Sentencia Nº 2021013864 de Sala Constitucional, 18-06-2021

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha18 Junio 2021
Número de expediente21-010459-0007-CO
Número de sentencia2021013864

*210104590007CO*

Exp: 21-010459-0007-CO

Res. Nº 2021013864

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas quince minutos del dieciocho de junio de dos mil veintiuno .

Recurso de amparo que se tramita en expediente 21-010459-0007-CO , interpuesto por [Nombre 001] contra el Instituto Mixto de Ayuda Social.
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la S. a las 10:25 horas del 1 de junio de 2021, la recurrente interpone recurso de amparo contra el Instituto Mixto de Ayuda Social. Manifiesta, en resumen, que es una persona que recibe desde hace varios años, una pensión por invalidez de 137.000.00 colones, pues, sufre de varios padecimientos crónicos que afectan seriamente su salud. Dice que tiene una hija menor de edad, que recientemente fue diagnosticada con fibromialgia y fue puesta en tratamiento. Ella, dice, es estudiante del Colegio Técnico Profesional de Atenas y tiene asignada una beca de 40.000.00 colones mensuales. Asegura que es una madre separada, que no percibe cuota alimentaria de parte del padre de su hija, aun cuando, el expediente se tramita en sede jurisdiccional. Detalla que se le hace muy difícil sostener el hogar con los ingresos apuntados, por lo que, desde inicios de año -ver prueba allegada a los autos- solicitó ayuda al IMAS; empero, aduce que lo único que se le ha dicho es que su caso está en lista de espera. Solicita se declare con lugar el recurso.
2.- Mediante resolución de las quince horas con treinta y seis minutos del veinte de mayo de 2021, se dio curso al presente recurso y se otorgó audiencia, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.
3.- Informa bajo juramento J.S.V., J. de la Unidad Local de Desarrollo Social de Alajuela del Instituto Mixto de Ayuda Social, que, de conformidad con Ficha de Información Social (FIS), actualizada al día 07 de abril del 2021, consta que el núcleo familiar está conformado por la recurrente y una hija menor de 17 años, estudiante del CTP Atenas, que padece fibromialgia y quien actualmente no recibe pensión alimentaria por parte de su padre. Según consulta realizada al Sistema de Atención a Beneficiarios (SABEN), la menor es beneficiaria de la Transferencia Monetaria Condicionada del Programa Avancemos desde el año 2017 y hasta la fecha, donde actualmente recibe un monto mensual de 40 mil colones. En fecha 7 de abril del 2021, el caso de la recurrente fue valorado por una persona profesional en Desarrollo Social de la ULDS de Alajuela, para el programa de Atención a Familias, por lo que se incluyó en lista de espera, hasta que la institución asignara los recursos económicos para el otorgamiento del beneficio. Para el día 7 de junio del 2021, en virtud de la valoración realizada en fecha 7 de abril del 2021, se le aprobó a la recurrente un subsidio mensual de 60 mil colones para el período comprendido entre de junio del 2021 a diciembre del 2021, mediante la resolución individual 9609, resolución que se notificó mediante el correo electrónico señalado por la recurrente para notificaciones a través del oficio IMAS- SGDS-ARDSA-ULDS Alajuela-383-2021.Estima que no existe violación alguna a los derechos fundamentales de la amparada, por lo que ssolicita se declare sin lugar el recurso.
4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

R.e.M.....A.G. ; y,

Considerando:

I.- CUESTIÓN PREVIA. Antes de analizar el fondo del asunto, debe aclararse que, a partir de la Sentencia N° 2008-02545, de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta S. ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones- aquellos asuntos en los que se discute, si la administración ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o por leyes sectoriales para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está frente a una solicitud de un beneficio económico ante el Instituto Mixto de Ayuda Social por parte de una persona con capacidades limitadas y que se encuentra en pobreza extrema, la cual no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este recurso de amparo.
II.- Objeto del recurso. La recurrente alega que es una persona que recibe desde hace varios años, una pensión por invalidez de ciento treinta y siete mil colones ( 137.000.00), pues sufre de varios padecimientos crónicos que afectan seriamente su salud. Dice que tiene una hija menor de edad, que recientemente fue diagnosticada con fibromialgia y fue puesta en tratamiento. Dice que es estudiante del Colegio Técnico Profesional de Atenas, y tiene asignada una beca de cuarenta mil ( 40.000.00) colones mensuales. Asegura que es una madre separada, que no percibe cuota alimentaria de parte del padre de su hija, aun cuando, el expediente se tramita en sede jurisdiccional. Detalla que se le hace muy difícil sostener el hogar con los ingresos apuntados, por lo que, desde inicios de año -ver prueba allegada a los autos- solicitó ayuda al IMAS; sin embargo, aduce que lo único que se le ha dicho es que su caso está en lista de espera, lesionándose sus derechos fundamentales.
III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
a) La situación de la recurrente fue valorada el 7 de abril de 2021, y se le aprobó un subsidio mensual de sesenta mil colones ( 60.000.00) (ver prueba documental aportada).
b) Lo anterior, mediante resolución individual N° 9609, notificada a la recurrente por medio del correo electrónico señalado para tales efectos, el día 7 de junio de 2021, por medio de oficio IMAS-SGDS-ARDSA-ULDS Alajuela-383-2021 (ver informe y prueba adjunta).
c) La recurrente recibe una pensión por invalidez de ciento treinta y seis mil ochocientos sesenta y cinco colones ( 136,865) (ver prueba documental aportada).
d) A las 9:45 horas del 04 de junio de 2021, se le notificó al J. de la oficina ULDS del IMAS Alajuela, la resolución de las 15:36 horas del 01 de junio de 2021 que dio curso al presente recurso de amparo (ver actas de notificación).
IV.- SOBRE EL PRINCIPIO DE JUSTICIA PRONTA Y CUMPLIDA EN SEDE ADMINISTRATIVA. La Administración, a la luz del artículo 41, Constitucional, tiene la obligación de garantizarle a la ciudadanía el cumplimiento de la justicia pronta y cumplida, sin denegación, lo que implica, en el ámbito de la justicia administrativa, su obligación de decidir con diligencia y celeridad los reclamos planteados por los administrados, de tal manera que su resolución sea congruente con los extremos alegados, así como de comunicarles a los interesados lo dispuesto, todo ello dentro de un plazo razonable. En este sentido, el carácter “razonable” de la duración de la actividad administrativa se determina casuísticamente con base en diversos elementos, tales como la complejidad técnica del asunto administrativo, la amplitud de la prueba por evacuar o el grado de afectación a la persona o al ambiente del acto impugnado, de lo cual se infiere que no existe un derecho estricto a la constitucionalización de los plazos, sino más bien un derecho a que se aplique el control de constitucionalidad sobre aquellas actuaciones de la Administración, en las cuales no existan motivos suficientes para justificar el tiempo demorado en la solución de algún tipo de gestión administrativa.

V.- Sobre la procedencia del beneficio. En lo que respecta a la procedencia o no del beneficio pretendido por la recurrente, se impone advertir que ello es un tema ajeno a esta jurisdicción constitucional y deberá ser resuelto por las autoridades del IMAS. Dicho de otro modo, no corresponde analizar en esta sede si procede o no el otorgamiento del beneficio pretendido, por tratarse de un asunto de legalidad ordinaria. Por lo expuesto, el recurso resulta improcedente en cuanto a este extremo.

VI.- Sobre el caso concreto. En la especie, la parte recurrente alega que al momento de interposición del amparo no se había dado respuesta a la solicitud presentada ante el Instituto Mixto de Ayuda Social requiriendo ayuda económica. Al respecto, en su informe, la autoridad recurrida indica que la situación de la recurrente fue valorada el 7 de abril de 2021, y se le aprobó un subsidio mensual de sesenta mil colones. Lo anterior, mediante resolución individual N° 9609, notificada a la recurrente por medio del correo electrónico señalado para tales efectos, el día 7 de junio de 2021, por medio de oficio IMAS-SGDS-ARDSA-ULDS Alajuela-383-2021. Ahora bien, tomando en cuenta que con ocasión a la interposición del presente recurso de amparo las autoridades recurridas resolvieron la gestión presentada por la recurrente y le comunicaron lo correspondiente, considera este Tribunal que lo procedente es declarar con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, como se indica a continuación.

VII.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la S. considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

VIII.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA. Si bien coincido con el resto de la S. en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales… ”.
En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la S. ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la S. haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.
Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la S., aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la S., implica una “terminación anormal del proceso”.
El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta S. puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “ únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.

IX.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA G.V.. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la S. así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título derivado de este proceso para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la S. condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.

X.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes, que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del Despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara parcialmente con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El Magistrado S.A. salva parcialmente el voto y ordena también la condenatoria en daños, perjuicios y costas a la parte recurrida. La Magistrada G.V. salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. N..-

Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Luis Fdo. S.zar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ana María Picado B.

Documento Firmado Digitalmente

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EXPEDIENTE N° 21-010459-0007-CO

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, C.M., 100 mts.Sur de la iglesia del P.S.. Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, S.J., Distrito Catedral, B.G.L., calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

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