Sentencia Nº 2021004877 de Sala Constitucional, 09-03-2021

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente21-003768-0007-CO
Número de sentencia2021004877

*210037680007CO*

Exp: 21-003768-0007-CO

Res. Nº 2021004877


SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del nueve de marzo de dos mil veintiuno .

Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001] , cédula de identidad [Valor 001] , contra la CLÍNICA MARCIAL RODRÍGUEZ CONEJO y el HOSPITAL NACIONAL DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA DR. RAÚL BLANCO CERVANTES.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 14:04 horas del 24 de febrero de 2021, la recurrente interpone recurso de amparo contra la Caja Costarricense de Seguro Social. Indica que el 27 de octubre de 2020 acudió al Servicio de Odontología de la Clínica Marcial Rodríguez para que le calzaran algunas piezas dentales y el médico que lo atendió le indicó que debían extraerle todas las piezas. Comenta que a partir de ese momento empezó un proceso difícil. Añade que se le indicó que debía esperar unos meses para que sanara la boca y luego debía presentarse al servicio para una revaloración y posterior remisión a Odontología Avanzada. Señala que en Odontología avanzada de la Clínica se le refirió al Hospital de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes para su valoración. Sin embargo, de ese centro médico lo remitieron de nuevo a la Clínica Marcial Rodríguez al argumentar que no correspondía su atención en el hospital. Agrega que al apersonarse a la clínica fue referido nuevamente al hospital recurrido. Explica que se le asignó la primera cita en el hospital, pero 15 días después se le informó el traslado de la cita para un plazo de 3 meses. Reclama que con posterioridad se le comunicó que la cita se reprogramó para el 15 de marzo de 2021. No obstante, el 24 de febrero de 2021 lo llamaron para indicarle que se cambió la cita para el 6 de octubre de 2021. Afirma que tiene 2 meses de estar sin prótesis dental, por lo que debe tragarse la comida, situación que le provoca un daño en su estómago y en la salud. Considera que los hechos expuestos lesionan sus derechos fundamentales.
2.- Mediante resolución de las 11:53 horas del 25 de febrero de 2021, se dio curso al amparo y se solicitó informe al director médico y el jefe del Servicio de Odontología, ambos de la Clínica Marcial Rodríguez; así como el director médico y el jefe del Servicio de Odontología, ambos del Hospital de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes.
3.- Por escrito incorporado al expediente digital de la Sala a las 12:07 horas del 4 de marzo de 2021, informan bajo juramento Elsie Carola Gaitán Rojas y José Luis Ugalde Meza, por su orden directora médica a.i. y jefe del Servicio de Odontología, ambos del Área de Salud de Alajuela Norte, Clínica Dr. Marcial Rodríguez. Indica que: “Hecho Primero: El señor [Nombre 001] fue atendido el 27 de octubre 2020 en el segundo nivel de la Clínica Marcial Rodríguez Conejo y se le refirió al tercer nivel de atención de Odontología del Hospital Blanco Cervantes para la confección de prótesis dentales, donde su seguimiento corresponde en dicho Hospital. Esto según consta en verificación de consulta del Expediente Digital Institucional (EDUS). Hecho Segundo: Según Protocolo de Atención Clínica en Red de Prostodoncia Removible. Código PAC.GM.DDSS.ARSDT.OD- 007. La confección de prótesis dentales removibles corresponde al tercer nivel de atención. Que por definición de caso (edad o diagnóstico) se remita al hospital nacional especializado que amerite. En este caso el paciente corresponde al Hospital Blanco Cervantes. Hecho Tercero: Según consulta del expediente EDUS, el paciente ya fue valorado el 1 de marzo 2021 por el Hospital Blanco Cervantes donde le confeccionaron y entregaron las prótesis ese mismo día. Y en el plan de seguimiento se realiza referencia de control en la Clínica Marcial Rodríguez Conejo, que se encuentra en estado pendiente ya que el paciente aún no ha sido agendado.”
4.- Por escrito incorporado al expediente digital de la Sala a las 12:08 horas del 4 de marzo de 2021, informa bajo juramento Dunia Campos Zamora, en su condición de jefatura de Redes a.i. del Hospital Nacional de Geriatría y Gertontología. Indica que “procede a revisión en Expediente Digital único en salud aplicativo Sistema de Identificación Agendas y Citas (SIAC), donde se realiza búsqueda de información relacionada con el Señor [Nombre 001] , cédula [Valor 001] . 1. Se registran citas de Procedimientos (Prótesis) 05/08/219-07/08/2019-09/08/2019-20/08/2019- 21/08/2019. 2. Se registran citas 30/10/2020-11/12/2020 3. Se registran citas 25/03/2021 y 14/09/2021 que fueron canceladas el 01/03/2021 por cita de Prótesis”.
5.- Por escrito incorporado al expediente digital de la Sala a las 12:08 horas del 4 de marzo de 2021, informan bajo juramento Milena Beatriz Bolaños Sánchez, Katrin Kulzer Homann y Luis Diego Giralt Apestegui, por su orden directora general, jefe de Servicios Integrales Geriátricos y especialista en Prostodoncia. todos del Hospital Nacional de Geriatría Dr. Raúl Blanco Cervantes. Indican que “ el amparado fue referido al Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología “Dr. Raúl Blanco Cervantes”, por parte de la Clínica Marcial Rodríguez, para la confección de prótesis dentales, las cuales fueron confeccionadas y entregadas al paciente para el 20 de agosto del 2019, con la entrega el odontólogo tratante confirmó al paciente que las prótesis guardaban ajuste y funcionalidad para su cavidad oral, por lo que se le brindó la educación correspondiente para conservarlas, ya que la estimación promedio de las prótesis es una duración de 6 a 10 años, ver FOLIO N° 1 y 2 de la prueba adjunta. Al solucionarle la afectación que sustentó la referencia de la clínica hacia este Hospital, el paciente fue referido nuevamente a la clínica de su adscripción, con el propósito de que continuara los seguimientos respectivos cerca de su domicilio, esta referencia no es antojadiza sino que obedece más bien a la organización de la red de servicios de salud, donde resuelto el problema de salud del paciente, el mismo se refiere a su lugar de origen, máxime tratándose en nuestro caso de un hospital especializado, único para todo el país y con una creciente población de personas adultas mayores. (…) Como puede constatarse en la prueba allegada a los autos visible en Folio N° 1 y 2, Don Marvin fue atendido por la Dra. Silvia Bonilla Garro, especialista en Odontología General Avanzada, con todo el profesionalismo y oportunidad que caracteriza la atención que brinda el Servicio de Odontología, del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, llegando a término la atención con la entrega en su oportunidad de las prótesis dentales, mismas que no computan ni año y medio. Las razones que fundamentan las reprogramaciones de citas de todos los pacientes que se atienden no solo en Odontología, sino en las demás especialidades de nuestro representado, obedecen fundamentalmente a incidencia que está fuera del alcance de las autoridades del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, al igual que otras especialidades médicas de toda la Caja Costarricense de Seguro Social, se debió al acatamiento de disposiciones sanitarias asociadas al COVID-19, donde solo se autorizó por parte de las autoridades superiores, la consulta a través del teléfono registrado por el paciente en el EDUS, situación que ha sido muy difícil para Odontología, porque no solo se ha tenido que reprogramar citas, sino que se está generando listas de espera, porque los paciente por su salud y la de los funcionarios del Hospital, merecen ser resguardados de toda forma de contagio. Lamentablemente la atención odontológica aludida por el amparado, se vio afectada por la sobreviniente pandemia sanitaria, ya que la población adulta mayor ha sido una población de altísima vulnerabilidad ante el virus del COVID-1 y de conformidad a las regulaciones del Ministerio de Salud, el Sr. Ramos se podría visualizar como un paciente de alto riesgo, razón por lo cual siguiendo las órdenes y los lineamientos del Ministerio de Salud, (ente rector) y ante el Decreto Ejecutivo 42227-MP-S de Emergencia Nacional y alerta amarilla del Cantón de San José donde se domicilia el Hospital, nos vimos obligados a cancelar cirugías no urgentes y citas programadas de gran cantidad de pacientes, de manera que la organización atípica imperante ha sido una atención telefónica a los pacientes, por parte de los profesionales tratantes, siempre que las condiciones lo permitieran, ya que en odontología propiamente en lo referente a cirugías y prótesis dentales, lamentablemente tales atenciones no se podían brindar, ocasionando con ello malos entendidos en los pacientes, que sin conocer los alcances de la pandemia por COVID-19 y los riesgos para su salud y para la vida de ellos mismos, han venido alegando afectaciones en sus derechos fundamentales, véase al efecto la prueba aportada, concretamente lo dispuesto en el lineamiento técnico – operativo y administrativo temporal en los servicios de odontología de la Caja Costarricense de Seguro Social, ante la situación epidemiológica COVID-19, por lo que las razones que han incidido en la no atención odontológica del paciente, están fuera de la voluntad de los aquí suscritos y más bien se relacionan con proteger al paciente de resultar contagiado de COVID, contagio que considerando factores de riesgo, posiblemente le afectaría en gran medida su estado de salud, afectación que no estamos en posición de asumir. Para las fechas en que pretendió ser atendido el paciente existía en territorio costarricense una declaratoria de Emergencia Nacional por COVID-19, posteriormente conforme fue evolucionando la magnitud de la situación sanitaria, amparados en el decreto ejecutivo N° 42227-MP-S, del 18 de marzo del 2020, fue la declaratoria de pandemia y sus consecuencias en el país, así como los lineamientos para la vigilancia epidemiológica de la enfermedad COVID-19, emitidos por el Ministerio de Salud, los cuales buscan brindar el abordaje de prevención, mitigación y tratamiento de los casos y situaciones relacionados con la emergencia y alertas decretadas por el COVID19, la consulta odontológica se reviste de especial riesgo de ser un vector potencial en cuanto a la trasmisión del virus, es por esta razón que las autoridades de la Coordinación Nacional de Odontología, de la Dirección Desarrollo Servicios de Salud, Área Regulación y Sistematización de Diagnóstico y Tratamiento, que operan en el Nivel Central, emitieron el lineamiento: LGM.DDSS.ARSDT-CNO- LINEAMIENTO TÉCNICOOPERATIVO Y ADMINISTRATIVO TEMPORAL EN LOS SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA DE LOS TRES NIVELES DE ATENCIÓN DE LA CCSS ANTE LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA COVID-19, que ordena el cumplimiento obligatorio, en el punto #2 de Atención Clínica, copia textual: “ Se cancelan y reprograman cirugías electivas y endodoncias” , lineamiento que hemos tenido el deber de acatar de forma inmediata, esta es también una razón de porque se han reprogramado de nuestra parte las citas de odontología, otras han sido telefónicas y lamentablemente se tendrán que seguir reprogramando, hasta que las autoridades de gobierno y sanitarias deriven la orden pertinente. De igual forma este Lineamiento en su punto #2 Actividades clínicas, inciso “d” menciona: “Casos designados por recursos de amparo o resolución de Sala Cuarta deben ser atendidos dentro del plazo de la resolución indicada, o constatar bajo consentimiento del paciente que se posterga la atención hasta terminada la emergencia nacional en el expediente de salud, con consentimiento debidamente firmado.” No obstante, en el interés de resolver las necesidades de nuestros adultos mayores por prevalencia de más de 65 años, los recurridos elevamos hace algunas semanas a la Gerencia Médica de la CCSS, un lineamiento para la atención odontológica de las personas adultas mayores, en medio de la emergencia por COVID-19 para ser aplicado en el Servicio de Odontología, del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria para los pacientes y para el personal interviniente y en completa armonía de acciones que garanticen la prestación de servicios médicos y el interés público, dada la emergencia nacional declarada, sin embargo estamos a la espera de lo que se sirvan aprobar las autoridades superiores, posiblemente previa consulta al Ministerio de Salud. En el momento que se tenga respuesta positiva para reorganizar nuestras actividades asistenciales, se estará contactando a todos los pacientes que así lo requieran. Por último, conviene señalar que el paciente no aporta evidencia que demuestre que, ante la falta de prótesis dentales, existen consecuencias que se manifiestan en daños en su estómago o en general en su salud, ya que la falta de prótesis dentales no es un impedimento para alimentarse. En cuanto al tema de medidas cautelares: En este orden de ideas, conviene explicar que el paciente cuenta con prótesis dentales, confeccionadas en el Servicio de Odontología del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, según términos expuestos, no obstante, a pesar de que al hospital no se le ordenó ninguna medida cautelar, en el afán de resguardar su derecho a la salud, el paciente fue citado para el 01 de marzo del 2021, ver FOLIO N° 7, para poder verificar integralmente su cavidad oral. El día de la cita antes indicada, el paciente se presentó y fue atendido por la Dra. Silvia Bonilla Garro, Especialista en Odontología General Avanzada fue atendido en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, anotando en el expediente de salud: paciente se presenta a consulta para valoración, se presenta con prótesis dentales, realizadas en este servicio de Odontología el 20 de agosto del 2019, ver Folio N° 8 y 9, cabe señalar que se constató el buen estado de las prótesis dentales, amén de ser funcionales y adaptables, sin embargo de la valoración efectuada se observó que al paciente se le han realizado unas extracciones recientes, hecho que no fue escrito en la referencia que presentó el paciente, por lo tanto es hasta la valoración que se conoce el verdadero estado de la cavidad oral de Don Marvin, en razón de este hallazgo se le tomaron las impresiones para hacerle prótesis dentales más adaptables a sus necesidades actuales, ver Folio N° 8 y 9, explicándole además que al examen efectuado se palpa la espina nasal anterior, condición anatómica que limita la retención de la prótesis total superior, el paciente nunca ha utilizado prótesis inferior. (…) En el caso concreto, al amparado se le han dispuesto los servicios que ha requerido, tratando siempre de garantizarle su interés superior, lamentablemente por causas ajenas a nuestra voluntad, que se relacionan con la emergencia por COVID-19, se alteraron las citas de atención odontológica, ya que las atenciones se suspendieron de inmediato, para salvaguardar la salud y la vida de las personas adultas mayores, no obstante como se dijo anteriormente al paciente se le brindó el servicio de prótesis que requería. Siendo que no se ha lesionado ningún derecho fundamental del paciente, solicitamos se declare sin lugar el presente recurso de amparo y en la eventualidad de resultar declarado con lugar, se exima a los funcionarios públicos del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, de condenas de costas, daños, perjuicios, toda vez que las atenciones que requirió el paciente se le brindaron con oportunidad y es por razones ajenas a nuestra organización interna que se alteró la agenda de atención odontológica para la confección de prótesis dentales. Por lo expuesto, consideramos que las argumentaciones alegadas no corresponden al esmerado servicio público que, desde el Hospital, se brinda a todos los pacientes adultos mayores, cifra que día con día se incrementa, no obstante, nuestra disposición siempre ha estado a su servicio para brindarle las atenciones que ha requerido”.
6.- Por escrito incorporado al expediente digital de la Sala a las 12:08 horas del 4 de marzo de 2021, informan bajo juramento Katrin Kulzer Homann y Luis Diego Giralt Apestegui, por su orden, jefatura de Consulta Externa y jefe del Servicio de Odontología, ambos del Hospital Nacional de Geriatría Dr. Raúl Blanco Cervantes. Indican que “Efectivamente el señor Ramos fue referido a este centro médico para la fabricación de sus prótesis dentales, las cuales fueron realizadas recientemente el día 20/08/2019 en tiempo y forma correctas, y se le refirió a la clínica Marcial Rodríguez únicamente para los controles necesarios, ya que las prótesis dentales tienen una duración en promedio de 6 a 10 años. (ver folio #1 y #2). Por lo que al señor Ramos s ele atendió en esa fecha se le solucionó su problema dental realizándole sus prótesis y se le refirió efectivamente a la clínica mas cercana de su lugar de vivienda para los controles en caso de ser necesarios. (…) El Señor Ramos fue atendido por la Dra. Silvia Bonilla Garro especialista en Odontología General Avanzada, en tiempo, forma correcta y oportuna (ver folio #1 y #2). Se le remitió al Centro médico Marcial Rodríguez una vez finalizada su rehabilitación oral con sus prótesis dentales nuevas, para realizarse los controles requeridos, por cercanía de su casa de habitación con el centro de adscripción. (Ver folios #1 y #2) (…) El motivo de las cancelaciones del señor Ramos es que ya fue resuelta su situación de rehabilitación oral por la que fue referido, (ver folios #1 y #2) por lo cual al no ser una emergencia ser referido para seguimiento y control es que se basa en el lineamiento actual por pandemia que indica que la población adulta mayor es una población de altísima vulnerabilidad ante el virus del covid 19, es por esto que el criterio técnico/médico y las regulaciones del Ministerio de Salud nos indican que es un paciente de Alto Riesgo, razón por la cual siguiendo las órdenes y los lineamientos del Ministerio de Salud, (ente rector) y ante el decreto ejecutivo 42227-MP-S de emergencia nacional y alerta amarilla ocasionado por el COVID19 y dada la magnitud de la pandemia, la consulta odontológica se reviste de especial riesgo de ser un vector potencial en cuanto a la trasmisión del virus, es por esta razón que la coordinación nacional de odontología desde que comenzó la pandemia sacó un lineamiento (L.GM.DDSS.ARSDT-CNO- LINEAMIENTO TÉCNICOOPERATIVO Y ADMINISTRATIVO TEMPORAL EN LOS SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA DE LOS TRES NIVELES DE ATENCIÓN DE LA CCSS ANTE LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA COVID-19 donde indica, en el punto #2 de Atención Clínica y copio textual: “ Se cancelan y reprograman cirugías electivas y prótesis” (ver folio #3, #4, #5 y #6) lo cual por nuestro deber de obediencia debemos de acatar de forma inmediata, y se atienden casos únicamente de emergencia. (…) El señor Ramos cuenta con prótesis dentales realizadas en este servicio de odontología el 20/08/19, las cuales tienen una vida media de entre 6 y 10 años (ver folios #1 y #2) de igual forma se le asigó cita para valoración el día 01/03/21 (ver folio #7), para verificar si actualmente las tiene. Se presenta el día 01/03/21 y se verifica la existencia de las mismas donde fue atendido por la Dra. Silvia Bonilla Garro, especialista en Odontología General Avanzada de este servicio y coloca en el expediente PACIENTE SE PRESENTA A CONSULTA PARA VALORACIÓN, SE PRESENTA CON PRÓTESIS DENTALES REALIZADAS EN ESTE SERVICIO DE ODONTOLOGÍA EL 20- 08-2019. (ver folio #8 y #9). Por lo que el señor Ramos si mantiene sus prótesis actuales realizadas en el 2019 por este servicio. EL señor Ramos fue atendido por la Dra. Silvia Bonilla, especialista en Odontología General Avanzada, en tiempo y forma correcta y oportuna (ver folio #1 ,#2 y #8, #9 ). En ningún momento se ha causado lesión en sus derechos fundamentales o de otra índole a el señor Ramos, ya que fue atendido en tiempo y forma correctas, y se le ha protegido por su condición de adulto mayor, a un posible contagio del virus de covid 19. Pero de igual forma se le brindó cita el día de mañana lunes 1 de Marzo del 2021, para ser valorado nuevamente y verificar si actualmente tiene sus ortesis dentales realizadas en este servicio (ver folio #8 y #9). Ese día el señor Ramos se presentó a su cita de valoración con sus prótesis dentales en buen estado, funcionales y adaptables, con unas extracciones recientes (lo cual en ningún momento se nos realizó referencia indicándolo), pero sus prótesis funcionales y en buen estado. Se le toman impresiones para realizarse un control y hacer prótesis más funcionales aún. (ver folios #8 y #9) Dra. coloca en expediente: Subjetivo (Motivo Consulta): PACIENTE SE PRESENTA A CONSULTA PARA VALORACIÓN, SE PRESENTA CON PRÓTESIS DENTALES REALIZADAS EN ESTE SERVICIO DE ODONTOLOGÍA EL 20- 08-2019. LAS CUALES SE ENCUENTRAN FUNCIONALES, EN BUEN ESTADO PERO EN LA INFERIOR LE REALIZARÓN EXTRACCIONES DENTALES (SITUACIÓN QUE NUNCA SE LE INFORMO A ESTE SERVIVIO BAJO REFERENCIA) EN LA CLÍNICA MARCIAL RODRÍGUEZ LO QUE HACE QUE LA PRÓTESIS INFERIOR ACTUALMENTE SEA DE DIFICIL MANEJO YA QUE SE CONVIRTIÓ EN UNA PRÓTESIS TOTAL INFERIOR. SE PROCEDE A CONFECCIONAR PRÓTESIS NUEVAS A PESAR DE QUE LAS ACTUALES SE ENCUENTRAN FUNCIONALES Y SE PODRÍAN REPARAR Objetivo: PACIENTE SE LE REALIZARÓN PRÓTESIS EN ESTE SERVICIO EN AGOSTO DEL 2019 LAS CUALES SE ENCUENTARN EN BUEN ESTADO Y FUNCIONALES. EDENTULO TOTAL SUPERIOR E INFERIOR. AL PACIENTE SE LE PALPA LA ESPINA NASAL ANTERIOR LO QUE SE LE EXPLICA AL PACIENTE QUE ESTA SITUACIÓN ANATÓMICA LIMITA LA RETENCIÓN DE LA PRÓTESIS TOTAL SUPERIOR. Y EN INFERIOR EL PACIENTE NUNCA HA UTILIZADO PRÓTESIS TOTAL. SE LE HABLA SOBRE EL TEMA DE MANEJO Y COSTUMBRE. Análisis: -TOMA DE IMPRESIONES PARA PRÓTESIS TOTAL SUPERIOR E INFERIOR CON SILICONA COLOR: A1 Dr. Luis Diego Giralt Apestegui Dra. Katrin Kulzer Homann Jefe de Servicio de Odontología Jefatura de Consulta Externa Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. Cc: Sala Constitucional ARCHIVO LUIS DIEGO”.
7.- Por escrito incorporado al expediente digital de la Sala a las 12:05 horas del 5 de marzo de 2021, informan bajo juramento Karla Gómez Marín, en su condición de especialista en Odontología General Avanzada del Área de Salud Alajuela Norte, Clínica Dr. Marcial Rodríguez Conejo. Indica que “ El señor [Nombre 001] fue atendido el 27 de octubre 2020 cn el segundo nivel de la Clínica Marcial Rodríguez Conejo donde se corroboró haber finalizado el tratamiento dental y oral en este lugar, y que por lo tanto corresponde a referir al tercer nivel de atención de Odontología del Hospital Blanco Cervantes para la confección de prótesis dentales. El seguimiento de este paciente corresponde en dicho Hospital. Esto según consta en verificación de consulta del Expediente Digital Institucional (EDUS). Según Protocolo de Atención Clínica en Red de Prostodoncia Removible. Código PAC.GM.DDSS.ARSl)T.OD- 007. La confección de prótesis dentales removibles corresponde al tercer nivel de atención. Que por definición de caso (edad o diagnóstico) se remita al hospital nacional especializado que amerita. En este caso el paciente corresponde al Hospital. Blanco Cervantes. Según consulta del expediente en el EDUS, el paciente ya fue valorado el 1 de marzo 2021 por el Hospital Blanco Cervantes donde le confeccionaron y entregaron las prótesis ese mismo día. Y en el plan de seguimiento se realiza referencia de control en la Clínica Marcial Rodríguez Conejo, que se encuentra en estado pendiente ya que el paciente aún no ha sido agendado.”
8.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,

Considerando:

I.- OBJETO DEL RECURSO . El recurrente, persona adulta mayor, alega que el 27 de octubre de 2020 acudió al Servicio de Odontología de la Clínica Marcial Rodríguez para que le calzaran algunas piezas dentales y el médico que lo atendió le indicó que debían extraerle todas. Añade que se le indicó que debía esperar unos meses para que sanara la boca y luego debía presentarse al servicio para una revaloración y posterior remisión a Odontología Avanzada. Empero, en el hospital recurrido no se le ha atendido debido a reprogramaciones de la cita, la cual ahora está programada para el 6 de octubre de 2021. Afirma que tiene 2 meses de estar sin prótesis dental, por lo que debe tragarse la comida, situación que le provoca un daño en su estómago y en la salud.
II.-HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:
  1. El recurrente es una persona adulta mayor de 78 años de edad (consulta a la página web del TSE).
  2. El 20 de agosto de 2019, el hospital recurrido valoró al tutelado, le confeccionó y entregó prótesis dentales. Allí el odontólogo estimó que guardaban ajuste y funcionalidad. Asimismo, la duración promedio de las prótesis dentales es de 6 a 10 años (ver informe del hospital accionado).
  3. El 27 de octubre de 2020, el tutelado fue valorado en el segundo nivel de la Clínica Marcial Rodríguez Conejo y lo refirió al tercer nivel de atención de Odontología del Hospital Blanco Cervantes para la confección de unas nuevas prótesis dentales, al haberle extraído unas piezas dentales (hecho incontrovertido).
  4. El amparado registra en el Sistema de Identificación Agendas y Citas (SIAC) citas el 5, 7, 9, 20 y 21 de agosto de 2020, así como el 30 de octubre y 11 de diciembre de 2020 en el hospital recurrido. También constan citas para el 25 de marzo y 14 de setiembre de 2021 que fueron canceladas el 1 de marzo de 2021 (ver informe rendido por la clínica accionada).
  5. El 1 de marzo 2021, el tutelado fue atendido por el Hospital Blanco Cervantes, donde le confeccionaron y entregaron las prótesis ese mismo día. Allí se anotó que la “paciente se presenta a consulta para valoración, se presenta con prótesis dentales, realizadas en este servicio de Odontología el 20 de agosto del 2019”. Ese día se constató el buen estado de las prótesis dentales, así como unas extracciones recientes, motivo por el cual se le tomaron las impresiones para hacerle prótesis dentales más adaptables a sus necesidades actuales. Aunado, se le explicó que “se palpa la espina nasal anterior, condición anatómica que limita la retención de la prótesis total superior, el paciente nunca ha utilizado prótesis inferior”. También, ese día se cancelaron las citas del 25 de marzo y 14 de setiembre de 2021 que se le habían asignado, al haberse resuelto su situación de rehabilitación oral. Finalmente, en el plan de seguimiento se realiza referencia de control en la Clínica Marcial Rodríguez Conejo, que se encuentra en estado pendiente (ver informe del hospital y la clínica accionados).
  1. En virtud de la alerta emitida por la Organización Mundial de la Salud respecto a la pandemia de la covid-19, el Poder Ejecutivo ha decretado Estado de Emergencia Nacional (hecho público y notorio).

III.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, se tiene por demostrado que, el 20 de agosto de 2019, el hospital recurrido valoró al tutelado (persona adulta mayor de 78 años de edad), le confeccionó y entregó prótesis dentales. Allí el odontólogo estimó que guardaban ajuste y funcionalidad. Asimismo, la duración promedio de las prótesis dentales es de 6 a 10 años. Tiempo después, el 27 de octubre de 2020, el tutelado fue valorado en el segundo nivel de la Clínica Marcial Rodríguez Conejo y lo refirió al tercer nivel de atención de Odontología del Hospital Blanco Cervantes para la confección de unas nuevas prótesis dentales, en virtud de haberle extraído unas piezas dentales. Además, se colige que el amparado registra en el Sistema de Identificación Agendas y Citas (SIAC) citas el 5, 7, 9, 20 y 21 de agosto de 2020, así como el 30 de octubre y 11 de diciembre de 2020 en el hospital recurrido. También constan citas para el 25 de marzo y 14 de setiembre de 2021 que fueron canceladas el 1 de marzo de 2021. Ese día, el tutelado fue atendido por el Hospital Blanco Cervantes, donde le confeccionaron y entregaron las prótesis. Allí se anotó que la “paciente se presenta a consulta para valoración, se presenta con prótesis dentales, realizadas en este servicio de Odontología el 20 de agosto del 2019”. Ese día se constató el buen estado de las prótesis dentales, así como unas extracciones recientes, motivo por el cual se le tomaron las impresiones para hacerle prótesis dentales más adaptables a sus necesidades actuales. Aunado, se le explicó que “ se palpa la espina nasal anterior, condición anatómica que limita la retención de la prótesis total superior, el paciente nunca ha utilizado prótesis inferior”. También, como se indicó supra, ese día se cancelaron las citas del 25 de marzo y 14 de setiembre de 2021 que se le habían asignado, al haberse resuelto su situación de rehabilitación oral. Finalmente, en el plan de seguimiento se realiza una referencia de control en la Clínica Marcial Rodríguez Conejo, que se encuentra en estado pendiente.
Al respecto, el hospital recurrido aduce que en la referencia hecha por la clínica no se había indicado que las nuevas prótesis se debían a extracciones dentales, de lo cual se enteró hasta el 1 de marzo de 2021, día en que atendió al amparado a raíz de la medida cautelar dictada por la Sala.
En la especie, la Sala considera que, independientemente de que tales datos se hayan o no indicado en la referencia, lo cierto es que el plazo de espera al que se sometió al tutelado para ser atendido en el hospital recurrido y se le confeccionaran las nuevas prótesis (cinco meses), es irrazonable y lesivo de su derecho a la salud, así como de los principios de eficacia y eficiencia que deben predominar en los servicios públicos. Tal afectación se da en virtud de que el amparado es una persona adulta mayor y, per se, su atención debe ser prioritaria, sumado a que la carencia de una prótesis dental adecuada para su condición actual afectó su calidad de vida; además, se evidencia que, previo a la atención del 1 de marzo de 2021, se le había reprogramado la cita a largo plazo, sea para el setiembre de 2021.
Al respecto, la propia Constitución Política ordena brindar una especial protección a las poblaciones vulnerables, incluidas –evidentemente- las personas adultas mayores. Además, el artículo 6 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, dispone, que los Estados tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias con el fin de garantizar a las personas adultas mayores, el efectivo goce del derecho a la salud y con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días. Asimismo, se debe recordar lo dispuesto en los numerales 17 y 19 inciso a) de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en el sentido que toda persona adulta mayor tiene derecho a la seguridad social que la proteja para llevar una vida digna, a una atención preferencial y al acceso universal, equitativo y oportuno a servicios integrales de salud. Además, el ordinal 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o Protocolo de San Salvador, establece la protección especial del Estado como un derecho humano para la población adulta mayor, mientras que el numeral 10 inciso b), entre otros, de la Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores de América Latina y el Caribe dispone que las personas adultas mayores vivan en un entorno seguro y saludable, por lo que se debe garantizar la protección y la seguridad social. Ergo, la Caja Costarricense de Seguro Social debe resguardar, de forma efectiva, el derecho a la salud de todos sus usuarios, en especial el de las personas adultas mayores, lo que incluye la obligación de prestar de manera oportuna y diligente la atención y el tratamiento médico que necesitan estos pacientes.
Ahora, visto que el tutelado fue atendido con ocasión de este amparo, momento en que se le confeccionaron y entregaron las prótesis requeridas, se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios.

IV.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“ Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes ”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.
V.- NOTA DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. El tema de los recursos de amparo relacionados con el derecho a la salud y, sobre todo, el de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social son agravios que se ha tornado recurrentes en esta Sala Constitucional. Este tipo de procesos han venido en un aumento exponencial, los cuales se evidencian mediante los números que se lleva en la estadística de este Tribunal:
Cantidad de expedientes de salud ingresados a la Sala Constitucional:
AÑO
CANTIDAD EN SALUD
2012
1745
2013
1891
2014
2710
2015
3725
2016
4865
2017
5682
2018
6932
2019
7623
2020 (*)
2780
(*) Asuntos ingresados del 01 de enero al 31 de mayo de 2020.
Del cuadro anterior se infiere que, desde el año 2012 a la fecha, ha habido un aumento constante en la cantidad de asuntos por violación al derecho a la salud que han ingresado a la jurisdicción constitucional. De esos asuntos, buena cantidad corresponde a listas de espera. A propósito de lo anterior, este Tribunal en la sentencia No. 2019-5560 de las 09:30 horas del 29 de marzo de 2019, declaró la vulneración sistemática y reiterada por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social al derecho a la salud de las personas aseguradas, específicamente, en virtud del estado de las listas de espera. Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal ordenó la elaboración, en el plazo de seis meses, de un sistema de gestión integrado para solventar los problemas de lista de espera e incorporar soluciones a las causas estructurales reconocidas por la propia Caja Costarricense de Seguro Social en su informe rendido en el expediente 18-14499-0007-CO; entre otras, ausencia de infraestructura adecuada, aumento poblacional, las consideraciones epidemiológicas, ausencia de un sistema adecuado para cubrir la falta de médicos especialistas, necesidades de equipamiento y demanda en aumento del primer nivel de atención, así como el ausentismo de pacientes a citas en diversos centros médicos de la institución recurrida. En el citado proyecto de sistema de gestión integrado, deberán definirse los plazos de espera razonables por patología o grupos relacionados de diagnóstico de acuerdo con la sintomatología, el nivel de urgencia y las condiciones del paciente, así como los criterios objetivos para precisar la inclusión y ubicación de un paciente en las listas de espera. Aunado a ello, el proyecto de sistema de gestión integrado deberá tomar en cuenta las particularidades de las poblaciones en estado de vulnerabilidad (personas adultas mayores, indígenas, personas en condición de pobreza, madres, niños, niñas y adolescentes, privados de libertad, entre otros) y orientarse bajo los principios constitucionales del servicio público: eficiencia, eficacia, razonabilidad, disponibilidad, accesibilidad y universalidad. Es decir, con la citada sentencia se pretende que la Caja Costarricense de Seguro Social –de conformidad con sus competencias constitucionales y legales- tome las medidas para poner fin a la vulneración sistemática y reiterada al derecho a la salud de las personas que acuden a esa institución a recibir atención médica. Aunado a ello, en aras de dar un seguimiento del cumplimiento de esta sentencia, la Sala Constitucional convocó a una audiencia oral y pública para el 14 de noviembre de 2019. Asimismo, se le ordenó a la Defensoría de los Habitantes que deberá coadyuvar con el seguimiento de la ejecución de esta resolución. Así las cosas, esta intervención promueve la obligación de la Caja Costarricense de disponer de acciones que reduzcan la problemática y que evite que los ciudadanos tengan que recurrir ante la Sala Constitucional para poder ver satisfecho su derecho a la salud.
VI.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ, SOBRE LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DERIVADAS DE DECLARAR CON LUGAR ESTE RECURSO. Coincido con la mayoría de la Sala en la decisión tomada respecto de la existencia de una lesión a los derechos fundamentales en este caso, la cual ha sido corregida con ocasión de la intervención de la Sala; no obstante, me separo de su decisión en relación con el tema de las consecuencias económicas de dicha declaratoria.
La jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y hábeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes, enfrentadas por una disputa legal. Su materia es de orden público, y su objetivo es brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales de manera tal que no se perturbe su disfrute por actos de quien, de hecho o de derecho, realiza ejercicios concretos de autoridad, capaces de vulnerarlos.
Esa vocación protectora de la jurisdicción constitucional se concreta en un diseño procesal también peculiar, célere y gratuito en donde se impone a la autoridad pública recurrida la simple rendición de “un informe” sobre lo actuado en el caso denunciado (artículos 43, 44, 45 y 46 de la LJC). Así que no se trata técnicamente de un litigio y acorde con ello, se entregan a la Sala Constitucional amplios poderes para orientar el curso del proceso de amparo o de hábeas corpus, tanto respecto de la posibilidad de requerir información a otras autoridades sobre lo sucedido, como respecto del manejo amplio de la prueba que pueda servir para aclarar lo sucedido. Tal marco procesal de la jurisdicción de la libertad, donde no existen dos partes antagónicas enfrentadas de modo que lo que gane una lo pierda la otra, impone alejarnos de las soluciones que para estas últimas cuestiones han sido previstos en sistemas procesales como el civil, el contencioso o el laboral.
En lo que ahora interesa, la Ley de la Jurisdicción Constitucional regula en sus artículos 46 y siguientes, tres aspectos concretos del ejercicio de la función jurisdiccional de protección de derechos fundamentales, a cargo de la Sala: a) el primer aspecto es el atinente a la declaración que debe hacerse de la existencia o inexistencia de la violación (artículos 46 y 47 LJC); b) el segundo, regula de forma cuidadosa las potestades de las que goza el Tribunal para revertir los efectos jurídicos de la infracción a los derechos fundamentales y restaurar, de la forma más efectiva, su ejercicio (artículos 49 y 50 LJC); c) el tercer aspecto, (artículo 51 LJC) dispone reglas sobre las consecuencias económicas de tales procesos de amparo y habeas corpus, de manera tal que –ante la constatación de una lesión parte de la Sala-exista una restauración del disfrute de tales derechos y, además, una efectiva indemnización de los daños y gastos ocasionados, como parte del derecho a una justicia efectiva en cuanto a la reparación de las consecuencias dañosas generadas por las autoridades que resulten infractoras, las cuales no son sólo para efectos de la tutela judicial efectiva de la parte accionante, sino también con un fin disuasorio para que el Estado, no incurra en el futuro en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50 de la ley de la Jurisdicción Constitucional.
En este último aspecto, la Ley en su artículo 51 ordena a la Sala que “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso…”. Este es el sistema general que regula los temas del ámbito indemnizatorio, para los casos que la mayoría identifica como “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerados los derechos fundamentales…”; en tales casos, dentro de los que se cuenta el que ahora se decide, la Sala ha tenido por comprobado el agravio y de allí la necesidad de una condenatoria en costas daños y perjuicios, que se apoya en el concepto antes citado de una tutela efectiva de los derechos de las personas y en la noción de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y gastos que ocasione con su actuar inconstitucional. No cambia en nada esta conclusión por el hecho de que al conocer y resolver el amparo, “hubieren cesado los efectos del acto reclamado” (artículo 50) pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria automática en costas daños y perjuicios, por entenderse que el proceso ha terminado de forma normal y se ha constatado la violación.
Dentro de este marco general sencillo y claro -y carente de minusvalías o vacíos- la disposición del artículo 52 de la Ley encaja perfectamente como un caso de excepción, aplicable únicamente en los casos en que la Sala no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, es decir -como lo dice la mayoría- en aquellas situaciones de “terminación anormal del proceso”. Pero las condiciones y alcances para decretar esa forma de conclusión están delimitados como suma precisión por parte del legislador; en primer lugar, los presupuestos de hecho para la aplicación de esta norma, están claramente descritos, de modo que la Sala debe comprobar: 1) que el amparo está en curso; 2) que exista una resolución administrativa o judicial (que debe entenderse en su sentido estrictamente formal); y 3) que en tal resolución se disponga incuestionablemente la revocación, la detención o la suspensión de la actuación impugnada. Se trata de conceptos sumamente acotados, cuyo ámbito de aplicación debe además ser interpretado restringidamente, no solo en atención a la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino porque las consecuencias de aplicar tal excepción generan indiscutiblemente una disminución en el derecho fundamental de las personas a lograr una efectiva tutela judicial frente a los daños recibidos con la lesión a sus derechos constitucionales. En conclusión, únicamente en tales limitados casos y luego de confirmado por el Tribunal todo lo anterior, a la luz de una lectura restrictiva de sus alcances, estaríamos ante la necesidad de dejar de lado el sistema general de condenatoria automática en costas daños y perjuicios, y ejercitar -como jueces- nuestra discreción jurídica para decidir si se ordena el pago de tales extremos o no.
En este caso, el ejercicio anterior obliga a concluir la inaplicabilidad del artículo 52 de LJC, pues, por una parte, el Tribunal se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, ha reconocido con su declaración una lesión a derechos fundamentales y determinado quién ha sido su autor; en nada se asemeja lo anterior una “terminación anormal del proceso ”. Por otra parte, tampoco se verifican los requisitos del artículo 52 recién citado, ya que no existe una “resolución administrativa o judicial ” formalmente emitida y en la cual, de manera expresa se revoque, detenga o suspenda el acto que origina la violación de derechos constitucionales; Por todo ello, es procedente aplicar lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de la LJC y disponer -como consecuencia de haberse comprobado la violación- la condenatoria en daños, perjuicios y costas causados, en calidad de consecuencias económicas del proceso.
Pero incluso, aún si dejásemos de lado la condena automática en daños, perjuicios y costas, despreciando los razonamientos anteriores, lo cierto es que los hechos probados de este caso han llevado a la Sala a declarar la existencia de una afectación en el ejercicio de los derechos fundamentales de la parte amparada, que, como acción dañosa que es, lleva aparejada una presunción de surgimiento de daños y perjuicios económicos -cuya determinación concreta no le toca a la Sala-, y no se aprecia en el expediente mérito alguno que convenza para exonerar a la autoridad recurrida de cubrir la efectiva reparación de las consecuencias dañinas de sus actos, según el principio general dispuesto expresamente en la ley.
VII.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA. Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.
La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:
“ Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes ”.
Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:
“ ...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.
En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.
Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.
El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante, la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.
En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.
VIII.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “ si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.
Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título – derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.
Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.
En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.
IX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El magistrado Rueda Leal pone nota. La magistrada Hernández López salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas de conformidad con los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. Notifíquese.







Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ileana Sánchez N.



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