Sentencia Nº 2021-01477 de Sala Tercera de la Corte, 16-12-2021

EmisorSala Tercera de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha16 Diciembre 2021
Número de sentencia2021-01477
Número de expediente21-000436-1092-PE
*210004361092PE*
Exp: 21-000436-1092-PE
Res: 2021-01477
SALA DE CASACIÓN PENAL. S.J., a las diez horas diecinueve minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno.
Visto el recurso de casación interpuesto en la presente causa seguida contra Cristofer Alonso Sáncho Obando, por el delito de incumplimiento de medida de protección y otros, en perjuicio de [Nombre 001]; y,
Considerando:
I. La licenciada R.M.Q., en su condición de representante del Ministerio Público, en escrito visible a folios 133 frente a 144, interpone recurso de casación contra la sentencia N° 2021-1480, de las 10:00 horas, del 30 de setiembre del 2021, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de S.J., Goicoechea, la cual, declaró sin lugar el recurso de apelación formulado por el defensor del encartado y, de oficio, revocó la sentencia impugnada respecto a la calificación legal y recalificó los hechos demostrados para que, en vez de la tipificación descrita en la sentencia, se tenga al encartado como autor de un solo delito de incumplimiento de una medida de protección en concurso ideal con uno de maltrato, uno de ofensas a la dignidad y uno de amenazas contra una mujer. Sin ordenar el reenvío, anuló la pena de seis meses de prisión impuesta por lo que había considerado configuraba un segundo delito de incumplimiento de una medida de protección y uno de ofensas a la dignidad en concurso ideal. En consecuencia, dispuso reducir la sanción de quince a nueve meses de prisión (folios 121 frente a 129).
II. En el primer reclamo, con fundamento en el numeral 468 inciso b) del Código Procesal Penal, aduce inobservancia de preceptos legales procesales, concretamente lo dispuesto por los artículos 373, 374 y 375 del Código de rito, en relación con la pena pactada por las partes y la posibilidad de la autoridad jurisdiccional de separarse de lo negociado mediante el procedimiento abreviado. Reprocha que, en este asunto, el Tribunal de Alzada, de forma oficiosa y directa, revocara parcialmente la sentencia en cuanto a la calificación legal y anulara la pena. A., que el endilgado fue condenado por un delito de incumplimiento de una medida de protección en concurso ideal con un delito de maltrato, ofensas a la dignidad y amenazas contra una mujer (hecho cuarto por el cual se le impuso la pena de nueve meses de prisión, teniéndose que seis meses corresponden al delito de incumplimiento de una medida de protección, dándose el aumento de un mes por cada uno de los otros tres delitos que concursan idealmente); el cual, a su vez, concursó materialmente con un delito de incumplimiento de una medida de protección en concurso ideal con un delito de ofensas a la dignidad (hecho cinco por el cual se impuso una pena de seis meses de prisión sin darse ningún tipo de aumento por el delito de ofensas a la dignidad); delitos previstos y sancionados, respectivamente, por los numerales 43, 22, 25 y 27 de la Ley N° 8589 de Penalización de la Violencia contra las Mujeres. Anota, que el Tribunal de Alzada procedió a recalificar ambos hechos a un único delito de incumplimiento de una medida de protección en concurso ideal con un delito de maltrato, ofensas a la dignidad y amenazas contra una mujer, anuló la pena y mantuvo únicamente la sanción de nueve meses de prisión; inobservándose el numeral 374 del Código Procesal Penal, al alterarse el procedimiento especial abreviado, propiamente con respecto al monto de pena pactado por las partes (quince meses de prisión) tal y como fue solicitado a la autoridad jurisdiccional. Expresa, que el ad quem quebrantó el acuerdo de las partes alcanzado en el procedimiento especial abreviado; esto, por cuanto, de forma errada, disminuyó el monto de la pena acordada, procedimiento que fue homologado en la audiencia celebrada el 22 de julio de 2021, en el que se pactó en cuanto al hecho cuarto (un delito de incumplimiento de una medida de protección en concurso ideal con los delitos de maltrato, ofensas a la dignidad y amenazas contra una mujer) la pena de seis meses de prisión por el delito de incumplimiento de una medida de protección dándose el aumento de un mes por cada uno de los otros tres delitos para un monto total de nueve meses de prisión; que concursa materialmente con el hecho quinto (un delito de incumplimiento de una medida de protección que concursa idealmente con un delito de ofensas a la dignidad), por el cual se negoció la pena de seis meses de prisión sin realizar aumento alguno por el delito de ofensas a la dignidad, para un monto total de quince meses de prisión. Considera, que el Tribunal de Apelación se equivocó, toda vez que en aplicación del procedimiento especial abreviado prima o prevalece la negociación de la pena pactada por las partes y en caso de resultar improcedente el acuerdo, se debe rechazar el procedimiento abreviado. Apunta, que la fijación de pena surge de la voluntad de los interesados; y, resulta sorpresivo, como sucede en el presente asunto, que el órgano jurisdiccional anule parte del monto de pena convenido, lo que implica un rebajo a la pena pactada, violentando la buena fe de los intervinientes, sometiendo, de forma ilegítima, al Ministerio Público, a una pena que nunca consintió ni se le dio la oportunidad de oponerse, como ya lo ha indicado la S. de Casación Penal en asuntos similares al que nos ocupa como en los votos N° 630-2014, del 04 de abril de 2014 y N° 2012-374, del 02 de mayo de 2012, de los cuales cita un fragmento. Como agravio indica, que la sentencia impugnada quebranta el debido proceso; lo cual, a su vez, hace que uno de los eventos quede impune, propiamente un delito de incumplimiento de una medida de protección que concursa idealmente con un delito de ofensas a la dignidad por el cual se impuso la pena de seis meses de prisión, no permitiendo, al Ministerio Público, el ejercicio pleno de la acción penal. Solicita se declare con lugar el presente motivo de casación, se revoque la sentencia del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal y, se confirme la sentencia de instancia. El motivo es admisible. Realizado el correspondiente estudio de admisibilidad, se aprecia que en el primer reclamo la gestionante da cumplimiento a los requisitos formales establecidos en la normativa procesal penal a efectos de que la inconformidad esbozada pueda ser conocida en un examen de fondo. El recurso fue presentado por quien válidamente puede hacerlo –la representante del Ministerio Público– dentro del plazo legal y está dirigido contra una sentencia del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, que -de oficio- revocó la sentencia impugnada respecto a la calificación legal y recalificó los hechos demostrados, anulando la pena de seis meses de prisión impuesta por lo que había considerado el Tribunal Penal configuraba un segundo delito de incumplimiento de una medida de protección y uno de ofensas a la dignidad en concurso ideal. Además, se invoca una de las causales establecidas en el numeral 468 del Código Procesal Penal, propiamente la inobservancia de preceptos legales procesales, concretamente lo dispuesto por los numerales 373, 374 y 375 del Código de rito, en relación con la pena pactada por las partes y la posibilidad del Tribunal de Apelación de separarse de lo negociado mediante el procedimiento abreviado. En el caso concreto, se cuestiona que el Tribunal de Alzada, de forma oficiosa y directa, revocara parcialmente la sentencia en cuanto a la calificación legal y anulara una de las penas habiendo dispuesto una recalificación legal. El motivo amerita el estudio de fondo en aras de que esta S. se pronuncie en cuanto a la interpretación de los ordinales en los que basan su reclamo, referidos al procedimiento abreviado. Asimismo, se constata que en el reproche se exponen las razones por las que se estima existe un agravio sobre los vicios formulados. En consecuencia, al cumplir con los requisitos legales, se dispone a darle trámite al primer reclamo formulado para su respectivo conocimiento de fondo.
III. En el segundo motivo, con sustento en el ordinal 468 inciso b) del Código Procesal Penal, refiere inobservancia de preceptos legales sustantivos, propiamente los numerales 22 y 76 del Código Penal. Asevera, que el Tribunal de Alzada dispuso recalificar las acciones atribuidas al encartado, pues este fue condenado por un delito de incumplimiento de una medida de protección en concurso ideal con un delito de maltrato, ofensas a la dignidad y amenazas contra una mujer (hecho cuarto por el que se le impuso la pena de nueve meses de prisión, teniéndose que seis meses corresponden al delito de incumplimiento de una medida de protección, dándose el aumento de un mes por cada uno de los otros tres delitos que concursan idealmente); este, a su vez, en concurso material con un delito de incumplimiento de una medida de protección que concursa idealmente con un delito de ofensas a la dignidad (hecho cinco por el cual se impuso una pena de seis meses de prisión sin darse ningún tipo de aumento por el delito de ofensas a la dignidad); delitos previstos y sancionados, respectivamente, por los numerales 43, 22, 25 y 27 de la Ley Nº 8589 de Penalización de la Violencia contra las Mujeres. Señala, que la sentencia impugnada recalificó ambos hechos a un único delito de incumplimiento de una medida de protección en concurso ideal con un delito de maltrato, ofensas a la dignidad y amenazas contra una mujer, manteniéndose únicamente la pena de nueve meses de prisión, sosteniendo la existencia de una sola acción debido a la cercanía espacial y temporal, así como la existencia de un iter criminis común. Al respecto, la casacionista transcribe el apartado de los hechos probados, tal y como se consignó en la sentencia recurrida, citando un extracto de lo establecido por el voto impugnado. Asimismo, apunta que la S. Tercera, sobre la valoración jurídica de las acciones a efectos de establecer si se está en presencia de una sola acción o de varias, ha indicado que deben valorarse una serie de elementos, tales como la ubicación temporal, el lugar de ejecución de la conducta, la finalidad del agente y la modalidad de ejecución, análisis vertido, entre otros, en el voto N° 2016-667, del 6 de julio de 2016 (transcribe un fragmento de dicha resolución). Señala, que en el presente asunto, según el cuadro fáctico acusado y tenido por probado en la sentencia de instancia, se tiene la concurrencia de dos acciones independientes entre sí, en el hecho cuarto se describe que el encartado con el fin de incumplir medidas de protección que le fueron impuestas a favor de la ofendida y en su contra, amenazó a la ofendida cuando le dijo: "pellízquese mae, que la voy a matar, hijueputa", a lo que la ofendida le preguntó ¿qué le pasaba?; y, acto seguido, el encartado la empujó y le indicó que “era una puta” y arremetió a golpes a su acompañante, por lo que la agraviada llamó al 911, siendo que, instantes después, pasó una patrulla de Fuerza Pública cerca del lugar por lo que la ofendida hizo señales de auxilio, siendo que al momento que los oficiales se acercaron, la misma les indicó que tenía medidas de protección, las cuales fueron verificadas, momento en que el imputado con el fin de incumplir dichas medidas de protección y así ofender la dignidad de la agraviada la insultó diciéndole que “era una zorra y una puta” . Asegura, que en el cuadro fáctico establecido se tienen los mismos sujetos, existe una innegable separación espacio temporal entre cada uno de los dos momentos en los que acontecen las distintas acciones llevadas a cabo por el imputado, por lo que resulta incontrovertible que la lesión a cada bien jurídico se acreditó, cada hecho constituye una acción típica, antijurídica y culpable. Apunta, que aún y cuando los movimientos corporales ocurrieron en un corto lapso y en el mismo espacio físico, las acciones no son simultáneas, pues entre una y otra existe una pequeña separación temporal, aunque sea mínima "instantes después", asimismo, no se advierte la existencia de un plan unívoco por parte del imputado, que permita establecer una unidad de acción; no se puede inferir un único plan de autor, porque no se podría afirmar válidamente que el justiciable en un primer momento, incumple una medida de protección, maltrata, ofende y amenaza a la ofendida, y que instantes después incumple una medida de protección y ofende a la agraviada; siguiendo un único plan. Expresa, que es claro que el imputado habiendo consumado la primera acción, decidió realizarla de nuevo; es decir, no planeó suspender o interrumpir momentáneamente la continuidad de la acción de incumplir una medida de protección y ofender a la víctima. Resalta que, aunado a ello, no existe homogeneidad del bien jurídico tutelado, consecuentemente, existen dos hechos independientes, dos delitos, cada uno regido por un factor final (plan) distinto, aunque los tipos penales sean los mismos, un delito de incumplimiento de una medida de protección que concursa idealmente con un delito de maltrato, ofensas a la dignidad y amenazas contra una mujer (hecho cuarto) que a su vez concursa materialmente con un delito de incumplimiento de una medida de protección que concursa idealmente con un delito de ofensas a la dignidad (hecho quinto), por lo que conforme al artículo 22 del Código Penal, se está ante un concurso material de delitos. Sostiene, que la mera existencia de una relación de proximidad espacio temporal resulta insuficiente para determinar la unidad de acción en sentido jurídico; asimismo, los movimientos corporales del encartado, no se rigen por criterios de finalidad común o unidad normativa, sino que corresponden a pluralidad de acciones en sentido jurídico, a las que ha de aplicarse las reglas del concurso material de delitos, como lo determinó el Tribunal de instancia. Manifiesta, que la recalificación de los hechos probados como una sola acción en sentido jurídico, dispuesta por el órgano de alzada, sirvió de base jurídica para el rebajo de la pena, de forma directa, anulando así la condena de seis meses de prisión establecida en la sentencia de instancia, generándose una ventaja indebida al imputado. Solicita se acoja este motivo, se deje sin efecto la sentencia impugnada, únicamente en tanto el Tribunal de instancia recalificó los hechos y anuló parte del monto total de pena. P. se enmiende el fallo, mediante la rectificación de la calificación jurídica de las conductas del imputado, tal y como lo había dispuesto el Tribunal Penal; asimismo manteniendo la pena fijada, por dicho órgano jurisdiccional, en un monto total de quince meses de prisión. El reclamo se admite para su conocimiento de fondo . Se constata que el motivo de casación cumple con todos los requisitos de ley para su formulación. En ese sentido, fue interpuesto en tiempo, por un sujeto legitimado para ello (la representante del Ministerio Público), y se dirige contra una resolución del Tribunal de Alzada. La gestionante señala que el ad quem aplicó erróneamente preceptos legales. El reproche planteado se ajusta a la causal señalada en el artículo 468 inciso b) del Código Procesal Penal, entendiéndose con entera claridad, que el asunto sobre el que debe versar la resolución de fondo concierne a la eventual inobservancia de preceptos legales sustantivos, específicamente los numerales 22 y 76 del Código Penal, que regulan el concurso material y las reglas de penalidad de este, pues de acuerdo con la representante fiscal existió un yerro al recalificar el marco fáctico demostrado en juicio, cuando lo correcto -según la casacionista- fue lo dispuesto por el Tribunal de mérito. Por su parte, esta S. encuentra que existe coincidencia entre la protesta formulada y el agravio que se considera causado. Así las cosas, al enmarcarse el motivo en una de las causales autorizadas por el ordenamiento jurídico, se dispone a darle trámite para su respectivo conocimiento de fondo, en el que se profundizará sobre la eventual existencia de la causal invocada y la procedencia de sus pretensiones.
IV. En el tercer motivo, con base en el numeral 468 inciso b) del Código Procesal Penal, alega errónea aplicación de un precepto legal procesal, propiamente el ordinal 465 del cuerpo normativo recién citado, en relación con lo establecido por el artículo 8 inciso 2.h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el numeral 41 de la Constitución Política. Afirma que, en este caso, al Ministerio Público se le vulneró la garantía de recurrir el fallo en una segunda instancia. Apunta, que la S. de Casación Penal ha unificado criterios respecto del deber del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de ordenar el reenvío cuando estime que existió una incorrecta fundamentación de pena (voto N° 2015-1044, de las 9:15 horas, del 07 de agosto de 2015), siendo que, en el mismo sentido, dicha Cámara se ha pronunciado en las resoluciones N° 2015-658, de las 08:50 horas, del 27 de mayo de 2015 y 2014-781, de las 11:34 horas, del 21 de mayo de 2014. Sostiene que, en el presente asunto, el Tribunal de Alzada, de oficio, revocó parcialmente la sentencia, recalificó los hechos, anuló la pena y resolvió de forma directa, sin ordenar reenvío; vulnerando el derecho a recurrir en segunda instancia, ya que el ad quem resolvió en definitiva lo que a su criterio procedía, dejando al órgano fiscal sin la posibilidad de discutir el tema en cuestión y de impugnar dicha decisión ante un tribunal superior, afectándose el ejercicio pleno de la acción penal. Al respecto, la impugnante trascribe un extracto de lo resuelto por el Tribunal de Apelación. Solicita se declare con lugar el motivo y se anule parcialmente la resolución recurrida, con respecto a la pena impuesta; disponiéndose la devolución del expediente al ad quem, para que dicho órgano, con otra conformación, conozca sobre dicho extremo. Se admite el reproche. Esta S. estima que el motivo interpuesto resulta admisible para su conocimiento de fondo. En primer lugar, la impugnación fue presentada dentro del plazo legal ante el Tribunal que dictó la resolución. En segundo término, el recurso fue interpuesto por un sujeto legitimado, en este caso, la representante del Ministerio Público. En tercer lugar, el escrito se dirige contra una sentencia del Tribunal de Apelación de Sentencia. A su vez, el motivo invocado se ajusta a una de las causales previstas en el artículo 468 inciso b) del Código Procesal Penal, sea la errónea aplicación de un precepto legal procesal, específicamente en el caso concreto, el ordinal 465 del Código Procesal Penal. En el reclamo incoado se formula el agravio concreto que se estima cometido, a saber, que el Tribunal de Alzada se pronunció de oficio revocando parcialmente la sentencia, recalificando los hechos y anulando directamente la pena, actuación que considera vulneró el derecho a recurrir el fallo en segunda instancia. Por consiguiente, en virtud de que el reclamo cumple con los requisitos legales previstos para la interposición del recurso de casación, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 467, 468 inciso b), 469 y 471 del Código Procesal Penal, lo procedente es admitir para su estudio el presente motivo y reservar para un pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, el análisis de los reproches invocados, su eventual existencia, así como, su esencialidad e incidencia sobre el dispositivo.
Por Tanto:
Se admiten los tres motivos del recurso de casación interpuesto por la representante del Ministerio Público. N..
Patricia Solano C.
Álvaro Burgos M.
Gerardo Rubén Alfaro V.
Miguel Fernández C.
Magistrado Suplente
William Serrano B.
Magistrado Suplente
1173-5/15-5-21
JMELENDEZ

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