Sentencia Nº 2021009797 de Sala Constitucional, 14-05-2021

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia2021009797
Fecha14 Mayo 2021
Número de expediente21-008341-0007-CO

*210083410007CO*

Exp: 21-008341-0007-CO

Res. Nº 2021009797

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del catorce de mayo de dos mil veintiuno .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 21-008341-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], a favor de [Nombre 002], cédula de identidad [Valor 002], contra el MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA (MEP).

Resultando:

1.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 18:15 horas del 29 de abril de 2021, la parte accionante interpone recurso de amparo contra el Ministerio de Educación Pública. Señala que la tutelada es profesora de Psicología en el MEP desde 2011. Refiera que la amparada ha trabajado de forma ininterrumpida como docente y se encuentra nombrada en el Colegio Técnico Profesional La Fortuna de San Carlos desde el 2015. Narra que la amparada trabaja diez lecciones académicas desde que inició el ciclo lectivo 2021, pero el MEP solo se le ha cancelado lo correspondiente a seis lecciones académicas, por lo que se retiene el pago de cuatro lecciones. Sostiene que, en enero de 2021, la amparada recibió un salario bruto de ₵272.952, pero durante febrero, marzo y abril de 2021 solo percibió ₵191.067, lo que implica un faltante mensual de ₵81.855. Sostiene que tal situación ha ocasionado un serio faltante de liquidez en el salario de la amparada, puesto que durante seis quincenas consecutivas se produjo una retención del salario. Recrimina que el MEP sigue sin actualizar las acciones de personal de la amparada y por ello solo se le cancelan las seis lecciones en propiedad y se retiene el pago de las cuatro lecciones restantes. Sostiene que tal situación ha persistido durante un plazo que excesivo e irrazonable superior a un mes. Manifiesta que la amparada cumple responsablemente su horario desde el inicio del curso lectivo. Cita jurisprudencia de la Sala en relación el derecho al salario. Solicita que se declare con lugar el recurso.

2.- Mediante resolución de la Sala de las 18:51 horas del 30 de abril de 2021, se dio curso al amparo y se solicitó informe a la directora de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.

3.- Por escrito incorporado en el expediente digital a las 21:22 horas del 5 de mayo de 2021, informa bajo juramento Yaxinia Diaz Mendoza, en su condición de directora de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública. Manifiesta que la jefa de la Unidad de Secundaria Técnica, mediante oficio DRH-DARH-UST-0499-2021, consignó: “(…) que de acuerdo al Sistema de Integra 2 la señora [Nombre 002] registra 6 lecciones en propiedad y 4 lecciones interinas en la especialidad de Psicología en el CTP de La Fortuna, dicho aumento de lecciones de 6 lecciones a 10 lecciones se realizó mediante acción de personal N° [Valor 003] (adjunto) para posible pago en la primera quincena de mayo del 2021 retroactivo al 01 de febrero del 2021. (…)”. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

4.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 21:52 horas del 6 de mayo de 2021, el accionante aduce que el MEP efectivamente retuvo el salario de la tutelada durante febrero, marzo y abril de 2021. Reprocha que la autoridad recurrida ni siquiera da seguridad de que en la primera quincena de mayo de 2021 se cancele lo adeudado, sino que solo habla de un posible pago. Cita jurisprudencia de la Sala. Alude que la accionada aparentemente le pagará a la tutelada el salario adeudado en forma retroactiva, lo que constituye una evidencia de la lesión a los derechos de la amparada. Solicita que se declare con lugar el recurso.

5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Esquivel Rodríguez ; y,

Considerando:

I.- OBJETO DEL RECURSO. El accionante considera lesionados los derechos fundamentales de la amparada, pues aduce que, durante febrero, marzo y abril de 2021, el Ministerio de Educación Pública no le ha cancelado la totalidad de lecciones que tiene asignadas.
II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:
a) La tutelada trabaja para el Ministerio de Educación Pública. (Hecho incontrovertido).
b) El 5 de mayo de 2021, la jefa de la Unidad de Secundaria Técnica emitió el oficio DRH-DARH-UST-0499-2021, en el que indicó: “(…) que de acuerdo al Sistema de Integra 2 la señora [Nombre 002] registra 6 lecciones en propiedad y 4 lecciones interinas en la especialidad de Psicología en el CTP de La Fortuna, dicho aumento de lecciones de 6 lecciones a 10 lecciones se realizó mediante acción de personal N° [Valor 003] (adjunto) para posible pago en la primera quincena de mayo del 2021 retroactivo al 01 de febrero del 2021. (…)”. (Ver prueba documental).
c) A la amparada no se le han cancelado la totalidad de lecciones que tenía asignadas durante el periodo de febrero a abril de 2021. (Hecho incontrovertido).
d) El pago de la segunda quincena de abril correspondía ser efectuado el 28 de abril de 2021. (Ver página web del MEP).
III.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En la especie, el accionante considera lesionados los derechos fundamentales de la amparada, pues aduce que, durante febrero, marzo y abril de 2021, el Ministerio de Educación Pública no le ha cancelado la totalidad de lecciones que tiene asignadas.
Del estudio de los autos, se tiene por verificado que la tutelada labora para el Ministerio de Educación Pública. Asimismo, en el caso de marras, se constata que en el informe rendido bajo juramento por la autoridad accionada -con las solemnidades y responsabilidades que ello conlleva‑ se hizo referencia a que, el 5 de mayo de 2021, la jefa de la Unidad de Secundaria Técnica emitió el oficio DRH-DARH-UST-0499-2021, en el que indicó: “(…) que de acuerdo al Sistema de Integra 2 la señora [Nombre 002] registra 6 lecciones en propiedad y 4 lecciones interinas en la especialidad de Psicología en el CTP de La Fortuna, dicho aumento de lecciones de 6 lecciones a 10 lecciones se realizó mediante acción de personal N° [Valor 003] (adjunto) para posible pago en la primera quincena de mayo del 2021 retroactivo al 01 de febrero del 2021. (…)”. Sin embargo, en el sub lite, la Sala tiene como incontrovertido el hecho de que a la amparada no se le han cancelado la totalidad de lecciones que tenía asignadas durante el periodo de febrero a abril de 2021.
En reiterada jurisprudencia constitucional se ha dispuesto que “ solo se da una lesión de rango constitucional cuando ha transcurrido un plazo irrazonable entre la prestación de los servicios y el pago correspondiente. Así, si se produce un retraso en el pago superior a las dos quincenas -plazo que la Sala ha estimado en su jurisprudencia como excesivo e irrazonable- el retraso deviene amparable” (véase en este sentido las sentencias n.os 2016-16551 de las 14:30 horas del 9 de noviembre de 2016 y 2019-008295 de las 09:20 horas del 10 de mayo de 2019).
En consecuencia, en el sub iudice se verifica la lesión al derecho fundamental de la amparada al salario previsto en el numeral 57 de la Constitución Política, solo en relación con el salario adeudado a la segunda quincena de marzo de 2021, pues ha transcurrido un plazo superior a las dos quincenas, sin que a la tutelada se le cancelara la totalidad del salario correspondiente. Ergo, lo procedente es declarar con lugar el recurso respecto a tal alegato.
Por su parte, en cuanto al salario adeudado a la tutelada correspondiente a abril de 2021, este Tribunal estima que al momento en que el recurrente planteó este amparo (sea, 29 de abril de 2021), no ha transcurrido un plazo excesivo y desproporcionado superior a las dos quincenas. En consecuencia, el recurso deviene en prematuro respecto al impago de tales extremos, por lo que procede declarar sin lugar el recurso en cuanto a este agravio.
IV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara parcialmente con lugar el recurso, solo en relación con el salario adeudado a la amparada a la segunda quincena de marzo de 2021, inclusive. Se ordena a Yaxinia Diaz Mendoza en su condición de directora de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública, o a quien ejerza ese cargo, que en caso que no se haya hecho efectivo el pago, lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias y coordine lo necesario para que en la primera quincena de mayo, tal como informó que lo haría, se cancele a la amparada el salario adeudado a la segunda quincena de marzo de 2021, inclusive, esto si otra causa ajena a lo discutido en el presente asunto no lo impide. Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a la presente declaratoria, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En todo lo demás, se declara sin lugar el recurso. Notifíquese.

Fernando Castillo V.
Presidente
Luis Fdo. Salazar A.
Anamari Garro V.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ana María Picado B.
Alejandro Delgado F.
Ileana Sánchez N.

Documento Firmado Digitalmente

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