. En este sentido, la S. Tercera ha indicado de forma reiterada que el reclamo planteado con base en el numeral 142 del Código Procesal Penal, resulta admisible cuando éste se sustente en la ausencia absoluta de fundamentación o un yerro en la construcción lógica de la resolución, susceptible de tornar ineficaz la sentencia. Sobre el particular, en el voto 2014-000648 de la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, de las 9:53 horas, del 4 de abril de 2014, se indicó en relación con la causal en comentario: "La “falta de fundamentación” que es examinable en casación, dado el carácter restringido que establece el artículo 468 para ese recurso, supone una ausencia absoluta de razonamientos, o bien un vicio grosero en la construcción lógica; no la simple insatisfacción y el creer que debió haberse hecho énfasis o ampliar algún aspecto (ver en similar sentido, sentencia 2012-1541, de las 11:26 horas, del 28 de setiembre de 2012 y, voto número 2013-01699, de las 13:25 horas, del 19 de noviembre del 2013, S. Tercera, de la Corte Suprema de Justicia)". (S. integrada por C., R., A., A. y G.. En este caso, contrario a lo preceptuado en la jurisprudencia de la Cámara de Casación, el casacionista realiza su propia ponderación de lo resuelto por el ad quem, con relación a la fundamentación, que en definitiva es contraria a su posición, sin embargo, esto no se traduce en una ausencia de motivación, y más parece ser una pretensión de que se realizara una mayor extensión en lo resuelto. Por estas razones, el tercer motivo de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público, se declara inadmisible.
Por tanto:
Se admite para su conocimiento de fondo, el primer motivo del recurso de casación y se declaran inadmisibles los motivos segundo y tercero, formulados por el licenciado J.M.M., en calidad de representante del Ministerio Público. N.. -



Patricia S. C.


Jesús Alberto R. Q.


Álvaro Burgos M.


Gerardo Rubén A. V.


Sandra Eugenia Zúñiga M.
Int: 670-2/17-2-21
S.

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