Sentencia Nº 2021-01490 de Sala Tercera de la Corte, 16-12-2021

EmisorSala Tercera de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia2021-01490
Número de expediente21-000303-0006-PE
Fecha16 Diciembre 2021

*210003030006PE*

Exp: 21-000303-0006-PE
Res: 2021-01490
SALA DE CASACIÓN PENAL. S.J., a las once horas cuarenta y siete minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno.
Visto el procedimiento de revisión interpuesto en la presente causa seguida en contra de G.D.C.C., por los delitos de robo agravado y homicidio calificado en grado de tentativa, cometidos en perjuicio de [Nombre 001], [Nombre 004], [Nombre 005] y [Nombre 012]; y,
Considerando :
I. El sentenciado G.C.C., interpuso demanda de revisión (confrontar folio 318 a 328) en contra de la sentencia 1008-2021, de las 09:00 horas del 29 de agosto de 2019, emitida por el Tribunal Penal de S.J., en la que se le declaró autor responsable de un delito de robo agravado, dos homicidios calificados en grado de tentativa y un homicidio simple en grado de tentativa, por los cuales se le impuso la pena total de veinte años de prisión (confrontar folio 2031 a 2129).
II. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN. El sentenciado alega “EXISTENCIA DE UNA SENTENCIA ILEGÍTIMA POR GRAVE INFRACCIÓN A LOS DEBERES DE LAS PERSONAS JUZGADORAS QUE DICTARON EL FALLO CONDENATORIO. ERRÓNEA APLICACIÓN DE UN PRECEPTO LEGAL.”. Refiere que el error consiste en una errónea aplicación de normas sustantivas, lo que repercutió en la aplicación de la pena. Sostiene que en la causa seguida en su contra se le condenó “ por la comisión de un delito de Robo agravado en concurso ideal con un delito de Homicidio Calificado en estado de tentativa, los cuales concursan de manera material con un delito de Homicidio Calificado en estado de tentativa en concurso ideal con un delito de Homicidio Simple en estado de tentativa”, pese a que lo correcto -a su criterio- era aplicar las reglas del concurso ideal para la totalidad de los delitos. Argumenta que la correcta calificación de hecho demostrado y la aplicación de las reglas concursales, forma parte de los deberes del juez. Asevera que el error consiste en “la calificación del segundo delito de Homicidio Calificado,(en perjuicio de [Nombre 005]), como si este concursara de forma material con el delito de Robo Agravado y el delito de Homicidio Calificado en perjuicio de [Nombre 004]; pues lo correcto era aplicar el artículo 21 y 75 del Código Penal y concluir que estamos frente a un delito de Robo Agravado en concurso ideal con dos delitos de Homicidio Calificado y un delito de Homicidio Simple.” a lo que agrega que “El yerro es desestimar que estamos en presencia de una sola acción desde el punto de vista jurídico.”. Considera que el error atenta contra el principio de legalidad, el derecho de defensa e incide en el monto de la pena, por lo que se configura la causal contenida en el numeral 408 del Código Procesal Penal. Transcribe el cuadro fáctico acreditado en juicio, luego afirma que los hechos cuatro y cinco se desarrollan en un mismo espacio y tiempo, con una finalidad común, lo que denota la existencia de una unidad de acción. Acusa que la misma sentencia señala que los ilícitos de homicidio en perjuicio de [Nombre 005] y [Nombre 004] se llevaron a cabo con la finalidad de asegurar el robo, por lo que existe una vinculación funcional entre ambos hechos y, pese a ello, el tribunal de juicio se decantó por aplicar las reglas del concurso material. Estima que para definir el tipo de concurso a aplicar es necesario que se determine si existe una vinculación entre los actos desplegados, porque el análisis se debe efectuar desde el punto de vista jurídico. Indica que, en el plano normativo, se debe establecer si la conducta lesiona varios tipos penales y en qué forma lo hace. Manifiesta que, en este caso, a partir de los tipos penales aplicables, se debió establecer la existencia de un concurso ideal homogéneo y que la existencia de bienes jurídicos personalísimos no incide en el tipo de concurso a aplicar. Finaliza señalando que “la actuación del Tribunal de primera instancia configura un grave error judicial. Estamos frente a una situación incuestionable: existe una incorrecta aplicación de la norma sustantiva, dado que los hechos que se tienen como demostrados luego del contradictorio, se enmarcan dentro de una única acción desde el punto de vista jurídico. Este error incide forma directa en la imposición y fundamentación de la sanción penal, de ahí su trascendencia. Por ello, al cumplirse con los requisitos de forma y fondo, debe declararse con lugar el presente motivo de revisión.” . En cuanto al agravio asevera que se encuentra descontando una sanción ilegítima, por la errónea aplicación de normas sustantivas. Solicita se declare con lugar la demanda, que se recalifiquen los hechos y se determine que la totalidad de los delitos ocurrieron en concurso ideal o en su defecto que se anule la calificación jurídica y se ordene el reenvío a juicio. Solicita el señalamiento de vista oral.
III. LA DEMANDA DE REVISIÓN ES INADMISIBLE. La revisión de la sentencia constituye un procedimiento especial de carácter excepcional, que solo es factible ante ciertos supuestos expresamente establecidos por la legislación. Su finalidad es retrotraer la cosa juzgada material, en los casos en que se determine que la sentencia se dictó a consecuencia de un error judicial que la torna injusta. En nuestro país, el referido procedimiento se encuentra regulado en el Título VII, Libro II, de la Segunda Parte del Código Procesal Penal y propiamente el numeral 408, se contempla el listado de causales que lo posibilitan, a saber: “Procedencia. La revisión procederá contra las sentencias firmes y a favor del condenado o de aquel a quien se le haya impuesto una medida de seguridad y corrección, en los siguientes casos: a) Cuando los hechos tenidos como fundamento de la condena resulten inconciliables con los establecidos por otra sentencia penal firme. b) Cuando la sentencia se haya fundado en prueba cuya falsedad se haya declarado en fallo posterior firme. c) Si la sentencia condenatoria ha sido pronunciada a consecuencia de prevaricato, cohecho, violencia o cualquier otro delito o maquinación fraudulenta, cuya existencia se haya declarado en fallo posterior firme, salvo que se trate de alguno de los casos previstos en el inciso siguiente. d) Cuando se demuestre que la sentencia es ilegítima a consecuencia directa de la introducción de prueba ilegal o de una grave infracción a sus deberes cometida por un juez, aunque sea imposible proceder por una circunstancia sobreviniente. e) Cuando después de la condena sobrevengan o se descubran nuevos hechos o nuevos elementos de prueba que solos o unidos a los ya examinados en el proceso evidencien que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió o que el hecho cometido encuadra en una norma más favorable. f) Cuando una ley posterior declare que no es punible el hecho que antes se consideraba como tal o que merece una penalidad menor, o bien, cuando la ley que sirvió de base a la condenatoria haya sido declarada inconstitucional. La revisión procederá aun en los casos en que la pena o la medida de seguridad hayan sido ejecutadas o se encuentren extinguidas.”. La causal contenida en el inciso d) de la norma transcrita, propiamente la ilegitimidad de la sentencia por una grave infracción a los deberes del juzgador, se refiere a una actuación irregular del administrador de justicia en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales encomendadas, de manera que se comprometa su labor en la resolución de los asuntos sometidos a su conocimiento. Debe tratarse de una separación grosera y, por tanto, evidente del marco de legalidad, que resulte determinante en la solución del caso concreto. Los diferendos en la interpretación y aplicación del derecho no son constitutivos de esta hipótesis de revisión, por ser totalmente discutibles y, además, porque se encuentran amparados en el principio de independencia judicial. Únicamente sería posible invocar como un error judicial las interpretaciones del derecho que sean abiertamente ilegales, en caso contrario, aquellas que sean factibles a la luz de las circunstancias del caso, quedarán fuera de la causal. Al respecto esta S. ha señalado: “el juez incurre en una grave infracción a sus deberes, cuando en su función de administrar justicia, por dolo o error injustificado, condena a un inocente o impone una sanción o medida de seguridad indebida, situación que deberá valorarse en cada caso particular. En cuanto al error judicial, deberá ser determinante y evidente, no posible o discutible.” (S. Tercera, voto número 2013-00589, a las 10:34 horas, del 24 de mayo. Integración: C.C.S., J.R.Q., José Manuel Arroyo Gutiérrez, M.P.V. y S.E.Z.M.. En el caso que nos ocupa, el sentenciado reclama que los jueces de juicio incurrieron en una grave infracción a sus deberes, por cuanto – a su criterio- aplicaron de manera errónea la normativa que regula los concursos de delitos, al determinar la existencia de un concurso material, cuando lo correcto era declarar que la totalidad de los delitos concursaban idealmente. Es evidente que los cuestionamientos efectuados por el revisionista se reducen a un diferendo con la aplicación del derecho sustantivo en la sumaria seguida en su contra, lo que, según se expuso supra, no se ajusta a la causal alegada. Véase que de los argumentos expuestos no es posible derivar que los jueces de juicio hayan efectuado una aplicación del derecho de fondo que sea grosera y abiertamente ilegal, sino que todos los aspectos que el revisionista señala son discutibles, al corresponder a una interpretación diversa de la forma de aplicar las reglas del concurso de delitos, por lo que no se verifica el error judicial. En ese sentido es importante recordar que, dentro del proceso penal, la calificación jurídica de los hechos forma parte del debido proceso, según lo ha definido la S. Constitucional (ver resolución 4004-2001 de las 14:31 horas del 16 de mayo de 2001 de dicha S.). La vulneración a este no se encuentra dentro del catálogo de causales de revisión, en virtud de que, mediante la Ley 8837 “Creación del Recurso de Apelación de la Sentencia, otras Reformas al Régimen de Impugnación e Implementación de Nuevas Reglas de Oralidad en el Proceso Penal”, del 3 mayo de 2010, se eliminó el inciso g) del numeral 408 del Código Procesal Penal, donde anteriormente se encontraba contemplada. Las únicas hipótesis relacionadas al debido proceso que dan cabida al procedimiento de revisión, son las que conservó el legislador en la redacción vigente del artículo 408 del Código Procesal Penal, dentro de las cuales no se encuentra ninguno de los aspectos que invoca el sentenciado. Aunado a lo anterior conviene indicar que el régimen recursivo actual brinda la posibilidad de solicitar a los jueces de apelación y posteriormente a los magistrados de esta S., que revisen la aplicación del derecho de fondo efectuada en un caso concreto. Las omisiones en que haya incurrido en dicha etapa procesal, no pueden ser solventados a través de la demanda de revisión, debido a que esta no constituye una extensión de la fase recursiva, sino que se trata de un procedimiento especial, que puede ser instaurado solo ante las causales expresamente contenidas en la ley, ninguna de las cuales se verifica en este caso. Con base en lo expuesto se concluye que la demanda de revisión se interpuso fuera de las hipótesis de revisión, en consecuencia, lo que corresponde es declarar su inadmisibilidad, de conformidad con los numerales 408 y 411 del Código Procesal Penal.
Por tanto:
Se declara inadmisible la demanda de revisión instaurada por el sentenciado G.C.C.. N..


Patricia Solano C.

Álvaro Burgos M.

Rafael Segura B.
Magistrado suplente


Cynthia Dumani S.
Magistrada suplente


Miguel E. Fernández C.
Magistrado suplente
Int: 1051-2/4-2-21
S.

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