Sentencia Nº 2021003336 de Sala Constitucional, 19-02-2021

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia2021003336
Fecha19 Febrero 2021
Número de expediente21-001141-0007-CO

*210011410007CO*

Exp: 21-001141-0007-CO

Res. Nº 2021003336


SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del diecinueve de febrero de dos mil veintiuno .


Recurso de amparo que se tramita en expediente No. 21-001141-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de residencia [Valor 001], a favor de [Nombre 006], contra el PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI).
RESULTANDO:
1.- Por escrito incorporado al Sistema de Gestión en Línea de este Despacho el 20 de enero de 2021, la recurrente interpone recurso de amparo a favor de [Nombre 006] contra el Patronato Nacional de la Infancia. Manifiesta que el 29 de diciembre de 2020, por referencia de informe social del Hospital San Vicente de Paúl se solicitó al PANI el establecimiento de medidas de protección a favor de [Nombre 003], por presunto abuso sexual por parte de su padrastro. Aclara que no supo de tal situación sino hasta el 17 de diciembre del año pasado y a partir de ese momento tomó las acciones necesarias para proteger a la amparada. Producto de la investigación realizada, por resolución emitida por la Oficina Local de Heredia Norte a las 15:16 horas de 5 de enero de 2021 se estableció que su hija es víctima de violencia sexual y violencia intrafamiliar crónica en el ámbito familiar, lo cual ha generado en la niña mecanismos de adaptación social riesgosas y problemas de conducta, que se agravan por la limitación que se identifica en su persona para garantizarle un adecuado cuidado, además de existir pobreza y falta de redes de apoyo adecuadas y dependencia económica y habitacional de su parte hacia el presunto abusador. Por tales razones, se le suspendió temporalmente la guarda, crianza y educación de la niña, y a esta se le reubicó en la ONG Divina Providencia, ubicada en Guápiles, Limón, por un plazo de 6 meses prorrogables o hasta que se recomiende su egreso. Indica que en dicha resolución se le informó que debía coordinar con las encargadas del Área Psicosocial del PANI, quienes coordinarían con la ONG los horarios para ver y llamar a su hija. Contra dicha resolución interpuso recursos de revocatoria y apelación en vía judicial a fin de que no se le separara de la niña, al estimar que los peligros utilizados como fundamento por el PANI no son actuales ni reales. Asimismo, apunta que, en torno a la exigencia del Departamento de Psicología de retirarse de la casa, reclama que no se tuvo en cuenta su verdadera condición económica. Se omitió que ella está a cargo de 4 personas menores de edad (el más pequeño hijo del presunto agresor) y que no los puede dejar sin un techo, y ni siquiera se le remitió al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) hasta que su abogada intervino. Acusa que en la audiencia oral a la que fue citada con ocasión de la investigación, aportó como prueba documental copia del expediente penal No. [Valor 002] y 3 testimonios que dejaron claro que las condiciones que podrían representar vulnerabilidad para la amparada no son actuales y que su persona no tiene vínculo alguno con el imputado, ni dependencia económica suya. Pese a esto, no se me permitió recuperar la guarda, crianza y educación de la niña, ya que por resolución de las 14:00 horas de 14 de enero en curso, se resolvieron los recursos y la Oficina Local de Heredia Norte indicó que se daría al departamento referido 15 días naturales para resolver y que no podía comunicarse por ningún medio con su hija, durante un mes. Anota que, desde la reubicación de [Nombre 005] en Guápiles, ha intentado comunicarse con ella, aunque sea telefónicamente, pero se le han dicho que no es posible por el tema de la COVID-19. Reitera que, en su criterio, los factores de riesgo mencionados no existen en la actualidad y que el único factor de riesgo que debe de ser investigado y que el PANI no revisa ni toma en cuenta para emitir tales resoluciones, es la causa penal seguida contra el presunto agresor. Aduce que por resolución dictada por el Juzgado Penal de Heredia a las 19:08 horas de 22 de diciembre de 2020 en el expediente No. [Valor 003], causa tramitada en la Fiscalía Adjunta de Heredia por el delito de abuso sexual y tentativa de violación-, se establecieron medidas cautelares en perjuicio del encartado que implicaron salida del domicilio conjunto, 13 días antes de que el PANI dictara la resolución de 5 de enero de 2021. Refiere que el presunto agresor mantiene su domicilio a 2 kilómetros de su casa y tiene como medidas “(…) no comunicarse ni acercarse con la ofendida o su núcleo (sic) familiar por ningún (sic) medio, a un kilómetro de distancia (…) ”, por lo cual no existe riesgo alguno de que [Nombre 005] resida con ella y sus hermanos en su vivienda, ya que el imputado no se puede acercar a esta. En cuanto a que ella deba buscar un nuevo domicilio, reitera que no se tomó en consideración que es jefa de hogar con 4 menores a cargo y que le resulta difícil encontrar otra vivienda, sancionándosele tanto ella como a su hija por ser pobres y no poseer casa propia, priorizando lo material en contraposición con la integridad la niña. Estima que las resoluciones emitidas por el PANI carecen de fundamento en relación con la determinación del interés superior del niño, ya que en casos judiciales de menores de edad se debe hacer a partir de la evaluación de los comportamientos parentales específicos y su impacto negativo en el bienestar y desarrollo del niño según el caso, los daños o riesgos reales, probados y no especulativos o imaginarios, en el bienestar del niño, es por esto que no pueden ser admisibles las especulaciones, presunciones, o consideraciones generalizadas, y que estas basten para suspender los atributos de la madre de un menor, como se hizo en su caso, fundamentándose en factores de riesgo que actualmente no existen, además de opiniones subjetivas como su escolaridad o sus ingresos económicos. Finalmente, menciona que a [Nombre 005] se le privó de su libertad, cuando se le mantuvo en el Hospital San Vicente de Paúl, del 18 de diciembre de 2020 al 5 de enero anterior, sin justa causa, únicamente a la espera de qué resolvía el PANI. Estima que los hechos expuestos lesionan sus derechos fundamentales y los de la persona menor amparada. Solicita que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley.
2.- Mediante resolución de las 10:08 horas del 25 de enero de 2021, se dio curso al recurso de amparo y se solicitó informe al Coordinador de la Oficina Local de Heredia Norte del Patronato Nacional de la Infancia.
3.- Mediante escrito de fecha 01 de febrero de 2021, Marcela Ramírez Ulate, Coordinadora a.i. de la Oficina Local Heredia Norte del Patronato Nacional de la Infancia, informa en los siguientes términos: 1. Que esta Oficina Local recibe referencia-Informe del Hospital San Vicente de Paúl el veintinueve de diciembre de dos mil veinte en el que se indicaba en síntesis lo siguiente: Que la persona menor de edad [Nombre 006], quién permanecía internada en dicho centro de salud, persona menor de edad, figuraba como presunta víctima de violencia sexual en el ámbito familiar (por parte de su padrastro) donde además señalaban que se presumía sufrir otros tipos de violencia intrafamiliar de manera crónica. Se indicaba que esa situación había generado en la niña mecanismos de adaptación social riesgosos y problemas de conducta, aspectos agravados por las limitaciones de su progenitora para garantizar el adecuado cuidado señalando que la misma era también víctima de violencia. Se agregaba que no existían redes de apoyo adecuadas a nivel familiar señalando como factores que agudizaban la situación la pobreza y exclusión social, situaciones que según el informe descrito agudizaban la situación de dependencia hacia el presunto agresor con quién la madre había procreado un hijo con él. 2. Que una vez que ingresa la denuncia la misma es asignada a la Licda. Anayancy Guevara Rangel, Trabajadora Social de esta oficina local para la respectiva investigación preliminar o de primera instancia quién emite el Informe Social correspondiente a la investigación de primera instancia con fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno luego de entrevistar a las partes involucradas, recomendando reubicar a la persona menor de edad siendo que la progenitora y su prole habitan desde hace cinco años en una casa ubicada dentro de una finca ambas propiedad del padrastro y supuesto abusador de la niña [Nombre 005] . Se agregaba que si bien es cierto dicho señor había salido aparentemente en forma voluntaria de la casa en que convivía con la madre de la niña, el mismo sigue siendo propietario de la finca y casa donde vive este grupo familiar. Se indica en el informe además que a dicho señor le pusieron un brazalete ante la denuncia penal, vive en San José de la Montaña y según el hermano mayor de [Nombre 005] es visto transitando por toda la comunidad en su vehículo y en compañía de sus hijas adultas, agregó que este señor le pidió a su madre a su hijo menor para llevarlo a la playa por lo que dicho joven no entiende cómo es que tiene tobillera. La madre según el Informe le indicó a la trabajadora social -según ella- que un funcionario judicial le dijo que no podía salir de esa propiedad hasta que le den la orden 3. Que en Informe de investigación preliminar se valora un recurso ofrecido por la progenitora, el hermano mayor de [Nombre 005] quién fue acogido en casa de su novia de quince años para que asumiera a su hermana, recurso que fue descartado en dicho informe por lo siguiente: “La niña no tiene ningún lazo consanguíneo, ni afectivo con esta familia. Son personas totalmente desconocidas para ella. Impresiona que la señora [Nombre 004] tiene muy buenas intenciones, sin embargo, preocupa la presencia en ese hogar, de hombres adultos, los cuales, como ya se mencionó, son desconocidos para la niña. La señora [Nombre 004] estudia en horario nocturno, al igual que el joven Santos, quedando la niña entonces, con 2 hombres adultos y una adolescente de 15 años”. 4. Que una vez emitido el Informe es remitido al Área Legal de la Oficina Local y a las 15:16 horas del 05 de enero de mi se dictó el inicio del proceso especial de protección en sede administrativa y además se dicta la Medida Cautelar de Abrigo Temporal en favor de la niña, egresándola del centro hospitalario en que se encontraba y ubicándola en la ONG Hogar Montiel Divina Providencia ubicado en Guápiles, siendo esta la única alternativa en la que se encontró cupo para la niña. Y señala fecha para audiencia oral. 5. Que dicha resolución fue notificada debidamente a la progenitora el seis de enero de 2021 y a su padre se le notifica vía edicto al desconocer el paradero del mismo, razón por la cual no pudo ser entrevistado tampoco en la investigación preliminar. Resolución en la cual se le reafirma a la progenitora su derecho de relacionarse con su hija, para lo cual se le indica que debía coordinar efectivamente con el Área Psicosocial Área que a su vez debe coordinar con la ONG en cuanto a los horarios. Asimismo, a la progenitora se le aclara que de conformidad con la situación de emergencia en salud que vive el país por el COVID 19 la forma de relacionarse sería a través de llamadas o video llamadas. También se le informa sobre las visitas en la resolución previo donde se le informa la situación de conformidad con la directriz PANI-DPO-OF-0205-2020. 6. Que el día 13 de enero de 2021 se llevó a cabo la audiencia oral señalada y comunicada a las partes debidamente, audiencia en que la madre se apersona con sus testigos y abogada, audiencia llevada a cabo en forma satisfactoria y quedó constancia de ella en folio 79 del expediente administrativo. 7. Que sobre las visitas se le informó en la resolución inicial, además según la ONG pueden empezar esta semana pues consideran que la niña ya cumplió con su proceso de adaptación. Esto por cuanto en la ONG en que se encuentra, como requisito y con la finalidad de que las personas menores allí ingresadas logren pasar por un proceso de adaptación en forma adecuada y sana. no permiten las visitas hasta pasado un mes de haber sido ingresadas. La progenitora fue enterada de dicha situación tanto por profesionales de esta oficina local como por funcionarios de la ONG. 8. Que la progenitora interpuso Recursos de Revocatoria y Apelación en contra de la resolución indicada, el recurso de revocatoria fue resuelto mediante resolución de las rechazándolo ya que dicha resolución no cuenta con tal recurso y la apelación fue admitida, pero se dicta un Previo solicitando al Área Psicosocial realizar en quince días las valoraciones correspondientes para que Presidencia Ejecutiva del PANI cuente con elementos para resolver la apelación. Se dictó previo a elevar el 14 de enero de 2021 y se resolvió recurso revocatorio. 9. Que en la resolución previo se solicita al Área de Trabajo Social proceder a remitir a la señora [Nombre 001] madre de la niña al IMAS, entidad totalmente independiente del PANI y a la que dicha señora tiene acceso y ha accedido contando sus hijos con becas de estudio emitidos por el IMAS, se desconoce si pese a los programas en los que ya están incluidos sus hijos ella puede acceder a otro tipo de ayuda. En todo caso, y pese a que ella misma puede acceder a dicha institución, la misma fue referida al IMAS según Oficio PNAI-OLHN-OF-0030-2021. Referencia que no le garantiza un trato diferenciado a las personas que acceden a dicha instancia por sí solas. 10. Que visto lo anterior, no es cierto que a la madre de la niña se le esté castigando por pobreza, con el proceso se está cumpliendo con el mandato de ley de esta entidad de brindar protección a personas menores de edad que les hayan vulnerado o estén vulnerando sus derechos, en esta situación un presunto abuso sexual y donde se ha valorado gran riesgo de que la niña retome con su madre, pues aunque ella no ha sido la abusadora de su hija, la misma habita en propiedad del presunto abusador lo que hace vulnerable e insegura a la niña, retomar donde fue abusada. Pues pese a que ese presunto abusador cuenta con medidas cautelares emitidas por el Ministerio Público, es conocido que un documento no es suficiente para proteger a una persona, menos una persona menor de edad. Téngase en cuenta, además, que en esa misma casa habita el hermano menor de la niña e hijo de ese presunto abusador. 11. Que es cierto que en la investigación preliminar se descartó lo de la violencia intrafamiliar según el informe de investigación preliminar, pero la niña está siendo protegida del presunto abuso sexual. Solicita se declare sin lugar este recurso, ya que durante la tramitación del proceso en favor de la niña [Nombre 005] se ha cumplido con el debido proceso, se han brindado y respetado los derechos de las partes. En lo que respecta al fondo del proceso, el mismo está aún en trámite recién iniciado y se está elevando el expediente en apelación visto que ya está listo el Informe solicitado al Área Psicosocial.
4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Hernández López; y,

Considerando:

I. - OBJETO DEL RECURSO: La recurrente estima lesionados los derechos fundamentales de la menor amparada. Refiere que, en fecha 29 de diciembre de 2020, por referencia del Hospital San Vicente de Paul, se solicitó al Patronato Nacional de la Infancia, medidas de protección en favor de la menor amparada [Nombre 006] por presunto abuso sexual de su padrastro, lo cual, desencadenó en que, se suspendiera temporalmente de la guarda, crianza y educación de la menor, siento ubicada en la ONG Divina Providencia, en Guápiles, Limón. Acusa que; A- presentó un recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución referida, por cuanto, los factores de riesgo no son actuales y que ella no tiene relación alguna con el presunto agresor y por cuanto en el proceso penal, se dictaron medidas de protección en favor de la menor, que incluyen la salida del domicilio del presunto agresor, no obstante; se mantuvo a la menor amparada en la ONG señalada: B- que desde hace un mes no se le permite tener comunicación con la menor amparada. Solicita la intervención de esta Sala, para que declare con lugar el recurso, que ordene al Patronato Nacional de la Infancia anular su actos y reintegrar a la menor a la recurrente y por último que se condene a la autoridad recurrida, al pago de daños, perjuicios y las costas procesales.

II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

  1. En fecha 29 de diciembre de 2020, la Oficina Local de Heredia Norte del Patronato Nacional de la Infancia, recibió una referencia-Informe del Hospital San Vicente de Paúl, indicando en síntesis, que la persona menor de edad [Nombre 006], quién permanecía internada en dicho centro de salud, persona menor de edad, figuraba como presunta víctima de violencia sexual en el ámbito familiar (por parte de su padrastro) causa tramitada bajo el expediente Penal No. [Valor 003], donde además señalaban que se presumía sufrir otros tipos de violencia intrafamiliar de manera crónica. (Ver informe rendido bajo fe de juramento y documentación aportada)
  2. La referencia-Informe del Hospital San Vicente de Paúl, indicaba que esa situación había generado en la niña mecanismos de adaptación social riesgosos y problemas de conducta, aspectos agravados por las limitaciones de su progenitora para garantizar el adecuado cuidado señalando que la misma era también víctima de violencia. (Ver informe rendido bajo fe de juramento y documentación aportada)
  3. En fecha 04 de enero de 2021, la Trabajadora Social de la oficina local del Patronato Nacional de la Infancia, recibió el caso para la respectiva investigación preliminar o de primera instancia, (Ver informe rendido bajo fe de juramento y documentación aportada)
  4. En fecha 04 de enero de 2021, se emitió el Informe Social correspondiente a la investigación de primera instancia, luego de entrevistar a las partes involucradas, la Trabajadora Social, Anayancy Guevara Rangel, recomendó al Patronato Nacional de la Infancia, dictar Medida de Abrigo Temporal en favor de la persona menor de edad siendo que la progenitora y su prole habitan desde hace cinco años en una casa ubicada dentro de una finca ambas propiedad del padrastro y supuesto abusador de la amparada [Nombre 005]. Se agregaba que si bien es cierto dicho señor había salido aparentemente en forma voluntaria de la casa en que convivía con la madre de la niña, el mismo sigue siendo propietario de la finca y casa donde vive este grupo familiar. Se indica en el informe además que a dicho señor le pusieron un brazalete ante la denuncia penal, vive en San José de la Montaña y según el hermano mayor de [Nombre 005] es visto transitando por toda la comunidad en su vehículo y en compañía de sus hijas adultas, agregó que este señor le pidió a su madre a su hijo menor para llevarlo a la playa por lo que dicho joven no entiende cómo es que tiene tobillera. La madre según el Informe le indicó a la trabajadora social -según ella- que un funcionario judicial le dijo que no podía salir de esa propiedad hasta que le den la orden 3. Que en Informe de investigación preliminar se valora un recurso ofrecido por la progenitora, el hermano mayor de [Nombre 005] quién fue acogido en casa de su novia de quince años para que asumiera a su hermana, recurso que fue descartado en dicho informe por lo siguiente: “La niña no tiene ningún lazo consanguíneo, ni afectivo con esta familia. Son personas totalmente desconocidas para ella. Impresiona que la señora [Nombre 004] tiene muy buenas intenciones, sin embargo, preocupa la presencia en ese hogar, de hombres adultos, los cuales, como ya se mencionó, son desconocidos para la niña. La señora [Nombre 004] estudia en horario nocturno, al igual que el joven Santos, quedando la niña entonces, con 2 hombres adultos y una adolescente de 15 años”. (Ver informe rendido bajo fe de juramento y documentación aportada)
  5. Mediante resolución de las 15:16 horas del 05 de enero de 2021, el Área Legal de la Oficina Local, dictó el inicio del proceso especial de protección en sede administrativa y además se dicta la Medida Cautelar de Abrigo Temporal en favor de la niña, egresándola del centro hospitalario en que se encontraba y ubicándola en la ONG Hogar Montiel Divina Providencia ubicado en Guápiles, siendo esta la única alternativa en la que se encontró cupo para la niña. Además, dicha resolución fue notificada debidamente a la recurrente el seis de enero de 2021 –en forma personal- y a su padre se le notificó vía edicto al desconocer el paradero del mismo, razón por la cual no pudo ser entrevistado tampoco en la investigación preliminar. Resolución en la cual se le reafirma a la progenitora su derecho de relacionarse con su hija, para lo cual se le indica que debía coordinar efectivamente con el Área Psicosocial Área que a su vez debe coordinar con la ONG en cuanto a los horarios. Asimismo, a la recurrente se le aclaró que de conformidad con la situación de emergencia en salud que vive el país por el COVID 19 la forma de relacionarse sería a través de llamadas o video llamadas. (Ver informe rendido bajo fe de juramento y documentación aportada al expediente)
  6. En fecha 05 de enero de 2021, la Dra. María Ugalde Cardoce, Médico del Hospital San Vicente de Paul, dejó constancia, que la menor amparada, fue hospitalizada en dicho centro hospitalario, desde el 18 de diciembre de 2020, que no presenta enfermedad por COVID-19, ni sintomatología sugestiva sospechosa. (Ver documentación aportada)
  7. El 11 de enero de 2021, la recurrente, a través de su Abogada –Melania Andrea Fallas Hidalgo, presentó un recurso de revocatoria con Apelación en Subsidio, en contra de la resolución de las 15:16 horas del 05 de enero de 2021. (Ver documentación aportada)
  8. Al ser las 14:30 horas del 13 de enero de 2020, se llevó a cabo audiencia oral, por parte de la Oficina Local de Heredia Norte, donde se present la recurrente, su Abogada y los testigos que aportó, además se explicó a la recurrente que, la ONG en que se encuentra la menor amparada, como requisito y con la finalidad de que las personas menores allí ingresadas logren pasar por un proceso de adaptación en forma adecuada y sana. no permiten las visitas hasta pasado un mes de haber sido ingresadas. (Ver informe rendido bajo fe de juramento y documentación aportada)
  9. Mediante la resolución administrativa de las 14:00 horas del 14 de enero de 2021, la Oficina Local de Heredia Norte del Patronato Nacional de la Infancia, resolvió “…Solicitar al Área de Trabajo Social emitir referencia de la progenitora y su grupo familiar al IMAS según corresponda a la mayor brevedad. VI.- Informar a las partes que una vez que transcurra el plazo concedido y se cuente con los informes de las respectivas valoraciones solicitadas se procederá con la elevación del recurso de apelación presentando ante el superior…”. Resolución que fue notificada a la Abogada de la recurrente el mismo 14 de enero de 2021. (Ver documentación aportada)
  10. Mediante el oficio No. PANI-OLHN-OF-0030-2021, del 27 de enero de 2021, suscrito por Olga Lucía Sánchez Zeledón, Psicóloga de la Oficina Local Heredia Norte, se refirió a la recurrente al Instituto Mixto de Ayuda Social. (Ver documentación aportada)

III.- SOBRE LAS ATRIBUCIONES DEL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA. El Patronato Nacional de la Infancia, por disposición constitucional, es la institución autónoma encargada de la protección especial de los menores de edad. Además, otorga una protección especial al niño por parte del Estado, y establece la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad (artículos 51 y 55 de la Constitución Política). Al respecto, este Tribunal ha resuelto en lo conducente:

"(…) El legislador Constituyente en aras de proteger a la madre y al menor, creó con rango Constitucional, el Patronato Nacional de la Infancia, convirtiéndola en la Institución rectora, por excelencia, de la niñez costarricense. Este sentimiento expresado en esta norma, está indudablemente unido también al interés de proteger a la familia como uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad. Los artículos 51 y 55 preceptan pues, dos de los valores más arraigados de nuestro pueblo, valores que gracias a la aprobación de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, hoy son compartidos a nivel mundial, existiendo consenso sobre el deber del Estado de proteger siempre, el interés superior del menor (…)" (ver sentencia Nº 227-93 de las 12:36 hrs. del 15 de enero de 1993).

IV.- SOBRE EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO: Ésta Sala en sentencias números 3173-93, de las 14:57 horas del 6 de julio de 1993 y 4205-96 de las 14:33 horas del 20 de agosto de 1996, dispuso:

"VIII.- El interés superior del niño. De igual manera, diferentes instrumentos internacionales reconocen e imponen el deber estatal de prestar particular protección a los derechos de los niños y las niñas; desde instrumentos declarativos como la misma Declaración Universal, y especialmente a partir de la aprobación y vigencia de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, se ha dado un impulso determinante en la protección de este grupo especial, procurando que en todo momento se brinde la adecuada asistencia y respeto de los derechos a él reconocidos, dentro de los que sobresalen a efectos del presente recurso, la promoción de las condiciones necesarias para la convivencia familiar, así como el derecho de los niños a permanecer junto a sus padres, particularmente junto a su madre -artículo dieciséis del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o Protocolo de San Salvador-. La jurisprudencia de la Sala es contundente en reconocer la protección que debe otorgarse a los derechos de los niños y las niñas, reconociendo, igualmente, al interés superior del niño su condición y naturaleza de principio general que, como tal, forma parte del ordenamiento jurídico y debe ser aplicado para que rija y gobierne toda actividad administrativa y judicial relacionada con las personas menores de edad. Ejemplo claro de la protección que la Sala otorga al interés superior del niño, se encuentra en la sentencia número 2006-11262, de las quince horas del 24 de agosto de 2006, en la cual la Sala manifestó: "III.- Sobre el interés superior del niño (a).- En materia de los derechos especiales que tienen los niños se encuentran varias normas de rango constitucional, internacional e infraconstitucional; reconociéndose en todas ellas el interés superior del niño (a) como criterio de toda acción pública o privada concerniente a una persona menor de dieciocho años. (…) En igual sentido la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (aprobada y ratificada por nuestro país, mediante, la Ley No. 7184 del 18 de julio de 1990, la cual entró en vigencia, a tenor del numeral 2 de ese instrumento legal, el día de su publicación en La Gaceta No. 149 del 9 de agosto de 1990), le establece una serie de derechos a cualquier niño, independientemente, de su raza o nacionalidad (artículo 2°), tales como: el derecho a ser cuidado por sus padres (artículo 7º), el derecho a un "nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social" reconociéndose a los padres como los responsables primordiales de proporcionarles las condiciones de vida necesarias para su desarrollo y el deber del Estado de adoptar "medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho" (artículo 27) y en caso de tratarse además de un niño (a) mental o físicamente impedido el derecho a "disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren dignidad, permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad" además de "recibir cuidados especiales" (artículo 23). Por otro lado, la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, precisa en su artículo 16, párrafo 3º, que "La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene el derecho a la protección de la sociedad y del Estado" (en idéntico sentido artículo 23, párrafo 1º, del Protocolo Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 19 de diciembre de 1966). Por su parte, el artículo 25, párrafo 2º, de la supraindicada Declaración señala que "La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales..." y, finalmente, en el artículo 24, párrafo 1º, se establece que "Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna... a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado". De las normas de los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos transcritas, resulta, a todas luces, que los Estados tienen como deberes fundamentales la protección del interés superior del niño, evitando la desmembración del núcleo familiar y promover las condiciones necesarias para que gocen de la presencia permanente de la autoridad parental en especial cuando el niño (a) requiere cuidados especiales. Los derechos humanos o fundamentales y las obligaciones correlativas de los poderes públicos, han sido también, desarrollados en el plano infraconstitucional, tenemos así el Código de la Niñez y de la Adolescencia en general y la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, cuando se trate además de un niño (a) con necesidades especiales. Así, el Código de la Niñez y de la Adolescencia (Ley No. 7739) puntualiza que el norte interpretativo de toda acción pública o privada debe ser el interés superior del niño (artículo 5º). El ordinal 12 de ese cuerpo normativo estipula que el Estado deberá garantizar el derecho a la vida "con políticas económicas y sociales que aseguren condiciones dignas para la gestación, el nacimiento y el desarrollo integral". El numeral 29 establece la obligación del padre, la madre o la persona encargada de "velar por el desarrollo físico, intelectual, moral, espiritual y social de sus hijos menores de dieciocho años" y de "cumplir con las instrucciones y los controles que se prescriban para velar por la salud de las personas menores de edad bajo su cuidado" (artículo 45). Por su parte, además de todo lo dicho, cuando el niño (a) requiera de necesidades especiales en razón de su discapacidad entendida como "una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social" (artículo I de la Convención Americana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad) es aplicable además los derechos de las personas discapacitadas, reconocidos también en normas internacionales (Convención Americana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad ratificada por la Asamblea Legislativa mediante Ley N° 7948) y con rango legal la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad N° 7600, publicada en La Gaceta del 29 de mayo de 1996. Así pues, a las personas discapacitadas se les debe garantizar igualdad de oportunidades, mediante la supresión de todos los obstáculos determinados socialmente, ya sean físicos, económicos, sociales o psicológicos que excluyan o restrinjan su plena participación en la sociedad, en este sentido define el artículo 2 la estimulación temprana cuando dice que es toda aquella "atención brindada al niño entre cero y siete años para potenciar y desarrollar al máximo sus posibilidades físicas, intelectuales, sensoriales y afectivas, mediante programas sistemáticos y secuenciados que abarcan todas las áreas del desarrollo humano…" y el artículo 13 de la Ley General de Salud No. 5395, del 30 de octubre de 1973 cuando reconoce el deber de los padres y el Estado de velar por la salud y el desarrollo de los niños: "Los niños tienen derecho a que sus padres y el Estado velen por su salud y su desarrollo social, físico y psicológico. Por tanto, tendrán derecho a las prestaciones de salud estatales desde su nacimiento hasta la mayoría de edad. Los niños que presenten discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales y emocionales gozarán de servicios especializados.". En conclusión, luego de todo lo dicho es claro que a los niños le asisten una serie de derechos especiales y correlativamente al Estado y los padres o encargados de los niños le asisten una serie de obligaciones y deberes para con ellos, más aún cuando se trate de niños con necesidades especiales, todo lo cual tiene respaldos en numerosos instrumentos internacionales, en nuestra Constitución Política y en normas legales. (…)

V.- SOBRE LA SEPARACIÓN TEMPORAL DE MENORES DE EDAD DE SU NÚCLEO FAMILIAR. En aplicación del referido principio del interés superior del niño, la Convención Internacional de los Derechos del Niño define en sus artículos 9 y 20, en lo conducente, que:
"Artículo 9. 1.- Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. (…) Artículo 20 1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado. 2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de cuidados para esos niños. 3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico". Por su parte, la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia dispone que: "ARTÍCULO 4.- Atribuciones. Las atribuciones del Patronato Nacional de la Infancia serán: (…) m) Disponer en forma provisional de la guarda y crianza de los menores de edad, en aras de proteger su interés superior.".

En este sentido, es claro que aun cuando es necesario y debe garantizarse que los niños y niñas se desarrollen en un adecuado entorno familiar, y que debe procurarse que permanezcan con sus padres siempre que ello sea posible, puede existir situaciones calificadas que aconsejen la separación de sus padres, únicamente a manera de excepción, para proteger su integridad física y emocional, siempre que se acredite que el niño o niña es víctima de maltrato o descuido. En estos casos, el Estado tiene la obligación de brindar protección y asistencia, como sería la ubicación temporal en instituciones adecuadas para su protección, o en hogares sustitutos, e incluso a través del instituto de la adopción. De tal manera, es posible que de modo excepcional el niño sea separado del lugar donde reside, si es necesario para su asegurar su protección (En este sentido ver, sentencia 2007-937 de las 10:14 horas del 26 de enero del 2007 y, 2009- 1251 de las 11:33 horas del 30 de enero del 2009).

VI.- SOBRE EL DEBIDO PROCESO Y EL DERECHO DE DEFENSA EN PROCEDIMIENTOS ANTE EL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA. Mediante sentencia No. 2018-007820 de las 9:15 horas del 18 de mayo de 2018, esta Sala se refirió al debido proceso y el derecho de defensa que se debe conceder en procedimientos ante el PANI, a efectos de respetar los derechos fundamentales de las partes involucradas. En este sentido, se indicó lo siguiente:
"(…) a esta Sala no le corresponde determinar si la decisión que adopte el Patronato Nacional de la Infancia, es ajustada o no a Derecho, en cuanto al fondo; pero sí le corresponde conocer si hay violaciones esenciales en el desarrollo del procedimiento, porque las personas sí cuentan con el derecho fundamental al debido proceso y con el derecho fundamental a la defensa. Dicho lo anterior, del propio informe rendido por las autoridades recurridas se desprende que la Oficina Local de Pococí decretó las medidas de protección violentando las disposiciones procesales contempladas en el Código de Niñez y Adolescencia y en la Ley General de la Administración Pública, pues emitió la decisión final sin haber permitido que la madre tuviera acceso al expediente, es decir, tomó decisión final sin permitirle que tuviera conocimiento de los hechos que se le atribuyen y de las pruebas que podían existir en su contra y sin permitirle que tuviera la oportunidad de combatir los hechos y de ofrecer sus pruebas para demostrar sus propias afirmaciones. Todo esto se encuentra expresamente contemplado en la Sección Primera del Capítulo Segundo del Título Tercero del Código de la Niñez y la Adolescencia, particularmente en los artículos 128, 129, 132, 133, los cuales disponen lo siguiente:

Artículo 128°- Garantías del proceso administrativo. Los principios del proceso administrativo se aplicarán en defensa del interés superior de la persona menor de edad. La Administración Pública deberá garantizar el principio de defensa y el debido proceso, relativo a las decisiones administrativas que pretendan resolver algún conflicto surgido en virtud del ejercicio de los derechos contemplados en este Código.

Artículo 129°- Proceso especial de protección. En sede administrativa, el proceso especial de protección corresponde a las oficinas locales del Patronato Nacional de la Infancia.

Artículo 132°- Inicio del proceso. En casos de amenaza grave o violación de los derechos reconocidos en el presente Código, el proceso especial de protección podrá iniciarse de oficio o por denuncia presentada por cualquier persona, autoridad u organismo de derechos humanos.

Artículo 133°- Procedimientos en la oficina local. Conocido el hecho o recibida la denuncia, la oficina local del Patronato Nacional de la Infancia constatará la situación, escuchará a las partes involucradas, recibirá la prueba que ellas presenten y dictará, inmediatamente, las medidas de protección que correspondan. El procedimiento seguido por la oficina local será sumario e informal y garantizará la audiencia a la persona menor de edad involucrada.

Como se aprecia, la remisión a los principios del proceso administrativo es explícita, como también es explícito el deber que tiene la Administración Pública - que en estos procesos se ejerce a través del Patronato Nacional de la Infancia- de garantizar el principio de defensa y el debido proceso. Los principios del proceso administrativo se encuentran contemplados en el Capítulo Único del Título Primero del Libro Tercero de la Ley General de la Administración Pública, en sus artículos 214 a 229, de los cuales conviene destacar los artículos 217 y 218, que indican lo siguiente:

Artículo 217.-Las partes tendrán derecho a conocer el expediente con las limitaciones de esta Ley y a alegar sobre lo actuado para hacer valer sus derechos o intereses, antes de la decisión final, de conformidad con la ley.

Artículo 218.-Las partes tendrán derecho a una comparecencia oral y privada con la Administración, en que se ofrecerá y recibirá en lo posible toda la prueba, siempre que la decisión final pueda causar daños graves a alguna o a todas aquellas, de conformidad con la ley.

Como se aprecia, tanto en el artículo 133 del Código de la Niñez y la Adolescencia como en el artículo 218 se encuentra contemplado el derecho del ciudadano a ser escuchado por la Administración Pública antes de que se tome la decisión final. Conviene tener presente que es evidente que en algunas ocasiones resulta necesario tomar medidas urgentes antes de que se celebre la comparecencia oral y privada, pero estas medidas son cautelares dentro del proceso de protección, y por consiguiente, no se puede evadir la realización del mismo. En estos casos, la Oficina Local del Patronato Nacional de la Infancia tiene la potestad de decretar medidas cautelares mediante decisión fundada, valorando la urgencia del caso y por aplicación de los principios de la apariencia del buen derecho (fumusboni iuris) y del peligro en la demora (pericolum in mora), de forma tal que el interés superior de la persona menor de edad bien puede ser resguardado durante la tramitación del proceso de protección e, incluso, excepcionalmente mediante medidas cautelares ante causam. Valga indicar que, por los evidentes efectos propios que podrían derivarse con el dictado de las medidas cautelares, la decisión de la Oficina Local podría ser recurrida ante la Presidencia Ejecutiva de la institución.

En este caso, en la resolución "inicial", la Oficina Local de Pococí dijo dar inicio al proceso de protección, decretó la separación de la persona menor de edad al otorgar la medida de cuido provisional en una pariente distinta a la progenitora residente, dispuso que esta medida tendría una duración máxima e informó que en caso de no estar conforme, la madre podía apelar ante la Presidencia Ejecutiva de la institución.

La madre no tiene por qué saber que tenía derecho a ser escuchada y a ofrecer pruebas antes de que se adoptara esa decisión, y lo que hizo fue actuar conforme se le indicó, procediendo a presentar un recurso de apelación ante la Presidencia Ejecutiva el quince de enero de dos mil dieciocho, en el cual ofreció pruebas. Habiendo sido interpuesto oportunamente el recurso de apelación, la Oficina Local dispuso postergar su admisibilidad -a pesar de que eso era lo que había dispuesto en la resolución original-, y dispuso que se realizaran valoraciones periciales, admitió prueba testimonial y ordenó que se realizara una audiencia. Luego se llegaría a celebrar dos audiencias, en días distintos, y a incorporarse dictámenes periciales y otros documentos, los cuales no fueron analizados ni tomados en cuenta por la Oficina Local, ya que lo que ésta hizo fue limitarse a admitir el recurso de apelación ante la Presidencia.

Una vez recibido el expediente, la Presidencia -en decisión procesalmente curiosa- dispuso que el caso lo siguiera conociendo la Oficina Local de Siquirres y ordenó realizar nuevas valoraciones, las cuales ya se realizaron. Sin embargo, al día de hoy no consta que se hubiera resuelto el recurso de apelación presentado por la progenitora.

Por lo expuesto, se denota una demora en la resolución del asunto, que repercute en el derecho de la parte a recurrir la decisión administrativa ante la sede judicial, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 142 del Código de la Niñez y la Adolescencia. (…)"

VII.-SOBRE EL CASO CONCRETO. LA ACTUACIÓN DEL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA.- En el sub examine, la recurrente refiere que, en fecha 29 de diciembre de 2020, por referencia del Hospital San Vicente de Paul, se solicitó al Patronato Nacional de la Infancia, medidas de protección en favor de la menor amparada -[Nombre 006] - por presunto abuso sexual de su padrastro, lo cual, desencadenó en que, se le suspendiera temporalmente de la guarda, crianza y educación de la menor, siento ubicada en la ONG Divina Providencia, en Guápiles, Limón. Acusa que; A- presentó un recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución referida, por cuanto, los factores de riesgo no son actuales y que ella no tiene relación alguna con el presunto agresor y por cuanto en el proceso penal, se dictaron medidas de protección en favor de la menor, que incluyen la salida del domicilio del presunto agresor, no obstante; se mantuvo a la menor amparada en la ONG señalada: B- que desde hace un mes no se le permite tener comunicación con la menor amparada.

Ahora bien, del estudio del expediente y del informe rendido bajo juramento por las autoridades recurridas, se extrae, que en fecha 29 de diciembre de 2020, la Oficina Local de Heredia Norte del Patronato Nacional de la Infancia, recibió una referencia-Informe del Hospital San Vicente de Paúl, indicando en síntesis, que la persona menor de edad [Nombre 006] , quién permanecía internada en dicho centro de salud, persona menor de edad, figuraba como presunta víctima de violencia sexual en el ámbito familiar (por parte de su padrastro) causa tramitada bajo el expediente Penal No. [Valor 003], donde además señalaban que se presumía sufrir otros tipos de violencia intrafamiliar de manera crónica. Además que, la referencia-Informe del Hospital San Vicente de Paúl, indicaba que esa situación había generado en la niña mecanismos de adaptación social riesgosos y problemas de conducta, aspectos agravados por las limitaciones de su progenitora para garantizar el adecuado cuidado señalando que la misma era también víctima de violencia. Aunado a lo anterior, que en fecha 04 de enero de 2021, la Trabajadora Social de la oficina local del Patronato Nacional de la Infancia, recibió el caso para la respectiva investigación preliminar o de primera instancia. En fecha 04 de enero de 2021, se emitió el Informe Social correspondiente a la investigación de primera instancia, luego de entrevistar a las partes involucradas, la Trabajadora Social, Anayancy Guevara Rangel, recomendó al Patronato Nacional de la Infancia, dictar Medida de Abrigo Temporal en favor de la persona menor de edad siendo que la progenitora y su prole habitan desde hace cinco años en una casa ubicada dentro de una finca ambas propiedad del padrastro y supuesto abusador de la niña [Nombre 005] . Se agregaba que si bien es cierto dicho señor había salido aparentemente en forma voluntaria de la casa en que convivía con la madre de la niña, el mismo sigue siendo propietario de la finca y casa donde vive este grupo familiar. Se indica en el informe además que a dicho señor le pusieron un brazalete ante la denuncia penal, vive en San José de la Montaña y según el hermano mayor de [Nombre 005] es visto transitando por toda la comunidad en su vehículo y en compañía de sus hijas adultas, agregó que este señor le pidió a su madre a su hijo menor para llevarlo a la playa por lo que dicho joven no entiende cómo es que tiene tobillera. La madre según el Informe le indicó a la trabajadora social -según ella- que un funcionario judicial le dijo que no podía salir de esa propiedad hasta que le den la orden 3. Que en Informe de investigación preliminar se valora un recurso ofrecido por la progenitora, el hermano mayor de [Nombre 005] quién fue acogido en casa de su novia de quince años para que asumiera a su hermana, recurso que fue descartado en dicho informe por lo siguiente: “La niña no tiene ningún lazo consanguíneo, ni afectivo con esta familia. Son personas totalmente desconocidas para ella. Impresiona que la señora [Nombre 004] tiene muy buenas intenciones, sin embargo, preocupa la presencia en ese hogar, de hombres adultos, los cuales, como ya se mencionó, son desconocidos para la niña. La señora [Nombre 004] estudia en horario nocturno, al igual que el joven Santos, quedando la niña entonces, con 2 hombres adultos y una adolescente de 15 años”. Seguidamente que, mediante la resolución de las 15:16 horas del 05 de enero de 2021, el Área Legal de la Oficina Local, dictó el inicio del proceso especial de protección en sede administrativa y además se dictó la Medida Cautelar de Abrigo Temporal en favor de la niña, egresándola del centro hospitalario en que se encontraba y ubicándola en la ONG Hogar Montiel Divina Providencia ubicado en Guápiles, siendo esta la única alternativa en la que se encontró cupo para la menor amparada. Además, dicha resolución fue notificada debidamente a la recurrente el seis de enero de 2021 -en forma personal- y a su padre se le notificó vía edicto al desconocer el paradero del mismo, razón por la cual no pudo ser entrevistado tampoco en la investigación preliminar. Resolución en la cual se le reafirma a la progenitora su derecho de relacionarse con su hija, para lo cual se le indicó que debía coordinar efectivamente con el Área Psicosocial Área que a su vez debe coordinar con la ONG en cuanto a los horarios. Asimismo, a la recurrente se le aclaró que de conformidad con la situación de emergencia en salud que vive el país por el COVID 19 la forma de relacionarse sería a través de llamadas o video llamadas. En fecha 05 de enero de 2021, la Dra. María Ugalde Cardoce, Médico del Hospital San Vicente de Paul, dejó constancia, que la menor amparada, fue hospitalizada en dicho centro hospitalario, desde el 18 de diciembre de 2020, que no presenta enfermedad por COVID-19, ni sintomatología sugestiva sospechosa. El 11 de enero de 2021, la recurrente, a través de su Abogada -Melania Andrea Fallas Hidalgo-, presentó un recurso de revocatoria con Apelación en Subsidio, en contra de la resolución de las 15:16 horas del 05 de enero de 2021. Posteriormente, al ser las 14:30 horas del 13 de enero de 2020, se llevó a cabo audiencia oral, por parte de la Oficina Local de Heredia Norte, donde se presentó la recurrente, su Abogada y los testigos que aportó, además se le explicó a la recurrente que, la ONG en que se encuentra la menor amparada, como requisito y con la finalidad de que las personas menores allí ingresadas logren pasar por un proceso de adaptación en forma adecuada y sana. no permiten las visitas hasta pasado un mes de haber sido ingresadas. Mediante resolución administrativa de las 14:00 horas del 14 de enero de 2021, la Oficina Local de Heredia Norte del Patronato Nacional de la Infancia, resolvió “…Solicitar al Área de Trabajo Social emitir referencia de la progenitora y su grupo familiar al IMAS según corresponda a la mayor brevedad. VI.- Informar a las partes que una vez que transcurra el plazo concedido y se cuente con los informes de las respectivas valoraciones solicitadas se procederá con la elevación del recurso de apelación presentando ante el superior…”. Resolución que fue notificada a la Abogada de la recurrente el mismo 14 de enero de 2021. Por último que, mediante el oficio No. PANI-OLHN-OF-0030-2021, del 27 de enero de 2021, suscrito por Olga Lucía Sánchez Zeledón, Psicóloga de la Oficina Local Heredia Norte, se refirió a la recurrente al Instituto Mixto de Ayuda Social.

Así las cosas, esta Sala considera que en el caso bajo estudio no se acreditó ninguna actuación u omisión por parte de la autoridad recurrida capaz de lesionar los derechos fundamentales de la recurrente o de la menor amparada, pues como se dijo, el Patronato Nacional de la Infancia, ha realizado las actuaciones necesarias para garantizar el interés superior de la persona menor de edad, optando por reubicar a la menor en la ONG Hogar Montiel Divina Providencia ubicado en Guápiles, Limón, lo anterior a fin de velar por su protección, ante el presunto hecho tan gravoso como lo puede ser el abuso sexual sufrido por parte de su padrastro. Tampoco puede ser de recibo el argumento de la recurrente, en cuanto a que no habita en la misma casa con el presunto agresor sexual, por cuanto, del estudio social, se determinó que la casa se encuentra a su nombre y que este vive actualmente a escasos dos kilómetros de la casa de la recurrente, sin poder garantizar que las medidas de protección decretadas en el proceso penal No. [Valor 003] , sean suficientes para garantizar su integridad física. Además se observa que, al ser las 14:30 horas del 13 de enero de 2020, se llevó a cabo audiencia oral, por parte de la Oficina Local de Heredia Norte, donde se presentó la recurrente, su Abogada y los testigos que aportó, además se explicó a la recurrente que, la ONG en que se encuentra la menor amparada, como requisito y con la finalidad de que las personas menores allí ingresadas logren pasar por un proceso de adaptación en forma adecuada y sana no permiten las visitas hasta pasado un mes de haber sido ingresadas. Aunado a lo anterior, que todas las actuaciones y resoluciones han sido debidamente notificadas a la recurrente y su Abogada. Incluso, que la recurrente, mediante el oficio No. PANI-OLHN-OF-0030-2021, del 27 de enero de 2021, suscrito por Olga Lucía Sánchez Zeledón, Psicóloga de la Oficina Local Heredia Norte, fue referida al Instituto Mixto de Ayuda Social. Por último, se tiene por acreditado que, el recurso de apelación se encuentra pendiente de trasladar a la Presidencia Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, pues se está a la espera de realizar un nuevo estudio social, para remitirlo para su resolución con un informe social actualizado. En todo caso, nótese que la referencia al Patronato Nacional de la Infancia por parte del Hospital San Vicente de Paul, se dio, el 29 de diciembre de 2020, razón por la cual, al momento de interposición del recurso de amparo -20 de enero de 2020- no existe una dilación excesiva en la tramitación del expediente administrativo y por el contrario si constan, acciones tendentes por parte de la autoridad recurrida de velar por la protección de la persona menor de edad amparada. En mérito de lo expuesto, se debe declarar sin lugar el recurso como en efecto se dispone.

VIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara sin lugar el recurso.


Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ileana Sánchez N.



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