Sentencia Nº 2021-01445 de Sala Tercera de la Corte, 03-12-2021

EmisorSala Tercera de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia2021-01445
Fecha03 Diciembre 2021
Número de expediente19-000034-0016-PE
*190000340016PE*
Exp: 19-000034-0016-PE
Res: 2021-01445
SALA DE CASACIÓN PENAL. S.J., a las once horas nueve minutos del tres de diciembre de dos mil veintiuno.
Visto el recurso de casación en la presente causa seguida en contra de J.J.Z. y Otros por el delito de falsedad ideológica y estafa en perjuicio de [Nombre 001] y Otros; y,
Considerando:
I. El licenciado N.G.S., en calidad de apoderado especial judicial de los damnificados [Nombre 002] y [Nombre 003] (cfr. folios 1968 al 2000, del Tomo IV, del expediente principal), así como la licenciada M.M.R., en su condición de representante del Ministerio Público (cfr. folios 2001 al 2003, del Tomo IV, del expediente principal); de conformidad con los numerales 441 y, 467, siguientes y concordantes del Código Procesal Penal, presentaron recurso de casación contra la sentencia número N° 2021-0282, de las 13:30 horas, del 19 de febrero de 2021; aclarada y adicionada mediante resolución N° 2021-0448, de las 9:30 horas, del 19 de marzo de 2021, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del del Segundo Circuito Judicial de S.J., sede Goicoechea (cfr. folios 1948 al 1951 y 1965, del Tomo IV, del expediente principal) la cual declaró inadmisible el recurso incoado, contra la sentencia número N° 505-2020, de las 14:30 horas, del 30 de junio de 2020, emitida por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de S.J..
II. El licenciado N.G.S., sustenta su recurso de casación en los numerales 2, 6, 7, 12, 15, 41, 70 inciso a), 71, 75, 111, 116, 142, 175, 176, 177, 178, 179, 182, 184, 437, 438, 439, 441, 446, 447, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, del Código Procesal Penal. Como primer motivo de interposición, arguye la errónea aplicación del artículo 441 del Código de rito, por cuanto el Tribunal de Segunda Instancia resuelve declarar inadmisible el recurso interpuesto en favor de sus representados, por considerar que carecían de impugnabilidad subjetiva, dado que no se habían constituido como querellantes o actores civiles y tampoco, se había seguido el procedimiento establecido en la normativa antes citada, cuyo cumplimiento es el que le daría viabilidad a la víctima o damnificada para recurrir por sí misma en dicha vía; empero, considera el quejoso que el anterior razonamiento, refleja un error en su construcción lógica, dado que el órgano jurisdiccional amplió indebidamente el marco o rango de aplicación de la norma supra referida, generando un quebranto al principio de tutela judicial efectiva o acceso a la justicia de sus patrocinados, por cuanto, con base en la regla de interpretación del numeral 2 de la ley adjetiva, dicha disposición normativa solo es aplicable tratándose de impugnar una sentencia absolutoria, el cese o la modificación de la medida cautelar adoptada por el peligro de obstaculización; mientras que, el caso bajo examen, lo que se impugnaba era una sentencia condenatoria, dictada con ocasión de un procedimiento especial abreviado, negociado exclusivamente por el Ministerio Público y la única víctima para esta causa, que se constituyó en querellante y actor civil - [Nombre 004] - con los imputados, con total exclusión de sus clientes, quienes ostentan en esta causa la condición de "cualesquier damnificados por el hecho"; situación jurídica que despliegan, no por su voluntad, sino por impedimento legal, habida cuenta que, al no ser víctimas según lo preceptuado por el numeral 70 inciso a) del Código Procesal Penal, no tenían legitimación para convertirse en querellantes o actores civiles, puesto que eran parte actora en el proceso ordinario civil tramitado bajo el expediente judicial N° 14-000149-0297-CI, e interpuesto contra la víctima de esta causa Laughing Río Cote Limitada, todo lo cual está acreditado documentalmente en el expediente penal. También, valora que el Ministerio Público injustamente sólo ha protegido los intereses de la empresa supra citada, aún por encima y en contra de los iguales y legítimos intereses de las también victimas [Nombre 005] e [Nombre 006], ambos, [Nombre 007]. R., que el Tribunal de Alzada aplica a sus clientes un supuesto normativo no atinente al caso concreto, cuál es, exigirles como acto previo a la interposición del recurso de apelación de sentencia, el haberle solicitado al ente acusador que recurriera la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Juicio, y sólo en caso que éste no lo hiciera, se encontrarían legitimados a apelar la misma; cuando no se está en presencia de una sentencia absolutoria, elemento determinante para poder proceder en la hipótesis señalada por los juzgadores, razón de capital importancia para haberlos sustraído de la tesis mencionadas; máxime cuando el recurso de apelación de sentencia inadmitido, atacaba las consecuencias civiles del hecho punible, no la condenatoria penal en forma directa. Por último, señala que se ha admitido que pueda recurrir alguien que no haya participado como parte, cuando es afectado por la resolución impugnada, tal y como lo avala el voto N° 2010-01374, de las 17:00 horas, del 30 de noviembre del 2010, dictado por esta Sala de Casación Penal, del cual transcribe los extractos de su interés. En consecuencia, manifiesta que dado lo acaecido en la causa en estudio, es necesario por parte de esta instancia, la creación de un criterio homogéneo en la interpretación del numeral 441 del Código Procesal Penal, en la hipótesis de impugnación de una sentencia condenatoria dictada por un Tribunal de Juicio, con ocasión de la aplicación de un procedimiento abreviado, respecto de damnificados que no se pueden constituir en querellantes o actores civiles. En el segundo reproche incoado, aqueja la existencia de precedentes contradictorios entre el fallo N° 2021-0282, de las 13:30 horas, del 19 de febrero de 2021 (aquí impugnado); aclarado y adicionado mediante el voto N° 2021-0448, de las 9:30 horas, del 19 de marzo de 2021, ambos dictados por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de S.J., sede Goicoechea; con la sentencia N° 2010-01374, emanada de esta Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, a las 17:00 horas, del 30 de noviembre de 2010. Lo anterior, respecto al supuesto de que terceros ajenos al proceso penal, pero interesados directos en lo que en este se resuelva, pueden recurrir la sentencia en los aspectos que les afecte. Procede el apoderado especial judicial a citar extractos de relevancia de ambas sentencias y a partir de ahí, analiza que la semejanza del supuesto fáctico entre el presente caso y el precedente reseñado, radica en que en ambos casos, se trató de la impugnación de una sentencia condenatoria, por parte de un damnificado no constituido formalmente como parte, pero interesado directo en lo que se resolviera en la causa, por el agravio que le provoca lo resuelto. Considera quien recurre, que la ratio decidendi de ambas sentencias, tiene como resultado fallos que se contraponen y excluyen entre sí, dado que mientras la Sala de Casación Penal, tratándose de la impugnación de una sentencia condenatoria, no exige la previa instancia ante el Ministerio Público y la consecuente declinación expresa de tal ente, para que puedan recurrir los interesados directos no formalizados como querellantes o actores civiles: el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de S.J., sede Goicoechea, contrario a los principios de igualdad y seguridad jurídica, exigió al damnificado por el hecho, pero no constituido en parte formal, la previa instancia al Ministerio Público y la consecuente declinación expresa de tal ente para recurrir, pese a que se trataba de una sentencia condenatoria, generándose con ello inseguridad jurídica. Otra sentencia que cita como precedente contradictorio del que aquí cuestiona, es el voto N° 01399-2018, de las 11:25 horas, del 9 de octubre de 2018, emitido también por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de S.J., sede Goicoechea; lo anterior, respecto del derecho que tiene la víctima o cualquier damnificado por el hecho, cuando no estén constituidos como partes a plantear la impugnación, sin el patrocinio del Ministerio Público, por la omisión de este último de cumplir con su obligación de informar sobre su declinación a impugnar la sentencia absolutoria dictada en favor del imputado, sea con o sin instancia del interesado. Menciona el representante legal, que la semejanza del supuesto fáctico en ambos supuestos, estriba en que se impugnó una sentencia por parte de un damnificado, sin estar constituidos formalmente como parte, sin previa instancia al Ministerio Público, no existiendo constancia alguna en el expediente de la presente causa acerca de que la Fiscalía correspondiente, haya comunicado tal decisión a la víctima, a pesar de que era una persona ubicable, naciendo el derecho que tiene el ofendido a plantear la impugnación sin el patrocinio del Ministerio Público, por la omisión de cumplir su obligación de informar al interesado su decisión de no recurrir (Art.71 aparte 1) inciso h) del Código Procesal Penal) siempre y cuando haya señalado un domicilio, lugar o medio para ser informado, todo lo cual se echa de menos en este proceso. El recurso de casación es inadmisible por falta de impugnabilidad subjetiva. El artículo 437 del Código Procesal Penal, el cual hace referencia a las normas generales de interposición de los recursos, instituye en lo que es de interés lo siguiente: “Las resoluciones judiciales serán recurribles sólo por medios y en los casos expresamente establecidos. El derecho a recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente acordado (…)” es decir, el legislador limitó los recursos a los establecidos, en cada caso, por el Código Procesal Penal, para los supuestos expresamente previstos y únicamente para ciertos sujetos procesales. En lo que respecta al recurso de casación, el numeral 471 del Código de rito, sanciona con inadmisibilidad del reclamo cuando “la parte no tenga el derecho de recurrir”, en otras palabras, establece la impugnabilidad subjetiva, la que podríamos definir como la facultad que se le otorga exclusivamente a determinados sujetos procesales a fin de impugnar resoluciones que le causen agravio. En el caso que nos ocupa, la señora [Nombre 002] y el señor [Nombre 003] , representados por el licenciado N.G.S., en calidad de apoderado especial judicial de ambos, ostentan en la presente causa la calidad de damnificados, dado que los mismos no se constituyeron en querellantes ni actores civiles, pese a que tuvieron la posibilidad jurídica de hacerlo, tal y cual se observa de la providencia emanada por la Fiscalía Adjunta de Fraudes, de las 14:28 horas, del 28 de setiembre de 2016, en la cual se ordena poner en conocimiento la acusación dentro de la causa penal N° 14-001010-0065-PE (expediente que fue acumulado y conocido dentro de la procero penal N° 19-000034-0016-PE) a los señores “[Nombre 008] a los faxes 2460-7791 y 2461-0130 ” (cfr. folio 805 frente, del Tomo II, del expediente principal); siendo que en esa misma resolución, se les indicó que tenían un plazo de tres días, a fin que manifestaran si se querían constituir en querellantes y de hacerlo, se les señaló, se les otorgaría diez días de plazo para presentar el escrito respectivo, situación que igualmente advirtieron respecto de quererse apersonar como actores civiles (ver folio 805 vuelto, del Tomo II, del expediente principal); lo que les fue efectivamente notificado a los fax supra indicados (cfr. folios 811 y 812, del Tomo II, del expediente principal). Así las cosas, tales personas al no constituirse ni como actores civiles ni como querellantes, siguieron actuando en el proceso en su condición de damnificados. Ante tal panorama, los señores [Valor 001], no tienen posibilidad de presentar por sí mismos un recurso de casación, dado que la ley no les concede expresamente tal potestad. Lo procedente entonces, en aplicación del ordinal 441 de la ley adjetiva, era que interpusieran una gestión ante el Ministerio Público, a fin de solicitar de manera motivada, que formulara el recurso pertinente - que en el expediente bajo estudio, sería el de casación – siendo que si la Fiscalía hubiere decidido rechazar tal comitiva, entonces tal decisión, fruto del procedimiento antes mencionado, legitimaría a la víctima o a cualquier damnificado a interponer la impugnación correspondiente de manera directa. En la causa en cuestión, el Ministerio Público, en atención al requerimiento de las personas antes citadas, presentó recurso de casación a favor de las mismas (ver folio 2001 al 2003, del Tomo IV, del expediente principal), de ahí que al no cumplirse con el supuesto de derecho postulado en el artículo 441 referido, carecen los señores [Nombre 007] de legitimación para presentar el recurso de casación. De ahí que, de conformidad con los artículos, 437, 441, y 471 del Código Procesal Penal, se declara inadmisible para su conocimiento de fondo, el recurso de casación interpuesto.
III. En el recurso de casación incoado por la Licenciada M.M.R., en condición de representante del Ministerio Público (cfr. folios 2001 al 2003, del Tomo IV, del expediente principal) invoca la causal de inobservancia de un precepto procesal, en específico, de los artículos 70, 71 y 441 del Código Procesal Penal. Arguye la casacionista, que presenta la impugnación a petición de las personas ofendidas y de acuerdo con el principio de objetividad. Resalta que si bien es cierto, en cuanto al fondo de lo peticionado por las víctimas, su persona no comparte criterio y de ahí que no se interpusiera recurso de apelación por parte de la Fiscalía, en razón de estar conforme con la sentencia de juicio, considera que el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de S.J., sede Goicoechea, erró en su resolución al declarar el recurso interpuesto por el tercero de buena fe inadmisible y no conocer y resolver el fondo del asunto, como era su derecho. Valora que si bien es cierto, dichas personas no se constituyeron en tiempo en querellantes o actores civiles, sí participaron en el proceso y son parte agraviada. R., que se hizo una interpretación errónea de los numerales citados (los cuales transcribió) y no se tomó en cuenta que, a contrario sensu, las personas afectadas tenían derecho a presentar un recurso de apelación, por cuanto no estuvieron de acuerdo con lo resuelto en la sentencia condenatoria, en lo que respecta a las prensiones civiles principalmente, en específico, en cuanto a la declaración de falsedad instrumental de la hipoteca que se constituyó a su favor, sobre la propiedad objeto del litigio. Aclara, que es evidente que el Ministerio Público no presentó impugnación alguna, dado que todas sus pretensiones fueron acogidas en la sentencia de juicio; sin embargo, los terceros de buena fe no estuvieron de acuerdo, de ahí que tenían derecho a presentar el recurso como parte agraviada y que se les resolviera, hasta agotar las vías recursivas que correspondieran; empero el ad quem se equivocó al no conocer el fondo de la apelación y por el contrario, declaró inadmisible el recurso, haciendo una interpretación errónea, con lo que se cercenó el derecho de los damnificados, dado que, no se trató de una sentencia absolutoria y evidentemente al tratarse de una sentencia con base en un procedimiento especial abreviado, era claro que el ente acusador no iba a apelar. En criterio de quien recurre, la sentencia cuyo análisis solicita, contiene la inobservancia de preceptos, legales, siendo que dicha fundamentación al sostenerse sobre afirmaciones que por su naturaleza se anulan entre sí, dejan ayuno de una adecuada fundamentación el fallo, lo cual contraviene las normas que fueron invocadas al interponer este recurso de casación. Como agravio de su recurso expone: “Considera esta representación del Ministerio Público que el agravio existió para la parte agraviada y terceros de buena fe [Nombre 002] representada por [Nombre 009], e [Nombre 010], a quienes a pesar de tener derecho a apelar, se les declaró inadmisible su recurso, cuando se tuvo que haber conocido el mismo y resolverlo ya sea a favor o en contra de sus pretenciones (SIC).”. El reclamo esbozado es improcedente. Pese a cumplirse en la especie con algunos requisitos de impugnabilidad objetiva y subjetiva, al tratarse de un recurso interpuesto en tiempo, por quien válidamente puede hacerlo – la representante del Ministerio Público a solicitud de los damnificados– y que se encuentra dirigido contra una sentencia dictada por un Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, que resuelve en forma definitiva el proceso; la queja incoada resulta inadmisible. Es importante recordar que el Código Procesal Penal establece en el numeral 469 requisitos de admisibilidad del recurso que nos ocupa, entre los cuales se encuentra que “deberá indicarse, por separado, cada motivo con sus fundamentos”, lo que necesariamente implica la imposibilidad de entremezclar los alegatos presentados, siendo que de darse este panorama, la sanción procesal sería la inadmisibilidad del reproche, tal y cual lo establece el artículo 471 de la citada normativa, que establece en lo que es de relevancia que: “La Sala de Casación declarará inadmisible el recurso cuando no se cumplan los requisitos legales para su interposición, según lo establece el artículo 469 anterior (…)”. Así las cosas, se advierte que en el caso concreto, la recurrente invoca como supuesto de casación la errónea aplicación de un precepto legal procesal, en específico, los ordinales 70, 71 y 441 del Código Procesal Penal, los que tienen relación directa con la víctima, los derechos que le acuerpan y su posibilidad de presentar recursos (apelación, casación) por sí misma, aunque no se constituya en actor civil ni querellante, siempre y cuando, cumpla con los requisitos de procedibilidad para dichos efectos; empero del desarrollo del reclamo, se tiene que lo que se cuestiona es que el Tribunal de Alzada realizó una argumentación que se sustenta en afirmaciones – las cuales no precisa la quejosa – que se anulan entre sí, con lo que ataca la fundamentación del fallo; mezclando con ello, tópicos de aplicación ley procesal de naturaleza disímil, lo que genera confusión y evidencia una falta de claridad y de determinación del vicio que se invoca, lo que visibiliza que la recurrente incurre en una incorrecta técnica recursiva, ya que, mediante la interposición de un único motivo de casación, procede a argumentar varias inconformidades de manera entremezclada e imprecisa, incumpliendo los requisitos establecidos en el numeral 469 referido. Por último, también denota esta Sala que el motivo planteado carece de agravio, el cual se constituye en un requisito ineludible de la impugnación extraordinaria ante la cual nos encontramos, conforme a la normativa supracitada. El agravio como bien se ha reiterado por parte de esta Cámara, lo podemos conceptualizar como el: “…Mal, daño o perjuicio que el apelante expone ante el juez ad quem, por habérselo irrogado la sentencia del inferior…” (C. de Torres, G.. 2012. Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires: Editorial Heliasta. P. 28) (Sala Tercera, N° 321-2021, de las 14:07 horas, del 15 de abril de 2021, con integración de los Magistrados y M.S.C., Z.M., B.M., R.Q. y A.V.. En el caso de marras, si bien se incluye un acápite denominado “agravio”, en el simplemente se describe el vicio, cual es, que el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de S.J., sede Goicoechea, declaró inadmisible el recurso interpuesto por los terceros de buena fe, a pesar de tener derecho a apelar, por lo que se tuvo que haber conocido el mismo y resolverlo. El agravio, conforme se indicó líneas atrás, implica el daño efectivo irrogado por la resolución jurisdiccional en la situación jurídica de alguna de las partes, lo cual no se identifica con el vicio o defecto de la sentencia, sino más bien con la consecuencia de esta. Tal circunstancia no es explicita en el reproche incoado, de modo que constituye una razón adicional para decretar su inadmisibilidad. Aunado a ello, el Ministerio Público en la argumentación que realizó en su escrito de interposición, dejó evidenciado, que no comparte el criterio que mantienen las víctimas, que la Fiscalía, se encontraba conforme con la sentencia de juicio, por lo que no presentó recurso de apelación, dado que todas sus pretensiones fueron acogidas en dicho fallo, lo que deja de manifiesto, que no existe agravio alguno con la sentencia de segunda instancia, para los intereses del acusador penal. Así las cosas, conforme a los artículos 469 y 471 del Código Procesal Penal, se procede a declarar inadmisible el alegato incoado por la representante fiscal.
Por Tanto:
Se declaran inadmisibles para su conocimiento de fondo, los recursos de casación interpuesto por el Licenciado N.G.S., en calidad de apoderado especial judicial de [Nombre 011]. y [Nombre 012].; así como el incoado por la licenciada M.M.R., en su condición de representante del Ministerio Público. N..
Patricia Solano C.
Álvaro Burgos M.
Gerardo Rubén Alfaro V.
Sandra Eugenia Zúñiga M.
William Serrano B.
Magistrado Suplente
DGARITAF / INT: 0593-3/7-3-21

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