Sentencia Nº 2021015507 de Sala Constitucional, 09-07-2021

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente21-011484-0007-CO
Fecha09 Julio 2021
Número de sentencia2021015507

*210114840007CO*

Exp: 21-011484-0007-CO

Res. Nº 2021015507


SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas quince minutos del nueve de julio de dos mil veintiuno .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 21-011484-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001] , contra la UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LAS AMÉRICAS (UIA).
Resultando

  1. Por escrito recibido en la Secretaría de la S. el 15 de junio de 2021, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la UIA y manifiesta que el 18 de diciembre de 2020 participó en el examen final del curso de Medicina de Emergencias impartido por el Dr. [Nombre 006]. Indica que dicho examen se llevó a cabo de manera virtual y cada estudiante se conectó a la hora indicada con el profesor a través de la plataforma Z. y mediante una invitación enviada por el citado profesor de su cuenta personal de Z.. Manifiesta que, ni antes, ni durante, ni después del examen, autorizó que se le grabara mientras realizaba el referido examen, nunca autorizó la grabación de su imagen ni de su voz. Narra que en ningún momento fue informada, directa o indirectamente, por el profesor o por cualquier otra persona, que estaba siendo grabada su imagen ni su voz. Reitera que si bien es cierto que su cámara estaba encendida, nunca se le indicó que se le estaba grabando. Que en este caso la universidad confunde la obligación del estudiante de encender la cámara con la facultad de la universidad de grabar a alguien sin su consentimiento o permiso. Indica que mientras estaba realizando el referido examen, le entró una llamada de la señora [Nombre 001] a su celular, la cual, debió atender por tratarse de una cuestión urgente del trabajo. Manifiesta que el objeto de la llamada fueron cuestiones propias de su trabajo en Bioquintas, dado que la señora [Nombre 001] no es médico, no estudia medicina y no tiene conocimientos médicos, por lo cual dicha llamada no tuvo ni pudo haber tenido relación con la materia del examen. Agrega que mientras le decía a la señora [Nombre 003] que necesitaba colgar porque le quedaba determinada cantidad de tiempo para terminar el examen, hizo el comentario que "tengo 49 minutos, voy por la 15 y son 40", lo cual no constituye fraude alguno, ni es una conducta penada por la reglamentación de la universidad. Indica que ante esto, el profesor le interrumpió y le indicó que si quería terminar el examen lo terminara y si no quería no, indicándole: " [Nombre 001], [Nombre 001] luego hablamos con el decano. Si quiere se sale del examen o termina el examen para ver como solucionamos el problema". Manifiesta que luego de esto, dio una explicación al profesor de lo sucedido: "me entró una llamada y dije que iba por la pregunta 15", no obstante, el profesor continuó con la misma posición. Narra que terminó de hacer el examen y luego recibió una comunicación de la universidad en la que le imputó una "conducta fraudulenta durante la ejecución del examen". Agrega que en dicha llamada telefónica se menciona una grabación de su voz y su imagen que nunca fue autorizada y nunca antes le había sido comunicada. Indica que luego del traslado presentó un escrito en el que hizo ver a la universidad que en el traslado lesionaba su derecho de defensa y debido proceso; pero además hizo ver a la universidad que la grabación no podía utilizarse como prueba, pues, nunca había sido autorizada por ella ni se le informó en ningún momento que había sido grabada. Manifiesta que además, en los reglamentos de la institución vigentes al momento de efectuarse el examen no se indica que la institución vaya a grabar a los estudiantes en ningún momento. Menciona que, a pesar de haberlo requerido de manera insistente -en todos los escritos presentados ante la universidad-, la recurrida se ha negado a entregarle la autorización brindada por ella para que se grabara su imagen y audio, lo que en realidad no existe, pero, la universidad ha ignorado sus solicitudes al respecto. Recalca que dicha grabación fue efectuada sin su conocimiento ni consentimiento, expreso o tácito, lo cual es contrario a los principios constitucionales contenidos en el artículo 24 de la Constitución Política. Estima que tales actuaciones lesionan su derecho a la imagen.

  2. C.M.V.C. y M.M.C., su condición de P. y Tesorero, respectivamente y actuando conjuntamente en nombre de Servicios Educativos Dakota II SA y Máximo Sequeira Alemán, en su condición de Rector, J.E.C., en su condición de Sub Director de la Carrera de Medicina, todos de la UIA, que a la recurrente no se le ha violentado el debido proceso. Lo anterior, porque se le dio el traslado de cargos correspondiente: “El día 20 de diciembre de 2020, el Dr. [Nombre 006], coordinador del curso de Medicina de Emergencias, se comunicó vía telefónica con Dirección de Carrera de Medicina, debido que durante la aplicación del examen final del curso el día 18 de diciembre observo que durante la prueba una estudiante se encontraba hablando con otra persona y comentado las preguntas del examen. El durante la prueba le establece que hará la denuncia del caso. Posteriormente el doctor envía un correo haciendo la denuncia y presenta las grabaciones de la sesión del examen tanto en audio como video, como respaldo de su denuncia”. Alegan que “como puede inferirse, el traslado contiene los hechos en forma clara. En el mismo documento de traslado de la denuncia se pone a disposición de la recurrente por el plazo de tres días, todas las pruebas que consistían básicamente en el video y el audio respectivo del cual inclusive se le brinda el enlace correspondiente según se puede observar al final del documento de traslado de la denuncia. Es importante hacer notar que ya antes del traslado la estudiante conocía sobradamente de la situación, por lo que siempre tuvo claro los hechos que fundamentaban la denuncia, siendo también evidente que tuvo acceso a la principal prueba incriminatoria desde el inicio del proceso que culminó con la anulación del examen, según se desprende de las diferentes manifestaciones consignadas en los escritos, en donde siempre hace alusión a la misma negando que la conversación sostenida mientras realizaba la prueba tuviera alguna relación con el examen. De conformidad con lo expuesto en este aparte no existió de ninguna manera violación al debido proceso que invoca la recurrente”. Externan que sobre la grabación de la imagen y la voz. En este punto existe una errónea interpretación de la recurrente en lo prescrito por el artículo 48 de la Constitución Política y 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el sentido de que lo que ahí se protege es la no publicación de la imagen, que en este caso no ha sucedido, pues la misma se ha utilizado únicamente en el entorno académico propio del curso y para los efectos de éste y para lo cual no se necesita el consentimiento del estudiante. Además la plataforma Z. utilizada en este tipo de actividades hace al inicio la advertencia de que la reunión se está grabando y que al seguir el formato parte de la reunión se está dando el consentimiento para que le graben. Por otro lado es importante mencionar que la única forma de demostrar que no hubo transparencia en la aplicación de esta modalidad de examen es mediante el uso de la grabación del mismo, en donde se deja evidencia de lo expuesto como garantía para todas las partes. En cuanto al alegato de la negativa de la Universidad a entregar la autorización de la recurrente para que se grabara su voz y su imagen, la misma es improcedente por no exigirse un documento escrito en ese sentido. De todo lo expuesto en este punto se deduce en forma clara que no se ha violentado el derecho a la imagen o a la voz de la señora C.S. la sanción impuesta. La sanción impuesta a la recurrente no lo fue en forma antojadiza ni desproporcionada pues tiene claramente su fundamento en el artículo 38 del Reglamento Académico de la Universidad que reza: “ARTÍCULO 38. El estudiante que incurra en fraude antes o durante la realización de un examen, en la elaboración de un proyecto o en requisito de graduación, perderá los puntos correspondientes para la nota final del curso, proyecto o requisito de graduación y se informará a la Administración para que la falta conste en el respectivo expediente y a la Dirección de la Carrera, para la aplicación de lo que establece el Reglamento del Régimen Estudiantil”. Afirma que “para la universidad quedó debidamente demostrado que la recurrente incurrió en un acto fraudulento al contar con la participación de un tercero en la aplicación de su examen, de lo cual no quedó la menor duda para las diferentes instancias que conocieron del asunto. Que no es como lo afirma la accionante de que la llamada recibida era para efectos laborales. Es importante mencionar que si bien es cierto todas las pruebas académicas que se realizan en la institución son de gran importancia, las que conciernen a las áreas de salud requieren de un mayor control, toda vez que se están formando profesionales que ejercerán su campo de acción sobre bienes jurídicos de gran peso y relevancia como lo son la salud y la vida. Que la Universidad cuenta con la grabación de la voz transcrita y el vídeo relacionado, lo cual se aportará, por aspectos legales solamente en el caso que la S. lo requiera. En cuanto a la entrega de notas. Si bien es cierto la entrega de calificaciones como componentes de la nota del curso corresponde solicitadas al profesor, en el caso que nos ocupa tal aspecto carece de importancia toda vez que de acuerdo al artículo 38 del reglamento académico de cita, quien incurra en la falta mencionada perderá todos los puntos para la nota final”. Solicitan se declare sin lugar el recurso.

  3. En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada G.V.; y,

Considerando:

  1. SOBRE EL AMPARO CONTRA SUJETOS DE DERECHO PRIVADO. El artículo 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, al crear este proceso, dispuso varios requisitos de admisibilidad. En primer lugar, que las entidades o personas privadas "actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas" caso en el cual el amparo no se diferencia del todo que el amparo contra órganos o servidores públicos en tanto el sujeto de derecho privado actúa como si fuese uno de ellos. Si no se trata de esta hipótesis, y el sujeto de derecho privado de hecho o de derecho está en una posición de poder, el amparo será procedente únicamente como remedio subsidiario de la legislación común si se cumplen otras dos condiciones: a) que los remedios jurisdiccionales comunes no sean suficientes. Esta hipótesis supone que, existiendo remedios procesales comunes por los que las partes podrían discutir sus pretensiones, el resultado del juicio resulte, claramente, insuficiente. Lo anterior, implicaría que la parte no lograría satisfacer su pretensión ni aun obteniendo un fallo favorable; b) que los remedios jurisdiccionales comunes sean tardíos. Esto es que aun existiendo procedimientos jurisdiccionales comunes adecuados para satisfacer la pretensión del tutelado, el resultado de los mismos sería tardío produciéndose lesiones de difícil o imposible reparación. En el caso bajo examen, el recurso resulta admisible en virtud que los remedios jurisdiccionales son tardíos y la Universidad Privada accionada se encuentra en una situación fáctica de poder en relación con la estudiante (véase la sentencia No. 2016-7545 de las 09:05 horas del 03 de junio de 2016).
En similar sentido, la sentencia 2013002335 de las 9:20 horas del 22 de febrero de 2013, acogió un reclamo en contra de la Universidad Veritas, con redacción del M.C.V., por violación al debido proceso, indicándose lo siguiente:
“I.- Cuestión Previa. El artículo 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, establece que el recurso de amparo cabrá contra las acciones u omisiones de sujetos de Derecho Privado, cuando éstos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o, se encuentren, de derecho o de hecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o libertades fundamentales de los amparados. A criterio de este Tribunal, la Universidad Veritas se encuentra dentro del segundo supuesto de los establecidos por el artículo de cita, de ahí que recurso resulte admisible.”
  1. Objeto del recurso. La recurrente reclama la vulneración a sus derechos fundamentales, pues acusa que es estudiante de la UIA y se le abrió un procedimiento por presunto fraude. Sin embargo, reprocha que el traslado de cargos violentó su debido proceso y que se utilizó como prueba un video de la plataforma “Z.” (medio por el cual se ejecutó la prueba) al cual no dio un consentimiento expreso o tácito.
  2. Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la parte recurrida haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

    1. La tutelada es estudiante de la carrera de Medicina de la UIA (hecho no controvertido).

    2. El 18 de diciembre de 2020, en el curso de Medicina de Emergencias de la carrera de Medicina correspondía la aplicación de un examen final que se realizó a través de la plataforma Z.. Durante la ejecución de la prueba, el profesor indicó que observó a la recurrente “hablando con otra persona y comentando las preguntas del examen” (véase la contestación).

    3. La plataforma Z. utilizada en la aplicación de exámenes hace al inicio la advertencia de que la reunión está siendo grabada (véase la contestación).

    4. El 24 de diciembre de 2020, la Dirección de la Carrera de Medicina de la UIA inició el proceso por sospecha de conducta fraudulenta durante un examen contra la recurrente, en los siguientes términos: “El día 20 de diciembre el Dr. [Nombre 006], coordinador del curso de Medicina de Emergencias, se comunicó vía telefónica con Dirección de Carrera de Medicina, debido que durante la aplicación del examen final del curso el día 18 de diciembre observo (sic) que durante la prueba una estudiante se encontraba hablando con otra persona y comentado las preguntas del examen. El (sic) durante la prueba le establece que hará la denuncia del caso. Posteriormente el doctor envía un correo haciendo la denuncia y presenta las grabaciones de la sesión del examen tanto en audio como video, como respaldo de su denuncia. Vista la denuncia que presenta el Dr. [Nombre 006] cédula 1-10040664 en la cual manifiesta que la estudiante [Nombre 001] ha incurrido en conducta fraudulenta durante el examen final del curso de Medicina de Emergencias (MD-36) y por ser este un hecho que violenta el reglamento del régimen estudiantil y académico, se inicia proceso para la averiguación de los hechos de conformidad con lo establecido en la normativa universitaria. Se le confiere a la estudiante [Nombre 001] cédula [Valor 002] el plazo de tres días hábiles a partir de la notificación de esta resolución para que se manifieste al respecto y ofrezca las pruebas de descargo pertinentes, con la advertencia de que la no contestación dentro del plazo dicho hará que se tengan por ciertos los hechos acusados. Se le previene que en la contestación debe señalar medio para recibir notificaciones caso contrario toda resolución se tendrá por notificada 24 horas después de su dictado. El expediente y los documentos relacionados con este asumo quedan a su disposición en la dirección de carrera para su consulta y copias requeridas. La contestación y cualquier otro documento relacionado con este asunto deberá ser presentado ante el departamento de registro y dirigido a la dirección de la carrera de Medicina y Cirugía de la Universidad Internacional de las Américas” (véase la prueba aportada por la parte recurrente).

    5. El 08 de enero de 2021, la recurrente fue notificada de la resolución de traslado de cargos del 24 de diciembre de 2020 (véase la prueba aportada por la parte recurrente).

    6. El 22 de enero de 2021, la Dirección de Carrera de Medicina de la UIA resolvió el proceso de conducta fraudulenta durante un examen contra la recurrente, en los siguientes términos : “Considerando I: - Mediante grabación de vídeo recibida en esta dirección de carrera, remitida por el profesor [Nombre 006], cedula [Valor 003] mediante la cual se determina, conducta irregular por parte de la estudiante [Nombre 001] al momento de rendir el examen final del curso de Medicina de Emergencias, observándose el video, que la estudiante analiza las preguntas con una tercera persona. Considerando II: En cumplimiento del debido proceso se dio traslado por el plazo de 3 días hábiles para el descargo al estudiante [Nombre 001] y se puso a disposición de la misma las pruebas v en general el expediente. Considerando II: La estudiante contesto la audiencia conferida, mediante escrito presentado a esta dirección en fecha miércoles 13 de enero. Mediante el cual expone que a. Que se vulnero el debido proceso y su derecho a defensa b. Que la grabación aludida se hizo sin su autorización En el mencionado escrito la estudiante no presenta ninguna prueba de descargo relevante. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO: Que efectivamente Los hechos en la forma en que se evidenció por el video del examen y que lo confirma la estudiante de propia palabra, son contrarios a las normas establecidas en el reglamento académico y por las directrices estipuladas por el profesor en el examen. En ese sentido el reglamento académico en su artículo 38 establece que: ARTICULO 38. El estudiante que incurra en fraude antes o durante la realización de un examen, en la elaboración de un proyecto o en requisito de graduación, perderá los puntos correspondientes para la nota final del curso, proyecto o requisito de graduación y se informará a la Administración para que la falta conste en el respectivo expediente y a la Dirección de la Carrera, para la aplicación de lo que establece el Reglamento del Régimen Estudiantil. Dicho reglamento se encuentra debidamente aprobado por el Consejo Nacional de Educación Superior Universitaria Privada, CONESUP y publicado en la página oficial de la Universidad y a disposición de todos los estudiantes en la biblioteca de la Universidad. Por tanto: En consideración a lo anterior, lo procedente en el presente asunto es la pérdida del puntaje total del examen final del curso de Medicina de Emergencias, consignándose cero en la calificación. Se ordena la anulación de la prueba realizada por la estudiante. Dr. J.E.C.. Subdirector carrera de Medicina y Cirugía, Universidad Internacional de las Américas” (véase la prueba aportada por la parte recurrente).

    7. El 24 de febrero de 2021, la Rectoría de la UIA resolvió el recurso de apelación incoado por la parte recurrente, en los siguientes términos: “En virtud de lo anterior lo procedente es confirmar lo resuelto en primera instancia manteniendo la pérdida del puntaje total del examen final de curso de Medicina de Emergencias aplicado el día 18 de diciembre del 2020, consignándose cero en la calificación, en atención a lo establecido en el artículo 38 del Reglamento Académico de la Universidad” (véase la prueba aportada por la parte recurrente).

    8. El 30 de abril de 2021, la Delegación del Consejo Académico de la UIA resolvió el recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, en los siguientes términos: “de conformidad con lo expuesto lo procedente es el rechazo del recurso de revisión interpuesto por la estudiante [Nombre 001](véase la prueba aportada por la parte recurrente).

  1. Hechos no probados. No se estiman demostrados los siguientes hechos de relevancia para esta resolución:

    1. Que dentro del traslado de cargas de las 11:00 horas del 24 de diciembre de 2020 a la recurrente se le haya señalado la medida con la que se le pretendía sancionar.

    2. Que de previo a la imposición de la sanción, se haya celebrado una audiencia oral y privada.

  1. Sobre el debido proceso en sanciones en entidades privadas educativas. Toda organización o entidad privada debe observar, en sus procedimientos internos, sobre todo si tienen como corolario el dictado de una resolución final que le causa un gravamen de imposible o difícil reparación al afectado —imponiéndole obligaciones, suprimiéndole o denegándole derechos subjetivos—, el conjunto de garantías que conforman el debido proceso, lo que incluye, la razonabilidad de la sanción. Así, si las autoridades de una universidad privada, pretenden en el ejercicio de su posición de poder, imponer una sanción a un educando, deben observar y respetar los siguientes aspectos: a) comunicarle oportunamente al afectado la medida con la que se le pretende sancionar; b) darle la posibilidad ejercer su derecho de defensa, lo que incluye la presentación de pruebas de descargo; c) brindarle la oportunidad de accesar (sic) la información que obra en el expediente levantado al efecto; d) respetar el derecho del afectado de hacerse representar y asesorar por sus abogados, si ese es su deseo; e) la notificación de la resolución final y los motivos en que se fundamenta, la que debe estar dictada de acuerdo al principio de proporcionalidad, y f) concederle al interesado la posibilidad de recurrir la resolución dictada (en similar sentido véase los votos de la S. Constitucional No. 211-95 de las 16:15 hrs. del 11 de enero de 1995, 2016-9934 de las 09:20 horas del 15 de julio de 2016, 2017-20724 de las 09:15 horas del 22 de diciembre de 2017 y 2020-013442 de las 9:15 horas del 17 de julio de 2020).
A. al sub judice, en la línea antes expuesta, mediante resolución Nº 2015-16882 de las 9:05 horas de 30 de octubre de 2017, referido a un procedimiento sancionatorio seguido contra un estudiante en la Universidad Latina de Costa Rica, la S. indicó:
IV.- Sobre la lesión al debido proceso: Este Tribunal Constitucional a partir del voto número 15-90 de las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos del cinco de enero de mil novecientos noventa y en repetidos pronunciamientos subsecuentes, ha delimitado cuáles son los elementos básicos del debido proceso constitucional en sede administrativa, aplicables a cualquier procedimiento sancionatorio o que pueda tener por resultado la pérdida de un derecho subjetivo, estableciendo que:
(...)La Administración debe, en atención al derecho de defensa del administrado: a) Hacer traslado de cargos al afectado, lo cual implica comunicar en forma individualizada, concreta y oportuna, los hechos que se imputan; b) P. el acceso irrestricto al expediente administrativo; c) Concederle un plazo razonable para la preparación de su defensa; d) Concederle la audiencia y permitirle aportar toda prueba que considere oportuna para respaldar su defensa; e) Fundamentar las resoluciones que pongan fin al procedimiento; f) Reconocer su derecho a recurrir contra la resolución sancionatoria ." (Sentencia número 5469-95 de las 03 hrs del 4 de octubre de 1995)
V.- Sobre el debido proceso en materia de correcciones en el ámbito estudiantil. El derecho a la educación, consagrado en nuestra Constitución Política, como todo derecho fundamental, no puede ser ejercido en forma ilimitada de allí que se ha reconocido la posibilidad de imponer sanciones dentro del ámbito educativo, como parte de un proceso de formación, escogido por los padres de familia en el caso de los menores de edad, o bien por los estudiantes cuando no lo son. No obstante, la aplicación de dichas medidas deben seguir un procedimiento previo, destinado a descubrir la verdad real de los hechos y a garantizar el derecho de defensa del estudiante, eso sí, sin centrarse en excesivos formalismos, como puede suceder en un procedimiento administrativo disciplinario contra funcionarios públicos . Los elementos esenciales del debido proceso enunciados en el considerando anterior, deben ser observados por las autoridades universitarias, sea en el ámbito público o el privado, de previo a imponer sanciones a sus estudiantes, y se traduce en las siguientes garantías mínimas: existencia de un procedimiento, donde haya traslado de cargos, acceso al expediente, plazo para ejercer el derecho de defensa, audiencia oral y privada, plazo para interponer los recursos.
VI.- Caso concreto. (…)El traslado de cargos tiene por objeto informar al investigado del carácter y fin del procedimiento; debe especificar los hechos, el derecho y la posible sanción a aplicar, y conferir al investigado un plazo razonable para preparar su defensa y contestar los hechos que se le atribuyen, poniendo a su disposición el expediente. Es evidente que el citatorio en análisis no cumplió todas esas condiciones. Tan es así que en la diligencia a la que se citó al amparado el Concejo Investigador le invitó a dar su versión de los hechos, el recurrente contestó las preguntas que se le formularon, indicó que no contaba con testigos, en presencia del denunciante y un testigo de cargo. De manera que la omisión de traslado de cargos, en las condiciones señaladas, previo a la sanción impuesta al recurrente constituye una infracción flagrante al debido proceso. Asimismo, lleva razón el recurrente, en relación con la infracción de su derecho de defensa por la forma en que se evacuó la prueba de cargo, pues de éstas diligencias ni siquiera consta que haya sido informado, a fin de que se presentara con su abogado para repreguntar a los testigos, derecho que en reiteradas ocasiones ha indicado, le asiste a todo investigado en un procedimiento de esta naturaleza, menos aún se llevó a cabo una audiencia de evacuación de prueba, en la que el recurrente pudiese estar presente si a bien lo tenía, con su asesor legal. La S. observa que ni siquiera se le dio una audiencia final al amparado, para poner en su conocimiento la prueba testimonial recabada, a fin de que manifestara lo que estimara conveniente en su defensa. Por el contrario, el Concejo procedió a dictar resolución final el 13 de agosto, sancionando al recurrente con la expulsión de la Carrera de Medicina y Cirugía, con una resolución que en forma genérica señala que los hechos se tuvieron por demostrados, sin hacer referencia a la prueba correspondiente, dejándole en indefensión . (…) Por lo anterior, estima la S. que se produjo la alegada infracción al debido proceso del recurrente por lo que el recurso debe ser declarado con lugar, anulando la sanción impuesta, y restituyendo al recurrente en el goce de sus derechos fundamentales, lo que implica que sea reintegrado a su proceso educativo, sin perjuicio de que la Universidad recurrida proceda a iniciar un nuevo procedimiento disciplinario en respeto del debido proceso del tutelado.(El destacado no es original).
En adición, por sentencia Nº 2016-8232 de las 9:05 horas de 17 de junio de 2016, referido a un procedimiento disciplinario que una universidad privada resolvió contra uno de sus estudiantes, lo siguiente:
IV.- Sobre el fondo. (…) R. que el traslado de cargos tiene por objeto informar al investigado del carácter y fin del procedimiento; debe especificar los hechos, el derecho y la posible sanción a aplicar, y conferir al investigado un plazo razonable para preparar su defensa y contestar los hechos que se le atribuyen, poniendo a su disposición el expediente. Sin embargo, en el caso concreto, es evidente que el documento en análisis, no cumplió todas esas condiciones y por ende, la omisión del traslado de cargos en las condiciones señaladas, constituye una infracción flagrante al debido proceso, toda vez que la manera como se ha hecho tal intimación, no le ha permitido a la amparada, tener conocimiento claro y preciso de los hechos que se le acusan y por ende, esto lesiona también el derecho de defensa al no saber cuáles son los argumentos y hechos que debe rebatir o respecto de los que tiene que presentar prueba de descargo. (…) Es un derecho de la investigada, conocer desde el principio a qué tipo de sanción se podría estar enfrentando en caso de hallarse responsable de los hechos atribuidos. Por otra parte, la S. no pudo demostrar que a la amparada se le diera oportunidad para que una vez recabada toda la prueba, ésta le fuera puesta en su conocimiento y a partir de ahí, manifestara lo que hubiere estimado conveniente en su defensa. (…). V.- Para la S., las irregularidades señaladas en el Considerando anterior, justifican que este amparo sea procedente pues se trata de actos evidentemente arbitrarios que conculcan, en forma directa, derechos fundamentales de la amparada, es decir, que en el presente caso, constituyen violaciones graves, burdas, claras, al derecho de defensa y al debido proceso, correspondiéndole a este Tribunal enmendar las infracciones a los elementos esenciales del debido proceso. En consecuencia, el recurso debe ser declarado con lugar, anulándose la sanción impuesta, y restituyendo a la amparada en el pleno goce de sus derechos fundamentales conculcados, lo que implica que la amparada deberá ser reintegrada a su proceso educativo, sin perjuicio de que la Universidad recurrida proceda a iniciar un nuevo procedimiento disciplinario si así lo estima pertinente y necesario. En caso de hacerlo, deberá retrotraer el procedimiento al momento en que se dictó la resolución inicial con el traslado de cargos, debiendo adicionarle los elementos omitidos; procedimiento dentro del cual se deberá respetar el debido proceso y el derecho de defensa de la tutelada en los términos expuestos en esta sentencia. (El destacado no es original).
  1. Sobre el caso concreto. Después de haber analizado la contestación y las pruebas aportadas por las partes, esta S. verifica parcialmente la vulneración a los derechos fundamentales de la parte recurrente, por las razones que a continuación serán expuestas. De la lectura del escrito de interposición y con mediana claridad del auto de curso, se desprende que este amparo tiene dos extremos debidamente individualizados: a) una lesión al debido proceso, específicamente en el traslado de cargos y, b) la presunta violación al derecho a la imagen.
Ahora bien, este Tribunal ha tenido por acreditado que la recurrente es estudiante de la carrera de Medicina de la UIA. Se tuvo por demostrado que el 18 de diciembre de 2020, en el curso de Medicina de Emergencias de la carrera de Medicina correspondía la aplicación de un examen final que se realizó a través de la plataforma Z.. Durante la ejecución de la prueba, el profesor indicó que observó a la recurrente “hablando con otra persona y comentando las preguntas del examen”. Por lo anterior, el profesor procedió a denunciar ante las instancias respectivas, porque a su juicio existía fraude.
A) Sobre el debido proceso. Dentro del considerando V de esta sentencia, se hizo un análisis jurisprudencial de las obligaciones de los centros educativos privados en respetar el debido proceso. Valga aclarar que, en el auto de curso, se indicó con cierta claridad “que luego del traslado presentó un escrito en el que hizo ver a la universidad que en el traslado lesionaba su derecho de defensa y debido proceso”. De una lectura del escrito de interposición, se desprende con absoluta claridad que la recurrente sí alegó una lesión al debido proceso, específicamente en lo tocante a la individualización de los hechos. A juicio de esta S. y también en atención a la contestación donde se refieren explícitamente al debido proceso, se analizará específicamente el traslado de cargos, sin demérito que por conexidad se analice una violación a los requisitos mínimos del debido proceso que se exige en este tipo de procedimientos.
En cuanto al traslado de cargos, se desprende que el 24 de diciembre de 2020, la Dirección de la Carrera de Medicina de la UIA inició el proceso por sospecha de conducta fraudulenta durante un examen contra la recurrente, en los siguientes términos:
“El día 20 de diciembre el Dr. [Nombre 006] , coordinador del curso de Medicina de Emergencias, se comunicó vía telefónica con Dirección de Carrera de Medicina, debido que durante la aplicación del examen final del curso el día 18 de diciembre observo (sic) que durante la prueba una estudiante se encontraba hablando con otra persona y comentado las preguntas del examen. El (sic) durante la prueba le establece que hará la denuncia del caso. Posteriormente el doctor envía un correo haciendo la denuncia y presenta las grabaciones de la sesión del examen tanto en audio como video, como respaldo de su denuncia. Vista la denuncia que presenta el Dr. [Nombre 006] cédula 1-10040664 en la cual manifiesta que la estudiante [Nombre 001] ha incurrido en conducta fraudulenta durante el examen final del curso de Medicina de Emergencias (MD-36) y por ser este un hecho que violenta el reglamento del régimen estudiantil y académico, se inicia proceso para la averiguación de los hechos de conformidad con lo establecido en la normativa universitaria. Se le confiere a la estudiante [Nombre 001] cédula [Valor 002] el plazo de tres días hábiles a partir de la notificación de esta resolución para que se manifieste al respecto y ofrezca las pruebas de descargo pertinentes, con la advertencia de que la no contestación dentro del plazo dicho hará que se tengan por ciertos los hechos acusados. Se le previene que en la contestación debe señalar medio para recibir notificaciones caso contrario toda resolución se tendrá por notificada 24 horas después de su dictado. El expediente y los documentos relacionados con este asumo quedan a su disposición en la dirección de carrera para su consulta y copias requeridas. La contestación y cualquier otro documento relacionado con este asunto deberá ser presentado ante el departamento de registro y dirigido a la dirección de la carrera de Medicina y Cirugía de la Universidad Internacional de las Américas”.

Debe hacerse constar que esta S. ha tenido por acreditado -por así haberlo alegado las partes- que para los hechos objeto de este recurso constan en una grabación, pero cierto es que de una lectura detallada del traslado de cargos, verdaderamente no se logra desprender una adecuada narración de esos hechos en relación con la prueba aportada. Simplemente, se limita a indicar que “durante la prueba una estudiante se encontraba hablando con otra persona y comentado las preguntas del examen” , sin que se haya hecho alusión al minuto específico o se haya narrado adecuadamente lo que constaba en ese video. Por otro lado, esta S. ha exigido que a la parte investigada se le debe comunicar oportunamente la medida con la que se le pretende sancionar. N. que en el auto de traslado no se le indicó la falta en que se incurrió y la posible sanción. Tampoco consta que en el auto se haya hecho al menos un esfuerzo intelectivo para describir como la conducta que se le achaca a la investigada encajaba presuntamente dentro de la norma o sanción que se le pretendía imponer. Aclarado esto, considera este Tribunal Constitucional que el procedimiento seguido en contra de la estudiante tiene un vicio de nulidad absoluta desde el traslado por el incumplimiento de las garantías mínimas del debido proceso.
Además, por conexidad y en atención a lo evidente y manifiestas que son las lesiones al debido proceso para el caso concreto, considera esta S. que no consta que de previo a la emisión de la sanción a la parte recurrente se le haya concedido una audiencia oral y privada, tal y como lo ha exigido la jurisprudencia de esta S.. Por otro lado, tampoco se respetó la garantía del “deber de fundamentar las resoluciones que pongan fin al procedimiento”. Se constata que el 22 de enero de 2021, la Dirección de Carrera de Medicina de la UIA resolvió el proceso contra la recurrente por conducta fraudulenta durante un examen en los siguientes términos:
“Considerando I: - Mediante grabación de vídeo recibida en esta dirección de carrera, remitida por el profesor [Nombre 006], cedula [Valor 003] mediante la cual se determina, conducta irregular por parte de la estudiante [Nombre 001] al momento de rendir el examen final del curso de Medicina de Emergencias, observándose el video, que la estudiante analiza las preguntas con una tercera persona. Considerando II: En cumplimiento del debido proceso se dio traslado por el plazo de 3 días hábiles para el descargo al estudiante [Nombre 001] y se puso a disposición de la misma las pruebas v en general el expediente. Considerando II: La estudiante contesto la audiencia conferida, mediante escrito presentado a esta dirección en fecha miércoles 13 de enero. Mediante el cual expone que a. Que se vulnero el debido proceso y su derecho a defensa b. Que la grabación aludida se hizo sin su autorización En el mencionado escrito la estudiante no presenta ninguna prueba de descargo relevante. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO: Que efectivamente Los hechos en la forma en que se evidenció por el video del examen y que Lo confirma la estudiante de propia palabra, son contrarios a Las normas establecidas en el reglamento académico y por las directrices estipuladas por el profesor en el examen. En ese sentido el reglamento académico en su artículo 38 establece que: ARTICULO 38. El estudiante que incurra en fraude antes o durante la realización de un examen, en la elaboración de un proyecto o en requisito de graduación, perderá los puntos correspondientes para la nota final del curso, proyecto o requisito de graduación y se informará a la Administración para que la falta conste en el respectivo expediente y a la Dirección de la Carrera, para la aplicación de lo que establece el Reglamento del Régimen Estudiantil. Dicho reglamento se encuentra debidamente aprobado por el Consejo Nacional de Educación Superior Universitaria Privada, CONESUP y publicado en la página oficial de la Universidad y a disposición de todos los estudiantes en la biblioteca de la Universidad. Por tanto: En consideración a lo anterior, lo procedente en el presente asunto es la pérdida del puntaje total del examen final del curso de Medicina de Emergencias, consignándose cero en la calificación. Se ordena la anulación de la prueba realizada por la estudiante. Dr. J.E.C.. Subdirector carrera de Medicina y Cirugía, Universidad Internacional de las Américas”.

De un análisis de esa resolución se desprende una insuficiente fundamentación, en el tanto, no se hizo un adecuado análisis de la prueba en relación con el incumplimiento que se le acusaba como fraude académico, sin que conste mayor explicación o motivación de por qué los hechos acaecidos el 18 de diciembre de 2020 podían ser considerados como fraude.
En consecuencia, procede declarar con lugar el recurso en cuanto a los aspectos aquí señalados y anular la resolución de las 11:00 horas del 24 de diciembre de 2020, emitida por la Dirección de la Carrera de Medicina y la resolución de las 15:00 horas del 22 de enero de 2020 emitidas en el expediente No. MD-13-2020 y la totalidad del procedimiento sancionatorio que se llevó a cabo para la imposición de dicha sanción. Todo sin perjuicio de que se lleve a cabo un nuevo procedimiento que respete las garantías del debido proceso. Vista esta situación, lo que corresponde es restituir a la recurrente de inmediato en el pleno goce de sus derechos fundamentales como estudiante del curso de Medicina de Emergencias y, para ello, como consecuencia de la estimación de este proceso, se le deberá entregar las calificaciones obtenidas en el curso aludido, en el tanto, la negativa para entregar las mismas por la Universidad obedece a la aplicación del artículo 38 del Reglamento Educativo de la UIA (sanción anulada por esta S. en este recurso de amparo para el caso concreto). Esto, sin demérito de que la autoridad en el nuevo procedimiento que pudiere llevar a cabo determine la responsabilidad de la recurrente, y establecer las sanciones establecidas, según la normativa institucional, respecto a las notas obtenidas en el curso.
B) Respecto al derecho de imagen. Como segundo de los extremos, la parte recurrente reclamó que el 18 de diciembre de 2020 participó en el examen final del curso de Medicina de Emergencias, impartido por el Dr. [Nombre 006]. Indica que dicho examen se llevó a cabo de manera virtual y cada estudiante se conectó a la hora indicada con el profesor a través de la plataforma Z. y mediante una invitación enviada por el citado profesor de su cuenta personal de Z.. Manifiesta que, ni antes, ni durante, ni después del examen, autorizó que se le grabara mientras realizaba el referido examen, nunca autorizó la grabación de su imagen ni de su voz. Por ende, indicó que dicha grabación fue efectuada sin su conocimiento ni consentimiento, expreso o tácito, lo cual es contrario a los principios constitucionales contenidos en el artículo 24 de la Constitución Política.
Primeramente, en cuanto al derecho a la imagen, conviene traer a colación lo indicado en la sentencia No. 2018-4340 de las 09:15 horas del 16 de marzo de 2018, cuando se resolvió:
1) En general sobre el derecho de imagen: En reiteradas ocasiones, esta S. ha desarrollado el derecho de imagen como una extensión del derecho a la intimidad, protegido constitucionalmente en el artículo 24 de la Constitución Política, cuyo fin es resguardar el ámbito o esfera privada de las personas del público, salvo autorización expresa del interesado. De esta manera, se limita la intervención de otras personas o de los poderes públicos en la vida privada de las personas; esta limitación puede encontrarse tanto en la observación y en la captación de la imagen como en la difusión posterior de lo captado sin el consentimiento de la persona afectada. No obstante lo anterior, este Tribunal ha señalado expresamente, que para que una persona pueda invocar la vulneración a este derecho, debe existir una plena identificación de la persona presuntamente perjudicada, sea por su nombre o por su imagen. Para poder invocar la protección del derecho en cuestión la imagen ha de identificar a la persona, es decir la imagen debe aludir directamente al afectado ya sea físicamente, por su nombre o por otros elementos de los que se pueda derivar inconfundiblemente a quién se refiere la información brindada. La fotografía es una reproducción de la imagen de la persona, que, dentro de los atributos esenciales de la personalidad, constituye un derecho fundamental. Este derecho, sin embargo, no es absoluto. Encuentra ciertas excepciones cuando estén comprometidos fines igualmente esenciales de la sociedad, según los términos señalados por el artículo 28 párrafo segundo de nuestra Constitución Política: cuando dañen la moral, el orden público o los derechos de terceros. Ejemplo de ello es la averiguación de la verdad dentro de las investigaciones policiales y la localización de personas extraviadas o fallecidas (v. en este sentido la sentencia de esta Jurisdicción #1441-96 de las 16:15 horas del 27 de marzo de 1996). En el derecho positivo la única regulación expresa sobre el derecho a la imagen es la del artículo 47 del Código Civil, que expresa: “La fotografía o la imagen de una persona no puede ser publicada, reproducida, expuesta ni vendida en forma alguna si no es con su consentimiento, a menos que la reproducción esté justificada por la notoriedad de aquélla, la función pública que desempeñe, las necesidades de justicia o de policía, o cuando tal reproducción se relacione con hechos, acontecimientos o ceremonias de interés público o que tengan lugar en público. Las imágenes y fotografías con roles estereotipados que refuercen actitudes discriminantes hacia sectores sociales no pueden ser publicadas, reproducidas, expuestas ni vendidas en forma alguna.” Precisamente, la Convención Americana de Derechos Humanos indica que "...nadie puede ser objeto de ingerencias (sic) arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación...". De manera correlacionada, la tutela al derecho a la imagen tiene como propósito limitar la intervención tanto de particulares como del Estado en la vida privada de las personas. Este Tribunal Constitucional ha definido el derecho a la imagen “como aquel que faculta a las personas a reproducir su propia imagen, o por el contrario, a impedir que un tercero pueda captar, reproducir o publicar su imagen sin autorización”.
2) Reglas en materia del derecho de imagen: Tanto de la norma citada como de las decisiones reseñadas de este Tribunal pueden derivarse como reglas en materia del derecho de imagen , las que siguen:
-1) existe un derecho fundamental a la imagen derivado del derecho a la intimidad;
-2) este derecho consiste en que no se puede captar, reproducir ni exponer la imagen de una persona sin su consentimiento;
-3) la regla del consentimiento del derechohabiente admite varias excepciones, a saber: a) las fundamentadas en los límites del principio de autonomía de la voluntad enunciadas en el artículo 28 de la Constitución Política –la moral, el orden público, el perjuicio a tercero- que evidentemente no pueden invocarse en abstracto, sino que deben atarse a una situación concreta, dándoles contenido, b) la notoriedad de la persona o la función pública que desempeñe, c) las necesidades de justicia o de policía, y d) cuando tal reproducción se relacione con hechos, acontecimientos o ceremonias de interés público o que tengan lugar en público.
3) Límites del derecho a la propia imagen: En otras palabras, en nuestro medio encontramos los siguientes límites del derecho a la propia imagen :
-1) Cuando la imagen es notoria o se refiere a actos o actividades del ser humano que salen de lo común, el derecho se ve enervado y no se puede acceder.
-2) El segundo límite está constituido por aquellas actividades públicas que desempeñan los funcionarios públicos. En esta hipótesis se hace referencia, únicamente, a la actividad que realiza el sujeto como titular de su función, estando excluidas las actividades que la persona realice en su vida íntima.
-3) La tercera excepción hace referencia a publicaciones que sean necesarias para cumplir con las funciones de policía y justicia, como podría ser la difusión de fotografías de personas buscadas por la comisión de delitos.
-4) El cuarto límite se refiere a la divulgación de imágenes relacionadas con acontecimientos o ceremonias de interés público o que tengan lugar en público. En este supuesto debe ubicarse aquella información de una clara e inequívoca relevancia pública -en cuanto le interesa y atañe a la colectividad políticamente organizada- que cualquier particular o los medios de comunicación colectiva tienen el derecho de buscar, obtener y difundir. Ahora bien, en todos los supuestos anteriores no existe una desprotección absoluta para el titular de la imagen, puesto que, igualmente, la publicación no debe atentar contra la ley, el orden público, las buenas costumbres y no debe ocasionarle un perjuicio antijurídico a la persona cuya imagen se ha reproducido. Finalmente, es importante mencionar que en doctrina se ha aclarado que nunca se debe confundir el llamado interés público con el interés del público . El primer caso se trata de un interés especial, un interés moral y socialmente relevante y dotado por tanto de prioridad normativa. En el segundo caso, tan solo se enuncia el interés, el deseo o la curiosidad compartidos por un número más o menos significativo de personas. (ver en el mismo sentido las sentencias números 2017-004802, 2014-11715, 2012-226, 2012-007391, 2008-00218, 2006-016036, 2005-15057, 2004-11154, 2001-09250, 2533-93, entre otras)”.

De igual manera, esta S. a raíz de la virtualización de los cursos lectivos en diversos centros educativos del país, resolvió en la sentencia No. 2020-22295 de las 09:15 horas del 20 de noviembre de 2020, lo siguiente:
“En el sub iudice, al emplear el test de razonabilidad, esta S. considera que las medidas adoptadas por el colegio Santa María de Guadalupe no resultan abiertamente desproporcionadas o irrazonables. N. que la disposición acogida por el centro de enseñanza recurrido no resulta ilegítima, toda vez que el ordenamiento jurídico no prohíbe el empleo de medios digitales para efectuar el proceso de aprendizaje. Además, se considera que la implementación de la modalidad virtual permite alcanzar el objetivo pretendido, en este caso, continuar con el proceso de enseñanza de los estudiantes matriculados en el colegio Santa María de Guadalupe. De igual forma, el Tribunal estima válido que se solicite que la persona estudiante encienda la cámara de la computadora durante las lecciones virtuales, cuando existan razones pedagógicas, derivadas del ejercicio de la docencia, que establezcan la necesidad de ver su imagen. Así, por ejemplo, cuando se efectúan actividades con un valor porcentual de la nota, como lo son exposiciones, prácticas, o la comprobación de la asistencia, se justifica la obligación de encender la cámara de la computadora para constatar que, en efecto, la persona estudiante cumple las indicaciones y criterios de evaluación proporcionados por el personal docente.
Sobre el particular, cabe señalar que la S. no estima que tales medidas vacíen de contenido al derecho a la imagen de la tutelada, ni tampoco que se ocasione una injerencia arbitraria en su vida privada. Lo anterior, toda vez que, en el caso de marras, se está frente a un supuesto, en el que la metodología virtual de las lecciones conlleva a que un grupo determinado de personas, conformado por el personal docente y los compañeros de clase de la amparada, interactúen por medio de una plataforma digital, en este caso, Microsoft Teams. De este modo, la imagen de la tutelada, la cual se observa cuando enciende la cámara de la computadora, no es empleada con fines de reproducción ni de difusión, sino que la misma es visible únicamente para quienes tienen acceso a la plataforma aludida, en este asunto, sus propios compañeros de clase y el personal docente a cargo, sea, las mismas personas con quienes tendría contacto si las lecciones se llevasen a cabo de manera presencial.
(…)
Así, las cosas, en la especie, la recurrente decidió matricular a la amparada en el colegio Santa María de Guadalupe, el cual es un centro de enseñanza privado, por lo que las partes celebraron un contrato, mediante el cual acordaron la prestación de servicios educativos y una serie de condiciones. De este modo, si la recurrente estima que el centro educativo en cuestión no satisface sus necesidades o intereses puede poner fin a la relación contractual aludida y matricular a la menor tutelada en otro centro de estudios que se ajuste a sus requerimientos y expectativas.
E., dado que las medidas en cuestión adoptadas por el centro de educación accionado no se consideran abiertamente irrazonables o arbitrarias, lo procedente es declarar sin lugar el recurso en cuanto a tal extremo. No obstante, tome nota el director del colegio Santa María de Guadalupe de que deberá adoptar las medidas necesarias a fin de resguardar la imagen de los estudiantes y, de este modo, evitar que sin el consentimiento de las personas a cargo del menor o del propio estudiante de ser mayor de edad, aquella sea capturada, grabada, difundida o reproducida cuando se emplee la plataforma Microsoft Teams o cualquier otro medio digital, como parte del proceso de aprendizaje(el resaltado no es del original).

Así las cosas, debe resaltarse que en este precedente, la S. sí avaló la posibilidad de utilizar una plataforma como Microsoft Teams y la exigencia de encender la cámara para garantizar la correcta ejecución de ciertas tareas. Aunado a ello, debe hacerse notar que en ese asunto -a diferencia del sub lite- se estaba frente a una persona menor de edad, cuyas regulaciones en torno al derecho a la imagen son diferenciadas por la especial protección que brinda nuestro ordenamiento jurídico.
Asimismo, en la sentencia No. 2020-21429 de las 09:20 horas del 06 de noviembre de 2020, este Tribunal Constitucional también conoció de un recurso de amparo promovido contra la Universidad de Costa Rica, en el que se alegó:
“El 16 de octubre pasado se enteró que existe la resolución de la Vicerrectoría, denominada VD-11502-2020 "Lineamientos Académicos y Administrativos Para La Docencia Con Componente Virtual" del 04 de setiembre del 2020. En la misma, se indicó que será obligatorio encender el video y el audio de sus dispositivos cuando tengan que realizar una prueba sincrónica, con el fin de verificar que el estudiante esté realizando la prueba en concreto. Lo anterior, lo estima lesivo de su derecho, ya que no cuenta con un área privada regular en su casa de habitación donde se sienta cómodo para mostrarla en un entorno universitario. Argumenta que con dicha disposición se vulneran sus derechos fundamentales, al exigirle mostrar sin su consentimiento su imagen, voz, espacio familiar y cualquier otro ruido de fondo que resulta natural dentro de una casa de habitación, pero que no debería ser compartida ni vista en un entorno universitario y público”.

En esa oportunidad, la S. -por unanimidad- procedió a desestimar el recurso, bajo las siguientes argumentaciones:
“Sobre el caso concreto. Después de haber analizado los informes y las pruebas aportadas por las partes, esta S. descarta la vulneración a los derechos fundamentales de la parte recurrente, por las razones que a continuación serán expuestas. En el caso en estudio, el recurrente cuestiona que se la UCR le exija encender el video y el audio de sus dispositivos cuando tengan que realizar una prueba sincrónica, con el fin de verificar que el estudiante esté realizando la prueba en concreto. Lo anterior, porque lo estima contrario a su derecho a la intimidad, domicilio y espacio familiar. Como primer punto, conviene señalar que no corresponde a este Tribunal determinar como los estudiantes universitarios deben ser evaluados, pues ello es competencia del centro educativo y de las personas docentes. Es decir, no procede analizar si las evaluaciones deben ser efectuadas de forma sincrónica o asincrónica, como se indicó es competencia del centro académico. En segundo extremo, se desprende que el recurrente cuestiona específicamente que el 04 de setiembre de 2020, la Vicerrectoría de Docencia de la UCR emitió la resolución administrativa No. VD-11502, en el que se emitieron los “Lineamientos académicos y administrativos para la docencia con componente virtual” y sobre todo el artículo 17 del acto general. En dicho artículo se dispuso que:
“ 17.- Evaluaciones en entornos virtuales.- Las evaluaciones, como actividades académicas, pueden realizarse de forma virtual, sea en modalidad sincrónica o asincrónica. En ambos casos, las evaluaciones son obligatorias y su inasistencia queda sujeta a la respectiva justificación, según el Reglamento de Régimen Académico Estudiantil. Cuando la evaluación sea sincrónica, la habilitación del vídeo y audio será obligatoria por parte de la persona estudiante. Lo anterior, con el propósito de verificar que la identidad de la persona que está realizando la evaluación coincide con la información personal de la persona estudiante matriculada en el curso. El video y audio deberá habilitarse como garantía de la correcta y ética realización de la prueba. La persona docente o la Unidad Académica deberá garantizar que la persona estudiante cuenta con las condiciones de acceso tecnológico para realizar la prueba”.
Ahora bien, en consonancia con lo anteriormente señalado, sea que no compete a este Tribunal Constitucional, determinar como deben ser evaluados los estudiantes universitarios, lo cierto es que en el caso en estudio señala que supuestamente la normativa señalada infringe su derecho a la intimidad, o bien el derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, la de su familia o del domicilio, por lo que procede analizar lo reclamado, según el marco fáctico dado. En ese orden de ideas, el recurso debe ser desestimado, en el tanto se desprende que la UCR mediante la resolución administrativa No. VD-11502 reguló los lineamientos académicos y administrativos para la docencia con componente virtual, en el que se tomaron razonablemente, en cuenta los derechos a la intimidad, privacidad y respeto a los derechos fundamentales de las personas estudiantes. Segundo, el recurrente no individualizó una situación en concreto, respecto a la aplicación del artículo 17 de la resolución administrativa No. VD-11502. Es decir, no señaló un curso en el que se le exija una evaluación sincrónica. N. que la normativa en cuestión señala que la evaluación puede ser sincrónica o asincrónica, por lo que no se puede concluir que para el caso concreto del recurrente, eso sea la regla. Como tercer punto y, en consonancia con el anterior, el recurrente no demostró que haya requerido o puesto en conocimiento a algún docente que le estuviera exigiendo rendir una prueba sincrónica, una situación especial que le impidiera ingresar con audio o video a la sesión y el docente no haya evaluado la situación particular. En cuarto lugar, si bien el artículo 17 de la normativa en cuestión señala la obligatoriedad de tener la cámara y audio activados cuando se realice una prueba sincrónica, lo cierto es que del análisis sistemático de la normativa razonablemente permite concluir que los supuestos que cuestiona el recurrente podrían ser atendidos de forma casuística. Tanto así que la propia emisora de la directriz, sea la Vicerrectoría de Docencia así lo expone en el informe que se rinde a esta S.. En quinto lugar, es un hecho público y notorio que las carreras que lleva el recurrente, en principio, se daban en forma presencial y que fue a raíz de la pandemia por el COVID-19 que se tuvo que implementar la modalidad virtual. Por ende, no es de recibo el argumento cuando afirma que “no me siento bien ni cómodo mostrando mi imagen”, pues de no existir la situación excepcional que se atraviesa e impone el distanciamiento físico, el recurrente tendría que presentarse a rendir la prueba junto con el resto de compañeros y compañeras e impedirían que se mantuviera como incógnito. En sexto lugar, no consta que por regla general la prueba se grabe, por lo que haría que no quede constancia del video que se ejecutó durante la realización de la prueba. En todo caso, de grabarse la actividad, el artículo 18 de la resolución administrativa No. VD-11502 prevé la forma en resguardar la imagen y la voz. En sétimo lugar, además de que no le comunicó a algún docente que le aplicaría una prueba en modalidad virtual sincrónica alguna situación en particular, lo cierto es que en ningún momento se exige que la prueba se realice en su domicilio. Por lo anterior, no señala el recurrente que exista una imposibilidad de que se dirija a otro lugar público o privado donde pueda rendir la prueba y, por ende, no se escuche el ruido de fondo de su hogar. Aunado a ello, según se informó, las plataformas virtuales como Z., le permiten poner un fondo ficticio que harían que no se observe su domicilio. Por último, se desprende que la disposición administrativa No. VD-11502 fue publicada en la Gaceta Universitaria, a la cual tiene acceso la comunidad universitaria. En consecuencia, se declara sin lugar el recurso”.

Por último, respecto del consentimiento en la utilización de la plataforma Z., este Tribunal Constitucional mediante sentencia No. 2020-20944 de las 09:20 horas del 30 de octubre de 2020 conoció de un recurso de amparo incoado por un estudiante de la Universidad de Costa Rica, quien alegó lo siguiente:
“II.- Objeto del recurso. La parte recurrente estima lesionado el derecho fundamental de acceso a la información, así como los derechos de defensa y debido proceso, en perjuicio del estudiante amparado, toda vez que el 5 de agosto de 2020, el tutelado fue convocado a una reunión con la directora de la Escuela de Economía y un profesor, siendo que esa reunión se realizó aproximadamente a las 15:00 horas, a través de la plataforma Z. , y fue grabada por la dirección de la Escuela recurrida. Señala que el 24 de agosto de 2020, en representación del amparado, solicitó que se le brindara acceso y copia de la grabación de la reunión mencionada; no obstante, el 28 de septiembre de 2020, mediante resolución N° EC-R-3-2020, la directora de la Escuela de Economía resolvió negarle el acceso a la grabación”.

En esa oportunidad, se resolvió lo siguiente:
“Respecto a la solicitud de la copia de la grabación en cuestión, la autoridad recurrida tenía la obligación de brindarla al amparado, conforme lo señalado líneas atrás en el considerando anterior. N., que al petente se le denegó su gestión y se le aclaró que no se le podía brindar el acceso a la grabación pretendida, explicándosele las razones por las cuales se denegaba la información. Sin embargo, este Tribunal no comparte dichas razones por los siguientes motivos: en primer lugar, debe advertirse que, según lo explica bajo juramento la propia directora de la Escuela de Economía, la reunión sostenida con el estudiante tenía por objetivo informarlo de la existencia de una queja que podría representar eventualmente el inicio de un procedimiento disciplinario en su contra. Es decir, dicha reunión tenía una clara conexidad con la instauración del procedimiento en cuestión, de manera que, perfectamente, puede considerarse como prueba digital recabada durante la investigación preliminar y atinente al procedimiento en cuestión. No obstante, dicho video que generó la plataforma Z., no fue incluido en el procedimiento disciplinario iniciado, según lo reconocen los propios accionados. De ahí que el estudiante amparado no pueda tener fácil acceso al mismo y haya tenido que solicitarlo formalmente, para ejercer su derecho de defensa. En relación con el alegato del consentimiento que plantean los recurridos, esta S. tiene por demostrado que, al momento de iniciarse una grabación de reunión en la plataforma Z., los participantes y anfitrión pueden verificar que la misma está siendo grabada, debido a la alerta que genera la pantalla. En consecuencia, tanto el estudiante tutelado como el profesor participante y la directora de la Escuela de Economía, fueron advertidos, por la propia plataforma Z., que la reunión estaba siendo grabada. De manera que ahora no puede alegarse una infracción al derecho a la intimidad, a la imagen u otros, cuando todos los participantes de la reunión fueron notificados de la grabación de la misma, y decidieron continuar con el desarrollo y finalización de la reunión virtual, por voluntad propia (el resaltado no es del original).

Así las cosas, considera que en el sub examine no se ha infringido el derecho a la imagen de la recurrente, en el tanto se desprende que la Universidad como centro de educación se encuentra en la facultad de exigir a los estudiantes a encender su cámara y micrófono, cuando se ejecute una prueba o examen. De igual manera, considera esta S. que la Universidad puede grabar la ejecución de la prueba, siempre y cuando exista una advertencia en el que se le haga saber a las personas que se les está grabando. Lo anterior, porque ello es un medio de garantía tanto para el estudiante como para el profesor, de un ejecución correcta y ética de la prueba. Tampoco consta que la grabación de la prueba es empleada con fines de reproducción ni de difusión, sino que la misma es visible únicamente para quienes tienen acceso a la plataforma aludida, específicamente el personal docente a cargo. Además, se aprecia que durante la ejecución de una prueba sincrónica, la estudiante se encuentra dentro de una serie de obligaciones con la Universidad que decidió contratar y que, de no estar ante una situación excepcional como la pandemia por COVID-19, dicha prueba probablemente la debería haber ejecutado en forma presencial, por lo que no se aprecia que la exigencia de utilizar la cámara, el micrófono y su respectiva grabación de una prueba sea una intromisión arbitraria en la vida privada, intimidad o una infracción al derecho a la imagen. Aunado a ello, se estima que esas exigencias sí resultan razonables, en el tanto la Universidad y máxime en una carrera como de medicina, debe velar por la calidad de los futuros profesionales en salud. Por ende, al haberse acreditado que la plataforma Z. advierte al usuario que la clase está siendo grabada, para este caso existió un consentimiento tácito y, por ende, no puede pretender la parte recurrente ahora que dicha prueba podría considerarse desfavorable buscar la nulidad de la misma. En consecuencia, se declara sin lugar el recurso en cuanto a este extremo.
  1. Tome nota la Universidad Internacional de las Américas. Si bien el recurso de amparo fue desestimado en relación con el derecho a la imagen, considera esta S. que no se puede soslayar que la impartición de las lecciones ha variado a propósito de la pandemia por COVID-19 ha implicado acudir a las herramientas tecnológicas para impartir clases o bien ejecutar las evaluaciones. Evidentemente, esto podría tener incidencia en una serie de derechos fundamentales como la intimidad, el derecho a la imagen, a la privacidad y a la protección de datos, por lo que se le insta a ese centro educativo a establecer un Reglamento que permita a la comunidad estudiantil tener seguridad jurídica respecto a cómo se deben ejecutar las lecciones virtuales o ejecutar los exámenes bajo esa modalidad, que permitan garantizar los derechos fundamentales de los estudiantes.
  2. Documentación aportada al expediente. Debe prevenir esta S. a las partes que de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara parcialmente con lugar el recurso, en lo tocante a la violación al debido proceso. Se anula la resolución de las 11:00 horas del 24 de diciembre de 2020 emitida por la Dirección de la Carrera de Medicina y la resolución de las 15:00 horas del 22 de enero de 2020 emitidas en el expediente No. MD-13-2020, además, la totalidad del procedimiento sancionatorio que se llevó a cabo para la imposición de dicha sanción. Se ordena a M.V.C. y M.M.C., su condición de P. y Tesorero, respectivamente y actuando conjuntamente en nombre de Servicios Educativos Dakota II S.A. y M.S.A., en su condición de Rector, J.E.C., en su condición de Sub Director de la Carrera de Medicina, todos de la Universidad Internacional de las Américas , adoptar las medidas necesarias y girar las órdenes correspondientes para que la recurrente sea restituida de inmediato en el pleno goce de sus derechos fundamentales como estudiante del curso de Medicina de Emergencias, y, para ello, se le deberá entregar dentro del plazo de CINCO DÍAS , contado a partir de la notificación de esta sentencia, las calificaciones obtenidas en el curso aludido. Todo lo anterior, sin perjuicio de que se lleve a cabo un nuevo procedimiento que respete las garantías del debido proceso. Se le advierte a los recurridos, que de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. En lo que respecta a la violación al derecho a la imagen, se declara sin lugar el recurso. Se condena a Servicios Educativos Dakota II S.A. al pago de las costas, daños y perjuicios que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo civil. N..





Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. S.zar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ana María Picado B.



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