Sentencia Nº 2021-01387 de Sala Tercera de la Corte, 26-11-2021

EmisorSala Tercera de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente16-000308-0619-PE
Número de sentencia2021-01387
Fecha26 Noviembre 2021
*160003080619PE*
Exp: 16-000308-0619-PE
Res: 2021-01387
SALA DE CASACIÓN PENAL. S.J., a las once horas trece minutos del veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno.
Vista la solicitud de aclaración y adición interpuesta en la presente causa seguida contra V.J.C.A., por el delito de incumplimiento de deberes, en perjuicio de [Nombre 001]; y,
Considerando:
I. Mediante escrito presentado en este Despacho el 9 de septiembre de 2021 (folios 81-88), el ofendido, [Nombre 001], solicita aclarar y adicionar, la resolución de esta S., N° 1022-2021 de las 11:15 horas del 27 de agosto de 2021 (fs. 74-77), que declaró inadmisible la gestión planteada por el señor [Nombre 001], por falta de impugnabilidad, tanto a nivel subjetivo, como objetivo. En el escrito que titula como “recurso de aclaración y adición”, el gestionante señala que la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, no declaró de oficio “…los defectos absolutos y quebrantos al debido proceso como se lo impone taxativamente la Asamblea Legislativa a artículo 459 del Código Procesal Penal ni denuncia de oficio al Ministerio Público la corrupción del Poder Judicial de la cual tiene conocimiento a expediente 160003080619PE. La omisión lesiva de la S. Tercera está fuera del radio de ley y constituye delito de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes…” (folio 81 frente). Alega el peticionario, que según el ordinal 459 del Código de rito, el recurso de apelación de sentencia permite el examen integral del fallo cuando la “parte interesada” alegue inconformidad con la determinación de los hechos, la incorporación y valoración de la prueba la fundamentación jurídica o la fijación de la pena. Añade que según la misma norma, el Tribunal de Apelación de Sentencia debe declarar aún de oficio, los defectos absolutos y quebrantos al debido que encuentren en la sentencia. A la luz de lo anterior, estima que “…el recurso de apelación procede…”, ya que fue interpuesto por la parte interesada, y porque el recurso de casación se interpone no contra una sentencia condenatoria, sino contra una sentencia absolutoria, la cual no posee “…las restricciones de apelación de las condenatorias…” (ibid). Incluye el gestionante, en su escrito de aclaración y adición, una “gestión pura y simple N° 1”, en la cual solicita que “…certifique digitalmente para efectos penales el administrador de la información pública de S. Tercera una copia de la resolución del Juzgado Penal que dio audiencia al ofendido a expediente 160003080619PE antes de que el Juzgado Penal ordenara la desestimación de la causa, una copia de la resolución del Juzgado Penal que permite al ofendido constituirse como querellante y una copia del cumplimiento constitucional del art. 309 del Código Penal por parte del Ministerio Público con la indagatoria a los tres imputados: un oficial de tránsito, dos jueces de tránsito y un abogado falso. Si estos documentos taxados en el Código Procesal Penal, de cumplimiento constitucional obligatorio en toda causa penal en contra de funcionarios públicos no existen a expediente 160003080619PE denuncie en cumplimiento constitucional del art. 281 del Código Procesal Penal el conjunto de cinco magistrados de la S. Tercera el extravío, supresión o destrucción de esas piezas dentro del expediente como lo ordena la Asamblea Legislativa a arts. 25.3 del Código Procesal Civil y 218 a 369 del Código Penal: nuevo delito de conocimiento funcional de la S. Tercera (142 180 Código Procesal Penal)…” (folios 81-82). Como “gestión pura y simple N° 2”, el peticionario hace referencia al expediente 140096330489TR e indica que no es cierto que el oficial de tránsito y los jueces de tránsito hayan actuado conforme a la ley en dicha causa de tránsito, y que por lo tanto, la confección de un croquis falso y el archivo del expediente de tránsito por parte de los tres acusados, ocasionó una serie de delitos en perjuicio de la función pública, que el administrado no está obligado a soportar. Estima que en razón de lo anterior, existe un defecto absoluto en la desestimación de la causa 16-000308-0619-PE. Agrega que “…el representante del Ministerio Público incurre en un fraude de simulación al simular el desconocimiento de estos hechos a expediente 140096330489TR y falso testimonio ante la S. Tercera al callar el defecto. La S. Tercera está en obligación constitucional de declarar de oficio los defectos absolutos y quebrantos al debido proceso haciendo el análisis constitucional de lo actuado en la etapa precedente como se lo imponen los artículos 459 del Código Procesal Penal y 11, 30 y 41 de la Constitución Política…” (folio 82). Solicita a esta S., en consecuencia de lo anterior, que expida “…una copia de la resolución que contiene la declaración oficiosa de los defectos absolutos y quebrantos al debido proceso y el análisis constitucional de lo actuado en la etapa precedente que a artículo 459 del Código Procesal Penal la Asamblea Legislativa le impone emitir…” (ibid.). Como “gestión pura y simple N° 3”, el ofendido señala que como no apela una sentencia condenatoria sino absolutoria, no existen restricciones para la apelación, por lo cual “…la S. Tercera conculcó inconstitucionalmente el derecho de la parte ofendida a constituirse a art. 459 del Código Procesal Penal en la parte interesada…” (folio 83). Solicita que esta Cámara certifique, para efectos penales, el abuso en que incurrió. Como “gestión pura y simple N° 4”, indica el peticionario que la sentencia que se “…apela ante la S. Tercera no es una sentencia condenatoria. Es una sentencia interlocutoria cuya apelación está permitida por la Asamblea Legislativa a art. 459 del Código Procesal Penal a la parte interesada, que en el caso específico a expediente 160003080619PE, es una parte ofendida ad intra en el proceso…” (folio 83). Por ello solicita que esta S. adicione el fallo N° 1022-2021 emitido el pasado 27 de agosto de 2021, que la sentencia del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de S.J. que se impugna, “…no es una sentencia condenatoria sino una sentencia interlocutoria que en taxatividad del art. 459 del Código Procesal Penal la parte interesada ad intra puede apelar…” (folio 83). Solicita, por otro lado, que se aclare si a la S. Tercera “le consta” si el fallo del Tribunal de Apelación de Sentencia en cuestión, cumple con “…los seis presupuestos del deber de fundamentación taxado por la Asamblea Legislativa a artículos 142 y 180 del Código Procesal Penal…” (ibid.). Finalmente, como “gestión pura y simple N° 5”, el requirente solicita que se adicione el fallo 1022-2021 de este Despacho, en cuanto a si a la S. Tercera “…le consta que la S. Constitucional condene al Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de S.J. a expediente 190104070007CO y si le consta que la S. Tercera resolviera las gestiones del ofendido antes de la condena de la S. Constitucional de cita o si la S. Tercera ordena el archivo del último ratio habiendo gestiones pendientes de resolución por parte de la S. Tercera a legajo 160003080619PE…” (folio 83). El señor [Nombre 001] acompaña su gestión de copias de diversas gestiones realizadas por él ante el Tribunal de Apelación de Sentencia del Segundo Circuito Judicial de S.J., el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública y el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, las cuales datan de los meses de enero, febrero marzo y diciembre de 2020, así como copia de una comunicación dirigida a él mismo, por la Fiscalía General de la República (cfr. folios 84-89).
II. No es de recibo la solicitud de aclaración y adición, gestionada por el ofendido: Por disposición de ley, las resoluciones judiciales son recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos (artículo 437 del Código Procesal Penal). En el fallo N° 1022-2021 de las 11:15 horas del 27 de agosto de 2021 (folios 74-77), esta S. explicó de forma clara, las razones por las cuales la solicitud, para que revisara la resolución de inadmisibilidad dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia del Segundo Circuito Judicial de S.J., N° 1412-2020 de 1° de septiembre de 2020, debía rechazarse al no cumplirse los presupuestos de ley para la interposición de un recurso de casación o, bien, un procedimiento de revisión, contra dicho fallo. No existen términos oscuros qué aclarar, ni omisiones respecto de lo peticionado. Sin embargo, a modo de mayor abundamiento, y ante la reiteración que efectúa el peticionario sobre su facultad para interponer “apelación” contra el fallo dictado por el Tribunal de Apelación de Sentencia, en su calidad de “parte interesada”, cabe señalar que esta Cámara carece de competencia para conocer recursos de apelación, teniendo competencia únicamente para conocer de los recursos de casación que se formulen, contra “…las resoluciones de dictadas por los tribunales de apelación de sentencia, que confirmen total o parcialmente, o bien resuelvan en definitiva, las sentencia dictada por el tribunal de juicio” (artículo 467 del Código Procesal Penal), o bien los procedimientos de revisión, “contra las sentencias firmes y a favor del condenado o de aquel a quien se le haya impuesto una medida de seguridad y corrección…” (ordinal 408 del Código de rito). En la resolución cuya aclaración y adición requiere el ofendido, se le explicó por qué razón su gestión no se encuentra en alguna de dichas situaciones y por qué, además de lo anterior, no forma parte de los sujetos legitimados para interponer recurso de casación o procedimiento de revisión en este asunto, con lo que carece de relevancia alguna que el objeto de su impugnación, no sea un fallo condenatorio, sino la resolución del Tribunal de Apelación de Sentencia N° 1412-2020 de 1° de septiembre de 2020 (folio 21 frente y vuelto), que declara inadmisible (a su vez) una gestión suya contra el fallo N° 220-2020, dictado por el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de S.J., a las 9:37 horas del 22 de julio de 2020. No procedía, en dichas condiciones, que esta S. declarara en forma oficiosa supuestos o eventuales incumplimientos normativos o quebrantos al debido proceso, de un asunto en el cual, el examen de esta Cámara no superó el correspondiente a la impugnabilidad, tanto a nivel subjetivo como objetivo, determinándose su incompetencia para pronunciarse sobre los extremos pretendidos por el requirente. Por esta misma razón, a saber, la falta de competencia de esta Cámara para entrar en el conocimiento de fondo del asunto, no se verifican en esta sede los “defectos absolutos y grave incumplimiento al debido proceso”, que señala el gestionante, y en tales condiciones, no procede atender lo solicitado por el ofendido bajo el título de “gestión pura y simple N° 2”. En cuanto a la solicitudes que el señor [Nombre 001] dirige a este Despacho, para que certifique: 1) la resolución mediante la cual el Juzgado Penal otorga audiencia al ofendido previo a dictar la desestimación de la causa; 2) la copia de la resolución que le permite constituirse como querellante; 3) resolución mediante la cual se da cumplimiento a lo dispuesto en el ordinal 309 del Código Procesal Penal; 4) indagatoria de las personas denunciadas en la causa 16-000308-0619-PE (gestión pura y simple N° 1), se procede a certificar, en su totalidad, el expediente remitido a esta Cámara, por el Tribunal de Apelación de Sentencia del Segundo Judicial de S.J., para lo que el requirente estime procedente. Lo anterior en virtud de que, tal y como se indicó al ofendido en el fallo de esta S. que ahora solicita aclarar y adicionar, no es posible certificar resoluciones que no fueron dictadas por este Despacho, más allá de los fallos o actos procesales que constan en los autos remitidos a esta oficina. En cuanto a la “gestión pura y simple N° 3” y la “gestión pura y simple N° 4”, no resulta procedente adicionar el fallo N° 1022-2021 de esta S., para indicar, como lo propone el ofendido, que tratándose de un fallo interlocutorio y no condenatorio, era procedente la interposición del recurso de apelación de sentencia, por quien figura como “parte interesada”, por disposición del artículo 459 del Código Procesal Penal. La norma antes indicada, no es oponible en esta sede para delimitar la competencia de la S. Tercera, en razón de que dicho ordinal hace referencia al recurso de apelación, cuyo conocimiento no es competencia de esta Cámara, sino de los Tribunales de Apelación de Sentencia Penal. Ante la falta de impugnabilidad objetiva y subjetiva de la impugnación, titulada como “recurso de revisión” por el señor [Nombre 001], resultaba innecesario, e improcedente, entrar a analizar el contenido del fallo N° 1412-2020, dictado por el Tribunal de Apelación de Sentencia del Segundo Circuito Judicial de S.J., al tenor de lo establecido en el artículo 459 del Código de rito. Por las mismas razones no es procedente la solicitud para que esta S. verifique el cumplimiento de la correcta fundamentación del fallo interlocutorio emitido por el ad quem, al tenor de los numerales 142 y 184 del Código Procesal Penal. Finalmente, en cuanto a la solicitud titulada como “gestión pura y simple N° 5”, para que esta S. adicione el fallo de inadmisibilidad, indicando “si le consta” que la S. Constitucional condenó al Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, o si “le consta” que la resolución de esta S., fuese anterior a la condena, o se dicta habiendo resoluciones pendientes de resolver, no procede adicionar el fallo en cuestión en el sentido indicado. En primer lugar, ello es así, porque la gestión sometida a conocimiento de esta S., fue resuelta conforme a derecho, en el fallo N° 1022-2021 de 27 de agosto anterior (folios 74-77). De manera que la referencia a lo resuelto por la S. Constitucional, en el fallo 15640-2019 de 23 de agosto de 2019, era innecesaria de conformidad con el objeto de pronunciamiento de esta Cámara. El contenido de la resolución del máximo contralor de constitucionalidad, antes mencionada, en todo caso, puede verificarse de folio 10 vuelto a 15 vuelto de este expediente, así como la fecha de dicha resolución y la del dictado de inadmisibilidad del “recurso de revisión” incoado por el ofendido, sin que la interpretación de esta S. sobre dichos sucesos, resulte de interés, ya que no le corresponde calificar o “certificar” la actuación de otros despachos, en virtud de que su competencia y el ámbito de pronunciamiento se encuentran limitados a la resolución de la gestión de “revisión” (folios 27-29) que fuera sometida a su conocimiento. Al determinarse que dicha gestión fue resuelta a cabalidad, en el fallo de esta S. N° 1022-2021 de las 11:15 horas del 27 de agosto de 2021, se rechaza la solicitud de aclaración y adición interpuesta contra dicho fallo. La Secretaría certificará el contenido completo del expediente que se encuentra en este Despacho, al señor [Nombre 001], para lo que estime procedente.
Por Tanto:
Se rechaza la solicitud de aclaración y adición. Debe estarse el requirente a lo resuelto por esta S. en fallo N° 1022-2021 de las 11:15 horas del 27 de agosto de 2021. La Secretaría certificará el contenido completo del expediente que se encuentra en este Despacho, al señor [Nombre 001], para lo que estime procedente. N..
Patricia Solano C.
Gerardo Rubén Alfaro V.
Miguel Fernández C.
Magistrado Suplente
Cynthia Dumani S.
Magistrada Suplente
William Serrano B.
Magistrado Suplente
1077-8/13-5-20
JMELENDEZ

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