Sentencia Nº 2021004840 de Sala Constitucional, 09-03-2021

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente21-002182-0007-CO
Número de sentencia2021004840

*210021820007CO*

Exp: 21-002182-0007-CO

Res. Nº 2021004840

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del nueve de marzo de dos mil veintiuno .

Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad No. [Valor 001] , contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL y el MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ.

Resultando:

1.- Por escrito recibido mediante el sistema de fax de la Sala a las 10:08 horas de 3 de febrero de 2021, el recurrente interpone recurso de amparo contra la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Justicia y Paz. Manifiesta que lleva más de 1 año con un padecimiento en el hombro derecho. Indica que el Área Médica de la Unidad de Atención Integral Pabru Presberi lo refirió al Servicio de Ortopedia del Hospital Escalante Pradilla donde, después de realizarle una evaluación, le refirieron al Servicio de Fisiatría. Acusa que hace más de 1 año presentó la referencia y no se le ha asignado cita para su atención, lo que estima violatorio de sus derechos fundamentales.

2.- En resolución de las 15:16 horas de 4 de febrero de 2021, se dio curso a este proceso y se solicitó informe al Director Médico y al Jefe del Servicio de Fisiatría, ambos del Hospital Escalante Pradilla, y al Director General de la Unidad de Atención Integral Pabru Presbere, sobre los hechos alegados por el recurrente.

3.- Mediante escrito recibido agregado al expediente digital a las 11:45 horas de 5 de febrero de 2021, informa bajo juramento Carlos Robles Segura, en su condición de Director a.i. de la Unidad de Atención Integral Pabru Presberi, que el tutelado fue referido a Hospital Fernando Escalante Pradilla el 24 de febrero de 2019, en donde le programaron cita en el Servicio de Fisiatría para el 30 de abril de 2021, pero por un recurso de amparo anterior se le adelantó para el 30 de noviembre de 2019. Posteriormente, señala que se le brindó una cita a cupo y programaron citas de rehabilitación para los días 28 de julio, 1°, 4, 8, 9 y 11 de agosto de 2022. Asegura que no tiene injerencia en las citas médicas que se le programen al tutelado. Solicita se declare sin lugar el recurso, en cuanto a su representada.

4.- Por escrito recibido mediante el correo electrónico de la Sala a las 12:37 horas de 5 de febrero de 2021, informan bajo juramento Joicy Solís Castro y Adriana Pérez Hernández, por su orden Directora General y Jefe del Servicio de Fisiatría, ambas del Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla, que el amparado había sido valorado con ocasión de este recurso se le brinda cita al tutelado en la especialidad de Fisiatría para el 11 de febrero de 2021, con el fin de determinar el tratamiento a seguir. Solicita se declare sin lugar el recurso.

5.- En resolución de las 15:57 horas de 12 de febrero de 2021, se solicita prueba para mejor resolver a las autoridades del Hospital Escalante Pradilla.

6.- Mediante escrito agregado al expediente digital a las 8:57 horas de 16 de febrero de 2021, informan bajo juramento Joicy Solís Castro y Adriana Pérez Hernández, por su orden Directora General y Jefe del Servicio de Fisiatría, ambas del Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla, que las citas de rehabilitación a las que se hace referencia se adelantan para los días 10, 11 15, 16 y 18 de marzo de 2021, lo cual se comunicó al centro penal. Agregan que en cuanto a la cita médica otorgada para el 11 de febrero de 2021, no consta que el tutelado haya sido debidamente trasladado, razón por la cual, se tuvo ausente.
7.- Por resolución de las 22:28 horas de 20 de febrero de 2021, se solicitó prueba para mejor resolver a las autoridades de la Unidad de Atención Integral Pabru Presbere.
8.- En escrito constancia de 3 de marzo de 2021, se indicó que no consta que el Director General de la Unidad de Atención Integral Pabru Presbere presentara el informe solicitado.
9.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Araya García ; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso. El recurrente acude a esta Sala en protección a su derecho a la salud y acusa los siguientes agravios: 1) que tiene una cita pendiente en el Servicio de Fisiatría del Hospital Escalante Pradilla, la cual no le ha sido brindada a la fecha de presentación de este recurso; y 2) que le fueron programadas citas de rehabilitación en el mismo hospital; sin embargo, que estas se le brindaron para los días 28 de julio, 1°, 4, 8, 9 y 11 de agosto de 2022, plazo que considera desproporcionado para recibir la atención médica que requiere.
II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
1) El amparado se encuentra recluido en la Unidad de Atención Integral Pabru Presbere (hecho incontrovertido).
2) El 30 de noviembre de 2019, el tutelado fue valorado en el Servicio de Fisiatría del Hospital Escalante Pradilla, en donde se le fijó una cita posterior a cupo y se le programaron citas de rehabilitación para los días 28 de julio, 1°, 4, 8, 9 y 11 de agosto de 2022 (ver informe rendido por las autoridades recurridas).
3) El 4 de febrero de 2021, se notificó a las autoridades recurridas la resolución de curso de este proceso de amparo (ver informe rendido por las autoridades recurridas).
4) Con ocasión del recurso, las autoridades del Hospital Escalante Pradilla, le fijaron una cita de valoración al amparado en el Servicio de Fisiatría recurrido para el 11 de febrero de 2021, y le adelantaron las citas de rehabilitación para los días 10, 11 15, 16 y 18 de marzo de 2021, lo cual fue debidamente comunicado al centro penal (ver informe rendido por las autoridades recurridas).
5) El 11 de febrero de 2021, el amparado no fue trasladado a la cita programada por el hospital recurrido, por lo que estuvo ausente (ver informe rendido por las autoridades recurridas).
III.- Sobre el derecho a la salud de los privados de libertad. En reiteradas ocasiones esta Sala ha desarrollado las especiales características de este derecho, señalando que todas las personas recluidas en el sistema penitenciario nacional -sean condenados o presos cautelarmente- tienen derecho a recibir, en forma expedita y eficaz, la atención necesaria para la protección de su salud, e integridad física y psicológica. En ese sentido, se disponen una serie de obligaciones para la Administración Penitenciaria, como por ejemplo, que debe disponer de servicios médicos calificados para el tratamiento de los internos, así como contar con los recursos para el traslado de los enfermos cuyo estado requiera cuidados especiales en establecimientos de salud especializados o en hospitales nacionales; sin que sea de recibo la justificación que supedite la protección de dicho derecho a la realización de trámites burocráticos o a la existencia de recursos económicos (ver en ese sentido la sentencia No. 2012-011290 de las 9:05 horas de 17 de agosto de 2012).
IV.- Sobre el caso concreto. En el sub lite, de los informes rendidos por las autoridades recurridas –que se tienen dados bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción– este Tribunal constata que el amparado se encuentra recluido en la Unidad de Atención Integral Pabru Presberi y se tuvo por acreditado que tenía una cita de valoración pendiente en el Servicio de Fisiatría del Hospital Fernando Escalante Pradilla, y citas de rehabilitación en ese mismo centro médico para los días 28 de julio, 1°, 4, 8, 9 y 11 de agosto de 2022.
Al respecto, las autoridades del Hospital Escalante Pradilla informaron que con ocasión de este recurso, le fijaron una cita de valoración al amparado en el Servicio de Fisiatría recurrido para el 11 de febrero de 2021, y le adelantaron las citas de rehabilitación para los días 10, 11 15, 16 y 18 de marzo de 2021, lo cual fue debidamente comunicado al centro penal.
Ahora bien, considera esta Sala que, la espera en la que la autoridad pretendía mantener al amparado sin programarle la cita de valoración en cuestión y con las citas programadas para el 2022, constituye una violación al derecho a la salud, consagrado en el numeral 21 de la Constitución Política. De tal forma, al acreditarse la violación al derecho a la salud en los términos dichos, el recurso debe ser declarado con lugar, en cuanto a este extremo, para efectos indemnizatorios y con las consideraciones que se dirán en la parte dispositiva de esta sentencia.

V.- Por último, consta que las autoridades del centro penal recurrido no trasladaron al recurrente a la cita de valoración programada para el 11 de febrero de 2021, y pese a que este Tribunal les solicitó prueba para mejor resolver, con el fin de que explicaran lo ocurrieron, omitieron rendir el informe de ley, razón por la cual, considera esta Sala que la falta de traslado del amparado a su cita médica lesionó sus derechos fundamentales, y por ende, el recurso debe ser declarado con lugar, en cuanto a este punto, según se dispondrá en la parte dispositiva de esta sentencia.

VI.- Corolario. En mérito de lo expuesto, se impone acoger el presente proceso de amparo, con las consideraciones que se detallarán en la parte dispositiva de la sentencia.

VII.- Nota de los Magistrados Castillo Víquez y Araya García. Si bien no condenamos en daños y perjuicios y costas cuando se da el supuesto del artículo 52, párrafo primero, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, toda vez que esto solo es posible cuando fuere procedente, bajo una mejor ponderación, cuando se trata de privados de libertad, y dada su condición de vulnerabilidad en que se encuentran, consideramos que en estos casos sí se debe proceder a condenar a la entidad responsable de la vulneración del derecho fundamental en los extremos supra citados.

VIII.- Voto salvado parcial del magistrado Rueda Leal respecto a la condenatoria en costas, daños, perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Tal como lo he venido considerando anteriormente (véase, verbigracia, sentencias Nos. 2019009616 de las 9:30 horas del 28 de mayo de 2019, 2019011535 de las 10:20 horas del 25 de junio de 2019, 2019013735 de las 9:20 horas del 24 de julio de 2019, 2019014142 de las 9:50 horas del 30 de julio de 2019, 2019017370 de las 9:20 horas del 11 de setiembre de 2019, 2019018433 de las 9:30 horas del 24 de setiembre de 2019, 2019018393 de las 9:30 horas del 24 de setiembre de 2019, 2019025098 de las 10:45 horas del 17 de diciembre de 2019, 2019025386 de las 10:45 horas del 20 de diciembre de 2019 y 2020003230 de las 10:05 horas del 18 de febrero de 2020), estimo que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria del sub lite debe ser sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la referida ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como el sub examine, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, estimo que lo procedente es resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

IX.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a: 1) Carlos Robles Segura, en su condición de Director a.i. de la Unidad de Atención Integral Pabru Presberi, o a quien en su lugar ocupe el cargo, gire las órdenes pertinentes y lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, para que de inmediato se realicen los trámites correspondientes ante el Hospital Escalante Pradilla a efecto que se le reprograme al tutelado la cita de valoración en el Servicio de Fisiatría recurrido a la cual no fue trasladado el 11 de febrero de 2021. Asimismo, se le ordena a dicha autoridad trasladar al recurrente a la cita que se le reprogramará en el Servicio de Fisiatría recurrido y a las citas de rehabilitación que fueron reprogramadas con ocasión de este recurso en el mes de marzo de 2021; 2) Se ordena a Joicy Solís Castro y Adriana Pérez Hernández, por su orden Directora General y Jefe del Servicio de Fisiatría, ambas del Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla, o a quienes en su lugar ocupen dichos cargos, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, para que las citas de rehabilitación que requiere el amparado le sean realizadas en las fechas señaladas por el centro médico recurrido con ocasión de este recurso, sean los días 10, 11 15, 16 y 18 de marzo de 2021, en el Servicio recurrido, todo bajo estricta responsabilidad y supervisión de su médico tratante, siempre que una variación de las circunstancias médicas del paciente, no requiera otro tipo de atención, y sea posible de acuerdo con la reorganización del servicio decretada por la emergencia hospitalaria con ocasión de la epidemia de coronavirus (COVID-19). En caso de que no sea posible cumplir con lo anterior, en atención a las razones mencionadas, deberán adoptarse las medidas del caso para que la orden dada sea acatada dentro del plazo de tres meses, luego de superada la pandemia de coronavirus, siempre y cuando no exista posibilidad de hacerlo antes. Se advierte a los recurridos que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados por los hechos que han dado lugar a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Los Magistrados Castillo Víquez y Araya García, ponen nota. El Magistrado Rueda Leal salva parcialmente el voto respecto a la condenatoria en costas, daños y perjuicios Notifíquese.-
Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ileana Sánchez N.
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