Sentencia Nº 2021-01395 de Sala Tercera de la Corte, 26-11-2021

EmisorSala Tercera de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente21-000290-0006-PE
Número de sentencia2021-01395
Fecha26 Noviembre 2021

*210002900006PE*

Exp: 21-000290-0006-PE
Res: 2021-01395
SALA DE CASACIÓN PENAL. S.J., a las once horas cincuenta minutos del veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno.
Visto el procedimiento de revisión interpuesto en la presente causa seguida contra A.J.B.S., por los delitos de privación de libertad agravada y homicidio simple en grado de tentativa, cometido en perjuicio de [Nombre 001]; y,
Considerando:
I. El sentenciado A.B.S., interpuso demanda de revisión (confrontar folio 1254 al 1263) en contra de la sentencia 335-2017, de las 08:30 horas del 4 de abril de 2017, emitida por el Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de S.J., mediante la cual se le declaró autor responsable del delito de homicidio simple en grado de tentativa y privación de libertdad agravada, por el cual se le impuso la pena de prisión (confrontar folio 990 a 999 ).
II. Objeto de la demanda de revisión. El petente alega que concurre el inciso d) del numeral 408 del Código Procesal Penal. Argumenta que la sentencia emitida en su contra presenta una serie de vicios, así como la inobservancia de derechos procesales y fundamentales, toda vez que la prueba presentada por el Ministerio Público es insuficiente para derribar su estado de inocencia, por lo que -a su parecer- se debió emitir una sentencia absolutoria, en aplicación del principio in dubio pro reo. Afirma que se vulneró el principio lógico de contradicción, debido a que el ofendido no lo identificó como su atacante, ni como el líder de la organización criminal, lo que ocasiona una duda que le favorece. Efectúa una reseña de la declaración del ofendido y señala lo que considera inconsistencias en su relato. Estima que existe una contradicción en la sentencia, porque consta en el expediente una solicitud de desestimación efectuada de previo a favor de otros imputados de la causa, la que se fundamentó en la misma prueba que se presentó en juicio y con la que se determinó su responsabilidad penal. Transcribe un pasaje de la resolución 2004-00019, de la S. Tercera, luego reclama que, a pesar de encontrarse en igualdad de condiciones, se le sometió a juicio, mientras que otros imputados se vieron favorecidos con una desestimación, lo que vulnera el derecho a la igualdad y “el balance procesal por pérdida de objetividad” . Acusa que se valoró de forma inadecuada la prueba de cargo, de seguido reseña la declaración del testigo J.C.A., oficial del Organismo de Investigación Judicial, encargado de la investigación. Luego indica que según la declaración del testigo, el ofendido estaba involucrado en actividades riesgosas, pero no a causa suya, ya que nunca tuvieron problemas. Agrega que otra contradicción fue haber aceptado la acusación fiscal, según la cual existió una organización de familiares y amigos, con poderío económico, armas, bienes y recursos para delinquir, lo que incluso ocasionó que se le elevara la pena. Afirma que no se efectuó decomiso alguno de dinero o armas y pese a ello, las anteriores circunstancias se tuvieron por demostradas. Señala que tampoco se hicieron pruebas de luminol en la casa donde el ofendido fue supuestamente torturado y retenido. Refiere que a pesar de las dudas que le favorecían, se emitió una sentencia condenatoria, lo que revela un prejuicio del tribunal. Considera que se le ocasionó un agravio, porque se le impuso una pena de 17 años de prisión, pese a la duda existente. Solicita se declare con lugar la demanda, se anule la sentencia y que se ordene su inmediata libertad o en su defecto, que se ordene el reenvío.
III. La demanda de revisión es inadmisible. El procedimiento especial para la revisión de la sentencia, previsto en el Título VII, Libro II, de la Segunda Parte del Código Procesal Penal, puede ser promovido únicamente ante ciertos supuestos expresamente establecidos por la legislación y tiene por finalidad retrotraer la cosa juzgada material, en aquellos casos en que la sentencia se haya emitido a consecuencia de un error judicial que la torna injusta. Las causales que lo facultan se encuentran dispuestas en el numeral 408 ibidem: “ La revisión procederá contra las sentencias firmes y a favor del condenado o de aquel a quien se le haya impuesto una medida de seguridad y corrección, en los siguientes casos: a) Cuando los hechos tenidos como fundamento de la condena resulten inconciliables con los establecidos por otra sentencia penal firme. b) Cuando la sentencia se haya fundado en prueba cuya falsedad se haya declarado en fallo posterior firme. c) Si la sentencia condenatoria ha sido pronunciada a consecuencia de prevaricato, cohecho, violencia o cualquier otro delito o maquinación fraudulenta, cuya existencia se haya declarado en fallo posterior firme, salvo que se trate de alguno de los casos previstos en el inciso siguiente. d) Cuando se demuestre que la sentencia es ilegítima a consecuencia directa de la introducción de prueba ilegal o de una grave infracción a sus deberes cometida por un juez, aunque sea imposible proceder por una circunstancia sobreviniente. e) Cuando después de la condena sobrevengan o se descubran nuevos hechos o nuevos elementos de prueba que solos o unidos a los ya examinados en el proceso evidencien que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió o que el hecho cometido encuadra en una norma más favorable. f) Cuando una ley posterior declare que no es punible el hecho que antes se consideraba como tal o que merece una penalidad menor, o bien, cuando la ley que sirvió de base a la condenatoria haya sido declarada inconstitucional. La revisión procederá aun en los casos en que la pena o la medida de seguridad hayan sido ejecutadas o se encuentren extinguidas.”. En el caso que nos ocupa, el revisionista alega diversas circunstancias que, a su criterio, demuestran la existencia de un error judicial en el dictado de la sentencia condenatoria emitida en su contra. Básicamente argumenta que, con los elementos de prueba presentados en juicio, no era posible establecer su responsabilidad penal, toda vez que persistía una duda que justificaba su absolutoria, por aplicación del principio in dubio pro reo; a lo que agrega la vulneración del principio de igualdad, porque a favor de otros imputados se emitió una desestimación, a pesar de contarse con la misma prueba. Sobre la causal contenida en el inciso d) de la norma anteriormente transcrita, esta S. ha señalado de forma reiterada que concurre cuando se presenta una actuación irregular del juez en el ejercicio de las funciones encomendadas, de manera que se comprometa su labor en la resolución de un asunto sometido a su conocimiento. Debe tratarse de un alejamiento grosero, determinante y evidente del marco de legalidad. Los diferendos en la interpretación y aplicación del derecho no son constitutivos de esta hipótesis de revisión. En ese sentido se ha indicado: “[…] el juez incurre en una grave infracción a sus deberes, cuando en su función de administrar justicia, por dolo o error injustificado, condena a un inocente o impone una sanción o medida de seguridad indebida, situación que deberá valorarse en cada caso particular. En cuanto al error judicial, deberá ser determinante y evidente, no posible o discutible.” (S. Tercera, voto número 2013-00589, a las 10:34 horas, del 24 de mayo. Integración: C.C.S., J.R.Q., José Manuel Arroyo Gutiérrez, M.P.V. y S.E.Z.M.. Vemos que los reclamos efectuados en este caso no se ajustan a la indicada causal, porque lejos de acreditar la existencia de un error judicial, únicamente evidencian una inconformidad con la valoración de la prueba y con la determinación de responsabilidad penal efectuada por los jueces de juicio. Los aspectos indicados a lo sumo podrían relacionarse con el debido proceso, no obstante, en la actualidad no existe ninguna causal genérica que permita reclamar las vulneraciones a este, toda vez que el inciso g) del numeral 408 del código instrumental, donde anteriormente se encontraba contenida, fue derogado con la Ley 8837 “Creación del Recurso de Apelación de la Sentencia, otras Reformas al Régimen de Impugnación e Implementación de Nuevas Reglas de Oralidad en el Proceso Penal”, del 3 de mayo de 2010. Las únicas hipótesis relacionadas al debido proceso que dan cabida al procedimiento de revisión, son las que conservó el legislador en la redacción vigente del artículo 408 del Código Procesal Penal, dentro de las cuales no se encuentra ninguno de los aspectos que invoca el sentenciado. Conviene recordar que el procedimiento de revisión no constituye una extensión de la fase recursiva, como parece entenderlo el revisionista, por lo que no es posible reclamar por esa vía cualquier circunstancia con la exista desavenencia, sino solo aquellas que se ajusten a las causales autorizadas. Con base en las consideraciones expuestas, al determinarse que los fundamentos de la demanda de revisión, no se ajustan a ninguna de las hipótesis de revisión, lo que procede es la declaratoria de inadmisibilidad de la gestión, de conformidad con los ordinales 408 y 411 del Código Procesal Penal.
Por tanto:
Se declara inadmisible la demanda de revisión instaurada por el sentenciado A.B.S.. N..



Patricia Solano C.


Álvaro Burgos M.


Gerardo Rubén Alfaro V.


Rafael Segura B.
Magistrado suplente


Miguel E. Fernández C.
Magistrado suplente

Int: 1022-2/4-2-2-21

SLEIVAA

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