Sentencia Nº 2021-01114 de Sala Tercera de la Corte, 24-09-2021

EmisorSala Tercera de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia2021-01114
Número de expediente21-000216-0006-PE
Fecha24 Septiembre 2021
*210002160006PE*
Exp: 21-000216-0006-PE
Res: 2021-01114
SALA DE CASACIÓN PENAL. S.J., a las once horas veintitrés minutos del veinticuatro de setiembre de dos mil veintiuno.
Visto el procedimiento de revisión interpuesto en la presente causa seguida contra C.L.N.L., por el delito de robo agravado, en perjuicio de [Nombre 001]; y,
Considerando:
I. Mediante libelo visible de folios 157 a 176, C.L.N.L. plantea procedimiento de revisión contra la sentencia N° 199-2019, dictada por el Tribunal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, sede Coto Brus, a las 13:30 horas, del 7 de agosto del 2019 (folios 70 a 85), mediante la cual se le declaró autor responsable de un delito de robo agravado en perjuicio de [Nombre 001], por el que le fue impuesta una pena de cinco años de prisión, sustituida por el arresto domiciliario con monitoreo electrónico por el mismo plazo de la condena.
II. El sentenciado funda el único motivo del procedimiento de revisión que plantea, sobre la causal prevista en el inciso d) del artículo 408 del Código Procesal Penal, al invocar la existencia de una sentencia ilegítima por la grave infracción a los deberes de las personas juzgadoras que dictaron el fallo dictado en su contra. Como fundamento del reclamo, cita extractos de las resoluciones de esta Cámara N° 2013-589 y N° 2015-234, en las que se alude a la existencia de errores groseros y determinantes en las sentencias, evidentes y no discutibles. Refiere que, en este caso, el error que se aduce: “…recae sobre la legalidad de la prueba con los testimonios… y la prueba documental pericial incorporada al debate…” (folio 161). Considera que se vulneró el derecho de defensa y el principio de legalidad de la prueba, al aceptar la declaración del testigo [Nombre 003] , por cuanto: “...el testigo nunca vio nada y le fue contado por un supuesto ofendido, lo cual sirvió para el dictado de la sentencia condenatoria…” (folio 162). Asegura, que dicho relato es inválido, al no haber estado presente el deponente en el supuesto asalto, en virtud de lo cual, asegura, que debió aplicarse el principio in dubio pro reo. Agrega, que la valoración de dicha declaración constituye: “…un grave error judicial el cual atenta contra el principio de legalidad de la prueba…” (folio 163) y que el a quo: “…no valoró el principio in dubio pro reo…” (folio 163). Al sustentar la protesta, el sentenciado se ampara en el voto de esta Cámara N° 1417-2012, en el que se señaló que: “…una grave infracción a sus deberes cometida por un J. puede ser tanto una conducta dolosa como una grave negligencia…” (folio 166). Explica el gestionante, que fue condenado por un delito de robo agravado, por el cual le fue impuesta una pena de cinco años de prisión y que: “…el grave error judicial se presenta en la noticia criminis vertida en el parte policial número 0072832-15 de folio 1 al 5, que incluye la manifestación del ofendido… en el apartado de las diligencias policiales la víctima explica lo sucedido y los hechos sucedieron el 12 de julio del dos mil quince, poniendo la denuncia 9 días después, sin modo, tiempo y lugar… Como se indica el grave error judicial se presenta con prueba ilegal…” (folio 168). Protesta, que: “… el testigo nunca vio nada, a él le contaron…” (folio 169), posterior a lo cual, transcribe el contenido de los artículos 14 inciso 1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 6 del Código Procesal Penal, en relación a los principios de objetividad e imparcialidad del juzgador. A partir de lo anterior, C.L.N.L. acusa que el fallo condenatorio es contrario a derecho, argumentando que: “…la prueba utilizada… lesionó el principio de legalidad de la prueba y el derecho de defensa…” (folio 172). Reclama además, que se configuró un: “…defecto absoluto en la constitución del tribunal sentenciador como lo señala el precepto 178 del Código Procesal Penal inciso b) dado que quienes dictan la sentencia no tomaron en cuenta la legalidad de la prueba y los tiempos establecidos por ley, esto conlleva a la lesión directa de un derecho de defensa. Situación que no puede ser subsanada con el paso del tiempo y que afecta la legalidad de la condena…” (folio 172). Reitera, que el yerro: “…se materializa con la introducción de la prueba ilegal que se pretende aser (sic) ver un testigo que nunca vio nada como lo es [Nombre 003] y la denuncia y la noticia criminis que fueron aportados el día 21 de Junio del 2015, 9 días después, la cual evacuaron…” (folios 172 y 173) y que: “…los juzgadores iniciaron un debate con criterio formado sobre esta causa…” (folio 173). Estima el sentenciado, a partir de lo expuesto, que se cercenó su garantía: “…de contar con jueces sin perjuicios (sic)… y que basaran su decisión de forma exclusiva en la prueba recibida en el contradictorio…” (folio 173). Solicita, a partir de los argumentos planteados, que se admita el presente procedimiento de revisión, se señale audiencia oral para exponer los argumentos, se acoja en todos sus extremos el procedimiento de revisión presentado, se declare la nulidad de la sentencia N° 199-2019, dictada por el Tribunal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, sede Coto Brus, a las 13:30 horas, del 7 de agosto del 2019 y se ordene un juicio de reenvío.
III. El procedimiento de revisión es inadmisible: Para efectos de determinar la admisibilidad de la revisión interpuesta por el sentenciado C.L.N.L., se requiere considerar lo dispuesto en el artículo 411 del Código Procesal Penal, en el cual se determinan los requisitos de procedencia de la revisión y se sancionan como inadmisibles, las demandas que se presenten fuera de las hipótesis que en él se autorizan, las que resulten manifiestamente infundadas, o las que reiteren asuntos ya discutidos y resueltos en apelación o casación. En ese sentido, dispone dicha norma: “Artículo 411.-Admisibilidad. Cuando la demanda haya sido presentada fuera de las hipótesis que la autorizan o resulte manifiestamente infundada, el tribunal, de oficio, declarará su inadmisibilidad. El tribunal substanciará la acción y se pronunciará sobre el fondo, aun cuando estime que en su redacción existen defectos. Si considera que estos le impiden, en forma absoluta, conocer del reclamo, le prevendrá a la parte su corrección, conforme al artículo 15 de este Código, puntualizándole los aspectos que deben ser aclarados y corregidos. Si los defectos no se corrigen, resolverá lo que corresponda. No será admisible plantear, por la vía de revisión, asuntos que ya fueron discutidos y resueltos mediante la apelación de sentencia o en casación”. A partir de lo anterior, esta S. de Casación procede a examinar la revisión planteada, considerando que incumple con los requisitos formales para su interposición. En primer término, el quejoso hace referencia al artículo 408 inciso d) de la ley procesal, alegando la existencia de graves errores cometidos por el Tribunal de Juicio al dictar la resolución condenatoria. Sus reproches, sin embargo, se dirigen a invocar una vulneración del derecho de defensa y del principio de legalidad de la prueba, al haberse aceptado la declaración del testigo [Nombre 003], por cuanto: “...el testigo nunca vio nada…” (folio 162) y que, en ese tanto, dicha probanza es inválida, por lo que debió aplicarse el principio in dubio pro reo . Agrega, que la valoración del relato de [Nombre 003] constituye: “…un grave error judicial el cual atenta contra el principio de legalidad de la prueba…” (folio 163). Asimismo, el sentenciado protesta que: “…el grave error judicial se presenta en la noticia criminis vertida en el parte policial número 0072832-15 de folio 1 al 5, que incluye la manifestación del ofendido… en el apartado de las diligencias policiales la víctima explica lo sucedido y los hechos sucedieron el 12 de julio del dos mil quince, poniendo la denuncia 9 días después, sin modo, tiempo y lugar… Como se indica el grave error judicial se presenta con prueba ilegal…” (folio 168). Agrega, que: “…el testigo nunca vio nada, a él le contaron…” (folio 169), aludiendo, además, a la vulneración de los principios de objetividad e imparcialidad del juzgador y del derecho de defensa, así como su garantía: “…de contar con jueces sin perjuicios (sic) … y que basaran su decisión de forma exclusiva en la prueba recibida en el contradictorio…” (folio 173). Una vez analizados tales argumentos, considera esta Cámara que ninguno de los reclamos planteados se ajusta a lo preceptuado en la norma que autoriza la interposición del procedimiento de revisión, la cual establece, en lo que interesa para la presente revisión: “Artículo 408.- Procedencia. La revisión procederá contra las sentencias firmes y a favor del condenado o de aquel a quien se le haya impuesto una medida de seguridad y corrección, en los siguientes casos: a)…, b)…,c)…, d) Cuando se demuestre que la sentencia es ilegítima a consecuencia directa de la introducción de prueba ilegal o de una grave infracción a sus deberes cometida por un juez, aunque sea imposible proceder por una circunstancia sobreviniente.(…)”. De lo anterior, se acredita que Núñez López se limita a cuestionar la valoración que el Tribunal de Juicio hizo respecto al elenco probatorio sometido a su conocimiento, concretamente, a la declaración de [Nombre 003] y en la notitia criminis vertida en el parte policial número 0072832-15, con lo que pareciera que el sentenciado pretende revaloraciones probatorias que no son de recibo al interponerse un procedimiento de revisión, por no incorporarse dentro de los presupuestos de admisibilidad para el mismo. Aunado a lo anterior, el gestionante arguye supuestos yerros cometidos por el Tribunal de Juicio a partir de su propia interpretación respecto a las pruebas que menciona en resguardo de sus propios intereses, lo que hace que sus reparos sean manifiestamente infundados y, por ende, inadmisibles. Asimismo, no se logra justificar por qué se considera que existen errores graves o dolosos en la sentencia cuestionada. Sobre los alcances del presupuesto contenido en el inciso d) del numeral 408 del Código Procesal Penal, ha señalado esta Cámara: “En primer lugar, esta S. ha delineado por medio de jurisprudencia reiterada el contenido de la causal de grave infracción a los deberes del juez, señalando que: “el juez infringe de manera grave sus deberes, cuando por ello, dicta una sentencia ilegítima. Queda por definir, ¿cuáles son los deberes del juez? De acuerdo al principio de legalidad (artículos 11, 39, 41, 129, 135, 154 de la Constitución Política y 1, 2, 5 y 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), el principal es resolver las causas judiciales, sometidas a su competencia, en apego estricto de las normas jurídicas vigentes. En otras palabras, impartir justicia pronta y cumplida. Asimismo, los jueces deben ser imparciales y objetivos (artículos 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 6 del Código Procesal Penal). Eso significa, entre otras cosas, que deben inhibirse de resolver, cuando los afecte algún motivo que comprometa su imparcialidad (arts. 55 a 61 del C.P.P), y que no pueden ignorar el derecho y están obligados a su estudio diligente, igual de los hechos y las pruebas del caso que juzgan. Con buena razón, se ha indicado: “Si el J. no conoce o, en su caso, no comprende el hecho, no estará en capacidad de comprender la norma aplicable.” H.M.(.D., Introducción al nuevo Código Procesal Penal, S.J., Editorial Investigaciones Jurídicas S.A, 1ª edición, 1998, p. 561. De ahí que, no se justifica el error judicial por desconocimiento o negligencia del órgano jurisdiccional. Tampoco se justifica la condena injusta, por actuación dolosa del juez, lo cual, de acuerdo al inciso c), relacionado con el d), del 408 ídem, no requiere que su existencia se haya declarado en fallo posterior firme, cuando resulte imposible proceder por una circunstancia sobreviniente, por ejemplo, la muerte, rebeldía o ausencia del juzgador, tramitándose como una grave infracción a sus deberes cometida por un juez (sobre este punto, se redimensionan los alcances del fallo de esta S. Nº 01417-2012, en el sentido de que una grave infracción a sus deberes cometida por un juez, puede ser tanto una conducta dolosa, como una grave negligencia). Igualmente, los jueces están obligados a fundamentar sus decisiones. En ese orden de ideas, en materia penal, el juez incurre en una grave infracción a sus deberes, cuando en su función de administrar justicia, por dolo o error injustificado, condena a un inocente o impone una sanción o medida de seguridad indebida, situación que deberá valorarse en cada caso particular. En cuanto al error judicial, deberá ser determinante y evidente, no posible o discutible. Por eso, los problemas exclusivamente interpretativos, sobre presuntos vicios de fundamentación de la sentencia o defectos absolutos, están fuera del alcance de dicha causal.” (S. Tercera, voto número 2013-00589, a las 10:34 horas, del 24 de mayo). En consonancia con lo expresado en ese voto, no cualquier inconformidad o desavenencia de las partes puede ser alegado como una grave infracción a los deberes del juez, sino que debe tratarse de aspectos sensibles en los que se incumple un mandato de ley ya sea por dolo o error injustificado. En este caso, lo que se alega es una inconformidad con aspectos que correspondía alegar mediante los recursos ordinarios y extraordinarios, instancias que ofrecen mayores posibilidades de impugnación en lo tocante a aspectos integrantes de debido proceso como lo son los aquí reclamados. Eso nos lleva al segundo argumento, para declarar inadmisible el motivo, y es precisamente que la derogatoria del inciso g) del artículo 408 CPP, que otrora posibilitaba la revisión de sentencia por aspectos atinentes al debido proceso, es un indicio claro de la intención del legislador de que todo lo ahí comprendido –con la única excepción de la utilización de prueba espuria, que está prevista en el inciso d)- debe ser agotado de previo a la firmeza del fallo”. (Resolución 2018-0255, de las 15:12 horas del 25 de abril de 2018; integrada por A., R., Z., S. y Cortés). En efecto, tal y como se desprende de los argumentos expuestos en la demanda revisoria, son alegatos que constituyen meras desavenencias con lo resuelto por el Tribunal de Juicio, sin que se logre acreditar un vicio grave en el dictado del fallo, que haga prosperar su gestión y que no se adecuan a ninguno de los supuestos contenidos en el artículo 408 del Código Procesal Penal. En consecuencia, se declara inadmisible el procedimiento de revisión formulado por el sentenciado C.L.N.L..
Por tanto:
Se declara inadmisible el procedimiento de revisión formulado. N..

Jesús Alberto R. Q.

Álvaro Burgos M.
Gerardo Rubén Alfaro V.

Sandra Eugenia Z. M.
Cynthia Dumani S.
Magistrada Suplente

807-5/14-5-21
JMELENDEZ

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