Sentencia Nº 2021006111 de Sala Constitucional, 23-03-2021

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha23 Marzo 2021
Número de sentencia2021006111
Número de expediente21-005063-0007-CO

*210050630007CO*

Exp: 21-005063-0007-CO

Res. Nº 2021006111

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta y cinco minutos del veintitres de marzo de dos mil veintiuno .

Recurso de amparo que se tramita en el expediente número 20-005063-0007-CO interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], a favor de [Nombre 002], cédula de identidad [Valor 002], contra la CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL Y EL INSTITUO MIXTO DE AYUDA SOCIAL.
RESULTANDO:
1.- Por escrito recibido en esta Sala a las 14:23 hrs. de 12 de marzo de 2021, la parte recurrente interpone recurso de amparo y expone que, la amparada es su hija, de 41 años. Presenta discapacidad física y motora desde que nació, por “encefalopatía congénita”, la cual es permanente. Indica que, en atención a dicha discapacidad, el Estado le otorgó a la amparada desde su nacimiento el beneficio del seguro por el Estado. Alega que no obstante lo expuesto, la autoridad recurrida le comunicó que a partir del mes de abril de este año 2021 su hija perderá el beneficio. Destaca que, dada la condición de su hija, no solo por la discapacidad sino por las enfermedades que sufre, tales como: pre-diabetes, alergias en la piel, problemas intestinales y gástricos, requiere de citas médicas y tratamientos constantes, además de asistencia personal diaria. Explica que el mes anterior (febrero) acudió como todos los años a la Clínica de Coronado a efectuar los trámites de renovación del seguro. Sin embargo, se le informó que la CCSS no va a extender los seguros por el Estado, toda vez que esa función le fue asignada al IMAS y que debía dirigirse a esa institución a pedir la valoración del caso para que ellos determinen si su hija califica o no para mantenerle el seguro o retirárselo. Considera que tal actuación resulta violatoria de los derechos de la amparada a disfrutar de una salud digna protegida por la ley 7600. Relata que antes de acudir a la Sala Constitucional se apersonó en 3 ocasiones al IMAS a solicitar la cita de valoración indicada; empero, la misma se le programó para el 13 de mayo de 2021 y luego se tendrá que coordinar la visita y tomar la decisión, lo que implica que el trámite se va a demorar varios meses en los cuales la amparada quedará sin seguro, medicación ni protección del Estado. Aparte de ello, cuestiona que la lista de espera que tiene el IMAS supera su capacidad de brindar solución expedita y oportuna (véase el comprobante de cita como prueba adjunta). Aqueja que ellos como progenitores de la amparada, son ambos adultos mayores, asegurados por sus otros hijos, de los cuales dependen económicamente, y por tal razón no cuentan con ingresos para poder asegurar a su hija amparada. Por último, insiste en que su hija se encuentra protegida por la ley 7600 y pese a ello, las recurridas le deniegan el seguro de un momento a otros, porque el IMAS no tiene la capacidad de atender la gran demanda de valoraciones para los pacientes que dependen del seguro por el Estado.
2.- Mediante auto de las 18:24 hrs. del 12 de marzo de 2021 se cursó el presente recurso y se notificó a las autoridades del Instituto Mixto de Ayuda Social el 15 de marzo de 2021 y las autoridades de la Clínica de Coronado de la Caja Costarricense de Seguro Social el 17 de marzo de 2021 .
3.- Por escrito presentado el 18 de marzo de 2021, informa bajo juramento JUAN CARLOS LACLÉ MORA, en condición de Gerente General del Instituto Mixto de Ayuda Social que: “(…) Manifiesta la funcionaria Andrea Jiménez Vargas en el oficio IMAS-SGDS-ARDSNE-ULDS Goicoechea-0046-2021, que es cierto que la hija de la recurrente de 41 años quien presenta una discapacidad física y motora desde que nació, por “encefalopatía congénita”, recibe el beneficio de aseguramiento por parte del Estado. Es preciso destacar que, en atención a la Circular de la CCSS DCE-ACE-0243- 2020 del 22 de diciembre del 2020 emitida por la CCSS, se les instruye a las Áreas de Salud del país que según la normativa aprobada el 24 de julio del 2020 por la Gerencia Financiera de la CCSS, deben solicitar a partir del 4 de enero del 2021, una certificación emitida por el IMAS donde indique la condición de pobreza o pobreza extrema del núcleo familiar. En virtud de la circular antes indicada, mediante oficio IMAS-SGDS-0015-2021, se instruye que, en los casos de las familias en que los beneficiarios del aseguramiento por el Estado no tengan información en el SINIRUBE, como lo es el caso de la familia de la recurrente, se proceda a aplicar la Ficha de Información Social. De conformidad con lo anterior, no es cierto que el IMAS realice valoraciones para el otorgamiento y/o renovación de seguros por cuenta del Estado, lo que sí compete a esta instancia es entregar a las personas que así lo requieran, una certificación de la condición de pobreza en que se encuentran actualmente, esto con base en la calificación obtenida por medio de la aplicación de la Ficha de Información Social (FIS), siendo que este documento es el requisito que la CCSS les solicita para determinar si aprueba o no esta modalidad de aseguramiento. En el mismo sentido, manifiesta la funcionaria, en el informe en comentario, que, de acuerdo con las consultas realizadas al Sistema de Atención a la Ciudadanía (SACI), no consta que la recurrente haya solicitado cita para ser atendida, de igual forma, no consta que haya hecho solicitud alguna a través del Chat-BOT-IMAS. A través de la revisión realizada al SACI, se extrae que la recurrente se presentó a la Institución el día 26 de febrero del 2021, día en que se le asignó la cita solicitada para la aplicación de la FIS correspondiente, por tanto, no consta que la amparada se haya presentado en tres ocasiones a la institución para solicitar la cita solicitada. En el oficio IMAS-SGDS-ARDS-NE-ULDS Goicoechea-0046-2021, se indica que, a partir del día 4 de enero, aumentó considerablemente la cantidad de personas que requieren de la certificación antes indicada para solicitar el beneficio de aseguramiento por el Estado, de ahí que la programación de la cita data para los meses siguientes, conforme a la capacidad operativa. Asimismo, manifiesta la funcionaria en el informe cita que, en atención a lo dispuesto por el artículo 11 bis, inciso b) del Reglamento del Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social; “la Caja podrá incluir a beneficiarios en forma provisional por un período máximo de tres meses, comunicando la situación al IMAS para que dicha Institución proceda con el análisis y resolución del caso en cuanto a la calificación definitiva de condición de pobreza”. En este sentido, del poder de la CCSS de realizar un aseguramiento provisional a la amparada, puede extraerse que la certificación del IMAS, no es un requisito indispensable para la atención médica de la recurrente y el trámite de su solicitud ante la CCSS. Debido a lo antes indicado, no es cierto que a la recurrente se le haya denegado el seguro, puesto que como se indicó líneas atrás, mi representada no tiene las facultades para otorgar el beneficio de aseguramiento a la amparada. Es preciso destacar que, a la fecha, la amparada aún cuenta con aseguramiento por el Estado y ya cuenta con cita asignada para aplicación de FIS. No obstante, no tenía conocimiento mi representada de que el beneficio por aseguramiento de la amparada venciera en fecha 31 de marzo del 2021, empero, ante tal situación y en resguardo de sus derechos, su cita ha sido adelantada para el viernes 19 de marzo a las 8:30 am y la usuaria ya ha sido notificada telefónicamente de este cambio”. Solicita que se declare sin lugar el recurso.
4.- Por escrito presentado el 19 de marzo de 2021, informa bajo juramento ZEIRITH ROJAS CERNA, en condición de Director Médico del Área de Salud de Coronado de la Caja Costarricense de Seguro Social que: “Primero: No se cuenta con registros digitales de la modalidad de seguro de la usuaria [Nombre 002] desde su nacimiento, sin embargo, tal como lo cita el Código de la Niñez y Adolescencia (Ley 7739, artículo 42), si no existió otro régimen de cobertura, podía disfrutar del seguro por Cuenta del Estado, es importante señalar que tal protección se da para un menor de edad indistintamente su condición de salud. Segundo: Según el expediente Administrativo del Estado a nombre de la usuaria [Nombre 002] y al sistema en línea de Validación de Derechos la última renovación del seguro por Cuenta del Estado fue realizada en el año 2018, donde se extendió su aprobación del 03-10-2018 al 03-10-2020; sin embargo, la institución C.C.S.S. mediante oficio DCE-ACE-0156-2020 se amplió de oficio las modalidades de seguro por el Estado hasta el 31-03-2021, esto por motivo de la atención de la emergencia nacional por COVID-19 y como medida para disminuir aglomeración y exposición de la población, así como garantizar la atención oportuna de la población con este tipo de Cobertura. Como un punto importante a señalar, se rescata que la población meta por la cual existe la modalidad de seguro por Cuenta del Estado es una población en condición de pobreza o pobreza extrema (Ley 5662, artículo 25), además, se encuentra que en el expediente administrativo, la entrevista de renovación del Seguro por Cuenta del Estado del 12-10-2016 se hizo la recomendación de iniciar el proceso de pensión por el Régimen No Contributivo a favor de la usuaria por su condición de salud, esto para que se valorara si ese estado de salud calificaba para este programa asistencial social del Estado. (El Régimen no Contributivo de Pensiones es un programa de asistencia social del Estado, administrado por la C.C.S.S. Tiene dos componentes, a saber: las Pensiones Ordinarias y las Pensiones por Parálisis Cerebral Profunda); al día de hoy no se documenta que este trámite se hubiera iniciado Tercero: De la participación de esta Unidad en el actual proceso de aprobación para la modalidad de seguro por Cuenta del Estado a favor de usuaria [Nombre 002], me permito mencionar que los procesos aplicados en el área de Validación y Facturación son gestionados bajo los Reglamentos, Normas y Manuales vigentes, donde en temas de aprobación del seguro por el Estado fueron modificados a partir del 04 de enero del 2021, siendo de aplicación inmediata y para lo que se dicta que las unidades de Validación de la C.C.S.S. no realizarán análisis de solicitudes para el seguro por Cuenta del Estado, siendo único responsable de este análisis y aprobación el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), lo cual se menciona en el Manual de Normas y Procedimientos Aseguramiento por Cuenta del Estado en su inciso 9.13 al citar: “Es responsabilidad del Instituto Mixto de Ayuda Social la calificación de la condición de pobreza de las familias demandantes de este beneficio, así como de su inclusión y actualización dentro del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE)” Así las cosas, la participación de la C.C.S.S. a través de las oficinas de Validación y Facturación es la de actualizar en sus sistemas de verificación de aseguramiento lo ya aprobado por esta institución, (IMAS) o bien, bloquear los casos donde el usuario ya no califica en esa condición de pobreza o pobreza extrema, tienen otra modalidad de aseguramiento, o bien se registre un fallecimiento. (Manual de Normas y Procedimientos Aseguramiento por Cuenta del Estado, artículo 10.4 “Las Unidades de Validación y Facturación de Servicios Médicos, se encargarán de actualizar los registros de datos de la persona objeto del beneficio o beneficiarios del Aseguramiento por el Estado, en el Sistema Integrado de Agendas y Citas (SIAC), módulo Seguro por el Estado, en cada gestión realizada”. Cuarto: Para dar seguimiento a este caso luego de notificada la situación de la usuaria [Nombre 002] mediante el recurso de amparo 21-005063-0007-CO, el día 17-03-2021 al ser las 3:13pm, se revisó la herramienta de Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) identificando que ya el IMAS había ingresado los datos de la usuaria [Nombre 002] , donde indica claramente haber sido evaluada por el SINIRUBE, y donde se determinó que se encuentra en situación de “NO POBRE”. Por último, no está demás declarar que las gestiones del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), no son competencia de la C.C.S.S., por lo que las listas de espera mencionada en relación al (SIC) proceso de Coberturas del Estado que tramita el IMAS no es posible solucionarlo a través de la oficina de Validación y Facturación. -Como complemento al informe remitido por el Lic. Michael Solano Vega, Jefe Sub Area (SIC) Financiero Contable del Área de Salud de Coronado, el día de hoy remite el oficio SFCVF-1364-03-2021 en el cual señala: “(…) Al ser las 10:30am del día de hoy 19 de marzo de 2021, se presenta al Servicio de Validación y Facturación la señora [Nombre 001] , cédula [Valor 001] a favor de [Nombre 002], cédula [Valor 002], donde hace entrega a nuestro servicio de los siguientes documentos: 1. Certificación emitida por el IMAS el día de hoy 19 de marzo de 2021 a las 8:38am, donde en la misma se indica la condición de pobreza no extrema de la usuaria [Nombre 002] , cédula [Valor 002]. (se adjunta) 2. Reporte de personas registradas en el sistema del IMAS con fecha 19 de marzo de 2021, donde indica la condición de pobreza no extrema de la usuaria [Nombre 002] , cédula [Valor 002] . (se adjunta). Ante esta situación procedimos a las 10:41am del día de hoy 19-03-2021, se revisó la herramienta de Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) identificando que ya el IMAS había ingresado los datos de la usuaria [Nombre 002], donde indica claramente haber sido evaluada por el SINIRUBE, y donde se determinó que se encuentra en situación de “VULNERABLE”. (se adjunta). Por todo lo anterior, y dadas las condiciones en este momento de la usuaria [Nombre 002], cédula [Valor 002] al día de hoy 19 de marzo de 2021 a las 10:45 am, y según el Manual de Normas y Procedimientos Aseguramiento por Cuenta del Seguro por el Estado, se otorga la aprobación definitiva del seguro por Cuenta del Estado para la dicha usuaria por el periodo del 19 de marzo de 2021 al 18 de marzo de 2026 (5 años), según la aplicación de la normativa vigente (…)”. Solicita que se declare sin lugar el recurso.
5.- En la substanciación de este proceso se han observado las prescripciones de ley.

Redacta la Magistrada Sánchez Navarro ; y,

Considerando:

I.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente interpone recurso de amparo y expone que la amparada es su hija, de 41 años. Presenta discapacidad física y motora desde que nació, por “encefalopatía congénita”, la cual es permanente. Indica que, en atención a dicha discapacidad, el Estado le otorgó a la amparada desde su nacimiento el beneficio del seguro por el Estado. Alega que no obstante lo expuesto, la autoridad recurrida le comunicó que a partir del mes de abril de este año 2021 su hija perderá el beneficio. Destaca que, dada la condición de su hija, no solo por la discapacidad sino por las enfermedades que sufre, tales como: pre-diabetes, alergias en la piel, problemas intestinales y gástricos, requiere de citas médicas y tratamientos constantes, además de asistencia personal diaria. Explica que el mes anterior (febrero) acudió como todos los años a la Clínica de Coronado a efectuar los trámites de renovación del seguro. Sin embargo, se le informó que la CCSS no va a extender los seguros por el Estado, toda vez que esa función le fue asignada al IMAS y que debía dirigirse a esa institución a pedir la valoración del caso para que ellos determinen si su hija califica o no para mantenerle el seguro o retirárselo. Considera que tal actuación resulta violatoria de los derechos de la amparada a disfrutar de una salud digna protegida por la ley 7600. Relata que antes de acudir a la Sala Constitucional se apersonó en 3 ocasiones al IMAS a solicitar la cita de valoración indicada; empero, la misma se le programó para el 13 de mayo de 2021 y luego se tendrá que coordinar la visita y tomar la decisión, lo que implica que el trámite se va a demorar varios meses en los cuales la amparada quedará sin seguro, medicación ni protección del Estado. Aparte de ello, cuestiona que la lista de espera que tiene el IMAS supera su capacidad de brindar solución expedita y oportuna (véase el comprobante de cita como prueba adjunta). Aqueja que ellos como progenitores de la amparada, son ambos adultos mayores, asegurados por sus otros hijos, de los cuales dependen económicamente, y por tal razón no cuentan con ingresos para poder asegurar a su hija amparada. Por último, insiste en que su hija se encuentra protegida por la ley 7600 y pese a ello, las recurridas le deniegan el seguro de un momento a otros, porque el IMAS no tiene la capacidad de atender la gran demanda de valoraciones para los pacientes que dependen del seguro por el Estado.
II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:
  1. La amparada tiene 41 años y presenta una discapacidad física y motora desde que nació, ocasionada por una “encefalopatía congénita”, la cual es permanente (hecho no controvertido).
  2. La amparada contaba con el aseguramiento por parte del Estado, el cual vencía el 31 de marzo del 2021 (ver informes rendidos por parte de las autoridades accionadas).
  3. El 26 de febrero de 2021 la recurrente acudió al IMAS para solicitar cita de valoración de su hija para determinar si continuaba o no con el seguro a cargo del Estado. Para lo anterior se agendó cita para el 13 de mayo del 2021 (ver informes rendidos por parte de las autoridades accionadas).
  4. En atención a la medida cautelar las autoridades recurridas reprogramaron la cita a la amparada para el 19 de marzo a las 8:30am. (ver informes rendidos por parte de las autoridades accionadas).
  5. El 19 de marzo de 2021, las autoridades recurridas le otorgaron la aprobación definitiva del seguro por Cuenta del Estado para la amparada por el periodo del 19 de marzo de 2021 al 18 de marzo de 2026 (ver informes rendidos por parte de las autoridades accionadas).
III.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal acredita la lesión a los derechos fundamentales de la parte amparada. De los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen dados bajo juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado que, la amparada tiene 41 años y presenta una discapacidad física y motora desde que nació, ocasionada por una “encefalopatía congénita”, la cual es permanente. Consta que la tutelada contaba con el aseguramiento por parte del Estado, el cual vencía el 31 de marzo del 2021. El 26 de febrero de 2021 la recurrente acudió al IMAS para solicitar cita de valoración de su hija para determinar si continuaba o no con el seguro a cargo del Estado. Para lo anterior se agendó cita para el 13 de mayo del 2021. En atención a la medida cautelar dictada en este proceso, las autoridades recurridas reprogramaron la cita a la amparada para el 19 de marzo a las 8:30am. Asimismo, el 19 de marzo de 2021, las autoridades recurridas le otorgaron la aprobación definitiva del seguro por Cuenta del Estado para la amparada por el periodo del 19 de marzo de 2021 al 18 de marzo de 2026. En el sub exámine se acreditó que las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social y del Instituto Mixto de Ayuda Social no coordinaron esfuerzos a efectos de actualizar la información de la tutelada en el IMAS y consecuentemente, extender durante el período del aseguramiento con el cual contaba la amparada a efectos de no dejarle sin dicha cobertura mientras se realizada la valoración correspondiente. Asimismo, se valora que fue con ocasión de la interposición del presente recurso de amparo que las autoridades recurridas reprogramaron la cita a la amparada para el 19 de marzo del 2021 y en dicha cita se le otorgó la aprobación definitiva del seguro por cuenta del Estado para el periodo del 19 de marzo de 2021 al 18 de marzo de 2026. Por lo anterior, procede declarar con lugar el presente recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios.
IV.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL CASO CONCRETO. Por las razones ampliamente expuestas en las sentencias correspondientes, es criterio de mayoría de esta Sala que cuando la declaratoria con lugar de un recurso de amparo obedezca a la aplicación del primer párrafo del artículo 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sea, porque habiéndose notificado la resolución de curso del amparo se revoque, suspenda o detenga la actuación impugnada, dicha estimatoria lo debe ser sin especial condena en daños y perjuicios. Sin embargo, bajo una mejor ponderación y como tesis de excepción, debe señalarse que cuanto el recurso de amparo verse de forma concreta sobre una situación patrimonial directa y estrictamente relacionada con la protección de derechos pecuniarios –sea la omisión de pago del salario o de las prestaciones que por derecho le corresponda a la persona interesada- sí procede la plena aplicación de la estimatoria del recurso de amparo, incluso con la correspondiente condena en costas, daños y perjuicios, por cuanto dicha condenatoria se erige en garantía de que lo adeudado podrá ser honrado por la administración –de oficio o a gestión de parte- con la debida actualización o indexación que corresponda fijar en el ámbito de la legalidad ordinaria, en el correspondiente proceso de ejecución de la sentencia constitucional estimatoria. Es por esta razón, que en el caso bajo estudio sí resulta procedente la condenatoria en costas, daños y perjuicios.
V.- RAZONES DIFERENTES DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ SOBRE LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DERIVADAS DE DECLARAR CON LUGAR ESTE RECURSO. Coincido con la mayoría de la Sala en la decisión tomada respecto de la existencia de una lesión a los derechos fundamentales en este caso, la cual ha sido corregida con ocasión de la intervención de la Sala. No obstante, sostengo una posición particular en relación con el tema de las consecuencias económicas de esta sentencia, y es la siguiente:
La jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y hábeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes, enfrentadas por una disputa legal. Su objetivo es brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales de manera que no sean perturbados en su disfrute, o privados de ellos, por actos de quien, de hecho o de derecho, realiza ejercicios concretos de autoridad, capaces de vulnerarlos.
Esa vocación protectora de la jurisdicción constitucional se concreta en un diseño procesal también peculiar, célere y gratuito en donde se impone a la autoridad pública recurrida la simple rendición de “un informe” sobre lo actuado en el caso denunciado (artículos 43, 44, 45 y 46 de la LJC). Así que no se trata técnicamente de un litigio y acorde con ello, se entregan a la Sala Constitucional amplios poderes para orientar el curso del proceso de amparo o de hábeas corpus, tanto respecto de la posibilidad de requerir información a otras autoridades sobre lo sucedido, como respecto del manejo amplio de la prueba que pueda servir para aclarar lo sucedido.
Ese marco procesal, de la jurisdicción de la libertad, donde no existen dos partes antagónicas enfrentadas de modo que lo que gane una lo pierda la otra, impone alejarnos de las soluciones que para estas últimas cuestiones han sido previstos en sistemas procesales como el civil, el contencioso o el laboral, y esto incluye naturalmente -y en lo que nos viene a interesar aquí- la forma de entender las reglas prescritas sobre las consecuencias económicas de tales procesos de amparo y habeas corpus, en caso de que se compruebe una violación a los derechos constitucionales, de manera tal que –ante el reconocimiento de una lesión parte de la Sala, exista una restauración del disfrute de tales derechos y además una efectiva indemnización de los daños y gastos ocasionados, como parte del derecho a una justicia efectiva en cuanto a la reparación de las consecuencias dañosas generadas por las autoridades que resulten infractoras.
En concordancia con lo anterior los artículos 49 y 50 de la Ley, fijan las potestades de la Sala para que –en caso de que se acoja el amparo- se pueda lograr el efectivo restablecimiento del disfrute de los derecho fundamentales afectados o bien –en los casos extremos de imposibilidad de restablecimiento- la prevención de que no se vuelva a incurrir en los actos lesivos. Y es por eso que, en esa línea, el artículo 51 de ley establece que: “(a)demás de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso…”. Esta es la regla general con la que se debe operar en el ámbito indemnizatorio, cuando la Sala ha tenido como comprobado el agravio en su decisión, y que se ampara en el concepto antes citado de una tutela efectiva de los derechos de las personas y en la noción de que la administración debe hacerse responsable por los daños y gastos que ocasione con su actuar inconstitucional.
Las dudas que han surgido tienen como base la disposición del artículo 51 de la ley que, en apariencia, contiene una excepción al sistema general recién descrito; sin embargo, una lectura apegada al texto legal, y bajo el prisma de la especialidad de la jurisdicción constitucional apuntan a la inexistencia de tal excepción; en efecto, el artículo citado recoge un caso distinto, en donde el Tribunal Constitucional no ha alcanzado una convicción sobre la existencia de alguna lesión, como se expresa claramente cuando se dice que: “si estando en curso el amparo, se dictare resolución administrativa o judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas si fueren procedentes.
La mención de una “resolución administrativa o judicial” debe llevarnos a entender que: a) se trata, por una parte, de situaciones en donde una autoridad distinta de la autora del agravio, interviene en el caso para revertir los efectos jurídicos de la actuación discutida; y b), que tal intervención se realiza previamente a que la Sala conozca el fondo del asunto y, por tanto, no se emitirá en el proceso una valoración de fondo de los elementos de convicción existentes. Simplemente, la Sala constataría en tal caso la existencia de la citada resolución (administrativa o judicial emitida por una autoridad diferente de la autora del agravio) y declararía con lugar el recurso, no por hallar de hecho alguna violación sino por mero imperativo legal y valorando apropiadamente la oportunidad de una condenatoria en daños perjuicios y costas.
Esta es la solución interpretativa que resulta más coherente con el artículo 50 de la Ley, en donde sí se regula de forma expresa el caso en que la Sala -al momento de valorar el caso y dictar sentencia- se encuentra con que ya han “cesado los efectos del acto impugnado” , situación que –para poder distinguirla cabalmente del caso del artículo 52 de la LJC- debe entenderse que alude al supuesto de que la propia autoridad recurrida es quien ha hecho cesar los efectos del acto impugnado. En este supuesto, tal y como lo ordenan los numerales 50 y 51 de la LJC, el recurso debe acogerse, disponiendo a la vez la condenatoria en daños, perjuicios y costas.
En este caso, puede afirmarse que la Sala ha valorado los elementos de juicio existentes y concluido la existencia de una lesión a derechos fundamentales, cuyos efectos nocivos han cesado al momento del pronunciamiento por la intervención de la autoridad recurrida, de modo que lo procedente es aplicar la doctrina de los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, excluyendo lo dispuesto en el artículo 52 por no corresponder su presupuesto de hecho al que se presenta en este proceso.
VI.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA.
Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.
La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.
En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.
Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.
El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante, la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.
En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.
VII.- RAZONES DIFERENTES DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS. En términos generales, cuando la Sala por mayoría declara con lugar un recurso de amparo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, al tenor del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), he salvado parcialmente mi voto. Lo anterior, porque el artículo 52 de la LJC dice:

“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “ resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “ si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.
Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.
En síntesis, mi posición es que en los recursos de amparo declarados con lugar de conformidad con el artículo 52 de la LJC procede siempre la condenatoria en abstracto de los daños y perjuicios. En lo que respecta a las costas, la misma norma faculta a la Sala a determinar –cuando lo considere justo- la procedencia de las mismas.

En consecuencia, concurro con la parte dispositiva de esta sentencia, al declarar con lugar el recurso de amparo por la condenatoria en daños y perjuicios, y en atención a las características del presente asunto estimo que también corresponde la condenatoria en costas.

VIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se declara CON LUGAR el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. La Magistrada Hernández López salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas de conformidad con los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.
Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ileana Sánchez N.
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EXPEDIENTE N° 21-005063-0007-CO

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