Sentencia Nº 2021000759 de Sala Constitucional, 15-01-2021

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia2021000759
Fecha15 Enero 2021
Número de expediente20-022863-0007-CO

*200228630007CO*

Exp: 20-022863-0007-CO

Res. Nº 2021000759

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del quince de enero de dos mil veintiuno .

Recurso de amparo que se tramita en expediente No. 20-022863-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER).

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la secretaria de la Sala el 16 de diciembre de 2020, la parte recurrente interpone recurso de amparo, contra el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER), y manifiesta lo siguiente: que laboró para el instituto recurrido por casi 2 años y su último puesto fue en la Dirección de Administración de Finanzas. El 15 de octubre de 2020 se le entregó la respectiva carta de despido. Reclama que, a la fecha de la interposición el recurso, no se le habían cancelado los respectivos extremos laborales. Agrega que en el comunicado No. DJ-1427-2020 de 30 de setiembre de 2020, se le comunicó de la aplicación de un pronunciamiento de la Contraloría General de la República al tenor del artículo 685 del Código de Trabajo adicionado mediante Ley No. 9343, lo que considera no se aplica en su caso por tratarse de otro supuesto (véase copia aportada como prueba). Estima que la falta de pago alegada lesiona sus derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso.
2.- Mediante resolución a las 15:06 horas del 16 de diciembre de 2020, se dio curso al presente recurso.
3.- Por escrito incorporado al Sistema Jurídico el 06 de enero de 2021, Harys Regidor Barboza, Presidente Ejecutivo, y Gabriel Hernández Carvajal, Director de la Unidad de Capital Humano, ambos del Instituto de Desarrollo Rural, informan bajo juramento que mediante el oficio INDER-PE-0848-2020 del 15 de octubre de 2020, se entrega carta de despido, el oficio lejos de ser impreciso es, sumamente claro y fundamentado jurídicamente, indicándose la justa causa y sus razones de fondo y jurídicas, de conformidad con las potestades que la ley le confiere. Señala que, esta Institución si ha cancelado los extremos laborales correspondientes por medio de cheques del Banco de Costa Rica números [Valor 002] y [Valor 003] ; no obstante, dado la existencia de un procedimiento administrativo sancionatorio en contra del recurrente dirigido por la Contraloría General de la República, comunicado mediante oficio DJ-1427-2020, se procedió a aplicar el artículo 685 del Código de Trabajo y la retención del pago de cesantía, hasta tanto sea resuelto el precitado procedimiento administrativo sancionatorio dirigido por la CGR, de conformidad con lo ordenado por el órgano contralor. Por lo expuesto, menciona que no existe violación constitucional al pago de derechos laborales. Solicita que se declare sin lugar el recurso.
4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Salas Torres; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso. El recurrente manifiesta que laboró para el instituto recurrido por casi 2 años y su último puesto fue en la Dirección de Administración de Finanzas. Señala que el 15 de octubre de 2020, se le entregó la respectiva carta de despido. Agrega que, el 30 de setiembre de 2020, por medio del oficio No. DJ-1427-2020 se le comunicó de la aplicación de un pronunciamiento de la Contraloría General de la República del artículo 685 del Código de Trabajo y la Ley No. 9343, lo cual considera que no es aplicable a su caso. Acusa que a la fecha de interposición no le han cancelado sus extremos laborales. Considera lesionados sus derechos fundamentales.
II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
  1. El amparado [Nombre 001], laboró en el Instituto de Desarrollo Rural del 01 de febrero de 2019 al 16 de octubre de 2020, siendo su último puesto la Dirección de Administraci ón de Finanzas. (hecho no controvertido);
  2. El 30 de setiembre de 2020, la Contraloría General de la República mediante oficio DJ-1427-2020 le comunicó al Presidente y a la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural el procedimiento administrativo sancionatorio seguido en contra del tutelado en tr ámite, bajo el expediente No. [Valor 005] en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 685, párrafo segundo, del Código de Trabajo. Dicho oficio se le puso en conocimiento al tutelado. (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada);
  3. El 15 de octubre de 2020, el Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural mediante el oficio INDER-PE-0848-2020 le entregó la carta de despido al tutelado. (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada);
  4. El 23 de octubre de 2020, el Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural mediante el oficio INDER-PE-0848-2020 le comunicó al Coordinador a.i. del Capital Humano el procedimiento administrativo sancionatorio en trámite seguido en contra del tutelado, bajo el expediente No. [Valor 004]. (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada);
  5. Mediante cheque No. [Valor 002] del Banco de Costa Rica del 20 de noviembre de 2020, el Instituto de Desarrollo Rural le pago al tutelado la suma de 7.326.678,46 colones por concepto de aguinaldo, vacaciones, salario escolar, aguinaldo salario escolar. (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada);
  6. El 21 de diciembre de 2020, el Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural, fue notificado de la resolución que da curso al presente recurso. (ver acta de notificación);
  7. Mediante cheque No [Valor 003] del Banco de Costa Rica del 23 de diciembre de 2020, el Instituto de Desarrollo Rural le pago al tutelado la suma de 2.193.175,00 de colones por concepto de preaviso. (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada);
  8. A la fecha que la autoridad recurrida rinde su informe -el 06 de enero de 2021- el pago de la cesant ía del tutelado se encuentra pendiente de pago por lo dispuesto en el artículo 685 del Código de Trabajo. (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada).
III.- Sobre la falta de pago por concepto de Vacaciones, Aguinaldo y Salario Escolar.- Del análisis del informe rendido bajo juramento por parte del representante de la autoridad recurrida y la prueba para la resolución del presente asunto, esta Sala descarta la vulneración a los derechos fundamentales del amparado. En ese sentido, se comprueba que no lleva razón el recurrente al indicar que no se le han cancelado tales extremos laborales, pues se verificó que los mismos le fueron cancelado mediante cheque No. [Valor 002] del Banco de Costa Rica del 20 de noviembre de 2020, por la suma de 7.326.678,46 colones; es decir previo a la interposición del presente recurso de amparo -presentado el 16 de diciembre de 2020-. En virtud de lo expuesto, se debe declarar sin lugar este extremo del recurso.
IV.- Sobre la falta de pago por concepto de Preaviso.- Del análisis del informe rendido bajo juramento por parte del representante de la autoridad recurrida y la prueba para la resolución del presente asunto, esta Sala verifica la lesión a los derechos fundamentales del tutelado. Debido a que, se corrobora que el extremo laboral correspondiente al Preaviso le fue pagado al recurrente en razón de las gestiones realizadas por el Instituto recurrido, mediante cheque No [Valor 003] del Banco de Costa Rica del 23 de diciembre de 2020, por la suma de 2.193.175,00 de colones, por concepto de preaviso. Dicho pago se realiz ó con posterioridad a la notificación de la resolución que da curso al amparo, m ás de dos meses después del despido del tutelado. En virtud de lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar este extremo del recurso para efectos indemnizatorios.
V.- Sobre la falta de pago por concepto de Cesantía.- El recurrente acusa que la autoridad recurrida interpretó de manera errónea el artículo 685 del Código de Trabajo, por cuanto refiere que su caso no está en los escenarios que se estipulan en dicha norma y por ello considera que le corresponde el pago de los montos que le corresponden por concepto de cesantía. Al respecto, resulta pertinente citar la parte dispositiva de la sentencia Nº2020016658 de las trece horas con quince minutos del dos de septiembre de dos mil veinte, en la que esta Sala realizó una interpretación conforme de la norma invocada por el tutelado, en los siguientes términos:"Se declara sin lugar la acción, siempre y cuando se interprete el párrafo segundo del artículo 685 del Código de Trabajo en el sentido, que iniciado el procedimiento disciplinario y hasta antes de la notificación del traslado de cargos, al funcionario no se le puede suspender el pago de su cesantía, con la finalidad de acogerse a su jubilación. Asimismo, resulta constitucional que una vez notificado el referido traslado de cargos, al servidor público se le suspenda el pago de cesantía, únicamente en aquellos procedimientos disciplinarios pendientes que puedan conllevar el despido, no así en aquellos procedimientos que acarreen una consecuencia menor al mismo, en cuyo caso, la suspensión del pago de la cesantía sería improcedente. El Magistrado Rueda Leal declara sin lugar la acción por razones diferentes, toda vez que considera improcedente la interpretación conforme expuesta por la mayoría. La Magistrada Garro Vargas declara sin lugar la acción por razones diferentes." No obstante, se debe advertir al recurrente que determinar si el Instituto de Instituto de Desarrollo Rural interpretó y aplicó en forma errada el art ículo 685 del Código de Tranbajo, al suspender el pago de la suma que alega le corresponde por concepto de cesantía no corresponde a este Tribunal Constitucional en la vía de amparo, pues ello constituye un diferendo ajeno al ámbito de competencia de esta Jurisdicción. Por ello, deberá el recurrente plantear sus reclamos ante la autoridad recurrida o en la vía jurisdiccional competente, vías en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En virtud de lo expuesto, se debe declarar sin lugar este extremo del recurso.
VI.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios en el caso concreto. Por las razones ampliamente expuestas en las sentencias correspondientes, es criterio de mayoría de esta Sala que cuando la declaratoria con lugar de un recurso de amparo obedezca a la aplicación del primer párrafo del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sea, porque habiéndose notificado la resolución de curso del amparo se revoque, suspenda o detenga la actuación impugnada, dicha estimatoria lo debe ser sin especial condena en daños y perjuicios. Sin embargo, bajo una mejor ponderación y como tesis de excepción, debe señalarse que cuanto el recurso de amparo verse de forma concreta sobre una situaci ón patrimonial directa y estrictamente relacionada con la protección de derechos pecuniarios –sea la omisión de pago del salario o de las prestaciones que por derecho le corresponda a la persona interesada- sí procede la plena aplicaci ón de la estimatoria del recurso de amparo, incluso con la correspondiente condena en costas, daños y perjuicios, por cuanto dicha condenatoria se erige en garantía de que lo adeudado podrá ser honrado por la Administración –de oficio o a gestión de parte- con la debida actualización o indexación que corresponda fijar en el ámbito de la legalidad ordinaria, en el respectivo proceso de ejecución de la sentencia constitucional estimatoria. Es por esta razón, que en el caso bajo estudio sí resulta procedente la condenatoria en costas, daños y perjuicios.
VII.- Razones diferentes de la Magistrada Hernández López sobre las consecuencias económicas derivadas de declarar con lugar este recurso. Coincido con la mayoría de la Sala en la decisión tomada respecto de la existencia de una lesión a los derechos fundamentales en este caso, la cual ha sido corregida con ocasión de la intervención de la Sala.
No obstante, sostengo una posición particular en relación con el tema de las consecuencias económicas de esta sentencia, y es la siguiente: La jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y hábeas corpus -la jurisdicci ón de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes, enfrentadas por una disputa legal. Su objetivo es brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales de manera que no sean perturbados en su disfrute, o privados de ellos, por actos de quien, de hecho o de derecho, realiza ejercicios concretos de autoridad, capaces de vulnerarlos.
Esa vocación protectora de la jurisdicción constitucional se concreta en un diseño procesal también peculiar, célere y gratuito en donde se impone a la autoridad pública recurrida la simple rendición de “un informe” sobre lo actuado en el caso denunciado (artículos 43, 44, 45 y 46 de la LJC). Así que no se trata técnicamente de un litigio y acorde con ello, se entregan a la Sala Constitucional amplios poderes para orientar el curso del proceso de amparo o de hábeas corpus, tanto respecto de la posibilidad de requerir información a otras autoridades sobre lo sucedido, como respecto del manejo amplio de la prueba que pueda servir para aclarar lo sucedido.
Ese marco procesal, de la jurisdicción de la libertad, donde no existen dos partes antagónicas enfrentadas de modo que lo que gane una lo pierda la otra, impone alejarnos de las soluciones que para estas últimas cuestiones han sido previstos en sistemas procesales como el civil, el contencioso o el laboral, y esto incluye naturalmente -y en lo que nos viene a interesar aquí- la forma de entender las reglas prescritas sobre las consecuencias económicas de tales procesos de amparo y habeas corpus, en caso de que se compruebe una violación a los derechos constitucionales, de manera tal que –ante el reconocimiento de una lesión parte de la Sala, exista una restauración del disfrute de tales derechos y además una efectiva indemnización de los daños y gastos ocasionados, como parte del derecho a una justicia efectiva en cuanto a la reparación de las consecuencias dañosas generadas por las autoridades que resulten infractoras.
En concordancia con lo anterior los artículos 49 y 50 de la Ley, fijan las potestades de la Sala para que –en caso de que se acoja el amparo- se pueda lograr el efectivo restablecimiento del disfrute de los derechos fundamentales afectados o bien –en los casos extremos de imposibilidad de restablecimiento- la prevención de que no se vuelva a incurrir en los actos lesivos. Y es por eso que, en esa línea, el artículo 51 de ley establece que: “(a)demás de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso…”.
Esta es la regla general con la que se debe operar en el ámbito indemnizatorio, cuando la Sala ha tenido como comprobado el agravio en su decisión, y que se ampara en el concepto antes citado de una tutela efectiva de los derechos de las personas y en la noción de que la administración debe hacerse responsable por los daños y gastos que ocasione con su actuar inconstitucional. Las dudas que han surgido tienen como base la disposición del artículo 51 de la ley que, en apariencia, contiene una excepción al sistema general recién descrito; sin embargo, una lectura apegada al texto legal, y bajo el prisma de la especialidad de la jurisdicción constitucional apuntan a la inexistencia de tal excepción; en efecto, el artículo citado recoge un caso distinto, en donde el Tribunal Constitucional no ha alcanzado una convicción sobre la existencia de alguna lesión, como se expresa claramente cuando se dice que: “si estando en curso el amparo, se dictare resolución administrativa o judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas si fueren procedentes.”
La mención de una “resolución administrativa o judicial” debe llevarnos a entender que: a) se trata, por una parte, de situaciones en donde una autoridad distinta de la autora del agravio, interviene en el caso para revertir los efectos jurídicos de la actuación discutida; y b), que tal intervención se realiza previamente a que la Sala conozca el fondo del asunto y, por tanto, no se emitirá en el proceso una valoración de fondo de los elementos de convicción existentes. Simplemente, la Sala constataría en tal caso la existencia de la citada resolución (administrativa o judicial emitida por una autoridad diferente de la autora del agravio) y declararía con lugar el recurso, no por hallar de hecho alguna violación sino por mero imperativo legal y valorando apropiadamente la oportunidad de una condenatoria en daños perjuicios y costas.
Esta es la solución interpretativa que resulta más coherente con el art ículo 50 de la Ley, en donde sí se regula de forma expresa el caso en que la Sala -al momento de valorar el caso y dictar sentencia- se encuentra con que ya han “cesado los efectos del acto impugnado”, situación que –para poder distinguirla cabalmente del caso del art ículo 52 de la LJC- debe entenderse que alude al supuesto de que la propia autoridad recurrida es quien ha hecho cesar los efectos del acto impugnado.
En este supuesto, tal y como lo ordenan los numerales 50 y 51 de la LJC, el recurso debe acogerse, disponiendo a la vez la condenatoria en daños, perjuicios y costas. En este caso, puede afirmarse que la Sala ha valorado los elementos de juicio existentes y concluido la existencia de una lesión a derechos fundamentales, cuyos efectos nocivos han cesado al momento del pronunciamiento por la intervención de la autoridad recurrida, de modo que lo procedente es aplicar la doctrina de los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, excluyendo lo dispuesto en el artículo 52 por no corresponder su presupuesto de hecho al que se presenta en este proceso.
VIII.- Razones diferentes del Magistrado Salazar Alvarado, en relación con la condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida. Coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, pero difiero en cuanto a las razones que aduce la mayoría del Tribunal para condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada. La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el art ículo 52, dispone que:
“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que: “...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.
El artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una
condenatoria en costas, da ños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias da ñosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisi ón de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restituci ón en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.
Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que implica una “terminación anormal del proceso”. El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepci ón al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios; no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.
En mi criterio, tal excepci ón se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios.
IX.- Razones diferentes de la Magistrada Garro Vargas. En términos generales, cuando la Sala por mayoría declara con lugar un recurso de amparo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, al tenor del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), he salvado parcialmente mi voto. Lo anterior, porque el artículo 52 de la LJC dice:
“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas. Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de car ácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso – para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.
Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prev é la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido. En síntesis, mi posición es que en los recursos de amparo declarados con lugar de conformidad con el artículo 52 de la LJC procede siempre la condenatoria en abstracto de los daños y perjuicios. En lo que respecta a las costas, la misma norma faculta a la Sala a determinar –cuando lo considere justo- la procedencia de las mismas.
En consecuencia, concurro con la parte dispositiva de esta sentencia, al declarar con lugar el recurso de amparo por la condenatoria en daños y perjuicios, y en atención a las características del presente asunto estimo que también corresponde la condenatoria en costas.
X. DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a la parte recurrente que de haber aportado algún documentos en papel, as í como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificaci ón de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente para efectos indemnizatorios por la falta de pago con respecto al preaviso. Se condena al Instituto de Desarrollo Rural al pago de las costas, da ños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. La Magistrada Hernández López da razones diferentes en relación con la condenatoria en daños, perjuicios y costas de conformidad con los artículos 50, 51 y 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El Magistrado Salazar Alvarado da razones diferentes en relación con la condenatoria en costas, daños y perjuicios. La Magistrada Garro Vargas da razones diferentes. En lo demás se desestima el recurso. Notifíquese.

Fernando Castillo V.
Presidente
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Alicia Salas T.
Alejandro Delgado F.

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