Sentencia Nº 2021-01439 de Sala Tercera de la Corte, 03-12-2021

EmisorSala Tercera de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente06-006176-0647-PE
Fecha03 Diciembre 2021
Número de sentencia2021-01439

*060061760647PE*

Exp: 06-006176-0647-PE

Res: 2021-01439

SALA DE CASACIÓN PENAL. S.J., a las once horas tres minutos del tres de diciembre de dos mil veintiuno.

Visto el recurso de casación interpuesto en la presente causa seguida contra el incidentado M.R.C., M.C.E.S. y M.R.B., por incidente de cobre de honorarios, a favor del incidentista licenciado L.A.R.C.; y,

Considerando

I. El licenciado J.B.V., en su condición de apoderando generalísimo sin límite de suma del Banco Hipotecario para la Vivienda, formula recurso de casación en contra de la sentencia N°2021-1325, de las 13:40 horas del 1 de setiembre de 2021, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de S.J., Goicoechea, mediante la cual se declaró sin lugar el recurso de apelación de sentencia presentado por el licenciado P.R.O., apoderado especial judicial de la parte incidentada, Fideicomiso de Administración Banco hipotecario de la Vivienda Mutual de Ahorro y Préstamo. (confrontar folios 96 frente a 99 frente)

II. Como primer motivo de casación, reclama: “ inobservancia de un precepto legal sustantivo: violación al decreto ejecutivo 32493-J del 9 de marzo de 2005, “arancel de honorarios por servicios profesionales de abogacía y notariado” y a los artículos 9, 10, 11 del Código Civil y 76.4 del Código Procesal Civil” (confrontar folio 104). Estima, que el Tribunal de Apelación de Sentencia aplicó indebidamente no solo el artículo 6 del Decreto Ejecutivo 32493-J, del 9 de marzo de 2005, sino además desaplicó la regulación contenida en los artículos 9, 10, 11 del Código Civil y 76.4 del Código Procesal Civil. Expone, que en este caso no existió contrato escrito por servicios profesionales entre el incidentista, L.A.R.C. y su representada, razón por la que en su momento se ofreció prueba confesional para acreditar, no solo el acuerdo entre las partes, sino el monto de los honorarios a pagar, prueba que fue rechazada por el tribunal de juicio al resolver sobre el incidente de cobro de honorarios, resolución confirmada por el tribunal de alzada. Argumenta, que el fundamento legal de esa última decisión fue el artículo 6 del Decreto Ejecutivo N°32493-J, del 9 de marzo de 2005, a partir de lo cual el ad quem señala: "...que el contrato de manera escrita debe ser la regla y no la excepción; sin embargo es claro que en este caso no existió y por ello se debió recurrir a las resultas del expediente para fijar los honorarios correspondientes." (enfrontar folio 105). En atención a lo anterior afirma, que los jueces de apelación establecieron que ante la inexistencia de un contrato escrito debía acudirse a los montos fijados en el proceso respectivo. F., que esa interpretación es errónea, ya que dentro de la teoría general de los contratos existen innumerables clasificaciones de estos, por lo que estima, debemos necesariamente referirnos aquella clasificación que abarca el concepto de consensualidad. A., que los contratos para su validez normativa, deben poseer una serie de elementos esenciales generales, a saber: sujetos, voluntad contractual, capacidad contractual, objeto, causa y legitimación; elementos que, deben estar en todos los contratos y/o negocios jurídicos independientemente de la naturaleza de estos. A., que lo que distingue y a su vez caracteriza a un contrato de otro, se encuentra determinado por los elementos esenciales específicos, que al igual que los antes enumerados, determinan la validez de los contratos y establecen su particular dimensión. Indica, que dentro de estos está la forma en que se realizan, recordando que todos los elementos esenciales, sea generales o específicos, son impuestos por ley, constituyendo un límite legal al principio de autonomía de la voluntad. Subraya, que se hace necesario analizar cuál es la naturaleza jurídica de un contrato de cuota litis, o de servicios profesionales de abogacía y notariado, cuáles son sus elementos esenciales específicos y sobre todo entender cómo se puede probar la existencia o la formación del vínculo jurídico entre las partes para efectos de su eficacia. Agrega, que para ello, se debe utilizar como marco normativo el Decreto Ejecutivo 32493-J, aplicable en la especie al ser el que estaba vigente al momento de la contratación del incidentista R.C.. De seguido transcribe el artículo 6 de dicho cuerpo normativo. Señala, que de una lectura atenta de dicho numeral, a partir de las normas jurídicas de interpretación contenidas en los artículos 9, 10 y 11 del Código Civil, se puede concluir de forma inequívoca que el elemento de la escritura para el contrato de servicios profesionales, no es un elemento esencial específico que determine su validez, por lo que no resulta ser un elemento sine que non , lo que permite – en criterio del recurrente – que entre las partes contratantes se aplique la consensualidad, entendida dentro de la teoría de los contratos, como aquellos vínculos jurídicos que se perfeccionan con el consentimiento prestado válidamente por los contratantes sobre un objeto y por una causa. En apoyo de esta posición, transcribe un extracto del voto 451-2021 del Tribunal Segundo de Apelación Civil, sección primera de S.J., de las 11:28 horas del 15 de julio de 2021. A partir de ello asevera que, en este tipo de contrato, el elemento formal de la escritura, si bien es la idónea para demostrar su existencia, no es la única, permitiendo la norma aludida – en criterio del casacionista – la existencia de un acuerdo consensuado entre las partes, lo que reprocha, fue desconocido en el fallo impugnado. De seguido transcribe lo establecido en el ordinal 76.4 del Código Procesal Civil. Resalta, que su representada dentro del proceso incidental ofreció, ante la inexistencia de un contrato escrito, dos elementos probatorios adicionales para demostrar el contenido del acuerdo y los montos pactados entre las partes: la prueba confesional del incidentista R.C., así como los recibos de dinero cancelados al incidentista, como una prueba más de la existencia del contrato consensual. Reclama, que el tribunal de apelación de sentencia interpretó erróneamente – en criterio del recurrente – las normas mencionadas, considerando de forma equivocada que ante la ausencia de un contrato escrito debía acudirse de forma automática a las resultas del proceso para la fijación de honorarios, lo que estima, causó un verdadero agravio a su representada al obligarla a cancelar montos superiores a los establecidos en el convenio efectuado entre las partes. A fin de reforzar su posición transcribe un extracto del voto 2018-001602, de las 8:00 horas, del 28 de setiembre de 2018, de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Precisa, que la resolución de cita, como en muchas más, se acepta la prueba confesional para probar la existencia y extensión del contrato de servicios profesionales entre el abogado y su cliente. Reprocha, que la resolución recurrida incurre en el vicio planteado, pues al interpretar de forma equivocada la regulación contenida en el artículo 6 del Decreto Ejecutivo 32493-J, lesiona los derechos de su representada, al confirmar el fallo del tribunal de juicio, en el cual no solamente se establecen honorarios superiores a los convenidos, sino también se rechaza la prueba ofrecida en defensa de los intereses del Banco Hipotecario de la Vivienda. Como agravio establece que existe una afectación a los derechos de la parte incidentada en el caso concreto, pues la errónea interpretación y aplicación de la norma sustantiva mencionada (numeral 6 del Decreto Ejecutivo 32493-J) impone a su representada un pago de honorarios superior al establecido consensualmente con el incidentista.

III. En un segundo motivo, reclama la violación a un precepto legal procesal por indebido rechazo de prueba esencial y pertinente, con fundamento en el artículo 468 inciso b) en relación con el 465 párrafo 1 del Código Procesal Penal, afirmando que el tribunal de alzada al haber incurrido en una interpretación errónea del artículo 6 del Decreto Ejecutivo 32493-J, avalando la posición del Tribunal de Juicio de H., sede Sarapiquí, rechazó prueba esencial para la defensa de los intereses de la parte incidentada. Expone, que partiendo de que el numeral 6 ibidem permite la existencia de acuerdos verbales entre el abogado y su cliente, resultaba necesario la práctica de prueba pertinente y útil para demostrar, no solo su existencia, sino también sus alcances y contenido. A., que el Código Procesal Civil legitima la pretensión de solicitar la declaración de parte del incidentista, tal y como se ofreció durante la tramitación del incidente de cobro de honorarios, posición que apoya en lo establecido en el artículo 41.1 relacionado con el 41.3 de dicho cuerpo legal, los cuales transcribe. A., que de esta forma la declaración de parte (antiguamente denominada en materia civil como “prueba confesional”), regulada en los artículos 42 y siguientes del Código Procesal Civil, debió ser admitida para probar la existencia del acuerdo verbal entre el abogado incidentista y su representada, por lo que estima que la resolución del ad quem validando lo resuelto por el tribunal de juicio, incluido el rechazo de la evacuación de esta probanza – denegatoria que califica como ilegítima – es errónea, impidiendo a la institución que representa ejercer el derecho de defensa de sus intereses de forma amplia. Reprocha, que la errónea decisión del tribunal de alzada de considerar que no es posible que existiera un contrato de servicios profesionales de abogacía y notariado entre el incidentista y su representada de forma verbal, condujo a validar la resolución del tribunal de juicio de no recibir prueba que acreditara la existencia de dicho contrato, rechazo que considera ilegal. Reclamo, que también extiende a los recibos aportados como prueba del pago total de los honorarios pactados, por cuanto señala que ambos medios de prueba se dirigían a garantizar y concretar el ejercicio del derecho defensa de la incidentada, pues asevera, que nadie puede ser condenado (aún en el ámbito incidental de cobro de honorarios) si previamente no se ha dado derecho a ofrecer y evacuar prueba pertinente y útil (artículo 41.3 in fine del Código Procesal Civil). Estima, también lesionado el derecho a la libertad probatoria y a la amplitud probatoria, a fin de que el convencimiento del juzgador surja de los medios de convicción pertinentes y útiles. Como agravio indica que la resolución impugnada produce un evidente perjuicio a los intereses del Fideicomiso de Administración Banco Hipotecario de la Vivienda Mutual de Ahorro y Préstamo, toda vez que el rechazo de prueba impidió ejercer ampliamente el derecho de defensa en aras de proteger sus intereses. Como pretensión solicita, con base en lo anteriormente expuesto y de conformidad con los incisos a) y b) del Código Procesal Penal, que se admita el motivo y se case la sentencia impugnada declarando con lugar los motivos expuestos ordenando el correspondiente reenvío.

III. El recurso de casación interpuesto es inadmisible. Una vez analizada por esta Cámara la impugnación incoada, se concluye que la misma carece de impugnabilidad objetiva en virtud de que, la normativa procesal civil no prevé la posibilidad de acudir al recurso de casación para impugnar lo resuelto en apelación en cuanto al incidente de cobro de honorarios, por lo que procede declarar su inadmisibilidad. El artículo 437 del Código Procesal Penal establece como regla general de los recursos que: “Las resoluciones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos”. Disposición que se encuentra contenida también en la normativa procesal civil vigente a la fecha (Ley N° 9342) específicamente en el numeral 65.1 del Código Procesal Civil, en tanto dispone que: “Las resoluciones judiciales solo se podrán impugnar por los medios y en los casos expresamente establecidos. Son medios de impugnación la revocatoria, la apelación, la casación y la revisión”. Por su parte, el Transitorio II de este mismo cuerpo normativo establece que: “Contra las resoluciones que estuvieran dictadas al entrar en vigencia este Código cabrán los recursos autorizados por las disposiciones procesales vigentes al momento en que se dictaron”. Bajo esta inteligencia, se constata que la resolución del Tribunal de Apelación de Sentencia del Segundo Circuito Judicial de S.J. que se impugna, número 2021-1325, fue dictada en fecha 1 de setiembre de 2021, es decir, con posterioridad a la entrada en vigencia del actual Código Procesal Civil, que rige desde el mes de octubre de 2018. De esta manera, resulta aplicable al caso concreto lo dispuesto en el numeral 76.3 párrafo final de la normativa procesal civil aludida, en tanto dispone respecto al incidente de cobro de honorarios que: "Incidente de cobro de honorarios de abogado, de rendición de cuentas y responsabilidad profesional. Para la fijación y el cobro de sus honorarios, en relación con su cliente en un proceso determinado, los abogados podrán acudir a la vía incidental. También podrán acudir a esa vía los clientes contra su abogado para pedir rendición de cuentas o responsabilidad profesional. Ambas incidencias debrán presentarse, bajo pena de caducidad de vía, dentro del año siguiente a la separación del abogado o la terminación del proceso. Se sustanciarán en pieza separada en el mismo proceso y no suspenderán su tramitación. Presentado el incidente por el cliente o el abogado, el incidentado podrá hacer valer los derechos que le confiere esta norma, por vía de reconveción. La resolución final determinará las obligaciones correspondientes a cada una de las partes y la compensación que fuera procedente. Tendrá efecto de cosa juzgada material y solo será impugnable mediante apelación” (El destacado es suplido). Así las cosas, en virtud de que en la normativa procesal civil no se encuentra prevista la posibilidad de acudir al recurso de casación para impugnar lo resuelto en apelación en cuanto al incidente de cobro de honorarios, lo procedente es declarar inadmisible la impugnación presentada.

Por tanto

Se declara inadmisible el recurso de casación incoado por el apoderado generalísimo sin límite de suma del incidentado. N..

Patricia Solano C.
Jesús Alberto Ramírez Q.
Álvaro Burgos M.
Gerardo Rubén Alfaro V.
Sandra Eugenia Zúñiga M.

Int: 1078-2/17-2-21

SLEIVAA

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