Sentencia Nº 2021-01459 de Sala Tercera de la Corte, 09-12-2021

EmisorSala Tercera de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha09 Diciembre 2021
Número de sentencia2021-01459
Número de expediente16-000480-0359-PE

*160004800359PE*

Exp: 16-000480-0359-PE
Res: 2021-01459
SALA DE CASACIÓN PENAL . S.J., a las diez horas veintisiete minutos del nueve de diciembre de dos mil veintiuno.
Recursos de casación interpuestos en la presente causa seguida contra U.G.M., mayor, costarricense, cédula de identidad número uno ochocientos treinta y tres quinientos sesenta y tres, por los delitos de relaciones sexuales consentidas con menor de edad, cometido en perjuicio de [Nombre 001].. Intervienen en la decisión de los recursos la magistrada y magistrados P.S.C., J.A.R.Q., Á.B.M., G.R.A.V. y M.E.F.C., este último como suplente. Además, en esta instancia, la licenciada G.N.M., como defensora particular del sentenciado. Se apersonó el licenciado J.M.M., como representante de la Fiscalía de Impugnaciones del Ministerio Público, así como el licenciado D.P.R. abogado de la Oficina de la Defensa Civil de la Victima del Ministerio Público.
Resultando:
1.- Mediante sentencia N° 2020-584 de las diez horas cincuenta minutos del dos de octubre de dos mil veinte, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, resolvió: "Por Tanto: Por mayoría, se declara con lugar el primer motivo de la apelación interpuesta por G.N.M., abogada particular del sindicado U.G.M.. En consecuencia, se declara ineficaz la sentencia venida en alzada y, en su lugar, por atipicidad de la acción investigada, se absuelve al sindicado G.M. de toda pena y responsabilidad. Asimismo, de oficio, se anula la condenatoria civil dictada en contra de G.M., que se declara sin lugar. Se resuelve este asunto sin especial condenatoria en costas. En ambos aspectos, la jueza C.C. salva el voto. Por innecesario, se omite pronunciamiento en cuanto restantes motivos de esta impugnación. Hágase saber. D.F.R.I.C.C.C.F.M. (sic) ".
2.- Contra el anterior pronunciamiento los licenciados J.M.M. y D.P.R., interpusieron recursos de casación.
3.- Verificada la deliberación respectiva, la Sala entró a conocer del recurso.
4.- Se celebro audiencia oral a las catorce horas quince minutos del dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno.
5.- En los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.
Informa la Magistrada S.C.; y,
Considerando:
I. Mediante resolución Nº 2021-00174, de las 12:49 horas, del 19 de febrero de 2021, esta Sala, admitió para estudio de fondo, el recurso casación formulado por la representación del Ministerio Público, y el segundo motivo planteado por la Oficina Civil de la Víctima, lo anterior, contra la sentencia N° 2020-584, de las 10:50 horas, del 2 de octubre de 2020, del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Primer Circuito Judicial de Cartago, que por mayoría, declara con lugar el primer reclamo de apelación promovido por la licenciada G.N.M., defensora particular de G.M.. Al respecto, estima ineficaz la sentencia condenatoria, y por atipicidad de la acción investigada, absuelve al imputado de seis delitos de relaciones sexuales consentidas con persona menor de edad. Asimismo, de oficio anula el extremo civil impuesto contra el endilgado. La J.C.C., salva el voto en torno al tema penal y civil (confrontar folios 458 vuelto a 465).
II. Audiencia oral . En fecha 18 de noviembre de 2021, a las 14:15 horas, bajo la integración de las M.S.C. y Z.M., y de los M.R.Q., B.M. y A.V., se llevó a cabo la vista programada a solicitud de la defensa técnica, únicamente con la presencia del licenciado C.M.L., representante del Ministerio Público, y del licenciado J.D.P.R., de la Oficina Civil de la Víctima. A folio 510 de los autos se colige que la defensa particular fue debidamente notificada, y pese a ello, no se presentó a la audiencia expresamente solicitada (confrontar folio 514).
III. Recurso de casación del Ministerio Público. Primer motivo. Inobservancia de un precepto legal procesal ante el quebranto al derecho a la segunda instancia. Expone el impugnante de acuerdo con el inciso b) del artículo 468 del Código Procesal Penal, artículo 8 inciso 2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el precepto 41 de la Constitución Política, que en el pronunciamiento objetado, el ad quem excedió de las facultades previstas por ley según el numeral 459, en concordancia con el artículo 464 del Código Procesal Penal, al absolver a G.M., por los ilícitos de relaciones sexuales consentidas con personas menores de edad, lo anterior, sin garantizar al Ministerio Público, la oportunidad amplia de discusión en torno a la absolutoria estipulada, impidiéndosele ejercer su pretensión punitiva ante una nueva revaloración de las pruebas, lo anterior, en contraposición a los principios de inmediación y del contradictorio. Infiriéndose una decisión que quebranta los principios de la doble instancia y de tutela judicial efectiva, por cuanto, en el debate se logró demostrar la responsabilidad penal del encartado por las delincuencias reprochadas en perjuicio de [Nombre 001]., y con lo resuelto, se limita la refutación de los aspectos fácticos, probatorios y jurídicos que sustentaron la absolutoria en la fase de apelación. En respaldo de su tesis, invoca los votos números 2014-00781, 2015-00658, 2016-00231, 2020-00300, 2020-00945, 2020-00784 y 2020-00987, todos de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Acota que el perjuicio, surge al absolver el Tribunal de Apelación de Sentencia, en única instancia, sin la posibilidad de contradecir la decisión tomada (confrontar folios 468 vuelto a 471 frente, y 500 vuelto a 501 frente). El motivo no es de recibo. Arguye el licenciado M.M., que la decisión de mayoría tomada por el ad quem, inobserva la normativa procesal penal, según el inciso b) del artículo 468 de la ley penal adjetiva, ante el menoscabo del principio de la doble instancia, en razón de exceder las facultades previstas en los ordinales 459 y 464 del código de rito, decantándose los juzgadores F.R. y F.M., por absolver al imputado de las ilicitudes de relaciones sexuales consentidas con personas menores de edad, sin garantizar a la Fiscalía, la posibilidad de discutir de manera amplia, los aspectos fácticos, probatorios y jurídicos relativos a la decretada exención de toda pena y responsabilidad de las circunstancias incriminadas, debido a la revaloración de las pruebas, sin asegurar los alcances de los principios de inmediación y del contradictorio, violentándose desde su óptica, la tutela judicial efectiva, precisamente, por el soslayo de la doble instancia, actuar que para el recurrente, afecta la pretensión punitiva planteada. Sobre el tema propuesto y de las potestades de los tribunales de apelación de sentencia, esta Cámara, en el voto N° 2021-00690, de las 15:30 horas, de 25 de junio del 2021, indicó: “… Resulta claro entonces que, constatado algún defecto en la sentencia, no en todos los casos procede el reenvío de la causa, sino que los jueces de apelación conservan la potestad de enmendar el defecto y resolver de forma directa lo que corresponda e incluso de declarar de manera oficiosa faltas al debido proceso o defectos absolutos, con las consecuencias que esta declaratoria conlleve. Si la modificación de lo resuelto implica una interpretación diversa de la prueba o una modificación de los hechos probados, será necesario que se ordene el juicio de reenvío, por cuanto dicha variación no es susceptible de un nuevo recurso con las características exigidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando el defecto que se constate sea relacionado con la aplicación de la ley, sea procesal o sustantiva, dicho aspecto puede ser corregido de forma directa por el Tribunal de Apelación, en virtud de que dicha circunstancia puede ser revisada por un órgano superior, en este caso la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia a través del recurso de casación, el cual, a pesar de tratarse de un recurso extraordinario, restringido y exigir una serie de formalidades para su presentación, permite declarar los defectos de legalidad que pueda presentar la resolución emitida en alzada, siendo esta una garantía adicional para las partes del proceso ...” (S.C., R.Q., A.V., Z.M. y D.S., Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia). Acorde con lo expuesto por la jurisprudencia, nuestro ordenamiento jurídico, específicamente en el Título IV de la legislación procesal penal, denominado “Recurso de apelación de sentencia”, establece la impugnación en alzada como una garantía esencial de las partes, propia de un Estado Social y Democrático de Derecho, que permite el análisis integral de lo resuelto en la sentencia dictada por el tribunal de juicio (artículos 458 y 459 de la ley penal adjetiva), precisamente como alcance del derecho de defensa dentro del juzgamiento penal, cuyo origen radica en el inciso 5) del numeral 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el precepto 8.2h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los cuales se garantiza a la persona inculpada de un ilícito la posibilidad de recurrir el fallo. En igual sentido, La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en resolución del caso H.U. contra Costa Rica, dispuso entre otros aspectos, que el derecho de impugnar la sentencia, constituye una salvaguarda o garantía sustancial que debe respetarse en el entorno del debido proceso, ello con la finalidad de que el pronunciamiento judicial desfavorable, sea revisado ante un juez o tribunal diferente y de jerarquía orgánica superior. Bajo ese orden de ideas, se pretende la tutela del derecho de defensa, al conceder durante el proceso la facultad de incoar un recurso y así impedir la firmeza de una determinación promulgada eventualmente con vicios, que pueden implicar algún perjuicio contra los intereses de uno de los sujetos procesales. En concordancia a lo dicho, y retomando los efectos del derecho interno, el ordinal 459 del C.P.P., advierte que si el tribunal de apelación de sentencia, al imponerse del conocimiento de los motivos de impugnación y fundamentos, lo considera procedente, tiene la opción de zanjar la irregularidad y dirimir el caso en cuestión al tenor del mandato legal aplicable. Así las cosas, a la luz de las disposiciones normativas vigentes, el ad quem posee la atribución de enmendar el vicio y definir el asunto, al discutirse la aplicación de la ley de fondo, sin necesidad de decretar el reenvío. Al respecto, en el voto N° 2017-00967, de las 09:42 horas, de 20 de octubre de 2017, se puntualizó lo siguiente: “…es posible resolver en alzada directamente el yerro, cuando, por ejemplo, la variación efectuada por el Tribunal de Apelación de Sentencia, no modifica hechos ni revalora la prueba, sino (entre otros supuestos que deberán valorarse caso por caso) simplemente aplica la ley sustantiva. La inobservancia o errónea aplicación normas de fondo, siempre ha sido revisable en casación, y no se ve limitada por el impedimento de descender a la prueba y a la determinación de los hechos, que rige en esta sede. Ello es así, porque dicha causal supone el respeto del cuadro fáctico acreditado…” ( ) “…Más bien, se hace ver que la conducta señalada por la Fiscalía no es constitutiva del delito de tráfico de influencias, por faltar uno de los elementos objetivos del tipo, a saber: el carácter “indebido” de la ventaja perseguida por el sujeto activo. Nos encontramos, entonces, ante uno de los supuestos en los que sí es posible la absolutoria directa en apelación…” (Z.M., A.M., G.C., L.M. y D.H., Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia). Siempre dentro de este mismo contexto, y a mayor amplitud, esta Cámara ha referido: “… Así, es posible por medio de la interposición del recurso de apelación de sentencia, la revisión y análisis de la aplicación de la ley sustantiva y en caso de desbordar la resolución impugnada el marco de los hechos acreditados en sentencia, por no atender el cuadro fáctico fijado, correspondería, que el Tribunal de Apelación zanje la situación de acuerdo a la ley aplicable. Lo anterior, no implica un quebranto del derecho de control en alzada, porque, precisamente, en cuanto a la exigencia de contar con un recurso amplio en los términos del artículo 8.2 h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la ley interna, contra lo resuelto se cuenta aun con la casación para examinar lo referente a la inobservancia o errónea aplicación del precepto legal sustantivo, por lo que resulta improcedente el reclamo sobre la vulneración del derecho a recurrir ante un tribunal superior dicha modificación. En otras palabras, la decisión adoptada no colisiona con la evolución que ha comportado el sistema impugnativo en materia penal según la normativa internacional en materia de Derechos Humanos, su jurisprudencia y la legislación nacional, porque en ese propósito, existe la opción para todas las partes sin excepción alguna, de que sea revisada la decisión del tribunal de alzada, con base en lo dispuesto en los artículos 467 y 468 del Código Procesal Penal…” (Voto N° 2020-00956, de las 9:52 horas, de 7 de agosto de 2020, R.Q., B.M., A.V., Z.M. y G.C., Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia). Ahora bien, en virtud del estudio de fondo llevado a cabo del reclamo y su contraste con la resolución N° 2020-584, de las 10:50 horas, del 2 de octubre del 2020, del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Primera, se observa que el criterio mayoritario de absolver, se circunscribe en una limitada estructura argumentativa, cuyos componentes advierten:i.-) Examen somero a los hechos acusados y a la imputación acreditada en juicio (confrontar folio 460 vuelto). ii .-) Análisis del reclamo de apelación sobre la supuesta falta de adecuación típica de las acciones reprochadas a la persona imputada (confrontar folio 460 vuelto). iii.-) Transcripción de cita doctrinaria sobre el tópico de relaciones sexuales con personas menores de edad (confrontar folio 461 frente y vuelto, a 462 frente). iv.) Criterio terminante en cuanto a que, la omisión en la pieza acusatoria del modo de aprovechamiento por parte del endilgado, en torno a la edad de la agraviada, genera que la conducta del imputado resulte atípica, por esa particularidad se declara ineficaz el fallo condenatorio. Al establecer la atipicidad de la acción, opta el ad quem por dictar la absolutoria cuestionada por el Ministerio Público (confrontar folio 464 parte final frente y vuelto). En consecuencia, resulta evidente que la absolutoria emitida por mayoría, no surge de la revaloración probatoria, sino que acontece de la interpretación que entreteje el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, en el tanto, los hechos acusados -desde su parecer- no describen o contienen la forma mediante la cual, el imputado logra aprovecharse de la edad de la víctima, aspecto estimado suficiente para tener como atípica la conducta incriminada a G.M.. Por lo anterior, se declara sin lugar el alegato recursivo, puesto que la absolutoria no responde a un tema de carácter probatorio (confrontar folio 500 vuelto), por el contrario, la decisión mayoritaria, obedece -desde ese singular criterio jurídico- a la falencia sobre circunstancias fácticas y de la pieza acusatoria, al no establecer de qué modo el imputado logró beneficiarse de la edad de la menor, en aras de mantener relaciones sexuales consentidas confrontar folios 459 vuelto a 462 vuelto). Temática que conforme a la legislación adjetiva, permite al recurrente controvertir lo resuelto por el Tribunal de Apelación de Sentencia, según los motivos taxativos de casación, artículo 468 del Código Procesal Penal.
IV. Segundo motivo. Interpretación errónea de un precepto legal sustantivo, artículo 159 del Código Penal. Indica el recurrente que del cuadro fáctico demostrado en la resolución condenatoria, no modificada por el Tribunal de Apelación de Sentencia, se colige que los hechos incriminados por el Ministerio Público, de seis ilícitos de relaciones sexuales con persona menor de edad, fueron debidamente acreditados por el Tribunal de Juicio, siendo erróneo precisar que se trate de hechos atípicos por no contenerse en la acusación de qué forma G.M., se benefició de la persona menor de edad ofendida. Afirma que contraria a la tesis del ad quem, el tipo penal del artículo 159 de Código Penal, no requiere más elementos de tipicidad que los contenidos en el marco fáctico probado. A mayor abundamiento, detalla sobre el proceder de mayoría del tribunal de alzada, que: “…interpretó de manera errónea el numeral 159 del Código Penal y consideró que adicional a lo que consta en los hechos probados (que el imputado se aprovechó de la edad de la víctima (14 años) para seducirá (sic) y en vista de su inmadurez y inexperiencia sexual, lograr mantener relaciones sexuales bajo su consentimiento), se debió imputar de qué forma el encartado se aprovechó de la edad de la víctima para tener relaciones sexuales con ella. De acuerdo a los fundamentos del voto impugnado, el ad-quem estaría desplazando la interpretación lógico-jurídica que debería hacerse del numeral sustantivo citado, esto en el sentido de que efectivamente conforme al rango etáreo en que se encuentra la víctima y que establece el tipo penal, ya se deriva que una persona de superior edad estaría sacando provecho para lograr mantener una relación sexual por encima de la indemnidad sexual de dicha menor, pues evidentemente su inmadurez y desconocimiento la hacen una persona vulnerable para la comisión de este tipo de delitos …” (confrontar folios 471 vuelto a 472 frente). Agrega que como requisito de tipicidad, el legislador estableció que el sujeto activo logre beneficiarse de que la víctima ostente una edad superior a los trece años e inferior a los quince años, “no debiendo existir un elemento adicional a esa circunstancia que deba indicarse en la acusación fiscal …” (confrontar folio 472), precisamente porque el aprovechamiento, surge por la edad de referencia, y es por esa razón, que el imputado aborda y mantiene relaciones sexuales consentidas con S.R.M., “quien evidentemente no tiene ni la edad maduracional ni la experiencia física y fisiológica para decidir, por tanto exigir elementos adicionales desconfigura la estructura del tipo penal y su ulterior aplicación al caso concreto, sobre todo en un caso como el que aquí nos ocupa donde el imputado es 30 años mayor que la menor ofendida” (confrontar folio 472 frente). En apoyo del reclamo, invoca los votos números 2017-49, y 2020-956. Concluye que no es factible precisar en la imputación estipulada, el contenido de otros elementos objetivos y subjetivos, para adecuar la conducta del encartado al precepto 159 del Código Penal, máxime al indicarse en la pieza acusatoria “que aunado a la edad de la víctima y su consentimiento para mantener relaciones sexuales con el imputado, el encartado dada su edad sedujo a la ofendida, aprovechándose de ello y de su inmadurez e inexperiencia sexual” (confrontar folio 473 frente). Solicita declarar con lugar el reclamo y se proceda a ratificar la sentencia condenatoria N° 97-2019 del Tribunal Penal de Cartago, S.T.. Carece de interés su resolución. En virtud de existir en el siguiente reclamo (confrontar folios 473 a 475), un alegato relativo a presuntos yerros procesales, concretamente sobre la interpretación del precepto 303 de la ley penal adjetiva, el presente cuestionamiento, por su particular carácter recursivo, carece de interés, pues el tercer reclamo (mal denominado cuarto), desplaza en prioridad de resolución el motivo sustantivo, porque según los efectos que se originen al dirimir la siguiente queja, sería innecesario valorar el fondo de dicho planteamiento, lo anterior, en apego de los artículos 473 y 439 del Código Procesal Penal.
V. Tercer motivo (diseñado como número cuatro en el libelo de casación) . Errónea interpretación del artículo 303 del Código Procesal Penal. Argumenta el impugnante de conformidad con el inciso b) del artículo 468 del Código Procesal Penal, en concordancia con el numeral 303 de dicho cuerpo normativo, que en el caso concreto, el voto emitido por el criterio de mayoría del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Primer Circuito Judicial de Cartago, deriva de una errada interpretación del derecho procesal penal, que indujo a la absolutoria del encartado al partir que, de acuerdo con los hechos acusados y probados, no era viable deducir frente al derecho de defensa, la forma en la cual, el imputado, se hubiese beneficiado de la edad de [Nombre 001]., ello, en aras de mantener relaciones sexuales, y contravenir bienes jurídicos tutelados por el ordenamiento jurídico. Arguye el licenciado M.M., que el vicio de fundamentación surge al pretenderse incluir dentro del marco de imputación, elementos adicionales del tipo penal de relaciones sexuales consentidas con persona menor de edad, para supuestamente cumplir con una correcta concordancia entre acusación y sentencia, cuando en realidad, lo exigible radica en establecer que el acriminado mantuvo relaciones sexuales consentidas con la víctima, quien para el momento de los hechos, se encontraba en el grupo etario de los trece a los catorce años de edad. Concluye el impugnante que, el agravio gira en torno al menoscabo de las pretensiones punitivas de la representación fiscal, por el soslayo del artículo 303 de la ley penal adjetiva, al absolverse de forma errada al encartado de seis ilicitudes de relaciones sexuales consentidas con menor de edad. Solicita casar el voto recurrido, declarándose con lugar su alegato, manteniéndose incólume la calificación jurídica y las respectivas penas, según la sentencia condenatoria; o en defecto de su pretensión principal, se ordene el reenvío (confrontar folios 473 a 475 y 502 frente y vuelto). El motivo se declara con lugar. Refiere el impugnante con base en el inciso b) del numeral 468 del Código Procesal Penal, que en el caso concreto, el ad quem mediante el voto de mayoría, inobserva el precepto 303 del código de rito, al absolver a G.M., por seis hechos calificados por el Ministerio Público, de relaciones consentidas con persona menor de edad, precisando que de las circunstancias fácticas tenidas por probadas y de la respectiva acusación, no se desprende la manera en que el imputado logra aprovecharse de la edad de la agraviada para lograr mantener relaciones sexuales con ella. En ese sentido, expone el casacionista, la imposibilidad según el marco de legalidad, de incluir elementos adicionales dentro del tipo penal mencionado (artículo 159 del Código Penal), para así cumplir con una supuesta correcta imputación, cuando para los alcances puntuales de la presente casuística, únicamente se requiere determinar que el justiciable, mantuvo relaciones sexuales consentidas con la agraviada [Nombre 001]., que para el momento de los hechos se encontraba en una edad entre los trece y catorce años. Por su parte, del estudio a los autos, en lo que concierne a la decisión resolutiva objetada, en efecto, el ad quem, por mayoría, señala: “… no resulta de recibo entender que la sola verificación de la minoridad en la víctima para el momento del hecho, implica que el agente se ha aprovechado de ese factor etario para cometer la acción, sino que la pieza acusatoria debe describir cuáles habrían sido los comportamientos del imputado por medio de los que la edad de la víctima jugó un papel importante para conseguir el acceso carnal, pues no en todos los casos la simple edad de una persona de entre 13 y 15 años la convierte en una persona incapaz para determinar su propia sexualidad. Ello deviene de particular importancia, no solo para efectos de determinar la configuración típica de la conducta investigada, sino también, la verificación de una correcta imputación, de cara al derecho de defensa. Lo contrario, deriva en una posición que carece de sustento, a todas luces arbitraria, en contra de los intereses del imputado, además de que implica el desconocimiento de la libertad sexual que ostentan las personas menores de edad, aún en ese rango etario de 13 a 15 años de edad, quienes aunque son personas en desarrollo de su madurez, ya la legislación nacional les brinda plena capacidad para determinarse, al extremo que son sujetos de reproche penal y hasta podrían ser sancionados por la comisión de cualquier delito sexual, incluyendo el contemplado por el artículo 159 del Código Penal …” (confrontar folio 460 vuelto). Ahora bien, en virtud de la naturaleza del motivo invocado, resulta imperioso detenerse en el cuadro de hechos acreditados según sentencia condenatoria número 97-2019, de las 13:45 horas, de 31 de mayo del 2019, que es propia de la hipótesis fiscal visible de folios 93 a 96 del expediente. Escenario histórico, fijado en el contradictorio que comprende los meses de enero a junio del año 2016, donde en la localidad de Cartago, Turrialba, el aquí imputado, aprovechando la edad de la ofendida [Nombre 001]., de catorce años de edad (fecha de nacimiento 3 de octubre de 2001), de su condición de patrono del padrastro de dicha persona menor de edad, por medio de mensajes de texto procedió a seducirla, logrando entre los meses de enero a junio del año 2016, a sabiendas de la minoría de edad, de la inexperiencia e inmadurez sexual de [Nombre 001]., mantener relaciones sexuales consentidas con ella, en los sectores de la Angostura, Eslabón de La Suiza, “C.P. y otra sin identificar; en un apartamento propiedad del endilgado; asimismo, detrás del estadio R.Á.C.; en otro inmueble perteneciente a G.M., en el sector conocido como “Sitio Mata” detrás del “Bar Puerta del Atlántico”, cuyas circunstancias modales, se caracterizaron por accederla carnalmente en cinco ocasiones, y en una, mediante “sexo oral”, acciones que fueron precedidas de contactos telefónicos y traslados a la víctima en el vehículo del acusado, a diferentes horas, que, de acuerdo al orden cronológico trazado por el Ministerio Público en la investigación, revelan cierta exactitud temporal en tres de los hechos, a saber, aproximadamente a las 13:00 horas, 10:20 horas, y 12:00 horas, -que de acuerdo con la imputación formal, corresponde al primer, tercero y último vínculo íntimo acontecido (confrontar folios 349 frente a 350 vuelto). Relación fáctica que de manera precisa y circunstanciada, inciso b) del artículo 303 del Código Procesal Penal, contiene los hechos punibles atribuidos en la acusación, al establecer que el imputado, mantuvo relaciones sexuales consentidas con la víctima, quien para el momento de los sucesos delictivos, se encontraba en el grupo etario que tipifica la ley penal sustantiva de los trece a los catorce años de edad. En lo sucesivo a aspectos generales sobre la pieza acusatoria, la doctrina costarricense, evoca: “La acusación como ejercicio de la acción penal y como derecho de defensa está receptada en el artículo 39 de la Constitución Política cuando signa que la imposición de una pena por delito requiere de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad; esta garantía constitucional repite en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8, y en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos instrumentos sucintamente establecen el derecho de toda persona a ser oída por juez o tribunal competente en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, a la comunicación previa y detallada de la acusación formulada”. En igual sentido, con respecto a la garantía de imputación, se afirma: “Igualmente, la Sala Constitucional costarricense, en su clásica sentencia N° 1739-1992 sobre el debido proceso, en lo atinente, estableció que el principio de imputación es el derecho a una acusación formal, que comprende la individualización del acusado, la descripción detallada, precisa y clara del hecho acusado, una clara calificación legal del hecho, los fundamentos de la acusación y la pretensión punitiva concreta. Correlato de las anteriores disposiciones son los contenidos, entre otros, de los artículos 1, 16, 277 párrafo final, y el 303 del Código Procesal Penal, indicando este último que cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento para someter a juicio público al imputado, presentará la acusación requiriendo la apertura a juicio y que la acusación deberá contener: a) Los datos que sirvan para identificar al imputado. b) La relación precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuya. c) La fundamentación de la acusación, con la expresión de los elementos de convicción que la motivan. d) La cita de los preceptos jurídicos aplicables. e) El ofrecimiento de la prueba que se presentará en el juicio. El Código Procesal Penal costarricense indica que el procedimiento preparatorio tiene por objeto determinar si hay base para el juicio, mediante la recolección de los elementos que permitan fundar la acusación del fiscal o del querellante y la defensa del imputado, y que el juicio es la fase esencial del proceso, siendo que el juicio se realizará sobre la base de la acusación, en forma oral, pública, contradictoria y continua. Conforme con lo anterior, solo habrá juicio oral cuando, postulada una hipótesis acusatoria por quien está facultado para hacerlo, el Juez de la Audiencia Preliminar sea persuadido de que los elementos de prueba disponibles establecen indicios racionales suficientes para llevar a juicio al acusado”. (J.V., C.. La Acusación por parte del Ministerio Público. En Derecho Procesal Penal Costarricense Tomo II. Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, 1ª edición, 2007, páginas 383 y 384). Es así, que en apego al estudio de fondo, se extrae que los hechos admitidos por el juez de garantías en la audiencia preliminar, al dictar el auto de apertura a juicio (confrontar folios 204 a 205), definieron el objeto y los límites del debate. Así, se percibe una correlación entre acusación y sentencia, que, no fue óbice en relación al derecho de defensa, al asegurarse el conocimiento y la contención de las circunstancias fácticas, de la prueba, y ofrecer a la administración de justicia, su teoría del caso (confrontar folios 340 a 344), ello, en estricto respeto del principio acusatorio, que en palabras de A.D., no significa otra cosa más, que concebir el proceso penal de la mano o producto de una acusación, cuya esencia debe entrañar los alcances de la imparcialidad del juzgador, puesto que “quien acusa no puede juzgar”. A manera de ilustración, dicha tratadista sobre el carácter indispensable de la pieza acusatoria, y su congruencia con el juzgamiento, explica: “La acusación es presupuesto del juicio y de la condena. Esto exige, en primer término, el previo conocimiento de la acusación formulada. Y, en segundo lugar, abarca un doble ámbito: de contenido, en cuanto la acusación es el objeto del proceso y de ahí que sus límites marcan la existencia y amplitud de la misma (correlación entre acusación y sentencia), y de forma, en cuanto tal acusación deberá ser comunicada al sujeto pasivo en los términos que marca cada proceso. Volviendo al contenido, la acusación, además de conocida por el acusado, debe existir ineludiblemente para poder abrir la fase enjuiciadora y ha de ser sostenida a lo largo de ésta por un órgano distinto del enjuiciador. Desde esta perspectiva, el órgano juzgador ve circunscrito el ámbito de su conocimiento y decisión al marco estricto -sujetos y hechos- que delimitan la acción, esto es, su sentencia debe ser congruente, lo que en términos del proceso penal se denomina correlación entre acusación y sentencia. La necesidad de la existencia de acusación resulta así una de las claves interpretativas del período intermedio o juicio de acusación; y dentro de él, de las funciones de las partes acusadoras, y singularmente del MF como órgano oficial de la acusación. Desde esa perspectiva debe examinarse la necesidad de petición de apertura del juicio oral por alguna de las partes acusadoras; la exigencia de presentación del escrito de acusación; o la vinculación judicial a la petición de sobreseimiento de todas las partes acusadoras, si no prospera el ofrecimiento de acciones …”. A su vez, sobre la correlación entre la acusación y sentencia, la jurista, indica: “La sentencia no puede condenar por hecho punible distinto del que fue objeto de la acusación, ni a sujeto diferente de aquel a quien se imputó y posteriormente se acusó, según la delimitación formal de la acusación en los escritos de calificación o acusación. A reserva de todas las precisiones y ampliaciones que se efectuarán en las lecciones dedicadas al objeto del proceso, la congruencia o la cosa juzgada, caber señalar únicamente que los dos aspectos cuestionados en torno a este extremo son: a) la incidencia que la calificación jurídica de los hechos tenga en el objeto del proceso, integrándolo o no, y b) la necesidad de que toda modificación de la calificación jurídica -aun entendiendo , como creo, que no se modifica la acción penal- debe, en todo caso, someterse a la contradicción de las partes …”. A.D., T.. Lecciones de Derecho procesal penal (Decimo primera edición), Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, España, 2018, páginas 51 y 52). Al tenor de lo descrito, los requisitos de la pieza acusatoria, se encuentran contemplados en el ordinal 303 del Código Procesal, que estipula: “Acusación y solicitud de apertura a juicio. Cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento para someter a juicio público al imputado, presentará la acusación requiriendo la apertura a juicio. La acusación deberá contener: a) Los datos que sirvan para identificar al imputado. b) La relación precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuya. c) La fundamentación de la acusación, con la expresión de los elementos de convicción que la motivan. d) La cita de los preceptos jurídicos aplicables. e) El ofrecimiento de la prueba que se presentará en el juicio. Con la acusación el Ministerio Público remitirá al juez las actuaciones y las evidencias que tenga en su poder y puedan ser incorporadas al debate.”. Por consiguiente, el aludido inciso a) de ese precepto normativo guarda un significativo ligamen con el derecho de defensa y el principio de imputación, pues, tomando como punto de partida las circunstancias fácticas en que atribuyen en el reproche fiscal, el endilgado tendrá la facultad de materializar su defensa material y técnica, empero, la exigencia relativa a la determinación de las situaciones temporales, modales y espaciales, dependerá del tipo de ilicitud incriminada al encartado y de las particularidades del caso. Es decir, el equilibrio con el derecho de defensa no se discute, siendo esencial que la parte acusada logre comprender la conducta que se le reprocha en aras de poder refutarla. En la singular esfera de las delincuencias ocurridas en detrimento de personas menores de edad, la práctica cotidiana permite constatar dificultades para la concreta delimitación de espacio y tiempo, por lo que pretender con cierto grado de exactitud la fijación del sitio, fecha y hora del hecho en la relación fáctica de la acusación podría obstaculizar el sometimiento de la persona imputada al proceso y favorecer la impunidad. Tema analizado de manera reiterada por la Sala, detallándose la necesidad de valorar cada asunto particular con la finalidad de precisar o no, la exigibilidad de una determinación temporal específica. En ese sentido, la jurisprudencia ha sostenido: “…La precisión de los hechos imputados debe medirse no sólo por la variable tiempo, sino en virtud de las demás condiciones de espacio y modo, así como otros detalles individualizantes del suceso, que logren derivarse de la investigación. (...) No es posible fijar límites o reglas generales en cuanto a la duración del lapso temporal aceptable para delimitar hechos, aplicables a todos los casos de delitos sexuales en que figuren como ofendidos, personas menores de edad o incapaces. Debe atenderse a las características de maduración cognitiva del afectado, la naturaleza de los hechos, su antigüedad, y el carácter periódico o repetitivo que puedan tener las acciones acusadas.” (Sala Tercera, fallo N° 2015-862, de las 9:29 horas del 26 de junio de 2015. Integración de los Magistrados C.S., R.Q., A.M., C.C. y Z.M.. En lo referente a la adecuación típica en el asunto de examen, nuestro legislador, en el artículo 159 de la ley penal sustantiva, establece: “Será sancionado con pena de prisión de dos a seis años, quien aprovechándose de la edad, se haga acceder o tenga acceso carnal con una persona de uno u otro sexo, mayor de trece años y menor de quince años, por la vía oral, anal o vaginal, con su consentimiento. Igual pena se impondrá si la acción consiste en la introducción de uno o varios dedos, objetos o animales por la vía vaginal o anal. La Pena será de cuatro a diez años de prisión cuando la víctima sea mayor de trece años y menor de dieciocho años, y el agente tenga respecto de esta la condición de ascendiente, tío, tía, hermano o hermana consanguíneos o afines, tutor o guardador”. Así, una vez clarificada la medular esencia del extremo acusatorio, se infiere la citada adecuación típica del cuadro fáctico de marras al delito de relaciones sexuales consentidas con personas menores de edad. Acorde con lo dicho, el requerimiento fiscal de interés contiene la enunciación del aprovechamiento, en el entorno de una relación sexual entre una persona mayor de edad y una menor, en el rango de edad previsto por la norma, período comprendido entre los meses de enero a junio del año 2016, vinculado a los hechos endilgados, la ofendida [Nombre 001]., cuyo nacimiento data del 3 de octubre de 2001, y contaba con catorce años de edad (confrontar folios 349 a 350 vuelto). De tal suerte, que la construcción típica del ilícito de relaciones sexuales con personas menores de edad, define como elementos objetivos el aprovechamiento de la edad de la ofendida que se ubica en un grupo etario superior a trece años de edad, e inferior a quince años de edad (o dieciocho años, y su ligamen con el sujeto activo, párrafo final del 159 del Código Penal), el consentimiento de la ofendida para llevar a cabo el encuentro sexual y que de este, se genere el acceso carnal vía oral, anal o vaginal, o bien verse en introducir uno o varios dedos, objetos o animales por la vía vaginal o anal. En cuanto al bien jurídico tutelado de indemnidad sexual, que “… supone el derecho a verse libre el daño (de toda índole) que un comportamiento de naturaleza sexual producirá en el libre desarrollo personal y sexual de quienes carezcan de la capacidad de querer y decidir participar en tales comportamientos...". (Z.C., A., y otros. Derecho Penal Parte Especial. Segunda edición, junio 2018. Editorial, Centro de E.R.A.. S.A., Madrid, España, página 170), ampara a la agraviada en su condición de persona menor de edad, cuya fase de su vida ensaya cambios de índole físicos, emocionales y psíquicos. En consecuencia, la precisión del aprovechamiento del imputado, configura -según el principio de legalidad- un aspecto que se describe a partir de la edad de la víctima quien dispone su sexualidad, sin embargo, protege su vulnerabilidad al existir una disposición normativa que estipula que antes de los quince años de edad (o incluso, dieciocho años en algunos supuestos), no se ha obtenido la madurez emocional, ni física para entender plenamente los encuentros de naturaleza sexual. En resolución N° 2020-00956, de las 9:52 horas, de 7 de agosto de 2020, atinente a un caso similar, esta Cámara, reiteró el criterio jurisprudencial unificado en el voto N° 2016-898, de las 9:50 horas, del 9 de setiembre del 2016 (R.Q., C.S., A.M., G.S., y A.G., Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia), al afirmar: “en tanto, el aprovechamiento descrito en el marco fáctico acusado sea una situación que se desprende de la misma imputación, a partir de la edad de la víctima que se encuentra dentro del grupo etario previsto por el artículo 159 del Código Penal o la relación de parentesco definida en el párrafo in fine de dicha norma, sin que sea necesaria la descripción de otras circunstancias adicionales a esa ventaja por parte del sujeto activo para su configuración”. A mayor amplitud, de tal precedente, se destaca: “La imputación para que sea suficiente, clara y adecuada para el ejercicio del derecho de defensa del imputado, debe establecer el aprovechamiento a partir de rango de edad estipulado, o bien, la relación de parentesco descrita en el párrafo final del artículo 159 del Código Penal, porque esos aspectos son los que determinan el alance (sic) y contenido de la ventaja por parte del sujeto activo, es decir, no basta la simple mención de dicho concepto, debe desprenderse ese aprovechamiento del cuadro fáctico acusado a partir de la edad de la víctima y de la condición de parentesco o vínculo previsto en algunos supuestos en la norma. Así las cosas, el aprovechamiento no debe limitarse a la sola circunstancia de que dicha “expresión” se incluya en la relación de hechos acusados, sino que de la descripción del cuadro fáctico se desprenda esa situación a partir de la edad y, en varios casos, también la condición de parentesco o vínculo. Lo anterior significa que el requerimiento fiscal debe contener la enunciación del aprovechamiento, en el contexto de una relación sexual entre una persona mayor de edad y una menor en el rango de edad establecido por la norma, o la descripción del parentesco o vínculo del agente activo respecto a la víctima definido por el tipo penal, como elementos esenciales” (R.Q., B.M., A.V., Z.M. y G.C., Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia). Conforme lo acota el fundamento intelectivo visible a folio 363 frente y vuelto del fallo de primera instancia, para la fecha de las ilicitudes S.R.M., contaba con catorce años de edad, y otorgó su consentimiento para mantener relaciones sexuales con el imputado, de las cuales, cinco comprendieron el acceso carnal vía vaginal, y en otra, vía oral. Acreditándose el aprovechamiento por parte del sujeto activo contra la menor de la ofendida, de la inexperiencia e inmadurez sexual, procediéndola a enamorar y perpetrar encuentros sexuales. En ese sentido, se indica: “… De igual forma están presentes los elementos subjetivos del tipo penal, pues el imputado tenía conocimiento y voluntad de realizar los elementos objetivos del tipo. Está claro que el imputado sabía que la ofendida era menor de quince años, era dueño de una empresa de bus que daba servicio al colegio de la menor, tenía tiempo de conocerse, el exnovio de la mamá, era empleado y amigo suyo, […] Por otro lado, en ningún momento se argumentó que el imputado no tuviera conocimiento de la corta edad de la menor o tuviera duda sobre la misma. Quedó claro que existía una intención del imputado de tener relaciones sexuales con la menor, aprovechándose de la edad de la misma, lo que se acredita, pues quedó claro como el (sic) mismo la enamoró aprovechándose de su experiencia e inexperiencia de la misma. Había una diferencia importante de edad entre ambos y claramente eso marcó una diferencia (sic) de poder, experiencia y desarrollo de capacidades sociales y emocionales” (confrontar folio 362 vuelto). Así las cosas, lleva razón el recurrente sobre la inobservancia del precepto 303 de la ley penal adjetiva, en la que incurre el criterio de mayoría del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, puesto que el delito de relaciones sexuales consentidas con persona menor de edad, tipificado en el artículo 159 del Código Penal, únicamente exige como condición, la edad de la víctima, que comprende el grupo etario especificado en el tipo penal, sin que sea necesario exigir la descripción de otros elementos adicionales del “aprovechamiento” por parte del sujeto activo para su consumación. En síntesis, se declara con lugar el tercer motivo del recurso de casación del Ministerio Público, por ende, se anula la resolución N° 2020-584, de las 10:50 horas, del 2 de octubre del 2020, del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Primer Circuito Judicial de Cartago, en cuanto a la absolutoria dictada a favor del imputado U.G.M., por seis delitos de relaciones sexuales consentidas con persona menor de edad. Ordénese el reenvío ante el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Primer Circuito Judicial de Cartago, para que, con una diferente integración proceda a realizar el examen integral del fallo de primera instancia.
VI. Recurso de casación. Oficina de Defensa Civil de la Víctima . Segundo Motivo admitido. Inobservancia de preceptos legales procesales, específicamente numerales 459 de la ley penal adjetiva y 65 inciso 6) del Código Procesal Civil. Refiere el licenciado D.P.R., con base en el inciso b) del artículo 468 del Código Procesal Penal, que la resolución de mayoría del ad quem contiene un grave yerro en la aplicación de un precepto legal, porque a pesar de reconocer que no se cuestionó el extremo sobre la responsabilidad civil, decide oficiosamente revocar los alcances de la condenatoria civil, al recaer la misma en la conducta del encartado “como única fuente de responsabilidad civil subjetiva” (confrontar folio 480 frente). Expone que en contraposición a esa tesis, la Jueza de Apelación C.C., lleva a cabo una correcta valoración sobre lo gestionado. Indica que al tenor del principio dispositivo, si una parte procesal no ejerce el derecho de apelar, refleja plena conformidad con la decisión tomada por la autoridad judicial. En ese sentido, invoca el artículo 65 inciso 6) del Código Procesal Civil. Arguye que no es factible dejar sin efecto o revocar un fallo judicial, en relación a aspectos no controvertidos, según advierte que sucede en el asunto de marras, puesto que acorde con el numeral 459 de la ley penal adjetiva, el tribunal de alzada, debe limitarse a dirimir los alegatos expresamente objetados. Agrega que el dictado de oficio, procede solo ante defectos de carácter absolutos o menoscabos al debido proceso. Concluye que el pronunciamiento de mayoría violenta los citados preceptos 459 del Código Procesal Penal, y 65.6 del Código Procesal Civil. Estima que lo resuelto genera un agravio para la parte actora civil, pues, al haberse declarado sin lugar la acción civil resarcitoria, se coarta a su patrocinada la opción de realizar los alegatos indemnizatorios atinentes a los daños y perjuicios producto de los hechos materializados por el demandado civil, infringiéndose así, la tutela de justicia efectiva en amparo de sus intereses. Solicita declarar con lugar el motivo, ordenándose el reenvío, o se proceda a ratificar la condenatoria emitida por el Tribunal Penal, que declaró con lugar la acción civil resarcitoria a favor de S.R.M. (confrontar folios 480 frente y vuelto a 481 y 504 frente a 505). El reclamo se declara con lugar. En virtud del respectivo estudio de fondo, logra determinarse específicamente a partir del Considerando VI de la resolución cuestionada por el representante de la Oficina Civil de la Víctima, que el ad quem de oficio, en su decisión mayoritaria anula la condenatoria establecida por el a quo, referente a la acción civil resarcitoria incoada en contra del demandado civil G.M., declarándola sin lugar, bajo la tesitura que “ la misma se hizo descansar en la conducta del acusado, como única fuente de responsabilidad civil subjetiva”, por ello, afirman que al haberse desvirtuado, la acción civil resarcitoria carece de fundamento, de ahí, la ineficacia decretada (confrontar folio 463 frente). Ahora bien, se aprecia que la resolución de mayoría, N° 2020-584, de las 10:50 horas del 2 de octubre de 2020, del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, se origina del recurso de apelación incoado por la defensa técnica del imputado, sobre presuntos defectos en la pieza acusatoria, que en opinión de la apelante, conlleva a vulnerar el principio de correlación entre acusación y sentencia (confrontar folios 459 vuelto a 460 frente y vuelto), por lo consiguiente, el fundamento intelectivo que establece el Tribunal de Juicio de Cartago, S.T., a través del fallo condenatorio N° 97-2019, de las 13:45 horas del 31 de mayo del 2019, en el acápite IX, sobre la acción civil resarcitoria y costas, se encuentra en firme (confrontar folios 365 frente y vuelto a 366 frente), por cuanto, la parte legitimada mostró completa conformidad con lo resuelto en primera instancia, puesto que no objetó dicho extremo. Bajo esa línea de pensamiento, es razonable sostener que al no haberse recurrido el tópico sobre la condenatoria civil, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, adolece de la facultad de emitir un juicio de valor al respecto, de tal suerte, que altere la firmeza de la sentencia en ese punto, ante la consolidación de los efectos de la condena civil, cuya acción civil fue ejercida, siendo que el fallo de primera instancia se pronunció en lo atinente a la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, y a la forma en la cual, el demandado civil, deberá responder las obligaciones impuestas, según el precepto 368 del Código Procesal Penal. En relación al principio dispositivo, esta Cámara de Casación Penal, en el voto N° 2017-00572, de las 9:46 horas, de 19 de julio de 2017, señaló: “…hay que recordar que en materia de responsabilidad civil dentro del proceso penal, rige el principio dispositivo, de acuerdo con el cual el curso de la litis depende exclusivamente del ejercicio de la acción que hagan las partes. Por ello, si la demandada civil […] no impugnó la condenatoria civil, no es posible extenderle a ella los efectos de la nulidad de la condenatoria civil declarada en apelación a favor del encartado. En este sentido esta Cámara ha resuelto anteriormente: “Sobre el particular, estima esta Sala oportuno expresar que comparte el criterio externado por el Tribunal de Casación Penal, sede S.R., en la sentencia 2007-00118 de las 11:00 horas del 23 de febrero de 2007, en que se indicó: “ (i).-Tal y como lo ha entendido la doctrina y lo ha aceptado de manera reiterada la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal de Casación Penal en G., en lo relativo a la cuestión civil tramitada dentro del proceso penal rige el principio dispositivo, en virtud del cual, debido a la naturaleza privada y puramente patrimonial de los intereses en juego, el órgano de casación no podría entrar de oficio , sin recurso de la parte que podría estarse viendo afectada con lo resuelto por el Tribunal de Juicio, a ponderar la eventual incorrección que pudiera incorporar la decisión de mérito. Lo anterior significa, sin más, que independientemente de que se pudiera advertir algún defecto formal o sustancial que afecte lo civil, el órgano de casación sólo podría entrar a conocer dicho extremo cuando la parte interesada formule una queja directa y específica al respecto. Así las cosas, a partir del principio dispositivo al que se aludió, es exclusiva responsabilidad del sujeto procesal que se sienta o considere afectado con la decisión jurisdiccional de instancia, interponer el correspondiente reclamo, pues de no hacerlo (teniendo la opción y la facultad para ello) implicaría y se entendería que está aceptando dicha decisión adversa y perjudicial, es decir, se está conformando con la misma, lo que se estaría traduciendo en una disposición personal y legítima sobre su patrimonio. […] Por su parte, en reiterados votos del Tribunal de Casación, sede G., se ha venido manteniendo la tesis (compartida por estos juzgadores) de que al no mediar impugnación expresa y directa del interesado, e independientemente de los posibles yerros sustantivos o adjetivos que pudiera contener la decisión de mérito en cualquiera de sus dos vertientes, es decir, acogiendo o rechazando las pretensiones civiles, la sentencia debe mantenerse incólume y no existe posibilidad de que ello sea revisado de manera oficiosa: "... […] En este mismo sentido se indicó: "... Conforme con la reiterada jurisprudencia de este Tribunal, al no haberse recurrido lo resuelto sobre la acción civil resarcitoria, el pronunciamiento sobre ese particular queda incólume...", Tribunal de Casación Penal, voto Nº 2005-1101 de las 11:30 horas del 26 de octubre de 2005. […] (iii).- Tampoco es cierto que entre lo civil y lo penal existe una absoluta e invariable "indisolubilidad", pues -conforme se indicó- el hecho de que en determinados supuestos, aún tratándose de responsabilidad civil subjetiva, se llegara a absolver en lo penal, ello no implica necesariamente y en todos los casos que lo civil deba correr igual suerte. De cualquier modo, si se diera la situación contraria, sería responsabilidad de la parte afectada formular el correspondiente reclamo. Tan constante ha sido esta posición en la jurisprudencia del Tribunal de Casación, que -incluso- se han dado casos donde, con motivo del recurso específico y concreto de uno de los co-demandados civiles, se anula la condenatoria civil sólo en lo que a dicho impugnante respecta (por existir problemas de fundamentación que tornan en ilegítimo lo resuelto), manteniéndose incólume en cuanto al otro sujeto procesal que no ejerció su derecho a recurrir, pues en cuanto a lo civil no procede la aplicación del efecto extensivo del recurso … De acuerdo con lo anterior, es claro que como consecuencia del principio dispositivo y de la cosa juzgada, no se excluiría que en determinados casos pudieran llegar a coexistir dos sentencias contradictorias, pues -según se indica en el voto antes citado- las propias evoluciones de la jurisprudencia demuestran que este riesgo es connatural con el concepto mismo de la cosa juzgada; sin que ello implique que la decisión en lo civil que no fue impugnada debe corregirse de oficio…” (Sentencia No. 2007-1398, de las 17:35 horas, del 29 de noviembre de 2007). De modo que la jurisprudencia ha sido clara al señalar que, en cuanto a la responsabilidad civil, la ausencia de impugnación de la condenatoria implica la firmeza de lo resuelto. Así las cosas, en vista de que en este asunto la condenatoria civil en contra de la demandada […] adquirió firmeza, al no haber sido oportunamente impugnada, el recurso de casación interpuesto resulta inadmisible” (R.Q., Z.M., A.M., C.C. y G.S., Sala Tercera, Corte Suprema de Justicia). Nótese que en este caso, el principio dispositivo no fue accionado, debiéndose mantener incólume el extremo de la condenatoria civil, al no existir posibilidad que sea oficiosamente revisada. En resumen, nuestro ordenamiento jurídico, acorde con el párrafo segundo del ordinal 459 del Código Procesal Penal, estipula que los tribunales de apelación de sentencia, adquieren la competencia funcional para conocer determinada controversia recursiva, cuando los sujetos procesales legitimados, exponen de manera expresa, directos cuestionamientos, salvo que detecten defectos absolutos o infracciones al debido proceso, concediéndole la potestad de dirimir de oficio. Véase que en el asunto de estudio, no acontece la excepción contenida en la norma citada, sino que por mayoría, se revierte la condena civil (Jueces de Apelación F.R., y F.M., porque desde su perspectiva, ese extremo, como fuente de responsabilidad subjetiva, surge de la conducta del acusado, misma que precisan como atípica por errores formales de la acusación, decidiendo oficiosamente -contra legem -, por su ineficacia, al revocar dicha condenatoria civil, estimando sin lugar la acción civil resarcitoria; de modo que en contraposición a lo resuelto por el tribunal de alzada, el supra mencionado extremo de la condena civil, debe prevalecer en todos sus efectos, en razón de no haber sido recurrido, pues, la parte interesada mostró clara anuencia con la decisión unánime tomada por el Tribunal Penal de Cartago. Así las cosas, se declara con lugar el motivo presentado por el representante de la Oficina Civil de la Víctima, por ende, se mantiene incólume el extremo condenatorio civil previsto en el IX Considerando de la resolución de primera instancia, visible a folio 365 frente y vuelto.
Por tanto:
Se declara con lugar el tercer motivo del recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público. En consecuencia, se anula la resolución N° 2020-584, de las 10:50 horas, del 2 de octubre del 2020, del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Primer Circuito Judicial de Cartago, únicamente en cuanto a la absolutoria dictada a favor del imputado U.G.M., por seis delitos de relaciones sexuales consentidas con persona menor de edad. Se declara con lugar el segundo motivo del recurso de casación que promueve el abogado de la Oficina Civil de la Víctima. Se mantiene incólume el extremo civil condenatorio decretado por el a quo. Ordénese el reenvío ante el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Primer Circuito Judicial de Cartago, para que, con una distinta integración proceda conforme al examen integral del fallo de primera instancia. Se declara sin lugar el primer motivo del recurso planteado por el F.M.M.. En virtud de lo resuelto, por innecesario no se conoce el segundo alegato de casación promovido por el Ministerio Público. N..
Patricia S.C.
Jesús Alberto Ramírez Q.
Álvaro Burgos M.
Gerardo Rubén Alfaro V.
Miguel E. Fernández C.
Magistrado suplente
Int: 0003-2/6-2-21
S.

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