Sentencia Nº 2021003439 de Sala Constitucional, 19-02-2021

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente21-002132-0007-CO
Número de sentencia2021003439
Fecha19 Febrero 2021

*210021320007CO*

Exp: 21-002132-0007-CO

Res. Nº 2021003439


SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del diecinueve de febrero de dos mil veintiuno .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 21-002132-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], a favor de [Nombre 002] , cédula de identidad [Valor 002] , contra DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAL DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL -CCSS-.

Resultando:

1.- Por escrito presentado por fax a las 13:35 horas de 2 de febrero de 2021, el recurrente interpone recurso de amparo a favor de [Nombre 002], contra la Caja Costarricense de Seguro de Social. Manifiesta que el amparado labora para el Hospital Nacional Psiquiátrico y la CCSS no le ha pagado su salario correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2020, así como de enero de 2021. Alega que su representado tuvo que pedir dinero prestado para poder trasladarse a su trabajo y sufragar sus necesidades básicas. Además, sufrió una afectación psicológica y emocional ante la impotencia de no tener dinero para pagar la alimentación de su familia. Acusa que la Caja no ha pagado los salarios en el plazo de 30 días, como lo estableció la Sala Constitucional en otras sentencias relacionadas con el tema de pago salarial. Alega que esta situación lesiona los derechos fundamentales del tutelado.
2.- Por resolución de las 13:21 horas de 3 de febrero de 2021, se le dio curso a este recurso de amparo y se le solicitó informe al Director de Administración y Gestión de Personal de la CCSS, así como al Jefe de Recursos Humanos del Hospital Nacional Psiquiátrico.
3.- Informa, bajo juramento, Wálter Campos Paniagua, en condición de Director de Administración y Gestión de Personal de la CCSS, e indica, en referencia a la funciones de dicho órgano, lo siguiente: “(…) resulta importante aclarar que de acuerdo con lo establecido institucionalmente, en el Manual de Organización de la Dirección de Administración y Gestión de Personal, esta Dirección es el ente rector en la materia, responsable de la regulación y la normativa técnica relacionada con la gestión del recurso humano de la Caja Costarricense de Seguro Social a nivel macro, no obstante, en lo que respecta a la administración del recurso humano, solo coordina la gestión de las áreas adscritas jerárquicamente a su Dirección y por ende, todo el proceso de trámites de asuntos de personal son efectuados directamente en cada unidad y bajo la responsabilidad de cada jefatura, en este caso tal y como se indica en el recurso, en el Hospital Nacional Psiquiátrico (…)”. De tal forma, argumenta que no obra en esa dirección información relacionada con los hechos reclamados en este proceso de amparo. Esto, por cuanto, todo el proceso de trámite de los nombramientos que le corresponden al amparado, los efectúa en primera instancia la jefatura y los remite para revisión y trámite a la oficina de Recursos Humanos de dicho Nosocomio, conforme los calendarios y cronogramas establecidos a nivel institucional. Solicita que se declare sin lugar el recurso.
4.- Rinde informe, bajo juramento, Mayela Abarca Castillo, en condición de Jefe de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos de Hospital Nacional Psiquiátrico. Manifiesta que el amparado labora para la CCSS desde el 13 de diciembre de 2018 y en ese hospital desde el 15 de enero de 2019, en el Sub Área de Aseo, como trabajador de Servicios Generales. Explica que para efectos de pago, la CCSS, por medio de la Dirección de Administración y Gestión de Personal, del Área de Diseño, Administración de Puestos y Salarios, del Sub Área de Remuneración Salarial, estableció un cronograma de cierre de planillas 2020 y 2021. Con base en esto, la Oficina de Gestión de Recursos Humanos del hospital envía a cada uno de los servicios un cronograma interno, el cual es el insumo para cumplir con el trámite de pago según la entrega de documentos por parte de los diferentes servicios, para el pago oportuno de los funcionarios y servidores. En el caso del amparado, aporta el siguiente cuadro de nombramientos:
[...]
Expone que el nombramiento que corre del 1 al 19 de octubre de 2020, fue pagado en la primera quincena de noviembre de 2020, y el nombramiento del 20 de octubre al 16 de noviembre de 2020 se pagó en diciembre de 2020. Por su parte, los nombramientos de personal del 17 de noviembre de 2020 al 7 de febrero de 2021, se pagará en la segunda quincena de febrero de 2021. Indica que los pagos del amparado se realizarán por excepción. En virtud de lo anterior, alega que el Hospital Nacional Psiquiátrico no ha pretendido lesionar los derechos fundamentales del amparado. Solicita que se declare sin lugar el recurso.
5.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Araya García; y,

Considerando:

I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente alega que la CCSS no le ha cancelado a su representado los salarios correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2020, así como al mes de enero de 2021.
II.- HECHO PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:
  1. El amparado labora para la Caja Costarricense de Seguro Social, propiamente en el Hospital Nacional Psiquiátrico (hecho no controvertido)

  2. El amparado registra los siguientes nombramientos, de conformidad con cuadro aportado por las autoridades recurridas:

[...]

(ver prueba aportada al expediente).

  1. A la fecha en que la Jefe de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos de Hospital Nacional Psiquiátrico presentó su informe, sea, 10 de febrero de 2021, al amparado se le adeuda el salario correspondiente a los nombramientos que van del 17 de noviembre de 2020 al 7 de febrero de 2021 (informes rendidos).

  2. El pago de los nombramientos que van del 17 de noviembre de 2020 al 7 de febrero de 2021 se hará en la segunda quincena de febrero de 2021 (informes rendidos).

III.- SOBRE EL FONDO. En el caso concreto, el recurrente reclama la lesión del derecho al salario de su representado, toda vez que se le adeudan salarios correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2020, así como de enero de 2021, por nombramiento que realiza en el Hospital Nacional Psiquiátrico. Respecto a tal reproche, en primer término, corresponde indicar que este Tribunal, en múltiples ocasiones, se ha referido al plazo para el pago de salario. Así, en Sentencia No. 2019-007792 de las 09:15 horas de 3 de mayo de 2019, reiterado en Sentencia No. 2019-010792 de las 9:20 horas de 14 de junio de 2019, indicó:
“(…) III.- SOBRE EL PLAZO PARA EL PAGO DE SALARIOS. Este Tribunal Constitucional, en la Sentencia N° 2016-017203 de las 09:05 horas del 18 de noviembre de 2016 -criterio reiterado en la Sentencia N° 2017-013285 de las 9:40 horas del 22 de agosto de 2017-, en lo que interesa señaló: "(…) A través de su jurisprudencia, este órgano ha considerado que procede dar curso y atender recursos de amparo en que se plantean este tipo de reproches que afectan al derecho constitucional al salario, pero solamente cuando se acredite que ha existido un plazo irrazonable entre la prestación de los servicios y el pago del salario al funcionario. Así se ha reiterado últimamente por ejemplo en las sentencias 2016-02539 y 2016-3772, en las cuales se reenvía a otras sentencias anteriores sobre el punto, a saber: sentencia 2005-11159 de las dieciséis horas veinticuatro minutos del veintitrés de agosto del dos mil cinco, 2006-09871 de las trece horas veintitrés minutos del siete de julio del dos mil seis y 2008-8048 de las diecisiete horas cinco minutos del trece mayo de dos mil ocho. Con fundamento en todos esos pronunciamientos se concluye que en este caso, donde el retardo es únicamente de una quincena según se explica, es decir menos de un mes, no se configura todavía a juicio de la Sala la existencia de un atraso irrazonable., (sic) excesivo e injustificable en la realización del pago correspondiente que reclama (…)”.
De lo anterior, se colige que a criterio de este Tribunal, se configura la lesión al derecho al salario cuando transcurre el plazo de un mes , o más, sin que este haya sido cancelado.
En el sub-examine, se constata que se cumple tal presupuesto. A partir de la relación de hechos probados, se tiene por acreditado que el amparado es servidor de la CCSS, destacado en el Sub Área de Aseo del Hospital Nacional Psiquiátrico, siendo que registra los siguientes nombramientos:

[...]
No obstante, a la fecha en que la Jefe de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos de Hospital Nacional Psiquiátrico presentó su informe, sea, 10 de febrero de 2021, al amparado se le adeuda el salario correspondiente a los nombramientos que van del 17 de noviembre de 2020 al 7 de febrero de 2021. De tal forma, se constata la existencia de una omisión de la administración del centro de salud requerido en ejecutar las acciones necesarias para realizar el pago oportuno del salario del tutelado. De tal forma, en la especie, se configura la lesión de su derecho al salario. No obstante, es menester indicar que la lesión del derecho al salario del amparado, a efectos de este recurso de amparo, se acredita en relación con los nombramientos efectuados entre el 17 de noviembre de 2020 y el 1 de enero de 2021 (del 17 al 19 de noviembre de 2020, del 20 al 22 de noviembre de 2020 y del 23 de noviembre de 2020 al 1 de enero de 2021), pues a la fecha de interposición de este recurso, sea, 2 de febrero de 2021, se ha cumplido el plazo de un mes señalado por este Tribunal a efectos de decretar la lesión del derecho fundamental al salario. Dicha condición, por el contrario, no se cumple en referencia a los siguientes nombramientos: del 2 al 21 de enero de 2021, del 22 de enero al 1 de febrero de 2021 y del 2 al 7 de febrero de 2021. En consecuencia, corresponde estimar parcialmente este proceso de amparo, como en efecto se dispone. No obstante, esta declaratoria se dicta con fines indemnizatorios, toda vez que la Jefe de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos de Hospital Nacional Psiquiátrico informó, bajo juramento, que el pago se efectuará en la segunda quincena de febrero de 2021.
IV.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS. Por las razones ampliamente expuestas en las sentencias correspondientes, es criterio de mayoría de esta Sala que cuando la declaratoria con lugar de un recurso de amparo obedezca a la aplicación del primer párrafo del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sea, porque habiéndose notificado la resolución de curso del amparo se revoque, suspenda o detenga la actuación impugnada, dicha estimatoria lo debe ser sin especial condena en daños y perjuicios. Sin embargo, bajo una mejor ponderación y como tesis de excepción, debe señalarse que cuanto el recurso de amparo verse de forma concreta sobre una situación patrimonial directa y estrictamente relacionada con la protección de derechos pecuniarios –sea la omisión de pago del salario o de las prestaciones que por derecho le corresponda a la persona interesada- sí procede la plena aplicación de la estimatoria del recurso de amparo, incluso con la correspondiente condena en costas, daños y perjuicios, por cuanto dicha condenatoria se erige en garantía de que lo adeudado podrá ser honrado por la Administración –de oficio o a gestión de parte- con la debida actualización o indexación que corresponda fijar en el ámbito de la legalidad ordinaria, en el respectivo proceso de ejecución de la sentencia constitucional estimatoria. Es por esta razón, que en el caso bajo estudio sí resulta procedente la condenatoria en costas, daños y perjuicios.
V.- RAZONES DIFERENTES DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ SOBRE LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DERIVADAS DE DECLARAR CON LUGAR ESTE RECURSO. Coincido con la mayoría de la Sala en la decisión tomada respecto de la existencia de una lesión a los derechos fundamentales en este caso, la cual ha sido corregida con ocasión de la intervención de la Sala.
No obstante, sostengo una posición particular en relación con el tema de las consecuencias económicas de esta sentencia, y es la siguiente: La jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y hábeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes, enfrentadas por una disputa legal. Su objetivo es brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales de manera que no sean perturbados en su disfrute, o privados de ellos, por actos de quien, de hecho o de derecho, realiza ejercicios concretos de autoridad, capaces de vulnerarlos.
Esa vocación protectora de la jurisdicción constitucional se concreta en un diseño procesal también peculiar, célere y gratuito en donde se impone a la autoridad pública recurrida la simple rendición de “un informe” sobre lo actuado en el caso denunciado (artículos 43, 44, 45 y 46 de la LJC). Así que no se trata técnicamente de un litigio y acorde con ello, se entregan a la Sala Constitucional amplios poderes para orientar el curso del proceso de amparo o de hábeas corpus, tanto respecto de la posibilidad de requerir información a otras autoridades sobre lo sucedido, como respecto del manejo amplio de la prueba que pueda servir para aclarar lo sucedido.
Ese marco procesal, de la jurisdicción de la libertad, donde no existen dos partes antagónicas enfrentadas de modo que lo que gane una lo pierda la otra, impone alejarnos de las soluciones que para estas últimas cuestiones han sido previstos en sistemas procesales como el civil, el contencioso o el laboral, y esto incluye naturalmente -y en lo que nos viene a interesar aquí- la forma de entender las reglas prescritas sobre las consecuencias económicas de tales procesos de amparo y habeas corpus, en caso de que se compruebe una violación a los derechos constitucionales, de manera tal que –ante el reconocimiento de una lesión parte de la Sala, exista una restauración del disfrute de tales derechos y además una efectiva indemnización de los daños y gastos ocasionados, como parte del derecho a una justicia efectiva en cuanto a la reparación de las consecuencias dañosas generadas por las autoridades que resulten infractoras.
En concordancia con lo anterior los artículos 49 y 50 de la Ley, fijan las potestades de la Sala para que –en caso de que se acoja el amparo- se pueda lograr el efectivo restablecimiento del disfrute de los derechos fundamentales afectados o bien –en los casos extremos de imposibilidad de restablecimiento- la prevención de que no se vuelva a incurrir en los actos lesivos. Y es por eso que, en esa línea, el artículo 51 de ley establece que: “(a)demás de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso…”.
Esta es la regla general con la que se debe operar en el ámbito indemnizatorio, cuando la Sala ha tenido como comprobado el agravio en su decisión, y que se ampara en el concepto antes citado de una tutela efectiva de los derechos de las personas y en la noción de que la administración debe hacerse responsable por los daños y gastos que ocasione con su actuar inconstitucional. Las dudas que han surgido tienen como base la disposición del artículo 51 de la ley que, en apariencia, contiene una excepción al sistema general recién descrito; sin embargo, una lectura apegada al texto legal, y bajo el prisma de la especialidad de la jurisdicción constitucional apuntan a la inexistencia de tal excepción; en efecto, el artículo citado recoge un caso distinto, en donde el Tribunal Constitucional no ha alcanzado una convicción sobre la existencia de alguna lesión, como se expresa claramente cuando se dice que: “si estando en curso el amparo, se dictare resolución administrativa o judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas si fueren procedentes.”
La mención de una “resolución administrativa o judicial” debe llevarnos a entender que: a) se trata, por una parte, de situaciones en donde una autoridad distinta de la autora del agravio, interviene en el caso para revertir los efectos jurídicos de la actuación discutida; y b), que tal intervención se realiza previamente a que la Sala conozca el fondo del asunto y, por tanto, no se emitirá en el proceso una valoración de fondo de los elementos de convicción existentes. Simplemente, la Sala constataría en tal caso la existencia de la citada resolución (administrativa o judicial emitida por una autoridad diferente de la autora del agravio) y declararía con lugar el recurso, no por hallar de hecho alguna violación sino por mero imperativo legal y valorando apropiadamente la oportunidad de una condenatoria en daños perjuicios y costas.
Esta es la solución interpretativa que resulta más coherente con el artículo 50 de la Ley, en donde sí se regula de forma expresa el caso en que la Sala -al momento de valorar el caso y dictar sentencia- se encuentra con que ya han “cesado los efectos del acto impugnado”, situación que –para poder distinguirla cabalmente del caso del artículo 52 de la LJC- debe entenderse que alude al supuesto de que la propia autoridad recurrida es quien ha hecho cesar los efectos del acto impugnado.
En este supuesto, tal y como lo ordenan los numerales 50 y 51 de la LJC, el recurso debe acogerse, disponiendo a la vez la condenatoria en daños, perjuicios y costas. En este caso, puede afirmarse que la Sala ha valorado los elementos de juicio existentes y concluido la existencia de una lesión a derechos fundamentales, cuyos efectos nocivos han cesado al momento del pronunciamiento por la intervención de la autoridad recurrida, de modo que lo procedente es aplicar la doctrina de los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, excluyendo lo dispuesto en el artículo 52 por no corresponder su presupuesto de hecho al que se presenta en este proceso.
VI.- RAZONES DIFERENTES DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, EN RELACIÓN CON LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA. Coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, pero difiero en cuanto a las razones que aduce la mayoría del Tribunal para condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada. La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:
“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Por otra parte, en el artículo 51 ibidem, se establece que: “...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.
El artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una
condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.
Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que implica una “terminación anormal del proceso”. El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios; no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.
En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios.
VII.- RAZONES DIFERENTES DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS. En términos generales, cuando la Sala por mayoría declara con lugar un recurso de amparo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, al tenor del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), he salvado parcialmente mi voto. Lo anterior, porque el artículo 52 de la LJC dice:
“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas. Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.
Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido. En síntesis, mi posición es que en los recursos de amparo declarados con lugar de conformidad con el artículo 52 de la LJC procede siempre la condenatoria en abstracto de los daños y perjuicios. En lo que respecta a las costas, la misma norma faculta a la Sala a determinar –cuando lo considere justo- la procedencia de las mismas.
En consecuencia, concurro con la parte dispositiva de esta sentencia, al declarar con lugar el recurso de amparo por la condenatoria en daños y perjuicios, y en atención a las características del presente asunto estimo que también corresponde la condenatoria en costas.
VIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara parcialmente con lugar el recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, párrafo 1º, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, únicamente por la lesión del derecho al salario del amparado en referencia a los períodos laborados entre el 17 de noviembre de 2020 y el 1 de enero de 2021 (del 17 al 19 de noviembre de 2020, del 20 al 22 de noviembre de 2020 y del 23 de noviembre de 2020 al 1 de enero de 2021). Se ordena a Mayela Abarca Castillo, en condición de Jefe de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos de Hospital Nacional Psiquiátrico, o a quien ejerza tal cargo, que lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias y coordine lo necesario para que, tal como lo indica en su informe, al amparado se le cancelen los salarios correspondientes a los nombramientos supra citados, en la segunda quincena de febrero de 2021. Lo anterior bajo la advertencia de que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. La Magistrada Hernández López da razones diferentes en relación con la condenatoria en daños, perjuicios y costas de conformidad con los artículos 50, 51 y 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El Magistrado Salazar Alvarado da razones diferentes en relación con la condenatoria en costas, daños y perjuicios. La Magistrada Garro Vargas da razones diferentes. En cuanto a los nombramientos que van del 2 al 21 de enero de 2021, del 22 de enero al 1 de febrero de 2021 y del 2 al 7 de febrero de 2021, se declara sin lugar el recurso. Notifíquese.



Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ileana Sánchez N.



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