Sentencia Nº 2021002021 de Sala Constitucional, 02-02-2021

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha02 Febrero 2021
Número de expediente21-000145-0007-CO
Número de sentencia2021002021

*210001450007CO*

Exp: 21-000145-0007-CO

Res. Nº 2021002021


SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas uno minutos del dos de febrero de dos mil veintiuno .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 21-000145-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS).
Resultando

  1. Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 05 de enero de 2021, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la CCSS y manifiesta que el 16 de noviembre de 2018 en la Clínica Solón Núñez se le realizó un electrocardiograma y se le detectaron unas "palpitaciones" (arritmias cardiacas), por lo que se le refirió al Hospital San Juan de Dios para un ecocardiograma y una prueba de esfuerzo. El 5 de junio de 2019 tuvo cita en el Servicio de Cardiología con el Dr. Juan Andrés Clinton Hidalgo, pero ese día solo se le informaron las fechas para los exámenes solicitados, sea finales de febrero para el ecocardiograma, el 3 de marzo para prueba de esfuerzo y el 26 de marzo para la cita de control, todos de 2020. Al final del mes de febrero del año pasado se le hizo el ecocardiograma, adelantándosele que tiene un aneurisma cardíaco sin complicaciones, por lo que no tiene que operarse, pero sí someterse a control. Días antes de la cita de control para conocer los resultados de los exámenes, recibió una llamada del hospital recurrido en la que se le suspendió la cita de 26 de marzo de 2020, por motivo de la pandemia por Covid-19, sin reprogramarla, ni comunicarle el resultado de los exámenes, ni el tratamiento ni las recomendaciones a seguir. Asustada por su condición meses después ingresó al sitio web de la CCSS y se enteró que la cita le había sido reprogramada para el 11 de noviembre siguiente. No obstante, el 8 de noviembre del año pasado recibió una llamada del Dr. Clinton Hidalgo, quien le comunicó que su cita había sido nuevamente reprogramada, sin agregar nada sobre los resultados ni el tratamiento. El 11 de noviembre de 2020 se presentó a la cita; no obstante, al llegar a la ventanilla se le informó que la cita ya había sido reprogramada para el 13 de octubre de 2021, pese a que en el sitio web continuaba anotada la fecha del 11 de noviembre. Inconforme con lo sucedido presentó una solicitud de revisión en la Jefatura del Servicio de Cardiología para que se evaluara su caso con anterioridad, sin que finalmente se le diera una solución. Reclama que su caso es urgente ya que lleva más de 2 años esperando que se le brinde un diagnóstico completo de la enfermedad que tiene, así como el tratamiento o procedimiento a seguir ante una condición tan seria como un aneurisma. Agrega que tal situación ha afectado su salud mental ya que teme sufrir alguna consecuencia en cualquier momento, lo que le ha llevado a modificar su vida normal. Acusa que el plazo que ha esperado para recibir la atención que requiere es desproporcionado, irrazonable y violatoria de sus derechos fundamentales a la salud y a una vida digna. Solicita que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley.
  2. Informa bajo juramento Jorge Arauz Chavarría, en su condición de Jefe del Servicio de Cardiología del Hospital San Juan de Dios, que “paciente deportista portadora de aneurisma del septrum interauricular sin evidencia de paso de burbujas, según ecocardiograma realizado en febrero de 2020, se le realizó prueba de esfuerzo en marzo del 2020 la cual fue normal y se concluye que la paciente no tiene ningún impedimento para realizar deporte, siendo esto un hallazgo incidental que no tiene ni tendrá repercusión alguna para realizar labores y ejercicio de competición. Se citará al paciente el día jueves 14 de enero de 2021 a las 10:00 am en la jefatura de Cardiología con el Jefe del Servicio, para explicarle y aclararle sus dudas respecto a los hallazgos ecocardiográficos”. Solicita se declare sin lugar el recurso.

  3. Informa bajo juramento Ileana Balmaceda Arias, en su condición de Directora General del Hospital San Juan de Dios, que los hechos no son de su conocimiento.

  4. Mediante resolución de las 09:45 horas del 18 de enero de 2021, la Magistrada Instructora solicitó como prueba para mejor resolver al Hospital San Juan de Dios, lo siguiente: “señale si la paciente [Nombre 002] fue atendida el 14 de enero de 2021 y, de habérsele valorado, deberá indicar cuál fue el resultado de dicha cita”.

  5. Informa bajo juramento Jorge Arauz Chavarría, en su condición de Jefe del Servicio de Cardiología del Hospital San Juan de Dios, que se valoró a la paciente el 14 de enero de 2021 en la Jefatura. A la recurrente se le explicó los hallazgos ecocardiográficos y que no tiene ningún impedimento para realizar deporte, siendo eso un hallazgo incidental que no tiene ni tendrá repercusiones para realizar labores y ejercicio de competición. Sostiene que la paciente señaló comprender la naturaleza de su patología y se dejó cita de control a cupo en el Servicio de Cardiología para una valoración posterior.

  6. En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,

Considerando:

  1. Objeto del recurso. La recurrente reclama la vulneración a sus derechos fundamentales, pues acusa que el 16 de noviembre de 2018 en la Clínica Solón Núñez se le realizó un electrocardiograma y se le detectaron unas "palpitaciones" (arritmias cardiacas), por lo que se le refirió al Hospital San Juan de Dios para un ecocardiograma y una prueba de esfuerzo. El 5 de junio de 2019 tuvo cita en el Servicio de Cardiología con el Dr. Juan Andrés Clinton Hidalgo, pero ese día solo se le informaron las fechas para los exámenes solicitados, sea finales de febrero para el ecocardiograma, el 3 de marzo para prueba de esfuerzo y el 26 de marzo para la cita de control, todos de 2020. Al final del mes de febrero del año pasado se le hizo el ecocardiograma, adelantándosele que tiene un aneurisma cardíaco sin complicaciones, por lo que no tiene que operarse, pero sí someterse a control. Días antes de la cita de control para conocer los resultados de los exámenes, recibió una llamada del hospital recurrido en la que se le suspendió la cita de 26 de marzo de 2020, por motivo de la pandemia por Covid-19, sin reprogramarla, ni comunicarle el resultado de los exámenes, ni el tratamiento ni las recomendaciones a seguir. Asustada por su condición meses después ingresó al sitio web de la CCSS y se enteró que la cita le había sido reprogramada para el 11 de noviembre siguiente. No obstante, el 8 de noviembre del año pasado recibió una llamada del Dr. Clinton Hidalgo, quien le comunicó que su cita había sido nuevamente reprogramada, sin agregar nada sobre los resultados ni el tratamiento. El 11 de noviembre de 2020 se presentó a la cita; no obstante, al llegar a la ventanilla se le informó que la cita ya había sido reprogramada para el 13 de octubre de 2021, pese a que en el sitio web continuaba anotada la fecha del 11 de noviembre. Inconforme con lo sucedido presentó una solicitud de revisión en la Jefatura del Servicio de Cardiología para que se evaluara su caso con anterioridad, sin que finalmente se le diera una solución. Reclama que su caso es urgente ya que lleva más de 2 años esperando que se le brinde un diagnóstico completo de la enfermedad que tiene, así como el tratamiento o procedimiento a seguir ante una condición tan seria como un aneurisma.
  2. Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la parte recurrida haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

    1. La recurrente es paciente del Hospital San Juan de Dios y de la Clínica Solón Núñez (hecho no controvertido).

    2. La paciente es portadora de aneurisma del septrum interauricular sin evidencia de paso de burbujas (véase el informe del Servicio de Cardiología del Hospital San Juan de Dios).

    3. En febrero de 2020, a la paciente se le realizó un ecocardiograma en el Hospital San Juan de Dios (véase el informe del Servicio de Cardiología del Hospital San Juan de Dios).

    4. El 26 de marzo de 2020, la recurrente tenía programada una cita en el Servicio de Cardiología, sin embargo, fue suspendida por la pandemia por COVID-19 (véase el informe del Servicio de Cardiología del Hospital San Juan de Dios).

    5. La cita fue reprogramada para el 11 de noviembre de 2020, sin embargo, la misma no se realizó. Ante ello, se le expidió una nueva cita para el 13 de octubre de 2021 (véase el informe del Servicio de Cardiología del Hospital San Juan de Dios).

    6. Con ocasión de la notificación de este recurso de amparo, a la recurrente se le programó una nueva cita para el 14 de enero de 2021 (véase el informe del Servicio de Cardiología del Hospital San Juan de Dios).

    7. El 14 de enero de 2021, la recurrente fue valorada en el Servicio de Cardiología del Hospital San Juan de Dios, en el que se explicó “los hallazgos ecocardiográficos no tiene ningún impedimento para realizar deporte, siendo esto un hallazgo incidental que no tiene ni tendrá repercusión alguna para realizar labores y ejercicio de competición” (véase el informe del Servicio de Cardiología del Hospital San Juan de Dios).

  1. Sobre el caso concreto. Después de haber analizado los informes y las pruebas aportadas por las partes, esta Sala verifica la vulneración a los derechos fundamentales de la parte recurrente, por las razones que a continuación serán expuestas. Se ha tenido por demostrado que la accionante es paciente del Hospital San Juan de Dios y de la Clínica Solón Núñez. Se constató que la paciente es portadora de aneurisma del septrum interauricular sin evidencia de paso de burbujas. Se comprueba que en febrero de 2020, a la paciente se le realizó un ecocardiograma en el Hospital San Juan de Dios y que tenía programada para el 26 de marzo de 2020 una cita en el Servicio de Cardiología, sin embargo, fue suspendida por la pandemia por COVID-19. La cita fue reprogramada para el 11 de noviembre de 2020, sin embargo, la misma no se realizó. Ante ello, se le expidió una nueva cita para el 13 de octubre de 2021. Adviértase que si bien la suspensión de las citas a raíz de la pandemia por COVID-19 no implica per se la estimación del recurso, lo cierto es que para el caso en concreto debe tenerse en cuenta que ya a la paciente se le había suspendido en dos ocasiones la cita de valoración en el Servicio de Cardiología. Observa esta Sala que la fecha de reprogramación para el 13 de octubre de 2021 es un plazo desproporcionado que no garantiza la atención médica oportuna que tiene derecho la paciente. No obstante, pese a lo anterior, se desprende que con ocasión de la notificación de este recurso de amparo, a la recurrente se le programó una nueva cita para el 14 de enero de 2021, la cual se realizó y se le explicaron “los hallazgos ecocardiográficos no tiene ningún impedimento para realizar deporte, siendo esto un hallazgo incidental que no tiene ni tendrá repercusión alguna para realizar labores y ejercicio de competición”. En consecuencia, al verificarse que a la paciente se le prestó la atención médica especializada que requería -con ocasión de la notificación del auto de curso de este proceso de amparo-, procede declarar con lugar el recurso al tenor del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
  2. SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes . Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes ”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia” , donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.
  3. NOTA DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. El tema de los recursos de amparo relacionados con el derecho a la salud y, sobre todo, el de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social son agravios que se ha tornado recurrentes en esta Sala Constitucional. Este tipo de procesos han venido en un aumento exponencial, los cuales se evidencian mediante los números que se lleva en la estadística de este Tribunal:

Cantidad de expedientes de salud ingresados a la Sala Constitucional:
AÑO
CANTIDAD EN SALUD
2012
1745
2013
1891
2014
2710
2015
3725
2016
4865
2017
5682
2018
6932
2019
7623
2020 (*)
2780
(*) Asuntos ingresados del 01 de enero al 31 de mayo de 2020.
Del cuadro anterior se infiere que, desde el año 2012 a la fecha, ha habido un aumento constante en la cantidad de asuntos por violación al derecho a la salud que han ingresado a la jurisdicción constitucional. De esos asuntos, buena cantidad corresponde a listas de espera. A propósito de lo anterior, este Tribunal en la sentencia No. 2019-5560 de las 09:30 horas del 29 de marzo de 2019, declaró la vulneración sistemática y reiterada por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social al derecho a la salud de las personas aseguradas, específicamente, en virtud del estado de las listas de espera. Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal ordenó la elaboración, en el plazo de seis meses, de un sistema de gestión integrado para solventar los problemas de lista de espera e incorporar soluciones a las causas estructurales reconocidas por la propia Caja Costarricense de Seguro Social en su informe rendido en el expediente 18-14499-0007-CO; entre otras, ausencia de infraestructura adecuada, aumento poblacional, las consideraciones epidemiológicas, ausencia de un sistema adecuado para cubrir la falta de médicos especialistas, necesidades de equipamiento y demanda en aumento del primer nivel de atención, así como el ausentismo de pacientes a citas en diversos centros médicos de la institución recurrida. En el citado proyecto de sistema de gestión integrado, deberán definirse los plazos de espera razonables por patología o grupos relacionados de diagnóstico de acuerdo con la sintomatología, el nivel de urgencia y las condiciones del paciente, así como los criterios objetivos para precisar la inclusión y ubicación de un paciente en las listas de espera. Aunado a ello, el proyecto de sistema de gestión integrado deberá tomar en cuenta las particularidades de las poblaciones en estado de vulnerabilidad (personas adultas mayores, indígenas, personas en condición de pobreza, madres, niños, niñas y adolescentes, privados de libertad, entre otros) y orientarse bajo los principios constitucionales del servicio público: eficiencia, eficacia, razonabilidad, disponibilidad, accesibilidad y universalidad. Es decir, con la citada sentencia se pretende que la Caja Costarricense de Seguro Social –de conformidad con sus competencias constitucionales y legales- tome las medidas para poner fin a la vulneración sistemática y reiterada al derecho a la salud de las personas que acuden a esa institución a recibir atención médica. Aunado a ello, en aras de dar un seguimiento del cumplimiento de esta sentencia, la Sala Constitucional convocó a una audiencia oral y pública para el 14 de noviembre de 2019. Asimismo, se le ordenó a la Defensoría de los Habitantes que deberá coadyuvar con el seguimiento de la ejecución de esta resolución. Así las cosas, esta intervención promueve la obligación de la Caja Costarricense de disponer de acciones que reduzcan la problemática y que evite que los ciudadanos tengan que recurrir ante la Sala Constitucional para poder ver satisfecho su derecho a la salud.
  1. Voto salvado parcial del Magistrado Salazar Alvarado, únicamente en relación con la no condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida.

Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.
La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.
En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.
Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una“terminación anormal del proceso”.
El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.
En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.
  1. VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.
  1. Documentación aportada al expediente. Debe prevenir esta Sala a la parte recurrente que de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
De conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El Magistrado Rueda Leal pone nota. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y ordena también la condenatoria en daños, perjuicios y costas a la parte recurrida. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas. Notifíquese.











Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ileana Sánchez N.



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