Sentencia Nº 2021-01113 de Sala Tercera de la Corte, 24-09-2021

EmisorSala Tercera de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha24 Septiembre 2021
Número de expediente20-000040-0006-PE
Número de sentencia2021-01113
*200000400006PE*
Exp: 20-000040-0006-PE
Res: 2021-01113
SALA DE CASACIÓN PENAL. S.J., a las once horas veintidós minutos del veinticuatro de setiembre de dos mil veintiuno.
Visto el procedimiento de revisión interpuesto en la presente causa seguida contra C.A.D.P., por el delito de robo agravado, cometido en perjuicio de [Nombre 006] y [Nombre 004]; y,
Considerando:
I. En razón de que los Magistrados y M. titulares P.S.C., S.E.Z.M., J.R.Q., Á.B.M. y Gerardo Rubén Alfaro Vargas, se excusaron de conocer la presente causa y se acogió la gestión (cfr. folios 1331 y 1332), así como que a el Magistrado suplente R.S.B., les abarca causal de excusa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 incisos a) y h) del Código Procesal Penal, se impone integrar la Sala con el Magistrado titular Álvaro Burgos Mata, habida cuenta de la imposibilidad que existe de integrar la Sala de otra forma, por no existir magistrados suplentes que los sustituyan, con el fin de evitar una dilación innecesaria de la causa que dé al traste con el derecho al acceso a la justicia de forma pronta y cumplida, considerando que se trata de un procedimiento para la revisión de la sentencia, se justifica de forma excepcional que el Magistrado Á.B.M. intervenga en el conocimiento de la causa, de modo que esta Cámara de Casación estará integrada por el Magistrado titular Á.B.M., los Magistrados y M. suplentes, M.F.C., R.A.N., C.D.S. y William Serrano Baby. Lo anterior, con fundamento en la regla establecida en el inciso 2) del artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como en los votos N° 13-013773, de las 14:30 horas, del 16 de octubre de 2013, y N° 2016-010244, de las nueve horas cinco minutos del veinte de julio del dos mil dieciséis, de la Sala Constitucional, que resuelven una acción de inconstitucionalidad contra los artículos 29 inciso 2) de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 475 del Código Procesal Penal, en donde se cuestiona la objetividad e imparcialidad de un juez que conoce un asunto del que previamente se ha expresado en alguna etapa anterior del proceso, y que en lo que interesa indican: “Esta circunstancia, a juicio del Tribunal Constitucional, no vulnera ni constituye una restricción ilegítima del principio de imparcialidad ni del debido proceso, en los términos en que ha sido proclamado en el Derecho de la Constitución y en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, habida cuenta que se trata de una situación muy excepcional y, por lo tanto, que debe ser aplicada restrictivamente, únicamente cuando la causal de impedimento sea compartida tanto por los Magistrados titulares como los suplentes. Tampoco se aprecia que esta solución contradiga los alcances de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso [NOMBRE 02] vs. Costa Rica, teniendo en cuenta que la circunstancia prevista en las normas impugnadas únicamente se produce en el caso que la causal de impedimento cubra por igual tanto a los Magistrados titulares como a los Magistrados suplentes, caso en el cual se debe recurrir nuevamente a los primeros, no sólo porque ya no hay jueces habilitados para conocer el caso, sino también en el tanto existe una obligación constitucional de parte del servicio de la Administración de Justicia de resolver, en el menor tiempo posible, los casos que le son planteados.”.
II. Mediante escrito visible de folios 1297 a 1323 del expediente, Carlos Alberto D.P., formula procedimiento de revisión contra la sentencia N° 720-2014, dictada por el Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de S.J., sede Suroeste, de las 17:20 horas, de 19 de noviembre de 2014, en la cual, se le declara coautor responsable de un delito de tentativa de homicidio calificado en concurso ideal, con un delito de tentativa de robo agravado, en perjuicio de [Nombre 006] y [Nombre 004], imponiéndosele la pena de veinte años de prisión por el primer ilícito, y de cinco años de prisión, por el delito contra la propiedad, para un total de veinticinco años de prisión según las reglas del concurso ideal. Asimismo, se declara autor responsable de un delito de privación de libertad agravada, en perjuicio de [Nombre 005], fijándose la pena de seis años de prisión, delincuencia que concursa de forma material con las anteriores, estableciéndose una pena total de veintiséis años de prisión (cfr. folios 592 a 707).
III. Objeto del Procedimiento de revisión . Primer motivo. “ Lesión a los Artículos 1, 2, 6, 9, 13, 23, 36 del Código Procesal Penal.”. Refiere el sentenciado que desde el inicio del proceso penal, el Ministerio Público y el Tribunal de Juicio, le reprocharon la ilicitud de los hechos por los cuales se le condenó, a pesar de la carencia de una verdadera investigación de los mismos. Indica que en su caso, se negó la aplicación de los derechos fundamentales aplicables. En ese sentido, expone que no se le ofreció valorar: el criterio de oportunidad, la conciliación, o la reparación integral del daño, por lo que estima la existencia de un perjuicio irreparable, ante el quebranto del principio de legalidad y de objetividad, al tenérsele como coautor de tales delincuencias. Agrega que los funcionarios del Organismo de Investigación Judicial, están obligados a presentar la certeza de culpabilidad del imputado, ello en apego a las reglas de la sana crítica. Puntualiza, que de igual manera, se infringe el principio de inocencia al recibir un trato desigual, porque para el momento de dichos hechos, se encontraba privado de libertad por una causa anterior, y esa circunstancia fue suficiente “para que la investigación fuera espuria, débil y escueta”, lo anterior, en clara infracción del principio de in dubio pro reo. Aduce que la sentencia no resulta proporcional con los hechos demostrados. Por otra parte, acusa una deficiente labor en las funciones profesionales de la defensora pública asignada, por cuanto, omitió gestionar el reconocimiento físico. A su vez, reprocha que se pasó por alto valorar la reconstrucción de los hechos, y aplicar alguna medida alterna (cfr. folios 1302 a 1304). Finalmente, extraña la falta de estudio de la pericia de balística con base en el acta de secuestro número 615730. Esgrime que los indicios recabados no son aptos para precisar el calibre del arma. Concluye que la sanción penal impuesta es extrema, al menoscabar el artículo 36 de la ley penal adjetiva (cfr. folios 1297 a 1304). Los reparos no resultan admisibles para su conocimiento de fondo: En el caso particular, el privado de libertad a lo largo de su escrito, visible de folios 1297 a 1323, procede a exponer una serie de apreciaciones que versan en torno a la falta de investigación de la sumaria, a la ausencia del criterio de oportunidad, de conciliación y de reparación integral del daño. Asimismo, la queja comprende alegatos sobre la supuesta falta de aplicación del principio de legalidad, de objetividad, de in dubio pro reo , de proporcionalidad, de ineficiencia en el desempeño de la defensora pública y de la presunta omisión en el estudio de las valoraciones pericias. Alegatos propios del debido proceso, que sin embargo, como supuesto genérico fue eliminado del catálogo de causales establecidas de forma taxativa en el artículo 408 del Código Procesal Penal, en virtud de la entrada en vigencia de la Ley de Creación del Recurso de Apelación de la Sentencia, N° 8837 de 3 de mayo de 2010. En ese sentido, el inciso g) del artículo 408 del Código Procesal Penal, que señalaba: “Cuando la sentencia no ha sido dictada mediante el debido proceso u oportunidad de defensa”, desapareció de las hipótesis de procedencia de la revisión, en forma definitiva, con la reforma al artículo 102 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, mediante la Ley número 9003 del 31 de octubre de 2011. De manera que las únicas hipótesis concernientes al debido proceso, que dan cabida al procedimiento de revisión, son las que conservó el legislador, en la redacción vigente del artículo 408 del Código Procesal Penal, dentro de las cuales no se encuentra, como ya se indicó, el control de valoración probatoria intelectiva efectuado por el Tribunal de Juicio. Cabe señalar, además, que el procedimiento de revisión no constituye una extensión del contradictorio, que permita replantear cuestionamientos a fin de solicitar una nueva valoración de los elementos probatorios evacuados en juicio, o simplemente lograr una reconsideración de lo resuelto. Se trata más bien, de un procedimiento especial que, al dirigirse a cuestionar una sentencia que ha adquirido firmeza material, procede sólo por causales muy limitadas y calificadas. Las apreciaciones genéricas que realiza el justiciable (cfr. folios 1297 a 1304), marginan por completo las hipótesis autorizadas por el marco de legalidad para los efectos de lograr la revisión del fallo condenatorio. Por las razones expuestas, la gestión de revisión formulada por el sentenciado resulta inadmisible, de conformidad con lo previsto en el párrafo primero del artículo 411 del Código Procesal Penal, en el tanto el peticionario desatiende el deber de sustentar su demanda, en alguna de las causales de procedencia, previstas taxativamente en el ordinal 408 del Código Procesal Penal. Segundo motivo. “ Lesión a los Artículos 63, 87, 96, 180, 181 del Código Procesal Penal.”. Reitera el justiciable que las autoridades judiciales desempeñaron una labor totalmente parcializada en beneficio de los intereses de la parte ofendida. Asegura que se dejó de examinar la participación de tres coimputados, y que tal suceso surgió en horas de la noche, sin que se le hubiese logrado identificar como autor de la ilicitud. Asimismo, señala que las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas resultaban de enorme importancia, empero, no fueron practicadas, violentándose el artículo 87 del Código Procesal Penal, puesto que sufría de alcoholismo crónico, enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud, que destaca entre otros aspectos, la pérdida de las facultades volitivas, la noción de espacio, tiempo y de lugar. Enfermedad que se asocia con la pérdida de consciencia, de raciocinio, etc. Expone que la decisión del Tribunal Penal, genera perjuicio en razón de que se cumplían con los presupuestos previstos por el legislador para la evaluación mental. Arguye que en este asunto se conculca el principio de proporcionalidad, al soslayarse la participación de D.P., por cuanto, la pena impuesta debió ser inferior frente a las acciones desplegadas por L.L. y A.Á.. Manifiesta que al imperar contradicciones en la sentencia que pretende revisar, se infringe el principio de objetividad, artículo 180 del Código Procesal Penal, ante la imposibilidad de acreditar la verdad real de los hechos. En ese sentido, refuta que el a quo haya descartado en el sentenciado alguna enfermedad, si como ya se adelantó, no existía pericia que avalara ese criterio. De seguido, procede a cuestionar la calificación jurídica dada a los hechos reprochados por el Ministerio Público (cfr. folio 1312), al argumentar que no existe parte médico que demuestre la puesta en peligro de la vida del ofendido [Nombre 006], de ahí, la falta de objetividad. Finalmente, a partir de folios 1313, efectúa una réplica sobre la ausencia de reconstrucción del hecho, y del por qué no existe condena a través del procedimiento de flagrancias (cfr. folios 1304 a 1313). El motivo es inadmisible. La tesis propuesta dirigida a atacar la sentencia firme a favor de la persona condenada, advierte tópicos específicos relativos al ámbito del debido proceso, a saber: i ) Vulneración al principio de objetividad. Se acusa la parcialidad del a quo a favor de la parte ofendida, en perjuicio del justiciable. ii) Quebranto del principio de proporcionalidad. Falta de análisis en torno a la participación de los coautores en lo atinente a la fijación de la pena. iii.-) Ausencia de individualización del encartado frente a las delincuencias atribuidas por el Ministerio Público. iv) Falta de aplicación del examen mental obligatorio. v) Errónea calificación jurídica y resolución judicial contradictoria. En ese sentido, la gestión comprende el mismo yerro del considerando precedente, en el cual, olvida el interesado direccionar su revisión de acuerdo con alguna de las seis causales previstas al respecto en el derecho positivo. Obsérvese que el propósito del motivo envuelve la devaluación de garantías adjetivas, al partir de manera errada de la premisa sobre los alcances de un precepto legal ya derogado, como es el inciso g) del numeral 408 del Código Procesal Penal. En síntesis, los citados ejes discursivos del presente reclamo, soslayan en definitiva los requerimientos exigidos por el legislador, por lo anterior, de conformidad con el artículo 411 del Código Procesal Penal, el alegato es inadmisible en virtud de que la demanda excluye las hipótesis que autorizan el procedimiento de revisión. Tercer motivo . “Lesión a los artículos 218, 228, 233 y 276 todos del C.P.P.”. Señala que en el caso concreto, no fue posible demostrar los hechos y circunstancias de interés, para solucionar correctamente el conflicto judicial con base en las reglas del correcto entendimiento humano. Indica que en el asunto de marras, surgieron muchos yerros, como por ejemplo, del Organismo de Investigación Judicial, del Ministerio Público, y de los operadores jurídicos, por ello, se desconoce el origen de los elementos dados para demostrar con el grado de certeza necesario, la culpabilidad de D.P. (cfr. folio 1315). Por otra parte, discrepa en torno al procedimiento para reconocer personas y su equívoca incidencia en los hechos probados, según el numeral 228 del Código Procesal Penal. Acusa la supuesta infracción del artículo 233 de dicho cuerpo de leyes, al no realizarse el correspondiente careo, situación que en su criterio causa perjuicio ante la falta de acreditación de la verdad real de los hechos, al menoscabar el artículo 276 de la ley penal adjetiva, en lo atinente a la validez de las actuaciones (cfr. folios 1314 a 1319). El motivo es inadmisible. Siguiendo la técnica desacertada de los anteriores reclamos, el sentenciado promueve contra el fallo condenatorio, divergencias aisladas en relación al cuadro de hechos probados, y a la valoración del acervo probatorio según las reglas del correcto entendimiento humano, aspectos vinculados con el tema del debido proceso, según el voto número 1739-1992, de las 11:45 horas, de 7 de enero de 1992, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Acorde con lo ya referido, la tesis que aquí se invoca desborda las causales taxativas que autorizan la procedencia de la demanda de revisión, diseño que a la luz del artículo 411 del Código Procesal Penal, encuentra -sin la menor controversia- la sanción de inadmisibilidad, que aquí se declara. Cuarto motivo. “ Lesión a los artículos 373, 374 y 408 inciso d) del Código Procesal Penal.”. Expone D.P., que al no aplicarse el procedimiento abreviado, se vulneró el principio de igualdad, contemplado en el precepto 33 de la Constitución Política, pues, cumplía con los requisitos para su aplicación. Señala que debido a sus condiciones personales de paciente crónico diabético, es “merecedor de una condena más proporcional con los hechos probados. Aunado a que he demostrado que los nuevos elementos de impugnación encuadran en una norma más favorable en cuanto a la reducción de Sentencia …”. Solicita de forma general, anular el fallo judicial sometido a revisión, se ordene el reenvío, o en su caso, se proceda a realizar una readecuación de la pena (cfr. folios 1320 a 1323). El motivo resulta inadmisible. Acorde con la lectura integral del alegato, se deduce su clara informalidad, en razón de que el revisionista, no logra ajustar la queja a alguna de las hipótesis estipuladas en el ordenamiento jurídico. A su vez, omite direccionar la afectación con base en el discurso que implementa, razón suficiente para su rechazo. En otras palabras, aun partiendo de que la queja estuviese bien formulada, el sentenciado no logra argumentar cómo la falta de aplicación del procedimiento especial abreviado, hubiese tenido una incidencia favorable en el resultado del proceso, para así justificar el origen de un perjuicio irreparable contra una sentencia penal firme, al cuestionar de manera abierta los requisitos de procedencia, previstos para la demanda de revisión. En resumen, el motivo es inadmisible de conformidad al numeral 411, en concordancia con los numerales 408 y 439 del Código Procesal Penal.
Por tanto:
Se declara inadmisible el procedimiento de revisión interpuesto por el sentenciado C.A.D.P.. N..

Álvaro Burgos M.


Cynthia Dumani S.
Magistrada Suplente.


Miguel Fernández C.
Magistrado Suplente.



William Serrano B.
Magistrado Suplente.



R.A.N..
Magistrada Suplente.

Roleon
Int: 0192-3/17-3-20

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