Sentencia Nº 2021013178 de Sala Constitucional, 11-06-2021

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha11 Junio 2021
Número de sentencia2021013178
Número de expediente21-007770-0007-CO

*210077700007CO*

Exp: 21-007770-0007-CO

Res. Nº 2021013178

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas treinta minutos del once de junio de dos mil veintiuno .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 21-007770-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001] , contra TELEVISORA DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA (CANAL 7), CENTRAL DE RADIOS CDR SOCIEDAD ANÓNIMA y SOCIEDAD PERIODÍSTICA EXTRA LIMITADA (PERIÓDICO LA EXTRA).

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la S. a las 15:53 horas del 21 abril de 2021, el recurrente interpone recurso de amparo contra TELEVISORA DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA (CANAL 7), CENTRAL DE RADIOS CDR SOCIEDAD ANÓNIMA y SOCIEDAD PERIODÍSTICA EXTRA LIMITADA (PERIÓDICO LA EXTRA). Manifiesta en resumen, que se encuentra privado de libertad en el Centro de Atención Institucional J.A.M.C. y que nunca ha autorizado el uso de su imagen a ningún medio de comunicación, con ningún fin; pero la misma imagen sale en los medios de comunicación Canal 7, La Extra y Monumental. Afirma que Canal 7, en su programa “7 Días”, realizó un uso no autorizado de su imagen y entrevistas en las cuales ató su función pública con la corrupción, siendo que al momento de los hechos tenía cerca de diez años de haber renunciado al cargo público; y son precisamente sus fotografías y entrevistas realizadas cuando estaba en la función pública las que fueron utilizadas en el último reportaje del 29 de marzo de 2021, relativo a la corrupción en la Fuerza Pública, con utilización de material que no autorizó. Reclama que usaron de forma reiterada y desde distintas perspectivas su imagen, para ilustrar el reportaje, sin ser funcionario público, porque para ese momento ya no tenía investidura pública; con lo cual, ya no habría razón para que utilizaran esas imágenes. Según alega, el hecho de que su imagen aparezca en estos medios de comunicación, de forma continua, recrudece su privación de libertad, pide se tome en cuenta que el retrato fotográfico de una persona no puede ser puesto en el comercio sin el debido consentimiento. En este caso, los medios de comunicación hacen uso de su imagen sin censura y sin su consentimiento. Argumenta que las imágenes y fotografías con roles estereotipados que refuerzan actitudes discriminantes hacia sectores sociales no pueden ser publicadas, reproducidas, expuestas ni vendidas en forma alguna. Expresa que es cierto que cuando las fotos se tomaron medió su anuencia, pero luego, fueron subidas y utilizadas sin su consentimiento a las redes informáticas al momento de los hechos y sin que tuviera conocimiento alguno. Expresa que una persona detenida tiene derecho a vivir la detención en condiciones compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad. No obstante, en cada ocasión que sale su delito en publicaciones de prensa con su rostro expuesto, se le denigra como persona y se pone en alto riesgo la vida de su familia, porque cuando queda expuesta una supuesta colaboración con el narcotráfico, de acuerdo a lo que expone la prensa, es motivo para que personas vinculadas al crimen organizado, o sicariatos, o secuestros vean a su familia como blanco fácil para la extorsión, poniéndolos en grave peligro y riesgo de perder la vida. Aporta, entre otras imágenes la publicación de Sucesos del Diario Extra de viernes 23 de junio de 2017, publicación digital de Diario Extra de 10 de mayo de 2018 titulada "Condenan al coronel [Nombre 002] a 1 década tras las rejas"

(https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/358885/condenan-al-coronel-pizarroa-1-d-cada-tras-las-rejas), una publicación de Facebook de “7 días”, de 29 de marzo de 2021, titulada "Patrullando al otro lado de la ley", y publicaciones de teletica.com, una de ellas del 29 de marzo de 2021 con la imagen del recurrente en que se puede leer "[Nombre 003]. DECLARACIONES..." y una publicación digital de Monumental (https://www.monumental.co.cr/2018/05/09/exdirector-de-fuerza-publica-pasara-10-anos-en-prision-por-trafico-de-drogas/). Solicita que ya no se use más ninguna de sus imágenes en ningún medio de comunicación, a menos que estén debidamente autorizadas por su persona y que la prensa se comprometa con una disculpa pública por haber hecho uso de su imagen sin su consentimiento y sin ningún filtro. Pide además se condene al pago de perjuicios a su favor.

2.- Mediante resolución de las 12:01 horas del 30 de abril de 2021, se dio curso al presente recurso y se dio traslado a R.P.C., en su condición de Presidente de Televisora de Costa Rica Sociedad Anónima (Edificio René Picado frente al Estado Nacional); I.M.G.Q. en su calidad de Gerente de Sociedad Periodística Extra Limitada (calle 4 avenida 4 S.J.), y F.C.L. como Presidente de Central de Radios CDR Sociedad Anónima (del hospital México, 300 al Oeste), entidad a la que fue fusionada Radio Monumental Sociedad Anónima; sobresobre los hechos alegados por el recurrente.

3.- Manifiesta C.A.H., en su condición de apoderado general judicial de Central de Radios CDR Sociedad Anónima, que su representada produce y transmite todos los días y en diferentes horarios el noticiario denominado "Noticias Monumental”. Indica, que el día 09 de mayo de 2018, trascendió a través de diversos medios de prensa que el ex Director de la Fuerza Pública, [Nombre 003] , se sometió a un proceso penal abreviado en el que aceptó los cargos por tráfico internacional de drogas a cambio de una pena disminuida de diez años de cárcel. Señala, que una vez enterados procedimos a confirmarlo a través de dos fuentes oficiales: por un lado, la Oficina de prensa del Poder Judicial y, por otro, la Oficina de prensa del Ministerio Público. Añade, que fue así como en la versión digital del Noticiero se generó una publicación titulada: "Exdirector de Fuerza Pública pasará 10 años en prisión por tráfico de drogas", en la que dieron cuenta del hecho por considerarlo de indudable interés público, misma que se ilustró con una fotografía del ex Director. Alude, que desde el punto de vista periodístico, el hecho de que se haya condenado a un exfuncionario policial de tan alto rango en un proceso penal abreviado tiene un claro interés público, ya de por sí, por tratarse de un caso de narcotráfico relativo a una gran cantidad de drogas (230 kilos), pero además mucho más importante, por cuanto se trataba de un exfuncionario que había ostentado el puesto más alto de la Fuerza Pública: el de Director General y que ya había sido investigado en otra ocasión por llegar antes a un accidente de helicóptero, con lo que las autoridades perdieron el control de la escena. Considera, que el narcotráfico, pero, además, la infiltración en el Estado y particularmente en sus cuerpos de policía constituyen una enorme preocupación para la sociedad, lo que representa, a su vez, un claro interés público, potenciado, por las características del caso en específico. Menciona, que, el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos reconoce la importancia de la libertad de expresión y del derecho a la información. Afirma, que en el mismo sentido, la jurisprudencia de esa S. Constitucional, por ejemplo, en la sentencia 13658 del 2008, conocida popularmente como de los "bonos chinos", señala claramente la importancia de que la Administración Pública sea una especie de "casa de cristal" en donde los administrados puedan vigilar, sin rincones oscuros, todo el accionar gubernamental. Estima, que esta premisa no está aislada en el tiempo en que un funcionario ocupe un puesto público, sino que la investigación de su labor y de los hechos puede ser en retrospectiva, debido a que la transparencia inherente a su cargo trasciende las medidas temporales. Destaca, que la imagen cuestionada data del momento en que activamente el recurrente era funcionario público, pero aún más, cuando ocupaba un alto cargo de Estado, según se deja ver en la composición de la fotografía, donde se identifica la insignia de la Fuerza Pública y el uniforme de Director General, lo que permite al lector saber quién es la persona cuestionada y hacer una ubicación temporal de la misma de acuerdo con la información brindada en el texto de la noticia, lo que expresamente se aclara al señalar la noticia que: "El exdirector de la Fuerza Pública fue nombrado en ese cargo en el 2007, durante la segunda administración de Ó.A.. En el 2009, cuando ya no formaba parte de la institución, se le investigó por llegar antes que la Policía al Cerro de la Muerte, donde se había estrellado un helicóptero cargado de cocaína". Plantea, que en la jurisprudencia de la S. Constitucional respecto a las coberturas de prensa, particularmente el voto 10425 de 2020, se señala con toda claridad que existe un valor expresivo en las imágenes, acorde con la naturaleza penal de la noticia, en un proceso de información de interés público que genera un impacto social. Refiere, que respecto al riesgo que conlleva la publicación de la fotografía para el condenado y su familia, considera que no es la publicación de su identidad, ni tampoco la imagen lo que conlleva un riesgo para su persona, sino la comisión de un delito que, en particular se comete en una dinámica cargada de violencia. R., que no es la prensa quien pone en riesgo la integridad del recurrente, sino el hecho de haberse vinculado éste al tráfico internacional de drogas, después de haber jurado defender el Estado de Derecho desde su función de director general de la Fuerza Pública. Agrega, que la sola transmisión de la referida información, incluso con la proyección de la imagen del involucrado, no constituye ninguna violación a su derecho a la imagen, ya que la noticia difundida corresponde a un hecho de indudable y evidente interés público, dada la gravedad de la conducta imputada, particularmente en las condiciones de inseguridad que afronta el país y la ciudadanía en general. Sostiene, que nunca ha existido de parte de su representada ni de ninguno de los profesionales que laboran en los noticieros el ánimo de irrespetar los derechos que le asisten al recurrente, sino únicamente la intención de informar como corresponde a los costarricenses de los sucesos que a diario acontecen en el territorio nacional y, concretamente en el caso que nos ocupa, de reportar un hecho cierto y de indudable relevancia pública, como lo demuestra el que prácticamente todos los medios de comunicación nacionales lo informaron. Estima que declarar con lugar un recurso de este tipo, no solo es contradictorio con la profusa jurisprudencia que brinda un ambiente de seguridad jurídica y respeto a la libertad de expresión y al derecho a la información en el trabajo de los medios de comunicación, sino que constituiría un peligroso antecedente que cuestionarla al país en la vanguardia de la libertad de prensa en el continente. Solicita se declare sin lugar el recurso.

4.- Manifiesta I.G.Q., en su condición de P. y representante judicial y extrajudicial con facultades de apoderada generalísima de Sociedad Periodística Extra Limitada, que solicita declarar sin lugar este recurso de amparo, por cuanto Diario Extra no ha violentado los derechos a la imagen y al honor del recurrente, ya que su actuación está amparada a la libertad de expresión y el derecho a la información. Asevera, que en el escrito del recurso de amparo, el recurrente no hizo ninguna manifestación específica sobre el contenido de las noticias publicadas en Diario Extra, sino que se refirió de forma general a la publicación de su imagen en los medios de comunicación. Agrega, que el objetivo de Diario Extra nunca ha sido denigrar al recurrente, como lo alega en su recurso, sin sustento alguno, pues el interés primordial de Diario Extra fue informar a la ciudadanía sobre un evento de indiscutible interés público, como es su detención en la vía pública, concretamente en la ruta 27, por el delito de narcotráfico. Añade, que el recurrente [Nombre 001] se desempeñó por muchos años, como funcionario del Ministerio de Seguridad Pública, siendo que en 1983 ingresó a la Fuerza Pública como oficial raso; en el año 2006, fue J. de la Policía de Fronteras y mediante acuerdo N° 287-2007-MSP, con vigencia del 1° de julio del 2007 al 7 de mayo del 2010, fue nombrado como Director de la Fuerza Pública. Asegura, que el amparado no solo se desempeñó como alto jerarca del Ministerio de Seguridad Pública, sino que su trayectoria fue ampliamente conocida por la ciudadanía y publicitada por los medios de comunicación, precisamente en razón del importante cargo público que ocupó. Relata, que el recurrente -quien una vez asumió el compromiso de velar por la seguridad, tranquilidad y el orden público en el país- fue detenido en junio del 2017, sobre la ruta 27, cuando custodiaba un camión que transportaba 237 kilos de cocaína hasta una pista clandestina en Guanacaste. Relata, que después de someterse a un proceso abreviado y aceptar ser responsable del delito de tráfico internacional de drogas, el 9 de mayo del 2018, el recurrente [Nombre 002] E. fue condenado por el Tribunal Penal de Santa Cruz, a una pena de diez años de prisión, la cual está descontando, actualmente en el Centro de Atención Institucional J.A.M.C.. D., que esas circunstancias y la lucha constante de las autoridades contra el crimen organizado y tráfico de drogas, en los que estuvo involucrado el recurrente, son los que dieron relevancia pública a su detención, condenatoria y actual privación de libertad. Advierte, que por ello, el amparado [Nombre 003] es una persona de indiscutible notoriedad y la reproducción de su imagen se encuentra debidamente justificada. Expone, que en este contexto, el 23 de junio del 2017, Diario Extra publicó la noticia intitulada "Avioneta Esperaba a Exdirector", donde se informa sobre la detención del recurrente por parte de agentes del Organismo de Investigación Judicial, cuando custodiaba un cargamento de droga. Enuncia, que la noticia se refiere también a la participación de la DIS en la investigación del caso, cuya complejidad fue precisamente tener al frente a [Nombre 002] , por su amplia preparación táctica y operativa. A su vez, citó las palabras de J.T., entonces Subdirector de la DIS, que resumen la importancia del cargo que ocupó y su incidencia en su actividad delictiva: "El haber sido director de la Fuerza Pública genera mucha confianza en la gente a su alrededor, representa una figura de mando, todavía una jerarquía…”. Destaca, que cuando el recurrente fue condenado, el Diario Extra publicó en fecha 10 de mayo del 2018, la noticia intitulada "Condenan a Coronel [Nombre 002] a 1 década tras las rejas". Sostiene, que recientemente, el 14 de enero del 2021, Diario Extra publicó la noticia intitulada "Exdirector policial preso por narco pide beneficio", refiriendo que el Instituto Nacional de Criminología se encuentra valorando esa gestión. Considera que derecho a la imagen y al honor del recurrente no han sido violentados, pues la difusión en Diario Extra de su imagen para ilustrar las noticias publicadas el 23 de junio del 2017, el 10 de mayo del 2018, y el 14 de junio del 2021, no implican un ejercicio abusivo del derecho a la información, ni una lesión a sus derechos a la imagen y al honor, por cuanto se refieren a hechos de interés público, en el momento de su detención y condena por el delito de tráfico internacional de drogas, habiendo sido funcionario del Ministerio de Seguridad Pública, por muchos años. Plantea, que es de interés público lo relativo al cumplimiento de su condena de diez años de cárcel y la posibilidad de que se le otorgue un beneficio carcelario que le permita salir anticipadamente de prisión. Alude, que esas circunstancias son de interés para la colectividad, no solo por la gravedad de los hechos, sino porque el recurrente fue un alto jerarca del Ministerio de Seguridad Pública, quien por la confianza que generaba y la capacitación de alto nivel que recibió siendo funcionario de la Fuerza Pública, tuvo una gran ventaja en su participación en el crimen organizado y el de tráfico internacional de drogas. Afirma, que el recurrente es una persona notoria, su detención por el delito de tráfico internacional de drogas se dio en un lugar público y, por ende, la publicación de su imagen se justifica, con fundamento en las excepciones previstas de forma expresa por el artículo 47, del Código Civil. De esta forma, al ser el derecho a la información un derecho preferente, como lo ha dispuesto la S. Constitucional, la publicación de la imagen del amparado en las noticias referidas, está plenamente justificada en razones de notoriedad e interés público. Refiere, que el derecho a la información comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de elección. Estima que Diario Extra ha actuado al amparo del derecho a la información y no ha violentado los derechos a la imagen y al honor del recurrente. Solicita declarar sin lugar este recurso de amparo.

5.- Manifiesta R.P.C., en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa Televisora de Costa Rica, Sociedad Anónima, que de conformidad con lo establecido en la legislación nacional y en reiterada jurisprudencia constitucional y supranacional, es jurídicamente irrelevante si el recurrente brindó o no su consentimiento para la difusión de su imagen en reportajes periodísticos. Alude, que la difusión es legítima y está autorizada como parte del derecho a la información, por estar vinculada con hechos de indudable interés público. Señala que [Nombre 001] laboró para la Fuerza Pública, siendo incluso el Director General de esa institución, entre el 1º de julio de 2007, y el 15 de abril de 2008, es decir, ocupó el más alto cargo de la policía administrativa del país. Refiere, que en el año 2013, luego de su salida de la Fuerza Pública, el recurrente creó la organización paramilitar denominada “Frente Patriótico Defensa Nacional”, hecho que fue ampliamente difundido por prensa nacional e internacional. Menciona, que es de conocimiento público, que mediante la sentencia 105-2018-SC de las 10:30 horas del 09 de mayo de 2018, del Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste con sede en Santa Cruz, [Nombre 001] fue declarado autor responsable de los delitos de tráfico de drogas en su modalidad de posesión, transporte y comercialización y un delito de tenencia ilegal de arma permitida, por lo cual se le impuso la pena de diez años de prisión y tres meses de trabajo de utilidad pública, pena de prisión que, al día de hoy, se encuentra cumpliendo en el Centro de Atención Institucional J.A.M.C.. Afirma, que todos estos antecedentes evidencian que, si la imagen del señor [Nombre 002] E. ha sido difundida por diversos medios de prensa (nacional e internacional), lo ha sido con respecto a hechos de clarísimo interés público, sobre los cuales la prensa tiene el derecho y el deber de informar, y la sociedad entera tiene el derecho de recibir. Expone, que el Código Civil, la jurisprudencia constitucional y la supranacional son coincidentes en permitir la difusión de la imagen de una persona, aún sin su autorización, cuando la misma esté relacionada con un hecho de interés público. Explica, que, si bien no se menciona de manera expresa al medio que representa, es preciso indicar que nunca han utilizado la imagen del señor recurrente con el propósito de denigrarlo o de ofenderlo. A., que lo que se ha hecho es difundir información veraz, de interés público y cualquier afectación a la imagen, honra o dignidad del recurrente se deriva, en realidad, de sus propios actos. Asevera, que no es un hecho, sino la afirmación especulativa del recurrente, en el sentido que el recurrente afirma “que por la naturaleza de mi delito cada ocasión en que se publica esta noticia pone en alto riesgo la vida de mi familia, cuando queda expuesta tal situación con la supuesta colaboración con el narcotráfico de acuerdo a lo que expone la prensa”. Sobre el particular, aclara que: • Si bien no se aporta prueba alguna que acredite el supuesto peligro a la vida del recurrente o de su familia, es clarísimo que de existir el mismo derivaría de sus propios actos, no del ejercicio legítimo de la libertad de prensa. • No es cierto que “de acuerdo a lo que expone la prensa” el recurrente tuviera una “supuesta colaboración con el narcotráfico”, pues él fue condenado en sentencia firme, entre otros, por el delito de tráfico de drogas, siendo que cualquier información o publicación que relate ese hecho es absolutamente verdadera. A., que “7 Días”, es un programa de periodismo investigativo, donde se realizan y publican reportajes sobre temas de interés nacional y de actualidad. Añade, que hechos recientes que causaron justamente preocupación, como el robo de armas en la Academia Nacional de Policía, o la aparente participación de oficiales de policía en casos de extorsión, motivaron un análisis periodístico, el cual estuvo a cargo de la periodista B.M.. Explica, que así surgió un reportaje titulado “Patrullando al otro lado de la ley”, publicado el 29 de marzo del 2021, en el que se trató el fenómeno de la corrupción policial y el impacto que esto produce en la confianza de la ciudadanía en la Fuerza Pública. Relata, que se mencionaron casos antecedentes, acontecidos en años anteriores, así como la dificultad que existe para sentar responsabilidades administrativas y legales. D., que en ese contexto informativo y periodístico, fue que se trató del caso del recurrente, advirtiendo sobre la posibilidad de que la corrupción escalara hasta altas esferas de la policía. A., que la información era pertinente, de interés público, y constituía un ejercicio legítimo del derecho a buscar, recibir y difundir información de cualquier naturaleza. Más aún, en la noticia se informan hechos de manera veraz, y se indica: “que en el año 2017, [Nombre 001] ya había dejado su cargo como Director General de la Fuerza Pública y fue detenido mientras escoltaba un cargamento de 237 kilos de cocaína en la ruta 27”. Manifiesta, que en el reportaje se explicaron otras circunstancias de su detención y condena, por la que se le impusieron diez años de prisión. A., que la participación de una persona con amplia experiencia operativa policial, conocimiento de manejo de armas, e incluso piloto de helicóptero, en un grupo dedicado al tráfico de drogas, es motivo de preocupación y constituye un antecedente pertinente y relevante en el marco de lo informado. También se señaló que, según la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), el grupo paramilitar creado por el recurrente [Nombre 002] E., supuestamente para proteger al país de una invasión extranjera, podría ser utilizado para entrenarse y dar custodia a grupos narcotraficantes. Aclara, que en total, en un reportaje de casi dieciocho minutos, se abordaron los hechos relacionados con el recurrente en poco más de dos minutos (8:25 a 10:33). Asevera, que lo anterior evidencia que se actuó con rigor periodístico, para tratar de manera seria un tema relevante, de interés público, lo que torna en absolutamente legítima la utilización de la imagen del recurrente. Expone, que lo que se comunicó fue información veraz (incluyendo la condición de ex policía del recurrente), de interés público, por ende, legítima. Advierte, que las informaciones periodísticas publicadas tenían el objetivo de poner en conocimiento de la sociedad hechos gravísimos de corrupción policial, la dificultad que existe para combatirlos, el efecto que produce en la confianza de la ciudadanía en la Fuerza Pública, y el peligro que supone que personas en altas esferas policiales, o con importante entrenamiento, como el caso del recurrente, se involucren en actividades como el tráfico de drogas. A., que el reportaje muestra lo preocupante y serio que puede ser el que una persona que estuvo a cargo de garantizar la seguridad de la ciudadanía, años después haya sido condenada por un hecho sumamente grave y reprochable, como lo es el tráfico de drogas. Asevera, que conforme a lo dispuesto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la libertad de expresión no puede ser sometida nunca a un régimen de censura previa, sino únicamente a un régimen de sanciones ulteriores, en caso de que se haga un ejercicio abusivo de la misma. Alude, que el amparado plantea como petitoria que: “no se use más ninguna de mis imágenes en ningún medio de comunicación”, con lo que pretende desnaturalizar el recurso de amparo y convertirlo en un medio para ejercer censura previa sobre la prensa, a la que quiere imponerle un bozal, y decirle qué sí y qué no puede informar puede hacer uso comercial o de ninguna otra naturaleza sin permiso de la persona afectada. Considera necesario traer a colación, que el artículo 47, del Código Civil reconoce el derecho a la propia imagen, en virtud del cual todas las personas tienen derecho a que la misma se respete y no se publique sin autorización previa. Ese principio, sin embargo, está sujeto a diversas excepciones previstas por el legislador, siendo la que interesa en la especie el de la divulgación de informaciones de interés público, o relacionadas con hechos acontecidos en público. En tales casos, sin que quepa duda alguna, el derecho a la imagen debe ceder, pues aquí entra en juego la ponderación de los intereses individuales de la persona con los intereses colectivos de la sociedad, siendo que cuando hay un interés público de por medio deben prevalecer los segundos. Sostiene, que si bien el derecho a la imagen es merecedor de tutela judicial, la misma tiene sus límites, como en el caso de divulgación de imágenes relacionadas con acontecimientos de interés público. Añade, que en esas hipótesis, el derecho a la imagen cede frente a la necesidad de interés público y el derecho a la información, especialmente cuando se están informando hechos delictivos sumamente graves y reprochables. Agrega que bien el derecho a la imagen es merecedor de tutela judicial, la misma tiene sus límites, como en el caso de divulgación de imágenes relacionadas con acontecimientos de interés público y por ende, el derecho a la imagen cede frente a la necesidad de interés público y el derecho a la información, especialmente cuando se están informando hechos delictivos sumamente graves y reprochables. En consecuencia, siendo que las noticias publicadas son veraces, más aún absolutamente verídicas, y que lo informado concierne a hechos de interés público, el recurso planteado debe ser declarado sin lugar.

6.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales

R.e.M.....S.A. ; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso. El recurrente alega que se encuentra privado de libertad en el Centro de Atención Institucional J.A.M.C. y que no ha autorizado el uso de su imagen a ningún medio de comunicación; sin embargo, la misma apareció recientemente en el programa de “Siete días” de Canal 7, así como la noticia de su detención y otros aún aparece también en internet en los sitios del Diario La Extra y Noticias Monumental. Aclara, que cuando fue detenido no ocupaba un cargo público y si bien, dichas fotos contaron con su anuencia, luego, fueron subidas y utilizadas sin su consentimiento a las redes informáticas. Refiere, que cada vez que sale su delito en publicaciones de prensa con su rostro expuesto, se le denigra como persona y se pone en alto riesgo la vida de su familia. Solicita que ya no se use más ninguna de sus imágenes en ningún medio de comunicación, a menos que estén debidamente autorizadas por su persona y que la prensa se comprometa con una disculpa pública por haber hecho uso de su imagen sin su consentimiento y sin ningún filtro.

II.- Sobre la admisibilidad del amparo contra sujetos de derecho privado. El artículo 57, de la ley de la Jurisdicción Constitucional, establece la posibilidad de interponer un recurso de amparo en contra de acciones u omisiones de sujetos de derecho privado, siempre que éstos actúen o deban actuar en el ejercicio de funciones o potestades públicas, o bien, se encuentren en una posición de poder, frente a la cual, los remedios comunes resulten insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o libertades fundamentales. En el caso concreto, se constata que Sociedad Periodística Extra Limitada, Central de Radios CDR Sociedad Anónima y Televisora de Costa Rica, Sociedad Anónima, se encuentran en una situación de poder de hecho frente al amparado, por lo que al no existir un mecanismo procesal específico para la protección de los derechos, presuntamente, agraviados, resulta admisible el presente amparo.

III.- De previo. El artículo 45, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, establece que en el caso de que el informe de no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver el amparo sin más trámite, salvo que el Tribunal estime necesaria alguna averiguación previa, todo sin perjuicio de las responsabilidades en que incurra el servidor omiso en el informe. En el caso concreto, este Tribunal verifica que en el caso de Central de Radios CDR Sociedad Anónima, la contestación no la rindió el presidente -como así se ordenó-, sino que el apoderado general judicial, pese que en la resolución de las 12:01 horas del 30 de abril de 2021, que dio curso al amparo, se solicitó expresamente lo siguiente "…La contestación deberá rendirse personalmente y no por medio de apoderado…". En consecuencia, esta S. procede a tener por ciertos los hechos alegados por el recurrente en relación con dicha empresa y se procede a resolver el fondo del reclamo, con fundamento en los demás elementos que constan en autos.

IV.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

A. En relación con Noticias Monumental.

a) El día 09 de mayo de 2018, se publicó en la versión digital del Noticiero Monumental una publicación titulada: "Exdirector de Fuerza Pública pasará 10 años en prisión por tráfico de drogas”, misma que se ilustró con una fotografía del ex Director vistiendo el uniforme oficial de Director General de la Fuerza Pública y allí, se indicó “…El exdirector de la Fuerza Pública fue nombrado en ese cargo en el 2007, durante la segunda administración de Ó.A.. En el 2009, cuando ya no formaba parte de la institución, se le investigó por llegar antes que la Policía al Cerro de la Muerte, donde se había estrellado un helicóptero cargado de cocaína." (ver el link https://www.monumental.co.cr/2018/05/09/exdirector-de-fuerza-publica-pasara-10-anos-en-prision-por-trafico-de-drogas/)

B. En relación con el Diario Extra.

a) El 23 de junio del 2017, se publicó la noticia intitulada "Avioneta Esperaba a Exdirector", donde se informa sobre la detención del recurrente por parte de agentes del Organismo de Investigación Judicial, en la entrada a Orotina, sobre la ruta 27, cuando custodiaba un cargamento de droga y aparecen dos fotografías del amparado tomadas en el momento de la detención, en una yace de espaldas sobre la calle, y no se le ve el rostro; y la otra, es una fotografía tamaño pasaporte correspondiente al perfil del personal aeronáutico del archivo del Sistema de Información Aeronáutico Regional de la Dirección Regional de Aviación Civil, en el que se detalle que tiene dos licencias para pilotar helicóptero (ver el link https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/335910/avioneta-esperaba-a-exdirector-policial-y-droga).

b) El 10 de mayo del 2018, se publicó la noticia titulada "Condenan a Coronel [Nombre 002] a 1 década tras las rejas", en la que aparecen dos fotografías del amparado, una el día de su detención en vía pública, y la otra vistiendo un traje de fatiga (ver el link: https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/358885/condenan-al-coronel-[Nombre 002]-a-1-d-cada-tras-las-rejas).

c) El 14 de enero del 2021, se publicó la noticia intitulada "Exdirector policial preso por narco pide beneficio", refiriendo que el Instituto Nacional de Criminología analiza caso y aparece la misma fotografía del amparado utilizada en la anterior publicación, cuando fue detenido en la ruta 27 (ver el link https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/438938/exdirector-policial-preso-por-narco-pide-beneficio).

C. En cuanto a Teletica.

a) El 29 de marzo del 2021, se transmitió en canal 7, el reportaje en el programa “Siete días”, titulado “Patrullando al otro lado de la ley” , el cual aparece en internet en la página www.teletica.com , así como en la red social de Facebook, en el que se trató el fenómeno de la corrupción policial y el impacto que esto produce en la confianza de la ciudadanía en la Fuerza Pública. Allí se muestran tres fotos del amparado, una con uniforme oficial de Director de la Fuerza Pública y las otras, el día de la detención en la ruta 27. Además un video que se ve el dorso del cuerpo del tutelado mientras esperaba ser indagado (ver el link: https://www.teletica.com/multimedia/patrullando-al-otro-lado-de-la-ley_1082939) D. En cuanto a la situación penal del amparado.

a) El amparado laboró para la Fuerza Pública, y fue Director General de esa institución, entre el 1º de julio de 2007, y el 15 de abril de 2008 (hecho público y notorio).

b) En el año 2013, luego de su salida de la Fuerza Pública, el recurrente creó la organización paramilitar denominada “Frente Patriótico Defensa Nacional” (hecho público y notorio).

c) En el mes de junio del 2017, el tutelado fue detenido por oficiales del OIJ sobre la ruta 27, cuando custodiaba un camión que transportaba 237 kilos de cocaína hasta una pista clandestina en Guanacaste (hecho público y notorio).

d) Mediante la sentencia 105-2018-SC de las 10:30 horas del 09 de mayo de 2018, del Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste con sede en Santa Cruz, [Nombre 001] fue declarado autor responsable de los delitos de tráfico de drogas en su modalidad de posesión, transporte y comercialización y un delito de tenencia ilegal de arma permitida, por lo cual se le impuso la pena de diez años de prisión y tres meses de trabajo de utilidad pública (hecho no controvertido).

e) A la fecha, el amparado se encuentra privado de libertad en el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro (hecho no controvertido).

V.- Sobre el caso concreto. En el sub judice, el recurrente estima lesionados sus derechos fundamentales, por cuanto los medios periodísticos recurridos, continúan utilizando sus fotografías e imágenes, sin su consentimiento, pese a que ya no ejerce la función pública y fue condenado por los delitos que se atribuyeron. Además, que las noticias de su detención, y otras circunstancias continúan apareciendo en las páginas de web de dichas empresas, junto con su foto, por lo que estima lesionado su derecho a la imagen, dignidad y el derecho al olvido.

VI.- Sobre el derecho a la imagen. En reiteradas ocasiones, esta S. ha desarrollado el derecho de imagen como una extensión del derecho a la intimidad, protegido constitucionalmente en el artículo 24, de la Constitución Política, cuyo fin es resguardar el ámbito o esfera privada de las personas del público, salvo autorización expresa del interesado. De esta manera, se limita la intervención de otras personas o de los poderes públicos en la vida privada de las personas. Esta limitación puede encontrarse tanto en la observación y en la captación de la imagen como en la difusión posterior de lo captado sin el consentimiento de la persona afectada. Este Tribunal ha señalado expresamente, que para que una persona pueda invocar la vulneración a este derecho, debe existir una plena identificación de la persona presuntamente perjudicada, sea por su nombre o por su imagen. En ese sentido, esta S. mediante Sentencia N° 2004-11154, de las 09:45 horas de 08 de octubre de 2004, indicó:

“III.- a) Sobre el derecho a la imagen. En la sentencia #2001-09250 de las 10:22 horas del 14 de septiembre del 2001 de esta S. se definió el derecho de imagen “como aquel que faculta a las personas a reproducir su propia imagen o por el contrario a impedir que un tercero pueda captar, reproducir o publicar su imagen sin autorización”. Adicionalmente, la Sentencia N° 2533-93, de las 10:03 horas del 4 de junio de 1993 señaló: “… El derecho a la imagen es uno de los derechos de la personalidad y tiene independencia funcional y se manifiesta en forma negativa cuando la persona se niega a que se le tome una fotografía y en forma positiva cuando el sujeto solicita o autoriza tal conducta; además, el retrato fotográfico de la persona no puede ser puesto en el comercio, sin el debido consentimiento...”.

De este modo, para poder invocar la protección del derecho en cuestión la imagen ha de identificar a la persona, es decir la imagen debe aludir directamente al afectado ya sea físicamente, por su nombre o por otros elementos de los que se pueda derivar inconfundiblemente a quién se refiere la información brindada. La fotografía es una reproducción de la imagen de la persona, que, dentro de los atributos esenciales de la personalidad, constituye un derecho fundamental. Este derecho, sin embargo, no es absoluto, ya que encuentra ciertas excepciones cuando estén comprometidos fines igualmente esenciales de la sociedad, según los términos señalados por el artículo 28, párrafo segundo, de la Constitución Política: cuando dañen la moral, el orden público o los derechos de terceros. Ejemplo de ello, es la averiguación de la verdad dentro de las investigaciones policiales y la localización de personas extraviadas o fallecidas (véase en este sentido la Sentencia N° 1441-96, de las 16:15 horas del 27 de marzo de 1996). En el derecho positivo, la única regulación expresa sobre el derecho a la imagen es la del artículo 47, del Código Civil, que expresa:

“La fotografía o la imagen de una persona no puede ser publicada, reproducida, expuesta ni vendida en forma alguna si no es con su consentimiento, a menos que la reproducción esté justificada por la notoriedad de aquélla, la función pública que desempeñe, las necesidades de justicia o de policía, o cuando tal reproducción se relacione con hechos, acontecimientos o ceremonias de interés público o que tengan lugar en público. Las imágenes y fotografías con roles estereotipados que refuercen actitudes discriminantes hacia sectores sociales no pueden ser publicadas, reproducidas, expuestas ni vendidas en forma alguna” (Sentencia N° 2011-005397, de las 10:32 horas. del 29 de abril del 2011).

VII.- Sobre el caso concreto. De previo es necesario aclarar, que no corresponde a la S. determinar la veracidad o no del contenido de las publicaciones alegadas por el recurrente; y, si el amparado considera que está siendo injuriado, calumniado o difamado, deberá acudir a la vía penal respectiva a plantear su reclamo. Lo que sí se considera procedente revisar en esta sede constitucional, es si los medios periodísticos recurridos, lesionaron los derechos del amparado debido a la manera en que se difunden las publicaciones y el uso dado a la fotografía, que él en su momento autorizó. De modo, que para establecer si la divulgación de una noticia o imagen deviene contraria al derecho al honor y prestigio, al igual que sus correlativos de intimidad e imagen, deben valorarse aspectos como la relevancia pública de la noticia y el carácter sensible para la vida privada de lo divulgado. N., que si bien los medios recurridos pueden difundir información relativa al recurrente en el ejercicio de la libertad de prensa, el amparado siempre conserva su derecho a exigir responsabilidad ulterior, en la medida que elementos sensibles de su vida privada sean expuestos al público sin un interés público que lo justifique y dañando su reputación. Tal derecho debe respetarse, pues está vinculado a su dignidad como ser humano y al derecho al libre desarrollo de su personalidad. Por otro lado, es preciso advertir, que no se debe confundir el llamado interés público con el interés del público. El primer caso se trata de un interés especial, un interés moral y socialmente relevante y dotado por tanto de prioridad normativa, para lo cual el periodismo tiene un ámbito mayor de difusión de la información por el carácter que esta reviste. En el segundo caso, tan solo se enuncia el interés del público, esto es, el deseo o la curiosidad compartidos por un número más o menos significativo de personas. Dentro de este contexto, la reiteración de hechos que en un momento dado fueron noticiosos, resulta válida en tanto estos no causen un daño moral injustificado a la persona, sean relevantes para la noticia actual, y se trate de un caso de interés público. Dicho lo anterior, se procederá a analizar cada una de las noticias alegadas por el recurrente, que según su parecer, lesiona su derecho a la imagen y honor. .

VIII.- En cuanto al reportaje elaborado por el Programa “Siete días”. Efectivamente, el 29 de marzo del 2021, se transmitió el reportaje en el programa “Siete días”, titulado “Patrullando al otro lado de la ley” , el cual aparece actualmente en la página www.teletica.com , así como en la red social de Facebook. En dicho documental, se muestran tres fotos del amparado, una con uniforme oficial de Director de la Fuerza Pública; y, las otras, el día de su detención en la ruta 27, y cuando se encontraba a la espera de ser indagado en una sala de los Tribunales de Justicia. Además, se exhibe un video de una entrevista hecha anteriormente, cuando lideraba un grupo paramilitar. Al respecto, la S. verifica que en el reportaje periodístico, se abordó el problema de la corrupción policial y el impacto que esto produce en la confianza de la ciudadanía en la Fuerza Pública, siendo que allí se mencionó, en los que nos interesa: “(…) que en el año 2017, [Nombre 001] ya había dejado su cargo como Director General de la Fuerza Pública y fue detenido mientras escoltaba un cargamento de 237 kilos de cocaína en la ruta 27 (…)”. Asimismo, la crónica hizo referencia a las circunstancias de su detención, a la condena que se le impuso, así como también se enunció, que según la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), el grupo paramilitar creado por el recurrente [Nombre 002] E. supuestamente para proteger al país de una invasión extranjera, podría haber sido utilizado para entrenar y dar custodia a grupos narcotraficantes. Dicho reportaje tiene una duración de dieciocho minutos, y los hechos relacionados con el recurrente se abordaron en poco más de dos minutos (8:25 a 10:33), siendo que durante ese lapso, se denunció en forma general el inadecuado comportamiento de algunos miembros de la policía, que incluso, se han visto involucrados en delitos, y ello ha provocado en la población desconfianza en los cuerpos policiales. Además, se tocó la situación legal que impide despedir a los policías, aplicando el artículo 140, Constitución Política, así como la aplicación de medidas disciplinarias. Igualmente, se analizó el tema de la corrupción; y, es ahí cuando se trae a colación el peligro y riesgo constante que ello representa actualmente, lo cual incluso puede escalar a altos mandos, por lo que se debe estar siempre vigilantes. Precisamente, en relación a este punto, es que se puso de ejemplo el caso del amparado, y se dijo claramente, que pese a que no trabajaba en la institución en el momento de su detención, este hecho trajo preocupación en los jerarcas, pues fue sorprendido escoltando una carga de droga en la ruta 27, por lo que se refirieron a su preparación profesional y como ello, le ayudó para colaborar con los narcotraficantes. En el ínterin, se proyecta una declaración que rindió el tutelado en el año 2013, en el que se refirió al grupo armado para militar que personalmente dirigía en defensa de la soberanía, así como se incorporan otras declaraciones de personas que aluden al proceso de reclutamiento de policías, y como actualmente, la reputación de los policías se ha ido manchando, ya que pasan a integrar bandas delictivas. Finalmente, se refieren a las medidas que deben de tomar para tener mayor transparencia en los cuerpos policiales, el problema de rotación del personal y el proceso de reclutamiento y preparación. Dado lo expuesto, y la relevancia de la noticia, ya que enfoca temas actuales de interés, la S. descarta una lesión al derecho de imagen y dignidad del amparado, como se analizará a continuación.

IX.- Ante la situación descrita en el considerando anterior, es menester traes a colación, el contenido del artículo 47, del Código Civil, que permite la difusión aun sin consentimiento, de la imagen de una persona cuando “la fotografía o la imagen de una persona no puede ser publicada, reproducida, expuesta ni vendida en forma alguna si no es con su consentimiento, a menos que la reproducción esté justificada por la notoriedad de aquélla, la función pública que desempeñe, las necesidades de justicia o de policía, o cuando tal reproducción se relacione con hechos, acontecimientos o ceremonias de interés público o que tengan lugar en público (…)”. En lo que respecta a este tema, el ordenamiento jurídico, así como la jurisprudencia, se han establecido límites del derecho a la propia imagen, a saber: 1) Cuando la imagen es notoria o se refiere a actos o actividades del ser humano que salen de lo común, el derecho se ve enervado y no se puede acceder. 2) El segundo límite está constituido por aquellas actividades públicas que desempeñan los funcionarios públicos. En esta hipótesis se hace referencia, únicamente, a la actividad que realiza el sujeto como titular de su función, estando excluidas las actividades que la persona realice en su vida íntima. 3) La tercera excepción hace referencia a publicaciones que sean necesarias para cumplir con las funciones de policía y justicia, como podría ser la difusión de fotografías de personas buscadas por la comisión de delitos. 4) El cuarto límite se refiere a la divulgación de imágenes relacionadas con acontecimientos o ceremonias de interés público o que tengan lugar en público. En este supuesto debe ubicarse aquella información de una clara e inequívoca relevancia pública -en cuanto le interesa y atañe a la colectividad políticamente organizada- que cualquier particular o los medios de comunicación colectiva tienen el derecho de buscar, obtener y difundir.

En el caso que nos ocupa, está en pugna el derecho a la intimidad frente a la libertad de expresión, información y de opinión, de manera que deben ponderarse. En primer término, el reportaje cuestionado fue realizado por un medio periodístico con el fin de informar a la población de hechos que atañen a la colectividad y a la sociedad, ya que la prensa cumple una función social importante, al promover el intercambio de ideas e informaciones, lo cual incluye, la facultad de comunicar el propio punto de vista a otros, sin excluir por supuesto el derecho de dar conocer opiniones, relatos y noticias. Efectivamente, en la fotografía en la que el recurrente aparece vestido con el uniforme oficial de Director Oficial de la Fuerza Pública, lo fue precisamente cuando era una figura pública y dado el cargo que ostentó, gozaba de notoriedad dentro de la sociedad costarricense. En cuanto a las demás imágenes, fueron tomadas en el momento de la detención del tutelado en la ruta nacional 27; es decir, en vía pública, y se trató de un suceso noticioso que tuvo lugar en la calle, y fue de interés público, dada la alta incidencia que tiene este tipo de eventos relacionados con el narcotráfico en nuestra sociedad. La otras reproducciones se tomaron mientras esperaba ser indagado en los Tribunales de Justicia, o sea un área pública; y únicamente en ellas, se le ve el dorso del cuerpo y un costado del rostro, lo cual tampoco es arbitrario, según el contexto en que sucedió ya que es continuación de la noticia anterior. Ahora bien, de igual forma la producción de Canal 7, utilizó un video en el que se observa al tutelado dando sus declaraciones, las cuales de manera voluntaria accedió brindar en su momento, mientras era el líder de un grupo que organizó con el fin de resguardar la democracia. De manera, que con dichas imágenes no se lesionó la imagen ni la dignidad, así como tampoco atenta contra la ley, el orden público, las buenas costumbres ya que al día de hoy, ese tipo de noticias son de relevancia e interés público, ya que es un tema latente y que sigue afectando cada día más a la sociedad costarricense. Sin perjuicio, de que el amparado, al momento de los hechos por los cuales fue detenido, investigado y condenado, no era funcionario público, es evidente que la información relacionada con su detención se fortalece por el tipo de delito que se le acusó, y por el cargo público tan importante que ejerció años atrás, lo cual reviste de un evidente interés público. Aunado, a que ello es parte de la libertad de prensa y transparencia, pues se trata de información periodística apegada a la realidad, y sin flagelar los derechos del amparado frente a la ciudadanía. N., que la crónica hace referencia a situaciones que el recurrente enfrentó, y las fotografías y videos sirven para contextualizar el acontecimiento del que ahora se informa y así ubicar al lector respecto de los hechos que se ponen a su disposición. De manera, que al relatar situaciones pasadas que tienen incidencia en el presente y el tema se encuentra relacionado con hechos actuales, su difusión contribuye al conocimiento y debate público. Se resalta que, no se trata de la retransmisión o redifusión de noticia alguna, sino de una referenciación en el marco del pleno ejercicio del derecho a la contextualización. Con fundamento en lo anterior, las autoridades de Canal 7, no han lesionado derecho fundamental del amparado.

X.- Sobre las publicaciones efectuadas por el Diario Extra el día 14 de enero del 2021 . Efectivamente, ese día se publicó la noticia intitulada "Exdirector policial preso por narco pide beneficio" , refiriendo que el Instituto Nacional de Criminología analiza el caso y aparece las mismas fotografías del amparado utilizadas en el reportaje de Canal 7; es decir, aquella cuando fue detenido en la ruta 27 y otra, con uniforme de fatiga cuando lideraba el grupo ya citado. Sobre el particular, considera la S. que la empresa periodística estaba haciendo uso de su libertad de prensa de una manera imparcial y sin causar afectación alguna a la imagen del recurrente, dada las consideraciones expuestas en el considerando anterior. De manera, que la referencia fotográfica que se incluye en la noticia es para permitir al lector una mejor comprensión de la nota publicada, de su contenido, y una mejor formación de criterio u opinión, ya que se refiere al cumplimiento de la condena de prisión al que fue sometido por un Juez de la República, y de lo cual fue de conocimiento público. Procede indicar, que en el ámbito periodístico, la contextualización busca interpretar la información que se brinda sobre un hecho principal, presentando un contexto que denote una mayor amplitud de la realidad; es decir, su propósito es evitar que el acontecimiento aparezca aislado, sino vinculado a mayor información que enriquezca la comprensión y en análisis por parte del destinatario de la comunicación. Si el recurrente se siente ofendido por la publicidad que se le dio a la apuntada noticia, podrán acudir a las vías ordinarias a presentar la reclamación correspondiente, pues como se señaló líneas atrás, uno de los límites de la libertad de información es la responsabilidad ulterior por el abuso que se cometa en su ejercicio.

XI.- Sobre el derecho al olvido. El recurrente reclama que en las páginas web pertenecientes a Noticias Monumental y Diario Extra, aún se pueden visualizar las noticias suyas que se publicaron en el año 2017, y en el 2018, relacionadas con su detención y las imágenes ya comentadas, por lo que asevera que dichas notas son de carácter permanente. En este punto, es necesario señalar, que las sentencias de este Tribunal han desarrollado ampliamente el derecho al olvido y por la vía del amparo se han conocido y resuelto vulneraciones al tratamiento de datos personales. Sin embargo, esta materia ya no procede ser dilucidada por este Tribunal constitucional, por cuanto la Ley N° 8968 o Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, creó un órgano y un procedimiento especializados, para investigar lo que la parte recurrente reclama en su escrito de interposición del recurso. Al respecto, los artículos 13, 16 y 24, de dicha ley establecen:

“ARTÍCULO 13.- Garantías efectivas.

Toda persona interesada tiene derecho a un procedimiento administrativo sencillo y rápido ante la Prodhab, con el fin de ser protegido contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por esta ley. Lo anterior sin perjuicio de las garantías jurisdiccionales generales o específicas que la ley establezca para este mismo fin.

ARTÍCULO 16.- Atribuciones.

Son atribuciones de la Prodhab, además de las otras que le impongan esta u otras normas, las siguientes:

(…) b) Llevar un registro de las bases de datos reguladas por esta ley (…).

(…) f) Ordenar, de oficio o a petición de parte, la supresión, rectificación, adición o restricción en la circulación de las informaciones contenidas en los archivos y las bases de datos, cuando estas contravengan las normas sobre protección de los datos personales(…).

ARTÍCULO 24.- Denuncia.

Cualquier persona que ostente un derecho subjetivo o un interés legítimo puede denunciar, ante la Prodhab, que una base de datos pública o privada actúa en contravención de las reglas o los principios básicos para la protección de los datos y la autodeterminación informativa establecidas en esta ley”.

De conformidad con lo expuesto, es ante la Agencia de Protección de Datos de los habitantes (Prodhab) donde la parte recurrente podrá dirigir -si a bien lo tiene- sus reclamos con respecto a la alegada lesión por ligar sus datos personales y fotografía junto con los delitos por los cuales fue sentenciado a prisión en una página web que sale luego de ingresar su nombre en el buscador (que a su vez forma parte del derecho a la autodeterminación informativa), máxime que no se tiene por acreditado que la persona amparada haya presentado gestión alguna ante esa entidad con el fin de que se cancelen sus datos personales en los registros que tiene en su poder los sujetos de derecho privado recurridos. La Agencia de Protección de Datos (Prodhab) entró en funciones el 5 de marzo de 2012, y a ella compete tramitar y resolver el asunto en sede administrativa, sin perjuicio de las garantías jurisdiccionales que en derecho corresponden. En razón de lo anterior, este extremo del recurso es improcedente, como en efecto se dispone (ver, en sentido similar, lo dispuesto en las Sentencia N° 2017-003066, de las 09:30 horas del 28 de febrero de 2017).

XII.- Razones separadas del magistrado Rueda Leal. En el sub examine, considero que el recurso debe declararse sin lugar, pero por las siguientes razones.

Al respecto, de la lectura del escrito de interposición, se observa que lo formulado por el recurrente es una inconformidad por noticias que los medios de comunicación publicaron sobre él. Cuestiona que no autorizó el uso de su imagen, pero apareció en Canal 7, La Extra y Monumental. Menciona que, pese a que tenía aproximadamente diez años de haber renunciado a la función pública, se utilizaron fotografías y entrevistas de ese entonces. Reprocha que se haya utilizado su imagen sin ser funcionario público. Acusa que los medios de comunicación usaron su imagen sin censura. Sostiene que, cada vez que se publica algo sobre el delito que cometió, se le denigra como persona y se pone en riesgo a su familia, ya que queda expuesta una aparente colaboración con el narcotráfico. Solicita que ya no se usen sus imágenes en los medios de comunicación, a menos que estén debidamente autorizadas por su persona y que la prensa se comprometa con una disculpa pública por haber hecho uso de su imagen sin su consentimiento.

Sobre el particular, en los términos planteados por el accionante y tomando en consideración el contenido de las publicaciones cuestionadas, prima facie no observo alguna transgresión al derecho a la imagen del recurrente susceptible de ser declarada en esta jurisdicción. En ese sentido, las situaciones acontecidas con el tutelado (detención y posterior condena) resultan hechos de carácter evidentemente noticioso, por lo que su cobertura y reportajes por parte de los medios de comunicaciones no resultan injustificados. En ese sentido, el accionante no puede pretender pasar desapercibido, luego de haber sido director general de la Fuerza Pública y posteriormente condenado por un delito relacionado con el tráfico internacional de drogas. Por ello, estimo que no se han transgredido sus derechos fundamentales.

XIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara sin lugar el recurso. El magistrado Rueda Leal da razones separadas.-

Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. S.zar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ana María Picado B.

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