Sentencia Nº 2021013849 de Sala Constitucional, 18-06-2021

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha18 Junio 2021
Número de sentencia2021013849
Número de expediente21-010377-0007-CO

*210103770007CO*

Exp: 21-010377-0007-CO

Res. Nº 2021013849

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas quince minutos del dieciocho de junio de dos mil veintiuno .

Recurso de amparo que se tramita en expediente N° 21-010377-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 14:30 horas del 31 de mayo de 2021, el recurrente interpuso recurso de amparo contra la Caja Costarricense de Seguro Social. Indica que, en el 2018 empezó con molestias en el abdomen del lado derecho, mismas que no fueron constantes, pero acudió a cita médica debido a que a veces eran dolores un poco molestos. Añade, que, fue atendido el 09 de enero de 2018 por la Dra. G.N.M., del Servicio de Medicina General del EBAIS de Calle Blancos. Indica que, dicha profesional le dijo que regulara las comidas grasosas y que hiciera ejercicio. Manifiesta que, durante todo el 2018 continuó con las mismas molestias del lado derecho del abdomen, a pesar de haber reducido el consumo de grasas, azúcares y carbohidratos, además del ejercicio que hacía, por lo que se realizó un ultrasonido en lo privado, por recomendación de la Dra. N. al indicarle que durarían mucho en la clínica. Narra que, el 07 de setiembre de 2018 llevó el resultado a la cita médica con la Dra. N.M., quien le indicó que tiene el hígado un poco graso y de nuevo le sugirió seguir haciendo ejercicio y tratar de identificar los alimentos que le ocasionaban esos dolores, además de recetarle pastillas para la acidez y enviarle exámenes de sangre. Agrega que, el 23 de octubre de 2018, cuando logró sacar cita para ver el resultado de los exámenes de sangre con la Dra. N.M., le dijo que se encuentra bien según el análisis efectuado, y que no se preocupara, que las molestias eran por consumir algún alimento que le provocaba tales dolores y que puede derivarse del hígado un poco graso. Sin embargo, le indicó que en varias ocasiones no consume ningún alimento y que todavía así las molestias persistían, pero no recibió mayores diagnósticos, sino que simplemente continuara con los ejercicios, comer sano y que en algún momento iban a desaparecer. Indica que, durante el 2019 y parte de 2020, los dolores han continuado con menor y mayor intensidad; sin embargo, para finales de 2020, posterior a mantenerse haciendo ejercicio y consumiendo alimentos más sanos y bajar más de 10 kilos, los dolores se han intensificado en la misma área, por lo que nuevamente acudió al médico, pero esta vez al CAIS Clínica Dr. M.F.D. de Desamparados, debido a que cambió de domicilio. Afirma que fue atendido por la Dra. P.C.Z., del Servicio de Medicina General, quien le refirió nuevamente a hacerse exámenes de sangre. Manifiesta que, el 29 de octubre de 2020, lo recibió en cita médica la Dra. C.Z., quien le manifestó que los exámenes de sangre salieron bien, solamente que tenía que bajar un poco la glicemia y que del hígado graso el resultado fue positivo, según la prueba renal; sin embargo, ante el dolor de abdomen le iba a hacer una referencia para realizarle un ultrasonido, pues indica que el colon lo tiene un poco inflamado, por lo que, le recetó pastillas para la acidez mientras le hacen dicho examen. Narra que, manifestó que los dolores ahora son más intensos que desde que iniciaron en 2018, y que en estos momentos son más constantes y sostenidos, ya que hay noches que no puede conciliar el sueño, ya que el dolor es más agudo y se intensifica, por lo que tiene que estar cambiando de posición en la cama para aminorar la molestia. Agrega que, posterior a la referencia para el ultrasonido y ante la inacción de la clínica, presentó un recurso de amparo que se tramitó en expediente N° 21-003613-0007-CO, que fue declarado con lugar y gracias al fallo le efectuaron el ultrasonido. Indica que, el 19 de marzo de 2021, nuevamente, fue valorado en la Clínica Dr. M.F.D., por el Dr. José Antonio Gómez Castro, ya que la Dra. Correa Z. no estaba. Manifiesta que, dicho médico valoró el ultrasonido y le indicó que no arrojaba mayores elementos para detectar los fuertes dolores de abdomen. Al no evidenciarse su origen, le realizó una referencia para una gastroscopia, pues le señaló que había que ir descartando del examen más simple al más complejo. Señala que, hasta el 09 de abril de 2021 se le indicó que la gastroscopia se la pueden hacer hasta junio de 2022, pues no pueden asignársela antes. Narra que, llamó a la Clínica Dr. Marcial Fallas para que sea tomando en cuenta su historial, pues cuenta con 3 años sin diagnóstico certero, a fin de que tomaran en cuenta la urgencia de la gastroscopia, ya que sin este examen no le hacen la colonoscopia en caso de ser necesario. Reclama que, a pesar de sus gestiones, no se le adelantó la cita por lo que estima que tal actuación resulta violatorio de sus derechos fundamentales.
2.- Mediante resolución de Presidencia de la Sala de las 16:15 horas del 03 de junio de 2021, se dio curso al amparo y se les solicitó informe al director médico, al jefe del Servicio de Medicina General y al jefe del Servicio de Gastroenterología, todos del Área de Salud Desamparados 1 Clínica Dr. M.F.D..
3.- Por escrito incorporado al expediente digital de la Sala a las 10:44 horas del 09 de junio de 2021, informa bajo juramento A.M.R.R., en su condición de directora médica a.i. del CAIS Dr. M.F.D.. Asegura, que a fin de atender el derecho a la salud del recurrente, se le programó la cita para realizarle la gastroscopía prescrita, a las 13:00 horas del 12 de julio de 2021. Solicita que, se declare sin lugar el recurso.
4.- Por escrito incorporado al expediente digital de la Sala a las 10:44 horas del 09 de junio de 2021, informa bajo juramento B.V.C.R., en su condición de jefa del I Nivel de Atención del CAIS Dr. M.F.D.. Señala que, según el EDUS, se registran varias consultas del amparado en el Servicio de Medicina General del centro médico accionado; entre ellas la del 30 de octubre de 2020 brindada por la Dra. P.C.Z., debido a un dolor abdominal, por lo que se le envió una boleta para US de abdomen con énfasis en hígado y vías biliares. Asimismo, el 19 de marzo de 2021, el paciente fue valorado por el Dr. J.G.C. a causa de degeneración grasa del hígado y dispepsia funcional, quien lo refirió al Servicio de Gastroenterología para la realización de una gastroscopía. Finalmente, aclara que, la lista de espera para una gastroscopía no depende del Primer Nivel de Atención. Por lo anterior, solicita que se declare sin lugar el recurso.
5.- Por escrito incorporado al expediente digital de la Sala a las 10:44 horas del 09 de junio de 2021, informa bajo juramento J.C.B., en su condición de jefe del Segundo Nivel de Atención del CAIS Dr. M.F.D.. Manifiesta que, no se registran antecedentes de que se gestionara alguna inconformidad, relacionada con la asignación de una cita médica, situación que pudo resolverse en primera instancia. Afirma, que en cumplimiento al derecho de salud del usuario, se procedió a otorgarle una cita en el Servicio de Gastroenterología para las 13:00 horas del 12 de julio del 2021, a fin de realizarle una gastroscopía. Solicita que, se declare sin lugar el recurso.
6.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

R.e.M.....A.G. ; y,

Considerando:
I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente señala que, 19 de marzo de 2021 se le entregó una referencia en el Servicio de Medicina General del CAIS Dr. M.F.D., para que se le efectúe una gastroscopía. No obstante, alega que el 09 de abril de 2021, se le indicó que la gastroscopia se la pueden realizar hasta junio de 2022.
II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
a) El amparado tiene 42 años de edad (consulta a la página web del TSE).
b) Desde el 2018 el tutelado empezó con molestias en el lado derecho del abdomen (hecho incontrovertido).
c) El 30 de octubre de 2020, el amparado fue atendido en el Servicio de Medicina General del CAIS Dr. M.F.D.; donde la Dra. P.C.Z. le prescribió al tutelado un ultrasonido de abdomen con énfasis en hígado y vías biliares, debido a un dolor abdominal (ver informe rendido bajo juramento del Primer Nivel de Atención del centro médico recurrido).
d) El 19 de marzo de 2021, el paciente fue valorado por el Dr. J.G.C. del Servicio de Medicina General del CAIS accionado, quien le entregó una referencia para la Especialidad de Gastroenterología, a fin de que se le realice una gastroscopía (ver informe rendido bajo juramento por el centro médico recurrido).
e) El 09 de abril de 2021, el Servicio de Gastroenterología del CAIS recurrido le programó al tutelado el referido examen para el 29 de junio de 2022 (cita N° 202002756852) (ver informe rendido bajo juramento por el centro médico recurrido).
f) Con ocasión de la interposición de este amparo, la Especialidad de Gastroenterología del centro médico accionado le programó al amparado el examen prescrito, para las 13:00 horas del 12 de julio de 2021 (ver informe rendido bajo juramento por el centro médico recurrido y prueba adjunta).
III.- SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD. El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Evidentemente, cualquier retardo de los hospitales, clínicas y demás unidades de atención sanitaria de la Caja Costarricense del Seguro Social puede repercutir negativamente en la preservación de la salud y la vida de sus usuarios. Los entes, órganos y funcionarios públicos se deben a los usuarios con una clara e inequívoca vocación de servicio, puesto que esa ha sido la razón de su creación y existencia.
IV.- SOBRE LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA, CONTINUIDAD, REGULARIDAD Y ADAPTACIÓN EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD. Los órganos y entes públicos que prestan servicios de salud pública tienen la obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a las necesidades particulares y específicas de sus usuarios o pacientes y, sobre todo, de aquellos que demandan una atención médica inmediata y urgente, sin que la carencia de recursos humanos y materiales sean argumentos jurídicamente válidos para eximirlos del cumplimiento de tal obligación. Desde esta perspectiva, los servicios de las clínicas y hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social están en el deber de adoptar e implementar los cambios organizacionales, de contratar el personal médico o auxiliar y de adquirir los materiales y equipo técnico que sean requeridos para brindar prestaciones eficientes, eficaces y rápidas. Los jerarcas de las Clínicas y Hospitales no pueden invocar, para justificar una atención deficiente y precaria de los pacientes, el problema de las “listas de espera” para las intervenciones quirúrgicas y aplicación de ciertos exámenes especializados o de la carencia de recursos financieros, humanos y técnicos, puesto que, es un imperativo constitucional que los servicios de salud pública sean prestados de forma eficiente, eficaz, continua, regular y célere. Los jerarcas de la Caja Costarricense de Seguro Social y los Directores de Hospitales y Clínicas que les pertenecen están en el deber y, por consiguiente son los personalmente responsables en los términos del artículo 199 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública , de adoptar e implementar todas las providencias y medidas administrativas y organizacionales para poner coto definitivo a la prestación tardía la cual, en ocasiones, deviene en omisa por sus consecuencias de los servicios de salud, situación que constituye, a todas luces, una inequívoca falta de servicio que puede dar lugar a la responsabilidad administrativa patrimonial de esa entidad por las lesiones antijurídicas provocadas a los administrados o usuarios (artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública).
V.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite , el recurrente estima lesionado su derecho fundamental a la salud. Se constata que, desde el 2018 el tutelado empezó con molestias en el lado derecho del abdomen. Se verifica, que el 30 de octubre de 2020, el amparado fue atendido en el Servicio de Medicina General del CAIS Dr. M.F.D.; donde la Dra. P.C.Z. le prescribió al tutelado un ultrasonido de abdomen con énfasis en hígado y vías biliares, debido a un dolor abdominal. Posteriormente, el 19 de marzo de 2021, el paciente fue valorado por el Dr. J.G.C. del Servicio de Medicina General del CAIS accionado, quien le entregó una referencia para la Especialidad de Gastroenterología, a fin de que se le realice una gastroscopía. No obstante, 09 de abril de 2021, el Servicio de Gastroenterología del CAIS recurrido le programó al tutelado el referido examen para el 29 de junio de 2022 (cita N° 202002756852).
Ahora bien, en vista de que, con ocasión de la interposición de este amparo, la Especialidad de Gastroenterología del centro médico accionado le programó al amparado el examen prescrito, para las 13:00 horas del 12 de julio de 2021, corresponde declarar con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con la orden de que efectivamente, al amparado se le realice el examen prescrito en la fecha dispuesta por la autoridad recurrida en su informe, sea el 12 de julio de 2021.
Finalmente, adviértase que la notificación de esta sentencia no se ordena en forma personal a la autoridad recurrida, precisamente, en virtud de la situación pública y notaria por la pandemia de la Covid-19-.
VI.- NOTA DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. El tema de los recursos de amparo relacionados con el derecho a la salud y, sobre todo, el de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social son agravios que se han tornado recurrentes en esta Sala Constitucional. Este tipo de procesos han venido en un aumento exponencial, los cuales se evidencian mediante los números que se lleva en la estadística de este Tribunal:
Cantidad de expedientes de salud ingresados a la Sala Constitucional:
AÑO
CANTIDAD EN SALUD
2012
1745
2013
1891
2014
2710
2015
3725
2016
4865
2017
5682
2018
6932
2019
7623
2020
5912
2021 (*)
3393
(*) Asuntos ingresados del 01 de enero al 15 de junio de 2021.
Del cuadro anterior se infiere que, desde el año 2012 a la fecha, ha habido un aumento constante en los asuntos entrados por violación al derecho a la salud, a excepción del año 2020 donde se registró una baja, pero que en todo caso es superior al total de expedientes del año 2017.
De esos asuntos, buena cantidad corresponde a listas de espera. A propósito de lo anterior, este Tribunal, en la sentencia n.º 2019-005560 de las 09:30 horas del 29 de marzo de 2019, declaró la vulneración sistemática y reiterada por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social al derecho a la salud de las personas aseguradas, específicamente, en virtud del fenómeno de las listas de espera. Consecuencia de lo anterior, la Sala ordenó la elaboración, dentro del plazo de seis meses contado a partir de la notificación de tal pronunciamiento, de un sistema de gestión integrado a los efectos de solventar las listas de espera e incorporar soluciones a las causas estructurales de tal problemática, reconocidas por la propia Caja Costarricense de Seguro Social en su informe rendido en el expediente n.º 18-14499-0007-CO, entre las cuales se indican: ausencia de infraestructura adecuada, aumento poblacional, consideraciones epidemiológicas, ausencia de un sistema adecuado para cubrir la falta de médicos especialistas, necesidades de equipamiento y demanda en aumento del primer nivel de atención, ausentismo de pacientes a citas en diversos centros médicos de la institución recurrida, entre otras. En el citado proyecto de sistema de gestión integrado deberán definirse los plazos de espera razonables por patología o grupos relacionados de diagnóstico de acuerdo con la sintomatología, el nivel de urgencia y las condiciones del paciente, así como los criterios objetivos para precisar la inclusión y ubicación de un paciente en las listas de espera. Aunado a lo anterior, el proyecto de sistema de gestión integrado deberá tomar en cuenta las particularidades de las poblaciones en estado de vulnerabilidad (personas adultas mayores, indígenas, personas en condición de pobreza, madres, niños, niñas y adolescentes, privados de libertad, entre otros) y orientarse según los principios constitucionales del servicio público: eficiencia, eficacia, razonabilidad, disponibilidad, accesibilidad y universalidad. Por consiguiente, con el voto en mención se pretende que la Caja Costarricense de Seguro Social ‑en el marco de sus competencias constitucionales y legales‑ tome las medidas requeridas para paliar la vulneración sistemática y reiterada al derecho a la salud de los pacientes del ente. Aunado a ello, en aras de dar seguimiento al cumplimiento de la referida sentencia, la Sala Constitucional convocó a una audiencia oral y pública para el 14 de noviembre de 2019. Asimismo, le ordenó a la Defensoría de los Habitantes que coadyuvara con el seguimiento a la ejecución de tal resolución. Así las cosas, esta intervención promueve la obligación de la Caja Costarricense de ejecutar acciones para resolver la problemática en cuestión, de manera que la solución a esta provenga de la propia entidad, no solo de las resoluciones de la Sala.
VII.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes ”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.
VIII.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO S.A., ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA. Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.
La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:
Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes ”.
Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:
...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.
En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.
Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.
El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante, la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.
En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro .
IX.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA G.V.. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.
Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título derivado de este proceso para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.
Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.
En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.
X.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se ordena a A.M.R.R., en su condición de directora médica a.i. del CAIS D.M.F.D., o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que disponga de manera pronta y oportuna las acciones y coordinaciones necesarias, para que al amparado se le efectúe la gastroscopía prescrita en la fecha dispuesta por la autoridad recurrida en su informe, sea el 12 de julio de 2021, todo bajo estricta responsabilidad y supervisión de su médico tratante, siempre que una variación de las circunstancias médicas de la paciente no contraindiquen tal procedimiento. Además; siempre que no exista alguna causa que lo impida con ocasión de la pandemia de la covid-19 que está enfrentando el país. En caso de que no sea posible cumplir con lo anterior, en atención a las razones mencionadas, deberán adoptarse las medidas del caso para que la orden dada sea acatada dentro del plazo otorgado por este pronunciamiento, luego de superada la pandemia de la covid-19, en el entendido de que no exista posibilidad de hacerlo antes. Se advierte a los recurridos que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. El magistrado Rueda Leal suscribe nota. El Magistrado S.A. salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada G.V. salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. N..-

Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ana María Picado B.

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EXPEDIENTE N° 21-010377-0007-CO

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, C.M., 100 mts.Sur de la iglesia del P.S.. Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, S.J., Distrito Catedral, B.G.L., calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

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