Sentencia Nº 2021009763 de Sala Constitucional, 14-05-2021

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha14 Mayo 2021
Número de sentencia2021009763
Número de expediente21-008064-0007-CO

*210080640007CO*

Exp: 21-008064-0007-CO

Res. Nº 2021009763

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del catorce de mayo de dos mil veintiuno .

Recurso de amparo que se tramita en expediente No. 21-008064-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA.
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaria de la Sala a las 21:08 horas del 26 de abril de 2021, la parte recurrente interpone recurso de amparo, contra el MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, y manifiesta lo siguiente: que la Unidad de Cobros Administrativos del Ministerio de Educación Pública, le comunicó mediante oficio No. DRH-DR-UCA-2561-2020 de 10 de noviembre de 2020, el cobro de supuestas sumas pagadas de más. Indica que procedió a revisar dichas sumas y solicitó explicaciones sobre algunas correspondientes a los años 2002 y 2003. Manifiesta que los cuestionamientos que planteó formalmente por escrito entregado a la Unidad de Cobros recurrida, le fueron contestados por oficio No. DRH-DR-UCA0159-2021 de 18 de enero de 2021. Narra que en ese documento se le otorgó razón en parte, respecto de algunos de sus planteamientos relacionados con el 2003, por cuanto presentó prueba documental que ese año lo trabajó y guardó un documento que para esa época lo ocupó para otro trámite, por lo que la administración tuvo que admitir que no tenía pruebas en su contra y señaló que es imposible exigirle certificaciones de la época dado que dichos programas tienen otros nombres o ya no existen. Agrega que revisando el cuadro sobre las sumas de ese año, no se tomaron en cuenta la totalidad de las mismas, pues dejaron incluidas las sumas de algunos de los meses y sólo eliminaron los meses de marzo a junio de 2003. Indica que como le explicó al funcionario que le atendió en la audiencia que se le dio, el documento señala esos meses porque fue en la fecha que lo solicitó, pero le insistió que siguió trabajando ahí los otros meses de ese año y que, al parecer, no se consideraron. Manifiesta que incluso, en la acción de personal que correctamente le prorrogó el nombramiento, tiene una extensión hasta el 19 de diciembre de 2003 (acción de personal No. [Valor 002]); por lo que no entiende por qué aparece con tan solo 16 lecciones, si está claro del documento que aportó, que son 18 lecciones y por tal motivo solicitó el reconocimiento de esas lecciones que trabajó y que no aparecen ahí establecidas. Narra que insistió que no le pueden dejar en estado de indefensión, siendo que sí trabajó y se vuelve imposible acreditar más documentos, ya que los documentos aportados los guardó por su propia iniciativa. Agrega que como la administración reconoció, sería imposible solicitar una certificación sobre ese período laborado tantos años después si ya ni siquiera existen esos programas. Indica que dichos documentos deben darle a la administración, al menos, indicios de que el trabajo lo hizo y que hay acciones de personal que no concuerdan con la realidad, tal y como se constató con esos primeros meses y que no aparecían como trabajados. Manifiesta que para el 2002, igualmente estuvo trabajando en esos mismos programas, pues primero tuvo 9 lecciones y después, del 01 de junio de 2002 al 31 de enero de 2003, estuvo nombrada con 48 lecciones y el recargo de Nuevas Oportunidades. Narra que para demostrarlo aportó copia que encontró del telegrama de nombramiento, por lo que validaron el documento que les presentó, pero para ese segundo elemento, que es un recargo, lo rechazaron, siendo que son programas cerrados y que el propio ministerio no tiene más documentación al respecto, limitándose a señalar que no se reflejan en la acción de personal. Agrega que si constataron que no tienen los registros de esa época, cómo pueden asegurar fehacientemente que no se trabajaron esos nombramientos si ya les aportó al menos un documento que demuestra que sí se trabajaron. Indica que en cuanto a este mismo año 2002, revisó la contabilidad de la hoja que aparece a folio 030 del expediente, donde dice que el salario en acciones de personal de la segunda quincena de noviembre y las 2 quincenas de diciembre debían corresponder a 260.779 mensuales y que se le pagó 342.272,70 colones mensuales por lo que restan diferencias por sobregiro en sumas que van de 80.493,50, 40.746,75 y 13.407,26; y la explicación que aparece a folio 027 es que corresponde a "diferencias salariales pago demás cambio de mes a quincena". Manifiesta que no hay una explicación de esos montos y tampoco entiende la lógica de dichas sumas, partiendo que, de acuerdo a las acciones de personal, el salario que le correspondía no es el indicado de 260.779,20 colones mensuales, sino que es el depositado de 342.272,70. Narra que si los recurridos se remiten a las acciones de personal que aportó al expediente, verían que, por lecciones, en la plaza vacante que sustituyó, corresponde la suma de 244.480,50 colones mensuales (acción de personal No.[Valor 003] ) por 30 lecciones, incluido el recargo del 50% de coordinación del Programa de Nuevas Oportunidades para Jóvenes y, además, por las otras 18 lecciones -que también eran interinas de la plaza que estaba sustituyendo- suman 97.792,20 colones mensuales (acción de personal No. [Valor 004] ), montos que, en total, suma exactamente los 342.272,70 que devengó y que le reclaman como pagado en exceso. Agrega que en cuanto a este punto, le contestaron que no se considera ningún recargo, pues no se visualiza, y que si no se reportó "…me parece que pudo haberse reportado como un error informático. Puede tramitar el reclamo administrativo presentando una certificación que laboró con el recargo.". Reclama que nuevamente le dejaron en estado de indefensión, pues como ya lo señaló, es imposible conseguir la documentación, pues dichos programas ya no existen o cambiaron de nombre y, menos aún, van a existir archivos de hace ya casi 18 años. Estima que tal actuación resulta violatoria de sus derechos fundamentales.
2.- Mediante resolución a las 16:36 horas del 27 de abril de 2021, se dio curso al presente recurso.
3.- Por escrito incorporado al Sistema Jurídico el 06 de mayo de 2021, Yaxinia Díaz Mendoza, Directora de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública, informa bajo juramento que bajo el expediente No. [Valor 005] tendente a la recuperación de acreditaciones que no corresponden, por la suma devengada de 1,360,312.87 colones. Debidamente notificada el 13 de julio de 2020, donde se confiere audiencia oral y privada a la señora [Nombre 002] , la cual se celebra a las 10:30 horas del 31 de agosto de 2020, mediante la cual se da por enterada de la deuda y sus conceptos. La señora [Nombre 002] procede a presentar escrito de oposición al cobro y pruebas de descargo. Menciona que, la Unidad de Cobros Administrativos por medio del oficio DRH-DR-UCA-2561-2020 emitido el 10 de noviembre de 2020, da respuesta a la oposición al cobro y analiza la prueba aportada y mediante el cual se le comunica que para el periodo 2003 por concepto de cese de interinidad PNOEJ, se acepta la fotocopia de la certificación No. PNOEJ-742-2003 del 22 de octubre del 2003, emitida por la Coordinación Regional de PNOEJ, misma que desvirtúa parcialmente el cobro dado a que se certifica que laboró únicamente con rige del 24 de febrero al 23 de junio de 2003 por regreso a su puesto de la titular de la plaza [Nombre 003] luego de una incapacidad No. [Valor 006], indicando que la señora [Nombre 004] retoma su puesto a partir del 24 de junio de 2003. Añade que, no es cierto lo indicado por la recurrente sobre la certificación, pues el propio expediente [Valor 005] contiene las pruebas base. Agrega que, en oficio DHR-DR-UCA-0159-2021 del 18 de enero de 2021, se le dio respuesta a la recurrente de lo indicado anteriormente; además, refiere que la señora [Nombre 002] no aporta ninguna documentación mediante la cual haga constar que el centro educativo le negó la emisión de certificación de tiempo laborado y únicamente se basó en la antigüedad de los periodos al cobro para justificar la presentación de una copia de una certificación emitida hace más de 15 años, alegando que es imposible conseguir la documentación por no existir los programas y por tratarse de archivos de hace más de 18 años. De lo anterior, indica que los argumentos de la recurrente no son de recibo para la Unidad de Cobros Administrativos, debido a que la prueba presentada no logra superar el primer escenario de análisis necesario para desvirtuar el procedimiento en sede administrativo, por el contrario, viene a fortalecer la tesis de cobros de la Administración. Señala que, la Unidad de Cobros Administrativos realiza el proceso de cobro basado en acciones de personal y estados actuales del funcionario; además, se agrega a cada estudio técnico contable, hoja de cálculos, reporte de pagos, reporte de proporcionales, por citar algunos, relativo a las sumas giradas de más a favor de un funcionario en particular. Si un funcionario considera que no se le realizó el pago de algún plus salarial, la cantidad correcta de lecciones laboradas, entre otros rubros y por periodos vencidos, deberá presentar gestión de reclamo administrativo ante la Unidad de Gestión de reclamos, por lo que la Unidad de Cobros Administrativos se encuentra inhabilitada técnica y legalmente para poder reconocer diferencias salariales. Finalmente, refiere que, la Unidad de Cobros Administrativos, le aclaro en mediante los dos oficios que para el periodo 2002 lo que se encuentra al cobro es por concepto de diferencia salarial pago de más (cambio de mes a quincena), cobro que surte por el cambio de la frecuencia de pago; además, se le reitera que no se cobra el pago del recargo durante dicho periodo, porque tampoco es competencia de esta Unidad. Solicita que se declare sin lugar el recurso.
4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Sánchez Navarro ; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso. La recurrente reclama que la Unidad de Cobros Administrativos del Ministerio de Educación Pública le comunicó el cobro de supuestas sumas pagadas de más. En ese sentido, señala que procedió a solicitar explicaciones sobre algunas correspondientes a los años 2002 y 2003, ante lo cual, refiere que la administración tuvo que admitir que no tenía pruebas en su contra y señaló que es imposible exigirle certificaciones de la época dado que dichos programas tienen otros nombres o ya no existen. Añade que, solicitó el reconocimiento de 2 lecciones, por cuanto la acción de personal No. [Valor 002], demuestra que laboró hasta el 19 de diciembre de 2003, demuestra que laboró 18 lecciones y no 16 lecciones. Agrega que, para el 2002, trabajó 9 lecciones y después del 01 de junio de 2002 al 31 de enero de 2003, estuvo nombrada con 48 lecciones y con un recargo de Nuevas Oportunidades; no obstante, acusa que el recargo fue rechazado. Por lo anterior, refiere que si la autoridad recurrida sumará todo lo indicado anteriormente verían que las sumas que le reclaman como pagado en exceso sería efectivamente lo que devengo. Acusa que, se encuentra en indefensión por cuando la documentación que requiere es imposible de conseguir, por cuanto los programas ya no existen o cambiaron de nombre y por ser de hace 18 años. Considera lesionados sus derechos fundamentales.
II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
  1. La amparada [Nombre 002] labora para el Ministerio de Educación Pública. (hecho no controvertido);
  2. La Unidad de Cobros Administrativos del Departamento de Remuneraciones del Ministerio de Educación Pública tramitó procedimiento administrativo de cobro en contra de la amparada dentro del expediente No. [Valor 005], por el devengada de 1,360,312.87 colones que corresponden a: “diferencia salarial pago de más del periodo 2002, cese de interinidad de los periodos 2003, 2014, disminución de lecciones interinas (recargo de 60 minutos) del periodo 2016, así como los montos proporcionales de aguinaldo y salario escolar de acuerdo a las acciones de personal de personal que constan en el expediente administrativo de cobro No. [Valor 007]”. (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada);
  3. El 13 de julio de 2020, la Unidad de Cobros Administrativos del Departamento de Remuneraciones del Ministerio de Educación Pública notificó a la amparada del proceso sumario por concepto de acreditaciones que no corresponden por un monto devengado de 1,360,312.87 colones, que se procederá a realizar automáticamente la recuperación de las acreditaciones giradas de más a partir de la primera quincena del mes de agosto, en 11 tractos quincenales de 123,664.81 colones hasta la cancelación total de la deuda; además, se le confirió audiencia oral y privada para el 31 de agosto de 2020 a las 10:30 horas. (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada);
  4. El 31 de agosto de 2020 a las 10:24 horas, la amparada presentó escrito de oposición al cobro administrativo que se lleva en el expediente [Valor 007]. (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada);
  5. El 31 de agosto de 2020 a las 10:30 horas, se le celebró la comparecencia No. [Valor 008] en la Unidad de Cobros Administrativos del Departamento de Remuneraciones del Ministerio de Educación Pública con la presencia de la amparada, quien aporta pruebas y alegatos de descargo a la deuda contemplada en el expediente No. [Valor 005]. (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada);
  6. El 10 de noviembre de 2020, mediante oficio DHR-DR-UCA-2561-2020 la Unidad de Cobros Administrativos del Departamento de Remuneraciones del Ministerio de Educación Pública atendió el escrito de oposición al cobro presentado por la amparada donde se le indicó que por la documentación aportada se le reconoció parcialmente el cobro del periodo 2003, en razón de lo anterior, el proceso de cobro continúa por la suma de 1.000.589,51 de colones, en 18 tractos de 55.588,30 colones a partir de la primera quincena de noviembre hasta cancelar la totalidad de la deuda. Dicho oficio le fue notificado a la tutelada en el medio de notificación señalado. (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada);
  7. El 11 de enero de 2021, la amparada presentó escrito previo a la ejecución de los rebajos indicados en el oficio DHR-DR-UCA-2561-2020 del 10 de noviembre de 2020. (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada);
  8. El 18 de enero de 2021, mediante oficio DRH-DR-UCA-0159-2021 la Unidad de Cobros Administrativos del Departamento de Remuneraciones del Ministerio de Educación Pública atendió el escrito presentado por la tutelada, donde se realizó un Estudio Técnico Contable y le indicó lo siguiente: “En relación al primer argumento planteado por la señora [Nombre 002] se le aclara que se le reconoció parte de la suma del 2003 por la prueba que presento mediante oficio PNOEJ742-2003 de fecha 22 de octubre de 2003 la cual indica que laboró del 24/02/2003 sustituyendo a la señora [Nombre 003] por incapacidad. En el mismo oficio indica “La señora [Nombre 004] se encuentra laborando nuevamente en la sede del Liceo Escazú a partir del 24-06-2003.”, con lo que se demuestra que la titular de la plaza volvió a laborar y por tanto la señora [Nombre 002] no podía continuar trabajando en el puesto. Además se hace nuevamente la revisión de las acciones de personal y no consta que la titular haya seguido incapacitada. Considerando los periodos y la dificultad para conseguir documentos se le consideró un documento que es copia y emitido hace más de 17 años. Con respecto al punto 2, en el periodo 2002 el cobro es por una diferencia salarial que se generó al realizar el cambio en la forma de pago, de mensual a quincenal, según los estados actuales se visualizan las 48 lecciones que ella menciona no así el recargo; sin embargo, si considera que se le adeuda algún monto, deberá realizar la gestión del reclamo administrativo ante la Plataforma de Servicios.”. Por lo anterior, continúan con el proceso de cobro por la suma definitiva de 1.000.589,51 de colones, en 18 tractos de 55.588,30 colones a partir de la primera quincena de noviembre hasta cancelar la totalidad de la deuda. (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada).
III.- Hechos no probados.- No se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
a) Que la autoridad recurrida le haya denegado a la tutelada documentación de su interés para el ejercicio de su derecho a la defensa.
b) Que la tutelada haya gestionado reclamo administrativo referente a lecciones o recargos no pagados.
IV.- Sobre el derecho a la defensa de la amparada.- La recurrente reclama que la Unidad de Cobros Administrativos del Ministerio de Educación Pública le comunicó el cobro de supuestas sumas pagadas de más. Sobre el particular, esta Sala analiza el reclamo de la recurrente con respecto a la existencia del debido proceso. En ese sentido, se acredita que, el 13 de julio de 2020, la Unidad de Cobros Administrativos del Departamento de Remuneraciones del Ministerio de Educación Pública procedió a notificar a la amparada del proceso de cobro que se tramita en su contra, así como del monto adeudado junto con el proceso de recuperación respectivo, siendo este: monto devengado de 1,360,312.87 colones, la recuperación se realizará a partir de la primera quincena del mes de agosto, en 11 tractos quincenales de 123,664.81 colones hasta la cancelación total de la deuda. Asimismo, se verifica que, se le confirió audiencia oral y privada, la cual se dio efectivamente el 31 de agosto de 2020 a las 10:30 horas, en la cual aporto pruebas y alegatos de descargo. Aunado a lo anterior, se corrobora que, la tutelada ha planteados en dos ocasiones alegatos contra la deuda en el procedimiento de cobro que se sigue en su contra, los cuales han sido debidamente atendidos por parte de la autoridad recurrida. Igualmente, véase que ante las objeciones y prueba aportada por la tutelada, la autoridad accionada procedió efectuar un Estudio Técnico Contable sobre la situación y se le indicó lo siguiente: “En relación al primer argumento planteado por la señora [Nombre 002] se le aclara que se le reconoció parte de la suma del 2003 por la prueba que presento mediante oficio PNOEJ742-2003 de fecha 22 de octubre de 2003 la cual indica que laboró del 24/02/2003 sustituyendo a la señora [Nombre 003] por incapacidad. En el mismo oficio indica “La señora [Nombre 004] se encuentra laborando nuevamente en la sede del Liceo Escazú a partir del 24-06-2003.”, con lo que se demuestra que la titular de la plaza volvió a laborar y por tanto la señora [Nombre 002] no podía continuar trabajando en el puesto. Además se hace nuevamente la revisión de las acciones de personal y no consta que la titular haya seguido incapacitada. Considerando los periodos y la dificultad para conseguir documentos se le consideró un documento que es copia y emitido hace más de 17 años. Con respecto al punto 2, en el periodo 2002 el cobro es por una diferencia salarial que se generó al realizar el cambio en la forma de pago, de mensual a quincenal, según los estados actuales se visualizan las 48 lecciones que ella menciona no así el recargo; sin embargo, si considera que se le adeuda algún monto, deberá realizar la gestión del reclamo administrativo ante la Plataforma de Servicios.” Es decir, su reclamo fue acogido parcialmente y se le informó que el proceso de cobro continúa por la suma definitiva de 1.000.589,51 de colones, en 18 tractos de 55.588,30 colones a partir de la primera quincena de noviembre hasta cancelar la totalidad de la deuda. Lo anterior, fue debidamente notificado a la tutelada en el medio de notificación que señaló. Finalmente, no consta que la autoridad recurrida le haya denegado a la tutelada documentación de su interés para el ejercicio de su derecho a la defensa; debido a que, se evidencia que la misma ha podido implementar distintas acciones ejerciendo tal derecho, por medio del cual la autoridad recurrido le dio la razón acogiendo parcialmente la prueba de descargo e implemento el reajuste correspondiente a la deuda devengada de acuerdo a las pruebas consignadas dentro del expediente [Valor 007].
Finalmente, se debe advertir a la accionante que las inconformidades que pueda tener con respecto a las resoluciones emitidas y respuestas brindadas por la autoridad accionada, en cada una de las gestiones presentadas dentro del proceso de cobro administrativo; son aspectos de legalidad que deberá dilucidar en la vía –administrativa o judicial- que corresponda. En virtud de lo expuesto, este Tribunal no logra acreditar la lesión acusada a los derechos fundamentales de la tutelada, en consecuencia, lo procedente es desestimar este extremo del recurso.
V.- Sobre el reclamo de las lecciones y al recargo que se le adeudan.- Por otra parte reclama la amparada, que la autoridad recurrida le adeuda lecciones y recargo de las mismas del año 2002. Al respecto, la Unidad de Cobros Administrativos, le indicó a la amparada que tal estudio, debe gestionarse ante la Unidad de Gestión de reclamos. Sin embargo, no consta que la tutelada haya gestionado reclamo administrativo alguno referente a lecciones o recargos no pagados. Por ello, se le debe indicar que tales extremos deben ser resueltos por la propia autoridad recurrida por constituyen extremos de legalidad ordinaria que excede el ámbito de jurisdicción de este Tribunal, por ello, deberá la parte amparada plantear sus reclamos ante la autoridad recurrida o ante la vía de legalidad ordinaria respectiva, vías en las cuales podrá de forma amplia discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En consecuencia, lo procedente es desestimar este extremo del recurso.
VI.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ. El suscrito Magistrado salva el voto con fundamento en las siguientes razones: al analizar las circunstancias que rodean el reclamo que nos ocupa, concluyo que no corresponde a una acción arbitraria de la Administración, sino a la recuperación de sumas de dinero que fueron pagadas de forma indebida. No puede ignorarse el hecho de que se trata de sumas que fueron recibidas en su momento en forma adicional y de manera ilegítima, por lo que en realidad son parte del erario público. Por ello, la actuación desplegada por el recurrido para recuperar esas sumadas indebidamente recibidas por el amparado es constitucionalmente válida. Aparte de lo anterior, estimo no debe constituirse la Sala en una instancia que sustituya a la jurisdicción ordinaria en sus competencias, de tal forma que la disconformidad con los montos, plazos y demás elementos de la actuación estatal para recuperar las sumas pagadas de más, deben ser analizadas en las instancias de legalidad ordinaria creadas por el legislador para atender precisamente esos extremos. Por lo anterior, y en aplicación del artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, considero que este recurso debe rechazarse de plano.
VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a la parte recurrente que de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:

Se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Castillo Víquez salva el voto y rechaza de plano el recurso.

Fernando Castillo V.
Presidente
Luis Fdo. Salazar A.
Anamari Garro V.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ana María Picado B.
Alejandro Delgado F.
Ileana Sánchez N.

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

*7G3T3KRG60U61*

7G3T3KRG60U61

EXPEDIENTE N° 21-008064-0007-CO

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR