Sentencia Nº 2021002869 de Sala Constitucional, 12-02-2021

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia2021002869
Número de expediente21-001619-0007-CO
Fecha12 Febrero 2021

*210016190007CO*

Exp: 21-001619-0007-CO

Res. Nº 2021002869


SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del doce de febrero de dos mil veintiuno .

Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001] , cédula de identidad [Valor 001] , contra la UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL REYNALDO VILLALOBOS ZÚÑIGA Y LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Resultando:

1.- Por escrito agregado a este expediente el 28 de enero del 2021, el recurrente alegó, en resumen, que se encuentra privado de liberad en la Unidad de Atención Integral Reynaldo Villalobos Zúñiga. Indica que se le realizó un tratamiento para la extracción de sus piezas, con la finalidad de colocarle un implante dental. Indica que tenía programada para el mes de mayo de 2019 una cita en el Servicio de Odontología del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia para la confección de las prótesis dentales que requiere. Comenta que no pudo acudir a esa cita, debido que no fue trasladado al centro médico. Menciona que se reprogramó la cita con el especialista para el 6 de junio de 2019 y 13 de mayo de 2020, pero en esas ocasiones las autoridades del centro penal recurrido no lo trasladaron al hospital para su atención y desconoce las razones por las que no lo llevaron a las citas. Sostiene que a la fecha de interposición de este recurso, desconoce si tiene alguna cita pendiente en el nosocomio recurrido, dado que en el área médica del centro penal se le indicó que no aparece en la "pantalla" ninguna cita. Además, reclama que debido a la pandemia por la enfermedad de COVID-19 solo están atendiendo casos de emergencia, lo que estima arbitrario y lesivo a sus derechos. Afirma que al no contar con la prótesis dental que requiere, no puede alimentarse de forma debida y lo cual le provocó pérdida de peso, así como, deterioró su autoestima.

2.- Por resolución de las 13:11 horas del 28 de enero del 2021, se le dio curso al proceso, lo que se notificó a las autoridades recurridas el 28 de enero de 2021 al centro penal recurrido y el 29 de enero de 2021 al hospital recurrido.

3.- Informa bajo juramento Diana Vargas Jiménez, Directora de la Unidad de Atención Integral Reynaldo Villalobos Zúñiga, que según expediente médico del recurrente, el mismo ha sido atendido en el área médica del centro penal por diversas patologías, y cuenta con la próxima cita para el 02 de febrero de 2021, se documentó con buen estado general de salud, cardipulmonar y estable neurológicamente, el recurrente no fue llevado a la consulta médica en el servicio de odontología programada en el hospital recurrido el día 08 de julio de 2020, por cuanto dicho nosocomio mediante llamada telefónica al centro penal recurrido suspendió la cita, el día 06 de enero de 2021, fue atendido por el Servicio de Odontología del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro y se encuentra a la espera de que sea reprogramada la cita en el citado hospital para continuar con su tratamiento.

4.- Informa bajo juramento Taciano Lemos Pires, director general, y Julia León Wong, jefe a. i. Servicio de Odontología, ambos funcionarios del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia que el recurrente ha sido atendido en el servicio de odontología desde 29 mayo 2019, Anamnesis, Odontograma, se sondea bolsas periodontales por lo que se refiere a periodoncia. Control radiológico, pérdida ósea moderada. El 06 junio 2019: Valoración periodontal, plan de tratamiento, 02 octubre 2019: Doble colgajo 1.5 a 1.5. 13 enero 2020: Doble colgajo 2.2 al 2.4. 07 abril 2020: Se reprograma cita de cirugía periodontal debido a Emergencia Nacional 08 Julio 2020: Se reprograma cita de cirugía debido a la emergencia nacional SARSCOV2, Se procedió a la revisión del expediente clínico, en donde se constata que el usuario únicamente ha venido con cita a la especialidad de periodoncia y de acuerdo al plan de tratamiento se le han realizado dos cirugías periodontales y quedan tres pendientes por realizar, para que lo den de alta en periodoncia y requisito para que los usuarios tengan su condición buco-dental en condiciones óptimas, para proceder con la confección de las prótesis dentales, se llamó a la Clínica de la Reforma no se reprogramó cita, solo se canceló. No se contempla la colocación de implantes dentales. Se le asignó cita para el 31 de marzo 2021 a las 9:00 a.m. con el Dr. Meza Barrantes.

5.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Sánchez Navarro; y,

Considerando:

I.- OBJETO. Señala el recurrente, que se encuentra privado de libertad en la Unidad de Atención Integral Reynaldo Villalobos Zúñiga. Indica que se le realizó un tratamiento para la extracción de sus piezas, con la finalidad de colocarle un implante dental. Indica que tenía programada para el mes de mayo de 2019, una cita en el Servicio de Odontología del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia para la confección de las prótesis dentales que requiere. Comenta que no pudo acudir a esa cita, debido que no fue trasladado al centro médico. Menciona que se reprogramó la cita con el especialista para el 6 de junio de 2019 y 13 de mayo de 2020, pero en esas ocasiones las autoridades del centro penal recurrido no lo trasladaron al hospital para su atención y desconoce las razones por las que no lo llevaron a las citas. Sostiene que, a la fecha de interposición de este recurso, desconoce si tiene alguna cita pendiente en el nosocomio recurrido, dado que en el área médica del centro penal se le indicó que no aparece en la "pantalla" ninguna cita. Además, reclama que debido a la pandemia por la enfermedad de COVID-19 solo están atendiendo casos de emergencia, lo que estima arbitrario y lesivo a sus derechos. Afirma que al no contar con la prótesis dental que requiere, no puede alimentarse de forma debida y lo cual le provocó pérdida de peso, así como, deterioró su autoestima.

II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

  1. El recurrente, -persona privada de libertad en la Unidad de Atención Integral Reynaldo Villalobos Zúñiga-, es paciente del servicio de odontología del hospital recurrido desde 29 mayo 2019, con la siguiente valoración: “Anamnesis, Odontograma, se sondea bolsas periodontales por lo que se refiere a periodoncia. Control radiológico, pérdida ósea moderada. El 06 junio 2019: Valoración periodontal, plan de tratamiento, 02 octubre 2019: Doble colgajo 1.5 a 1.5. 13 enero 2020: Doble colgajo 2.2 al 2.4. 07 abril 2020: (ver registro electrónico).

  2. El 07 de abril de 2020, al recurrente se le reprogramó cita de cirugía periodontal debido a Emergencia Nacional para el 08 julio 2020, la cual posteriormente fue cancelada por el hospital recurrido debido a la emergencia nacional SARSCOV2 (ver registro electrónico).

  3. Según revisión del expediente clínico, se constata que el recurrente únicamente ha sido atendido en la especialidad de periodoncia del hospital recurrido y de acuerdo al plan de tratamiento se le han realizado dos cirugías periodontales y quedan tres pendientes por realizar, para que lo den de alta en periodoncia el cual es requisito para que proceder con la confección de las prótesis dentales. No se contempla la colocación de implantes dentales. Se le asignó cita para el 31 de marzo 2021 a las 9:00 a.m. con el Dr. Meza Barrantes (ver registro electrónico).

  4. El recurrente ha sido atendido en el área médica del centro penal por diversas patologías, y cuenta con la próxima cita para el 02 de febrero de 2021, se documentó con buen estado general de salud, cardipulmonar y estable neurológicamente, el recurrente no fue llevado a la consulta médica en el servicio de odontología programada en el hospital recurrido el día 08 de julio de 2020, por cuanto dicho nosocomio mediante llamada telefónica al centro penal recurrido suspendió la cita, el día 06 de enero de 2021, fue atendido por el Servicio de Odontología del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro y se encuentra a la espera de que sea reprogramada la cita en el citado hospital para continuar con su tratamiento (ver registro electrónico).

  5. Por resolución de las 13:11 horas del 28 de enero del 2021, se le dio curso al proceso, lo que se notificó a las autoridades recurridas el 28 de enero de 2021, al centro penal recurrido y el 29 de enero de 2021 al hospital recurrido (ver registro electrónico).

III.- SOBRE EL FONDO. Sobre el particular, la Sala advierte que aun no siendo urgente la intervención, el examen, procedimiento o atención que se indica a los pacientes, y con mayor razón en las que sí lo son, someterlos a la indefinición de una fecha certera para la valoración de sus padecimientos o a un plazo desproporcionado, resulta contrario no solamente a los principios de eficiencia, eficacia, celeridad, oportunidad y conveniencia que deben regir la prestación de los servicios de salud, sino también impone circunstancias agravantes que ciertamente inciden en su calidad de vida, pues la indefinición de fechas o programaciones de cirugía, exámenes, procedimientos o valoraciones, genera un estado de pendencia constante sobre el momento en que los mismos podrían ser realizados, así como cuestionamientos sobre su oportunidad para el abordaje de la patología que presente el paciente. Para el caso particular, esta Sala constata que el recurrente, -persona privada de libertad-, es paciente del servicio de odontología del hospital recurrido desde 29 mayo 2019, con la siguiente valoración: “Anamnesis, Odontograma, se sondea bolsas periodontales por lo que se refiere a periodoncia. Control radiológico, pérdida ósea moderada. El 06 junio 2019: Valoración periodontal, plan de tratamiento, 02 octubre 2019: Doble colgajo 1.5 a 1.5. 13 enero 2020: Doble colgajo 2.2 al 2.4. 07 abril 2020”. El 07 de abril de 2020, al recurrente se le reprogramó cita de cirugía periodontal -debido a la Emergencia Nacional-, para el 08 julio 2020, la cual posteriormente fue cancelada por el hospital recurrido debido a la emergencia nacional SARSCOV2. Según revisión del expediente clínico, se constata que el recurrente únicamente fue atendido con cita a la especialidad de periodoncia y de acuerdo al plan de tratamiento se le han realizado dos cirugías periodontales y quedan tres pendientes por realizar, para que lo den de alta en periodoncia el cual es requisito para que pueda proceder con la confección de las prótesis dental, el hospital recurrido señaló no se contempla la colocación de implantes dentales, pero se le asignó cita para el 31 de marzo 2021 a las 9:00 a.m. con el Dr. Meza Barrantes. Razón por la cual en relación con las actuaciones del hospital recurrido se declara con lugar el recurso, dado que se constata que fue sino con ocasión de la resolución que dio curso al presente amparo que se le reprogramó cita al recurrente. En relación con la atención brindada por el centro penal recurrido se tiene que el mismo ha sido atendido en el área médica del centro penal por diversas patologías, y cuenta con la próxima cita para el 02 de febrero de 2021, se documentó con buen estado general de salud, cardipulmonar y estable neurológicamente, el recurrente no fue llevado a la consulta médica en el servicio de odontología programada en el hospital recurrido el día 08 de julio de 2020, por cuanto dicho nosocomio mediante llamada telefónica al centro penal recurrido suspendió la cita, no obstante, el día 06 de enero de 2021, fue atendido por el Servicio de Odontología del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro y se encuentra a la espera de que sea reprogramada la cita en el citado hospital para continuar con su tratamiento, razón por la cual en cuanto a las actuaciones del centro penal recurrido se declara sin lugar el recurso, pues se constata que se le ha brindado la atención requerida e incluso fue atendido en odontología de otro centro penal. Con base en las consideraciones anteriores, procede acoger el recurso únicamente en relación con la atención brindada por el hospital recurrido, para que se procure al paciente, privado de libertad, la continuidad en el tratamiento que requiere en el servicio de odontología; y este sea atendido en la fecha señalada por dicho nosocomio, en garantía de su derecho a la salud.

IV.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine , de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes . Se subraya que la Ley indica “ si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “ toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia” , donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr . artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

V.-NOTA DE LOS MAGISTRADOS CASTILLO VÍQUEZ, ARAYA GARCÍA Y DE LA MAGISTRADA SÁNCHEZ NAVARRO, CON REDACCIÓN DEL PRIMERO. Si bien no condenamos en daños y perjuicios y costas cuando se da el supuesto del artículo 52, párrafo primero, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, toda vez que esto solo es posible cuando fuere procedente, bajo una mejor ponderación, cuando se trata de privados de libertad, y dada su condición de vulnerabilidad en que se encuentran, consideramos que en estos casos sí se debe proceder a condenar a la entidad responsable de la vulneración del derecho fundamental en los extremos supra citados.

VI.- NOTA DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. El tema de los recursos de amparo relacionados con el derecho a la salud y, sobre todo, el de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social son agravios que se ha tornado recurrentes en esta Sala Constitucional. Este tipo de procesos han venido en un aumento exponencial, los cuales se evidencian mediante los números que se lleva en la estadística de este Tribunal:

Cantidad de expedientes de salud ingresados a la Sala Constitucional:

AÑO
CANTIDAD EN SALUD
2012
1745
2013
1891
2014
2710
2015
3725
2016
4865
2017
5682
2018
6932
2019
7623
2020 (*)
2780

(*) Asuntos ingresados del 01 de enero al 31 de mayo de 2020.

Del cuadro anterior se infiere que, desde el año 2012 a la fecha, ha habido un aumento constante en la cantidad de asuntos por violación al derecho a la salud que han ingresado a la jurisdicción constitucional. De esos asuntos, buena cantidad corresponde a listas de espera. A propósito de lo anterior, este Tribunal en la sentencia No. 2019-5560 de las 09:30 horas del 29 de marzo de 2019, declaró la vulneración sistemática y reiterada por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social al derecho a la salud de las personas aseguradas, específicamente, en virtud del estado de las listas de espera. Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal ordenó la elaboración, en el plazo de seis meses, de un sistema de gestión integrado para solventar los problemas de lista de espera e incorporar soluciones a las causas estructurales reconocidas por la propia Caja Costarricense de Seguro Social en su informe rendido en el expediente 18-14499-0007-CO; entre otras, ausencia de infraestructura adecuada, aumento poblacional, las consideraciones epidemiológicas, ausencia de un sistema adecuado para cubrir la falta de médicos especialistas, necesidades de equipamiento y demanda en aumento del primer nivel de atención, así como el ausentismo de pacientes a citas en diversos centros médicos de la institución recurrida. En el citado proyecto de sistema de gestión integrado, deberán definirse los plazos de espera razonables por patología o grupos relacionados de diagnóstico de acuerdo con la sintomatología, el nivel de urgencia y las condiciones del paciente, así como los criterios objetivos para precisar la inclusión y ubicación de un paciente en las listas de espera. Aunado a ello, el proyecto de sistema de gestión integrado deberá tomar en cuenta las particularidades de las poblaciones en estado de vulnerabilidad (personas adultas mayores, indígenas, personas en condición de pobreza, madres, niños, niñas y adolescentes, privados de libertad, entre otros) y orientarse bajo los principios constitucionales del servicio público: eficiencia, eficacia, razonabilidad, disponibilidad, accesibilidad y universalidad. Es decir, con la citada sentencia se pretende que la Caja Costarricense de Seguro Social –de conformidad con sus competencias constitucionales y legales- tome las medidas para poner fin a la vulneración sistemática y reiterada al derecho a la salud de las personas que acuden a esa institución a recibir atención médica. Aunado a ello, en aras de dar un seguimiento del cumplimiento de esta sentencia, la Sala Constitucional convocó a una audiencia oral y pública para el 14 de noviembre de 2019. Asimismo, se le ordenó a la Defensoría de los Habitantes que deberá coadyuvar con el seguimiento de la ejecución de esta resolución. Así las cosas, esta intervención promueve la obligación de la Caja Costarricense de disponer de acciones que reduzcan la problemática y que evite que los ciudadanos tengan que recurrir ante la Sala Constitucional para poder ver satisfecho su derecho a la salud.

VII.-NOTA DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL: Advierto que en este recurso no salvo el voto como ordinariamente lo hago y remito el asunto al Juez de Ejecución de la Pena, dado que el amparo está relacionado con aspectos de salud que según aduce la parte amparada le afectan, lo que es una excepción para mí, dada la relevancia de dicho derecho para la propia existencia del ser humano y cuya resolución debe ser atendida prontamente. Por consiguiente, estimo procedente conocer por el fondo el recurso.

VIII.- RAZONES DIFERENTES DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS. En términos generales, cuando la Sala por mayoría declara con lugar un recurso de amparo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, al tenor del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), he salvado parcialmente mi voto. Lo anterior, porque el artículo 52 de la LJC dice:

“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala:

“Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.

En síntesis, mi posición es que en los recursos de amparo declarados con lugar de conformidad con el artículo 52 de la LJC procede siempre la condenatoria en abstracto de los daños y perjuicios. En lo que respecta a las costas, la misma norma faculta a la Sala a determinar –cuando lo considere justo- la procedencia de las mismas.

En consecuencia, concurro con la parte dispositiva de esta sentencia, al declarar con lugar el recurso de amparo por la condenatoria en daños y perjuicios, y en atención a las características del presente asunto estimo que también corresponde la condenatoria en costas.

IX.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL RESPECTO A LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS, PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Tal como lo he venido considerando anteriormente (véase, verbigracia, sentencias Nos. 2019009616 de las 9:30 horas del 28 de mayo de 2019, 2019011535 de las 10:20 horas del 25 de junio de 2019, 2019013735 de las 9:20 horas del 24 de julio de 2019, 2019014142 de las 9:50 horas del 30 de julio de 2019, 2019017370 de las 9:20 horas del 11 de setiembre de 2019, 2019018433 de las 9:30 horas del 24 de setiembre de 2019, 2019018393 de las 9:30 horas del 24 de setiembre de 2019, 2019025098 de las 10:45 horas del 17 de diciembre de 2019, 2019025386 de las 10:45 horas del 20 de diciembre de 2019 y 2020003230 de las 10:05 horas del 18 de febrero de 2020), estimo que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria del sub lite debe ser sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la referida ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como el sub examine, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, estimo que lo procedente es resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

X.- RAZONES DIFERENTES DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ SOBRE LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DERIVADAS DE DECLARAR CON LUGAR ESTE RECURSO. Coincido con la mayoría de la Sala en la decisión tomada respecto de la existencia de una lesión a los derechos fundamentales en este caso, la cual ha sido corregida con ocasión de la intervención de la Sala. No obstante, sostengo una posición particular en relación con el tema de las consecuencias económicas de esta sentencia, y es la siguiente: La jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y hábeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes, enfrentadas por una disputa legal. Su objetivo es brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales de manera que no sean perturbados en su disfrute, o privados de ellos, por actos de quien, de hecho o de derecho, realiza ejercicios concretos de autoridad, capaces de vulnerarlos. Esa vocación protectora de la jurisdicción constitucional se concreta en un diseño procesal también peculiar, célere y gratuito en donde se impone a la autoridad pública recurrida la simple rendición de “un informe” sobre lo actuado en el caso denunciado (artículos 43, 44, 45 y 46 de la LJC). Así que no se trata técnicamente de un litigio y acorde con ello, se entregan a la Sala Constitucional amplios poderes para orientar el curso del proceso de amparo o de hábeas corpus, tanto respecto de la posibilidad de requerir información a otras autoridades sobre lo sucedido, como respecto del manejo amplio de la prueba que pueda servir para aclarar lo sucedido. Ese marco procesal, de la jurisdicción de la libertad, donde no existen dos partes antagónicas enfrentadas de modo que lo que gane una lo pierda la otra, impone alejarnos de las soluciones que para estas últimas cuestiones han sido previstos en sistemas procesales como el civil, el contencioso o el laboral, y esto incluye naturalmente -y en lo que nos viene a interesar aquí- la forma de entender las reglas prescritas sobre las consecuencias económicas de tales procesos de amparo y habeas corpus, en caso de que se compruebe una violación a los derechos constitucionales, de manera tal que –ante el reconocimiento de una lesión parte de la Sala, exista una restauración del disfrute de tales derechos y además una efectiva indemnización de los daños y gastos ocasionados, como parte del derecho a una justicia efectiva en cuanto a la reparación de las consecuencias dañosas generadas por las autoridades que resulten infractoras. En concordancia con lo anterior los artículos 49 y 50 de la Ley, fijan las potestades de la Sala para que –en caso de que se acoja el amparo- se pueda lograr el efectivo restablecimiento del disfrute de los derecho fundamentales afectados o bien –en los casos extremos de imposibilidad de restablecimiento- la prevención de que no se vuelva a incurrir en los actos lesivos. Y es por eso que, en esa línea, el artículo 51 de ley establece que: “ (a)demás de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso…” . Esta es la regla general con la que se debe operar en el ámbito indemnizatorio, cuando la Sala ha tenido como comprobado el agravio en su decisión, y que se ampara en el concepto antes citado de una tutela efectiva de los derechos de las personas y en la noción de que la administración debe hacerse responsable por los daños y gastos que ocasione con su actuar inconstitucional. Las dudas que han surgido tienen como base la disposición del artículo 51 de la ley que, en apariencia, contiene una excepción al sistema general recién descrito; sin embargo, una lectura apegada al texto legal, y bajo el prisma de la especialidad de la jurisdicción constitucional apuntan a la inexistencia de tal excepción; en efecto, el artículo citado recoge un caso distinto, en donde el Tribunal Constitucional no ha alcanzado una convicción sobre la existencia de alguna lesión, como se expresa claramente cuando se dice que: “si estando en curso el amparo, se dictare resolución administrativa o judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas si fueren procedentes.” La mención de una “resolución administrativa o judicial” debe llevarnos a entender que: a) se trata, por una parte, de situaciones en donde una autoridad distinta de la autora del agravio, interviene en el caso para revertir los efectos jurídicos de la actuación discutida; y b), que tal intervención se realiza previamente a que la Sala conozca el fondo del asunto y, por tanto, no se emitirá en el proceso una valoración de fondo de los elementos de convicción existentes. Simplemente, la Sala constataría en tal caso la existencia de la citada resolución (administrativa o judicial emitida por una autoridad diferente de la autora del agravio) y declararía con lugar el recurso, no por hallar de hecho alguna violación sino por mero imperativo legal y valorando apropiadamente la oportunidad de una condenatoria en daños perjuicios y costas. Esta es la solución interpretativa que resulta más coherente con el artículo 50 de la Ley, en donde sí se regula de forma expresa el caso en que la Sala -al momento de valorar el caso y dictar sentencia- se encuentra con que ya han “cesado los efectos del acto impugnado” , situación que –para poder distinguirla cabalmente del caso del artículo 52 de la LJC- debe entenderse que alude al supuesto de que la propia autoridad recurrida es quien ha hecho cesar los efectos del acto impugnado. En este supuesto, tal y como lo ordenan los numerales 50 y 51 de la LJC, el recurso debe acogerse, disponiendo a la vez la condenatoria en daños, perjuicios y costas. En este caso, puede afirmarse que la Sala ha valorado los elementos de juicio existentes y concluido la existencia de una lesión a derechos fundamentales, cuyos efectos nocivos han cesado al momento del pronunciamiento por la intervención de la autoridad recurrida, de modo que lo procedente es aplicar la doctrina de los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, excluyendo lo dispuesto en el artículo 52 por no corresponder su presupuesto de hecho al que se presenta en este proceso.

XI.- RAZONES DIFERENTES DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, EN RELACIÓN CON LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA. Coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, pero difiero en cuanto a las razones que aduce la mayoría del Tribunal para condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

El artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que implica una “terminación anormal del proceso”.

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios.

XII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a la parte recurrente que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, deberá retirarlos del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el «Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial», aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se ordena a Taciano Lemos Pires, director general, y a Julia León Wong, jefe a. i. Servicio de Odontología, ambos funcionarios del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, o a quienes en su lugar ocupen esos cargos, disponer lo necesario para que se mantenga la cita de control programada en el Servicio de Odontología para el recurrente en fecha 31 de marzo de 2021. Lo anterior de acuerdo con la reorganización del servicio decretada por la emergencia hospitalaria con ocasión de la epidemia de coronavirus (COVID-19). En caso de que no sea posible cumplir con lo anterior, en atención a las razones mencionadas, deberán adoptarse las medidas del caso para que la orden dada sea acatada dentro del plazo otorgado por este pronunciamiento, luego de superada la epidemia de coronavirus, siempre y cuando no exista posibilidad de hacerlo antes. Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Caja Costarricense del Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Los Magistrados Castillo Víquez Araya García y Sánchez Navarro, ponen nota, el Magistrado Rueda Leal, pone notas y salva parcialmente el voto. Las Magistradas Hernández López, Garro Vargas y el Magistrado Salazar Alvarado dan razones diferentes.






Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ileana Sánchez N.



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