Sentencia Nº 2021007975 de Sala Constitucional, 20-04-2021

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente21-006740-0007-CO
Fecha20 Abril 2021
Número de sentencia2021007975

*210067400007CO*

Exp: 21-006740-0007-CO

Res. Nº 2021007975

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta minutos del veinte de abril de dos mil veintiuno .

Recurso de amparo presentado por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra EL HOSPITAL DR. FERNANDO ESCALANTE PRADILLA.
Resultando:
1.- Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala a las 11:19 horas del 07 de abril del 2021 la recurrente presenta recurso de amparo contra el HOSPITAL DR. FERNANDO ESCALANTE PRADILLA. Manifiesta que sufre de varios problemas de salud entre los cuales están asma bronquial, obesidad, lie bajo grado, conjuntivitis alérgica en ambos ojos, eczema plantar, cataratas en ambos ojos, pterigión nasal y discopatía cervical múltiple con estrechez del canal medular. Refiere que por esta última condición, requiere una cirugía urgente, debido a que, el no hacerlo le puede provocar una invalidez permanente por el resto de su vida. Aduce que dicha condición de salud la presenta desde hace aproximadamente tres años; sin embargo, se ha agravado en los dos últimos años, por lo que le han realizado varios exámenes entre los cuales están una resonancia magnética y un TAC, los cuales arrojaron un resultado alarmante. Indica que en la resonancia se evidenció la necesidad urgente de realizar la operación. Esto, por cuanto la médula está estrechada por las tres cervicales, lo cual le genera mucho dolor, desesperación y tristeza. Menciona que, por todo lo anterior, el 27 de enero este año fue ingresada en la lista de espera quirúrgica, con carácter de prioridad. Sin embargo, se le informó que dicha lista tiene un retraso de aproximadamente tres años de espera. Explica que con ocasión a la patología que sufre pasa días enteros en agonía y por las noches no puede dormir. A esto suma, que si no la operan a la mayor brevedad, corre el riesgo de quedar paralítica, lo cual ocasionaría un daño irreversible en su salud. Además, no podría efectuarse dicha cirugía a nivel privado, dado que no cuenta con los recursos económicos necesarios para hacerlo, pues dicho procedimiento tiene un costo muy ostentoso (dieciocho mil dólares). Comenta que su situación es apremiante al punto que en ocasiones no puede levantarse de la cama y requiere la asistencia de terceras personas para realizar sus necesidades habituales. Arguye que, constantemente, sus piernas se adormecen y sufre de dolor en el cuello y sus extremidades superiores e inferiores. Agrega que, debido a su condición de salud, ha sufrido varias caídas que han ameritado atención médica, debido a que sus piernas no responden. Estima que el plazo de espera al que se le pretende someter para realizar la intervención quirúrgica que requiere es desproporcionado e irracional. Por lo anterior, solicita la intervención de la Sala, a fin de que se le opere a la brevedad posible.
2.- Por resolución de las 10:04 horas del 12 de abril del 2021 se dio curso al presente amparo y se solicitó informe al director médico, al jefe del Servicio de Ortopedia y al jefe del Servicio de Neurocirugía, todos del Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla (ver registro electrónico).
3.- Informa bajo juramento Joicy Solís Castro en calidad de Directora General y Roberto Garita González en calidad de jefe del Servicio de Ortopedia y Neurocirugía, ambos del Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla de la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (ver registro electrónico) que el Servicio de Cirugía del Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla es uno de los servicios hospitalarios más concurridos y costosos, lo que los ha obligado a que la atención ofrecida en este servicio mejore y progrese con la finalidad de brindar el mayor acceso a una mayor cantidad de pacientes. De esa manera, se han realizado acciones concretas para hacer un uso adecuado del tiempo quirúrgico y cumplir con la programación quirúrgica. De esta manera, se ha determinado científicamente el tiempo que dura cada uno de los procedimientos quirúrgicos, lo que representa el tiempo que dura desde el momento que ingresa el paciente a la sala de operaciones hasta que es entregado en el salón de recuperación postquirúrgica. Esta tarea se ha formulado para cada una de las patologías que se realiza en este hospital. De esta manera, la programación de cirugías se hace para utilizar el mayor tiempo aprovechable de las salas de operaciones. Esta acción de la administración ha permitido que el Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla reporte a las autoridades nacionales de la Caja Costarricense de Seguro Social un aprovechamiento del tiempo de sus salas de operaciones del 96,5% en el mes de noviembre de 2018. No obstante, el análisis de los motivos por los cuales no se alcanza el 100% corresponde a pacientes que fueron citados con fecha cierta de cirugía, pero no se presentaron el día de la misma y tampoco avisaron que no asistirían. En las cirugías electivas, el Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla realiza la programación de los pacientes con 8 semanas de anticipación. De esta manera se localiza al paciente y se le comunica la fecha de una charla prequirúrgica. En esa charla prequirúrgica se le da orientación a cada paciente sobre la preparación que debe realizar en su casa previa a la cirugía, todas las recomendaciones médicas sobre la condición de salud que debe realizar el día de la salud, la explicación de los cuidados que deberá tener durante la cirugía, su proceso de recuperación inmediato y los cuidados posteriores a la cirugía. Esa charla pre quirúrgica es requisito obligatorio que todo paciente que se va a operar en el Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla debe realizar. Esto con la finalidad de mejorar la condición de salud de los pacientes que se operarán, disminuir el ausentismo y mejorar la pronta reincorporación de los pacientes a su actividad económica activa. En la charla pre quirúrgica se le indica al paciente la fecha cierta de la cirugía, se le dan las órdenes de laboratorio que debe realizarse para la valoración prequirúrgica y se le indica la fecha cierta de la cirugía. Todo paciente que se le llama a la charla pre quirúrgica se le programa la cirugía en un plazo NO mayor a las 8 semanas. La fecha de la cirugía se programa con antelación para las cirugías electivas (no urgente, ni emergencia, ni prioritarias) para que el paciente puede hacer sus gestiones personales, tanto en el ámbito familiar como laboral, para que pueda asistir a su cirugía. Además, dependiendo de la edad y enfermedades concomitantes pueda realizarse los estudios con suficiente antelación. Por otra parte, la programación de las salas de operaciones se hace, por parte de la administración activa, tomando en cuenta la duración de las cirugías, de forma tal que permita el aprovechamiento completo del tiempo disponible de las salas de operaciones. De acuerdo con las disposiciones internas de la Caja Costarricense de Seguro Social, se aplica los formularios de priorización, mismos que son complementados por los médicos especialistas, procediéndose a procesar de forma electrónica los datos contemplados por el médico especialista, que da una ponderación, sin sesgo por parte de quien procesa la información. De esa manera, objetivamente se establece el grado de prioridad que puede ser bajo, medio o alto. Esa priorización permite dar una fecha cierta de la cirugía en aquellos pacientes que tienen una prioridad alta, que por su condición de salud debe resolverse prontamente. Todo diagnóstico de patología oncológica es resuelto en el corto plazo, considerando criterios médicos acordes con el manejo de cada patología oncológica en particular. En los casos de pacientes que tienen una misma prioridad, ante la patología igual, la forma de decidir el orden en que se realizará la cirugía es tomando la fecha en la cual el médico especialista le indicó en el expediente de salud que requiere la cirugía. De esa forma se busca atender las necesidades de todos los pacientes de forma objetiva y oportuna. Del caso concreto: De la revisión del expediente médico de la recurrente, se evidencia que cuenta con atención en la especialidad de Neurocirugía el día 26 de enero de 2021, siendo valorada por el Dr. Fidel Peña Hernández, médico especialista, quien realizó boleta de ingreso a lista de espera quirúrgica con el diagnostico “Espondilosis”, por lo que a la fecha la recurrente apenas acumula un total de 78 días de espera, o sea, menos de 3 meses, plazo que se considera muy razonable, y más en razón de que en la lista de procedimientos quirúrgicos hay pacientes con padecimientos que ameritan más prioridad. Además, se constata que la paciente a pesar de referir presentar constantemente dolor, no existen registros de atenciones ya sea en el servicio de urgencias o área de salud por dicha patología. De suma importancia, hay que aclarar que el médico especialista en nota médica que apunta en el expediente, recalca que dicha cirugía no aliviará los dolores que padece ni mejorará su situación actual, sino que es una cirugía preventiva con el fin de evitar progresión del padecimiento. Ahora bien, pese a todo lo anterior y que muy recientemente se le brindó atención especializada y se ingresó a lista de espera, se ha procedido a programar la cirugía requerida para el día 24 de junio del 2021 , plazo que se considera muy razonable en virtud del poco tiempo de espera. Cabe resaltar que debido a la pandemia actual por Covid-19 y a las medidas tomadas en el año 2020 por las cuales se vio afectado tanto la consulta como la programación de cirugías no urgentes, se vio retrasada de forma considerable la lista de espera, sin embargo, se hacen los esfuerzos necesarios para poder brindar la atención de manera oportuna. Solicita que se declare sin lugar el recurso.
4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Sánchez Navarro ; y,

Considerando:

I.- OBJETO DEL RECURSO: La recurrente alega que requiere de una cirugía urgente para aliviar el dolor que le genera la estrechez que le generan tres cervicales a la médula .Menciona que, por todo lo anterior, el 27 de enero este año fue ingresada en la lista de espera quirúrgica, con carácter de prioridad. Sin embargo, se le informó que dicha lista tiene un retraso de aproximadamente tres años de espera. Estima que el plazo de espera al que se le pretende someter para realizar la intervención quirúrgica que requiere es desproporcionado e irracional. Por lo anterior, solicita la intervención de la Sala, a fin de que se le opere a la brevedad posible.
II.- HECHOS PROBADOS: De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
a) Que la recurrente fue diagnosticada por el Dr. Fidel Peña Hernández, médico especialista en Neurocirugía con “Espondilosis” (ver registro electrónico).
b) Que la recurrente fue valorada en el Servicio de Neurocirugía el 26 de enero del 2021 -en esa fecha se realizó boleta de ingreso a lista de espera quirúrgica (ver registro electrónico).
c) Que el médico especialista en nota médica que apunta en el expediente, recalca que dicha cirugía no aliviará los dolores que padece la recurrente ni mejorará su situación actual, sino que es una cirugía preventiva con el fin de evitar progresión del padecimiento (ver registro electrónico).
d) Que en ocasión a la interposición del presente recurso de amparo la autoridad recurrida programó la cirugía de la recurrente para el 24 de junio del 2021 (ver registro electrónico).
III.- SOBRE EL CASO CONCRETO: De los informes rendidos por las autoridades recurridas los cuales son dados bajo la solemnidad del juramento con las consecuencias legales que ello implica se desprende que la recurrente fue diagnosticada por el Dr. Fidel Peña Hernández, médico especialista en Neurocirugía con “Espondilosis”. Se acreditó que la recurrente fue valorada en el Servicio de Neurocirugía el 26 de enero del 2021 -en esa fecha se realizó boleta de ingreso a lista de espera quirúrgica. Quedó demostrado que el médico especialista en nota médica que apunta en el expediente, recalca que dicha cirugía no aliviará los dolores que padece la recurrente ni mejorará su situación actual, sino que es una cirugía preventiva con el fin de evitar progresión del padecimiento. Finalmente se comprobó que en ocasión a la interposición del presente recurso de amparo la autoridad recurrida programó la cirugía de la recurrente para el 24 de junio del 2021. En conclusión, es cierto que la amparada se encuentra en lista de espera para cirugía desde el 26 de enero del 2021. Por su parte las autoridades recurridas señalan que el 24 de junio del 2021 a la amparada se le realizará el procedimiento quirúrgico prescrito por su médico tratante. Ante ese panorama y tomando en cuenta que en ocasión a la interposición del presente recurso de amparo la autoridad recurrida le programó a la recurrente la cirugía que reclama, el amparo deviene procedente sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios.
IV.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL CASO CONCRETO. Por las razones ampliamente expuestas en las sentencias correspondientes, es criterio de mayoría de esta Sala que cuando la declaratoria con lugar de un recurso de amparo obedezca a la aplicación del primer párrafo del artículo 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sea, porque habiéndose notificado la resolución de curso del amparo se revoque, suspenda o detenga la actuación impugnada, dicha estimatoria lo debe ser sin especial condena en daños y perjuicios. Sin embargo, bajo una mejor ponderación y como tesis de excepción, debe señalarse que cuanto el recurso de amparo verse de forma concreta sobre una situación patrimonial directa y estrictamente relacionada con la protección de derechos pecuniarios –sea la omisión de pago del salario o de las prestaciones que por derecho le corresponda a la persona interesada- sí procede la plena aplicación de la estimatoria del recurso de amparo, incluso con la correspondiente condena en costas, daños y perjuicios, por cuanto dicha condenatoria se erige en garantía de que lo adeudado podrá ser honrado por la administración –de oficio o a gestión de parte- con la debida actualización o indexación que corresponda fijar en el ámbito de la legalidad ordinaria, en el correspondiente proceso de ejecución de la sentencia constitucional estimatoria. Es por esta razón, que en el caso bajo estudio sí resulta procedente la condenatoria en costas, daños y perjuicios.

V.- NOTA SEPARADA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ Y DE LAS MAGISTRADAS HERNÁNDEZ LÓPEZ Y GARRO VARGAS: Si bien en este caso concurrimos con la mayoría y declaramos con lugar el recurso de amparo por la dilación en la realización de la cirugía requerida por el recurrente, la orden que se dispone en la parte dispositiva de este fallo, en el sentido de que se le intervenga en el plazo establecido en el por tanto, se aplicará siempre y cuando no conlleve desplazar a otro paciente que requiere de una cirugía prioritaria o urgente en vista de que está en peligro su vida o se le causará un daño grave en su salud.

VI.- RAZONES DIFERENTES DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ SOBRE LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DERIVADAS DE DECLARAR CON LUGAR ESTE RECURSO. Coincido con la mayoría de la Sala en la decisión tomada respecto de la existencia de una lesión a los derechos fundamentales en este caso, la cual ha sido corregida con ocasión de la intervención de la Sala. No obstante, sostengo una posición particular en relación con el tema de las consecuencias económicas de esta sentencia, y es la siguiente:

La jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y hábeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes, enfrentadas por una disputa legal. Su objetivo es brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales de manera que no sean perturbados en su disfrute, o privados de ellos, por actos de quien, de hecho o de derecho, realiza ejercicios concretos de autoridad, capaces de vulnerarlos.
Esa vocación protectora de la jurisdicción constitucional se concreta en un diseño procesal también peculiar, célere y gratuito en donde se impone a la autoridad pública recurrida la simple rendición de “un informe” sobre lo actuado en el caso denunciado (artículos 43, 44, 45 y 46 de la LJC). Así que no se trata técnicamente de un litigio y acorde con ello, se entregan a la Sala Constitucional amplios poderes para orientar el curso del proceso de amparo o de hábeas corpus, tanto respecto de la posibilidad de requerir información a otras autoridades sobre lo sucedido, como respecto del manejo amplio de la prueba que pueda servir para aclarar lo sucedido.
Ese marco procesal, de la jurisdicción de la libertad, donde no existen dos partes antagónicas enfrentadas de modo que lo que gane una lo pierda la otra, impone alejarnos de las soluciones que para estas últimas cuestiones han sido previstos en sistemas procesales como el civil, el contencioso o el laboral, y esto incluye naturalmente -y en lo que nos viene a interesar aquí- la forma de entender las reglas prescritas sobre las consecuencias económicas de tales procesos de amparo y habeas corpus, en caso de que se compruebe una violación a los derechos constitucionales, de manera tal que –ante el reconocimiento de una lesión parte de la Sala, exista una restauración del disfrute de tales derechos y además una efectiva indemnización de los daños y gastos ocasionados, como parte del derecho a una justicia efectiva en cuanto a la reparación de las consecuencias dañosas generadas por las autoridades que resulten infractoras.
En concordancia con lo anterior los artículos 49 y 50 de la Ley, fijan las potestades de la Sala para que –en caso de que se acoja el amparo- se pueda lograr el efectivo restablecimiento del disfrute de los derecho fundamentales afectados o bien –en los casos extremos de imposibilidad de restablecimiento- la prevención de que no se vuelva a incurrir en los actos lesivos. Y es por eso que, en esa línea, el artículo 51 de ley establece que: “(a)demás de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso…”. Esta es la regla general con la que se debe operar en el ámbito indemnizatorio, cuando la Sala ha tenido como comprobado el agravio en su decisión, y que se ampara en el concepto antes citado de una tutela efectiva de los derechos de las personas y en la noción de que la administración debe hacerse responsable por los daños y gastos que ocasione con su actuar inconstitucional.
Las dudas que han surgido tienen como base la disposición del artículo 51 de la ley que, en apariencia, contiene una excepción al sistema general recién descrito; sin embargo, una lectura apegada al texto legal, y bajo el prisma de la especialidad de la jurisdicción constitucional apuntan a la inexistencia de tal excepción; en efecto, el artículo citado recoge un caso distinto, en donde el Tribunal Constitucional no ha alcanzado una convicción sobre la existencia de alguna lesión, como se expresa claramente cuando se dice que: “si estando en curso el amparo, se dictare resolución administrativa o judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas si fueren procedentes.
La mención de una “resolución administrativa o judicial” debe llevarnos a entender que: a) se trata, por una parte, de situaciones en donde una autoridad distinta de la autora del agravio, interviene en el caso para revertir los efectos jurídicos de la actuación discutida; y b), que tal intervención se realiza previamente a que la Sala conozca el fondo del asunto y, por tanto, no se emitirá en el proceso una valoración de fondo de los elementos de convicción existentes. Simplemente, la Sala constataría en tal caso la existencia de la citada resolución (administrativa o judicial emitida por una autoridad diferente de la autora del agravio) y declararía con lugar el recurso, no por hallar de hecho alguna violación sino por mero imperativo legal y valorando apropiadamente la oportunidad de una condenatoria en daños perjuicios y costas.
Esta es la solución interpretativa que resulta más coherente con el artículo 50 de la Ley, en donde sí se regula de forma expresa el caso en que la Sala -al momento de valorar el caso y dictar sentencia- se encuentra con que ya han “cesado los efectos del acto impugnado” , situación que –para poder distinguirla cabalmente del caso del artículo 52 de la LJC- debe entenderse que alude al supuesto de que la propia autoridad recurrida es quien ha hecho cesar los efectos del acto impugnado. En este supuesto, tal y como lo ordenan los numerales 50 y 51 de la LJC, el recurso debe acogerse, disponiendo a la vez la condenatoria en daños, perjuicios y costas.
En este caso, puede afirmarse que la Sala ha valorado los elementos de juicio existentes y concluido la existencia de una lesión a derechos fundamentales, cuyos efectos nocivos han cesado al momento del pronunciamiento por la intervención de la autoridad recurrida, de modo que lo procedente es aplicar la doctrina de los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, excluyendo lo dispuesto en el artículo 52 por no corresponder su presupuesto de hecho al que se presenta en este proceso.

VII.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA.

Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante, la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.

VIII.- RAZONES DIFERENTES DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS. En términos generales, cuando la Sala por mayoría declara con lugar un recurso de amparo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, al tenor del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), he salvado parcialmente mi voto. Lo anterior, porque el artículo 52 de la LJC dice:

“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “ resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “ si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.

En síntesis, mi posición es que en los recursos de amparo declarados con lugar de conformidad con el artículo 52 de la LJC procede siempre la condenatoria en abstracto de los daños y perjuicios. En lo que respecta a las costas, la misma norma faculta a la Sala a determinar –cuando lo considere justo- la procedencia de las mismas.

En consecuencia, concurro con la parte dispositiva de esta sentencia, al declarar con lugar el recurso de amparo por la condenatoria en daños y perjuicios, y en atención a las características del presente asunto estimo que también corresponde la condenatoria en costas.

IX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a la parte recurrente que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, deberá retirarlos del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se ordena a Joicy Solís Castro en calidad de Directora General y Roberto Garita González en calidad de jefe del Servicio de Ortopedia y Neurocirugía, ambos del Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla de la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL o a quienes en su lugar ocupen los cargos, realizar las acciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que a la recurrente [Nombre 001] , cédula de identidad [Valor 001] se le realice la cirugía que le fue prescrita por su médico tratante en la fecha indicada por la autoridad recurrida en el informe rendido (24 de junio del 2021) todo bajo estricta responsabilidad y supervisión de su médico tratante, siempre y cuando no sobrevenga una variación de las circunstancias médicas del paciente que contraindiquen tal procedimiento quirúrgico. Lo anterior de acuerdo con la reorganización del servicio decretada por la emergencia hospitalaria con ocasión de la epidemia de coronavirus (COVID-19). En caso de que no sea posible cumplir con lo anterior, en atención a las razones mencionadas, deberán adoptarse las medidas del caso para que la orden dada sea acatada dentro del plazo otorgado por este pronunciamiento, luego de superada la epidemia de coronavirus, siempre y cuando no exista posibilidad de hacerlo antes. Lo anterior, bajo la advertencia de que de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. La Magistrada Hernández López salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas de conformidad con los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas. El Magistrado Castillo Víquez y las Magistradas Hernández López y Garro Vargas ponen nota.

Fernando Castillo V.
Presidente
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ronald Salazar Murillo
Ileana Sánchez N.

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EXPEDIENTE N° 21-006740-0007-CO

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