Sentencia Nº 2021009629 de Sala Constitucional, 14-05-2021

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha14 Mayo 2021
Número de expediente21-006518-0007-CO
Número de sentencia2021009629

*210065180007CO*

Exp: 21-006518-0007-CO

Res. Nº 2021009629

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del catorce de mayo de dos mil veintiuno .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 21-006518-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], a favor de [Nombre 002], cédula de identidad [Valor 002] contra la MUNICIPALIDAD DE GOLFITO.
Resultando:
1.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 08:15 horas del 5 de abril de 2021, el recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Golfito. Manifiesta que el 25 de noviembre de 2020 envió un correo a la dirección electrónica plataformunidegolfito@gmail.com, en el que indicó: “ (...) el Lic. Federico Jiménez Gutiérrez, Subdirector de Valoraciones Tributarias del Ministerio de Hacienda en oficio DVAT-SVT-051-2019, le dirige una nota a la Licda. Verónica Méndez Salas, abogada de la Procuraduría General de la República, donde le indica que se le han girado instrucciones al Director del Registro Inmobiliario para que modifique el valor fiscal de la finca 72398 en C.100,700,00. Sin embargo un año después, el valor fiscal de la finca se modifica en C.301,500.002.00, es decir, se triplica el valor fiscal. De manera que le solicito los criterios técnicos para hacer esta modificación”. Añade que como no obtuvo respuesta de la gestión anterior, el 8 de diciembre de 2020 envió un correo recordatorio y ese mismo día le contestaron: “Se está remitiendo su correo a la Licenciada Victoria Blanco” . Menciona que el 10 de diciembre de 2020, el Coordinador de la Oficina de Valoraciones de la Municipalidad de Golfito le indicó vía correo electrónica lo siguiente: “me gustaría analizar el expediente del inmueble para conocer los documentos que menciona en correos anteriores, para mejor solución. Si posee los mismos de manera digital, le agradecería los brinde por este medio en caso de que no consten en el expediente administrativo del inmueble” y ese mismo día le contestó y adjuntó la documentación solicitada. Acota que el 15 de enero de 2021, envió un correo a la dirección electrónica f.lara@munidegolfito.go.cr , correspondiente al alcalde de Golfito, en el que indicó: “desde el mes de noviembre (25-11-20) le dirigí una nota a la Licda. Blanco Moraga y no he recibido respuesta. Posteriormente, contacté al Ing. Tenorio y tampoco he recibido respuesta. En este caso, usted como Alcalde es la última instancia a la que debo recurrir para agotar la vía administrativa. De manera que le solicito respuesta a la justa demanda de mi cliente, doña [Nombre 003]”. Acusa que ninguna de las autoridades de la Municipalidad de Golfito ha atendido las gestiones expuestas. Por lo expuesto, considera lesionados sus derechos fundamentales y los de la amparada. Solicita a la Sala que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias legales que ello implique.
2.- Por resolución de Presidencia de las 08:43 horas del 07 de abril de 2021, se dio curso al presente recurso de amparo.
3.- Informa bajo juramento Freiner Lara Blanco, en su condición de Alcalde de Golfito, que mediante oficio Nº MG-OV-O-0002-2021 de fecha 14 de Abril del 2021, Bryan Tenorio Sánchez en calidad de Topógrafo de la Oficina de Valoraciones de la Municipalidad de Golfito, indicó lo siguiente: Primero: Mediante trámite ejecutado por la Procuraduría General de la República y con el Ministerio de Hacienda, utilizando a su vez información suministrada por la Municipalidad de Golfito es que se logra el objetivo inicial de la solicitud de la señora [Nombre 002], que era modificar el valor fiscal de la propiedad a nivel del Registro Nacional cambiando el mismo de 220.000.000.00 a 100.700.000.00. Segundo: Que esta administración tributaria desconoce el motivo o criterios utilizados para la modificación del valor fiscal de la propiedad a nivel registral según consulta pública realizada en el Registro Nacional, puesto que a nivel municipal el valor de la base imponible para la finca 6-72398- 004 es de 100.700.000.00 (CIEN MILLONES SETECIENTOS MIL COLONES EXACTOS) cuyo valor proviene de la declaración de bienes inmuebles N°. 19894, presentada el día 27 de julio del 2018 y firmada por la señora [Nombre 002], monto que se suministrara a la Dirección General de Tributación según el artículo 48 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmueble”. Agrega que también, mediante oficio N° MGPS-O-0037-2021 de fecha 14 de abril del 2021, suscrito por la Coordinadora de Plataforma de Servicios de la Municipalidad recurrida, se procedió a dar contestación a la solicitud planteada por la amparada por altos valores en el valor fiscal de la finca [Valor 003]. Considera que sí se le respondió su gestión a la amparada. Solicita a la Sala que declare sin lugar el recurso.
4.- Mediante constancia emitida por el Secretario de esta Sala Constitucional, se tiene que la Coordinadora de la Plataforma de Servicios de la Municipalidad de Golfito, omitió rendir el informe solicitado en la resolución de curso de las 08:43 horas del 07 de abril de 2021.
5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Delgado Faith ; y,

Considerando:

I.- DE PREVIO. En vista de que la Coordinadora de la Plataforma de Servicios de la Municipalidad de Golfito, no rindió el informe solicitado en el plazo señalado en la resolución de las 08:43 horas del 07 de abril de 2021, de conformidad con el artículo 45, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se tienen por ciertos los hechos en lo que a esa funcionaria ata ñe, y se entra a resolver el recurso con base en los demás escritos y pruebas contenidos en los autos.
II.- CUESTIÓN PREVIA. En vista de que los recurridos omitieron indicar en el informe rendido bajo juramento, si el correo electrónico plataformunidegolfito@gmail.com se encuentra previsto como mecanismo oficial de comunicación con la Institución, se tiene por cierto este hecho y se procede a analizar la constitucionalidad de este asunto de conformidad con lo regulado en el artículo 45, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
III.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente considera lesionados los derechos fundamentales de la tutelada, toda vez que, a pesar de haber enviado una solicitud de información a la autoridad accionada, esto en fecha 25 de noviembre de 2020, su gestión no ha sido resuelta.
IV.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
a) El 25 de noviembre de 2020, el recurrente envió un correo a la dirección electrónica: plataformunidegolfito@gmail.com, en el que indicó: “ (...) el Lic. Federico Jiménez Gutiérrez, Subdirector de Valoraciones Tributarias del Ministerio de Hacienda en oficio DVAT-SVT-051-2019, le dirige una nota a la Licda. Verónica Méndez Salas, abogada de la Procuraduría General de la República, donde le indica que se le han girado instrucciones al Director del Registro Inmobiliario para que modifique el valor fiscal de la finca 72398 en C.100,700,00. Sin embargo un años después, el valor fiscal de la finca se modifica en C.301,500.002.00, es decir, se triplica el valor fiscal. De manera que le solicito los criterios técnicos para hacer esta modificación (véase informe rendido por la autoridad recurrida y prueba aportada por el recurrente).
b) La resolución de curso del presente amparo fue notificada a las autoridades recurridas a las 14:10 horas del 13 de abril de 2021 (véase actas de notificación).
c) Con ocasión de la interposición del recurso de amparo, mediante correo electrónico enviado el 14 de abril de 2021, la autoridad recurrida remitió el oficio Nº MG-OV-O-0002-2021 de fecha 14 de abril del 2021, en el que da respuesta a la gestión presentada por el recurrente (véase prueba aportada por la autoridad recurrida).
IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el caso bajo estudio, del informe rendido por la autoridad recurrida y a partir del elenco de hechos probados, se constata que, desde el 25 de noviembre de 2020, el recurrente dirigió, mediante correo electrónico, una solicitud de información a la autoridad recurrida; sin embargo, al momento de interposición del recurso de amparo, no había recibido respuesta a dicha gestión, situación que considera violatoria de sus derechos fundamentales. Al respecto, la autoridad recurrida no niega los hechos, y manifiesta que la solicitud fue contestada el 14 de abril de 2021, por medio del oficio Nº MG-OV-O-0002-2021, notificado al correo electrónico señalado por el recurrente. En consecuencia, se acredita la violación a los derechos fundamentales del amparado, quien, desde noviembre de 2020, se encontraba a la espera de la respuesta; empero, siendo que fue con ocasión del recurso de amparo, que la autoridad recurrida contestó la solicitud de información, lo procedente es declarar con lugar el recurso, sin condenatoria en costas, daños y perjuicios, como se indica a continuación.
V.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala es del criterio que la estimatoria que opera ex lege, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), el cual dispone: "Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso (…)", debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, también cierto es que el mismo párrafo primero del artículo 52 de la ley de cita, refiere que la estimatoria se dicta "únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes". Se subraya que la Ley indica "si fueren procedentes", lo cual quiere decir que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas dependen de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este en que opera una terminación anormal del proceso, asimilable al desistimiento por satisfacción extraprocesal, es criterio de mayoría que no cabe condenar en costas, como tampoco en daños y perjuicios, porque las consecuencias económicas de la sentencia son similares a las de un archivo del expediente. Además, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que tales menoscabos, lesiones o alteraciones patrimoniales, no han tenido lugar; al menos en este amparo no hay elementos de juicio que sugieran otra cosa. Nada obsta para que, en casos de excepción, la Sala pueda considerar la procedencia de la indemnización. Cuando las leyes presentan omisiones o minusvalías, corresponde a los jueces enderezar esas carencias; si las leyes carecen de inteligencia en ciertos aspectos, no queda otro remedio que interpretarlas y aplicarlas conforme a las exigencias de la lógica procesal. Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: "toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecuci ón de sentencia", se refiere a una forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de hechos que han vulnerado los derechos fundamentales de la parte actora en el proceso. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás Códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. A lo anterior se añaden razones de hecho, las cuales la Sala no puede soslayar, como lo demuestran casi tres décadas de la Jurisdicción Constitucional creada en 1989, en las cuales se ha generado un ejercicio abusivo de la acción vicaria en el recurso de amparo, con fines de riqueza en la indemnización, en la medida que no participa directamente las presuntas víctimas. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños o perjuicios.
VI.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA. Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.
La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales… ”.
En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.
Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.
El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “ únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.

VII.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título derivado de este proceso para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.

VIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes, que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del Despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:
Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y ordena también la condenatoria en daños, perjuicios y costas a la parte recurrida. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas. Notifíquese.-

Fernando Castillo V.
Presidente
Luis Fdo. Salazar A.
Anamari Garro V.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ana María Picado B.
Alejandro Delgado F.
Ileana Sánchez N.

Documento Firmado Digitalmente

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