Sentencia Nº 2021007324 de Sala Constitucional, 13-04-2021

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente21-006178-0007-CO
Número de sentencia2021007324
Fecha13 Abril 2021

*210061780007CO*

Exp: 21-006178-0007-CO

Res. Nº 2021007324

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cincuenta minutos del trece de abril de dos mil veintiuno .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 21-006178-0007-CO, interpuesto por LEONARDO GÓMEZ SALAZAR, cédula de identidad 0108760664 , a favor de [Nombre 001] , cédula de identidad [Valor 001], contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

RESULTANDO:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las , el recurrente interpone recurso de amparo contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL y manifiesta que la amparada tiene 24 años. Manifiesta que desde el 22 de octubre de 2019, su representada solicitó la cirugía de esterilización, por lo que el hospital San Vicente de Paúl emitió su solicitud de hospitalización y la incluyó en lista de espera. Acusa que al día de interponer este recurso, la amparada continúa sin tener una fecha cierta para la cirugía indicada. Refiere que ya tiene tres hijos y los anticonceptivos tienen efectos secundarios. Por lo expuesto, estima lesionados los derechos fundamentales de su representada. Solicita se declare con lugar el recurso, con las consecuencias legales que eso implique.

2.- Informan bajo juramento Priscilla Balmaceda Chaves, en su condición de Directora General, y Gerardo Saenz Batalla, en su condición de Jefe del Servicio de Cirugía General, ambos del Hospital San Vicente de Paúl, en las siguientes condiciones: “La usuaria presentó su solicitud de ingreso a la lista de espera, el día 22 de octubre de 2019, momento en el cual fue ingresada al sistema y calificada con prioridad baja, ya que no es un procedimiento quirúrgico de urgencia. Según la oficialización de tiempos de programación de pacientes quirúrgicos priorizados, emitido el 24 de julio de 2015, por la Gerencia Medica de la Caja Costarricense del Seguro Social, las cirugías de prioridad baja se pueden programar dentro de un plazo de 12 a 18 meses. Debido a lo anterior, se le otorgo fecha para cirugía para el 9 de abril de 2021, con lo cual se confirma que no se ha excedido ni se excederá el plazo de tiempo establecido para la resolución quirúrgica de una cirugía de prioridad baja. Incluso el canal de comunicación utilizado con la usuaria fue mediante vía telefónica al número de teléfono indicado por la misma ( [Valor 002]) y se deja citada para el miércoles 7 de abril de año 2021, en la Jefatura de Ginecología para entregarle las indicaciones respectivas”. Solicitan que se declare sin lugar el recurso.

3.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Castillo Víquez ; y,

CONSIDERANDO:

I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente manifiesta que la amparada, quien tiene 24 años, solicitó la cirugía de esterilización desde el 22 de octubre de 2019. Por lo anterior, el Hospital San Vicente de Paúl emitió su solicitud de hospitalización y la incluyó en lista de espera. No obstante, acusa que al día de interponer este recurso, la usuaria continúa sin tener una fecha cierta para la cirugía indicada. Solicita la intervención de la Sala.

II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a) La amparada, quien tiene 22 años, es paciente del Hospital San Vicente de Paúl debido a que requiere que se le practique la cirugía de esterilización (hecho no controvertido).

b) Desde el 22 de octubre de 2019, la usuaria se encuentra anotada en lista de espera del centro médico recurrido con prioridad baja (véase el informe adjunto).

c) Con ocasión a la notificación del auto de curso, a la asegurada se le programó la cirugía que requiere para el 09 de abril de 2021 (véase el informe adjunto).

III.- SOBRE EL FONDO. En el caso bajo estudio, se tiene por acreditado que la amparada, quien tiene 22 años, es paciente del Hospital San Vicente de Paúl debido a que requiere que se le practique la cirugía de esterilización. No obstante, desde el 22 de octubre de 2019, se encuentra anotada en lista de espera del centro médico recurrido con prioridad baja. Al respecto, los representantes del hospital recurrido informaron que a la asegurada se le programó la cirugía que requiere para el 09 de abril de 2021. Así las cosas, como se infiere que fue con ocasión a la notificación del auto de curso que se programó una fecha aproximada para practicarle la cirugía que extraña, lo procedente es declarar con lugar sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios.

Finalmente, adviértase que la notificación de este pronunciamiento no se ordena en forma personal a la autoridad recurrida, precisamente en virtud de la situación pública y notaria (epidemia de coronavirus -COVID-19-) que está ocurriendo en el territorio nacional.

IV.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine , de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“ Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes ”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “ toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia” , donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr . artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

V.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA. Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una“terminación anormal del proceso”.

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.

VI.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS. Aunque los recurridos no lo aducen de forma expresa, es un dato inobjetable ofrecido por la ciencia que, en el caso en estudio, no estamos frente a una patología. Además, en innumerables oportunidades diferentes autoridades médicas de la Caja Costarricense del Seguro Social así lo han manifestado. De manera que estimo que no procede aplicar la jurisprudencia de esta Sala relativa al derecho a la salud. Por lo anterior, salvo el voto y declaro sin lugar el recurso.

VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

De conformidad con el artículo 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se declara con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se ordena a Priscilla Balmaceda Chaves, en su condición de Directora General, y a Gerardo Saenz Batalla, en su condición de Jefe del Servicio de Cirugía General, ambos del Hospital San Vicente de Paúl, o a quienes ejerzan esos cargos, que adopten las medidas necesarias para garantizar que la amparada se le practique la cirugía que tiene programada para el 09 de abril de 2021 en ese centro médico, lo anterior bajo estricta responsabilidad y supervisión de su médico tratante, siempre y cuando no sobrevenga una variación de las circunstancias médicas de la paciente que contraindiquen tal intervención y haya cumplido todos los requerimientos preoperatorios. Lo anterior, siempre y cuando sea posible de acuerdo con la reorganización del servicio decretada por la emergencia hospitalaria con ocasión de la epidemia de coronavirus (COVID-19). Se previene a los recurridos que, de conformidad con el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se les impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada Garro Vargas salva el voto y declara sin lugar el recurso. Notifíquese.

Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Mauricio Chacón J.
Ileana Sánchez N.

Documento Firmado Digitalmente

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