Sentencia Nº 2021016048 de Sala Constitucional, 16-07-2021

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente21-012156-0007-CO
Número de sentencia2021016048
Fecha16 Julio 2021
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*210121560007CO*

Exp: 21-012156-0007-CO

Res. Nº 2021016048


SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas veinte minutos del dieciseis de julio de dos mil veintiuno .

Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad No. [Valor 001] , a favor [Nombre 002], cédula de identidad No. [Valor 002], contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de esta S. a las 10:48 horas de 24 de junio de 2021, el recurrente interpuso recurso de amparo contra la Caja Costarricense de Seguro Social. Manifiesta que en febrero de 2021 se le extendió al amparado una incapacidad con el número de boleta No. A [Valor 003]. Alega que, a la fecha de interposición de este recurso, el Área de Salud de Desamparados de la C.C.S.S. no ha pagado al amparado el subsidio que le corresponde. Manifiesta que la demora en el reembolso de la referida incapacidad ha ocasionado serios inconvenientes al amparado, ya que no posee los recursos suficientes para sufragar sus necesidades y las de su familia, situación que, a la vez, ha repercutido negativamente en su estado psicológico y emocional. Explica que al tutelado se le comunicó el rebajo del subsidio en marzo de 2021; sin embargo, aún no se le ha cancelado como corresponde. Sostiene que el retraso en el pago de la incapacidad aludida excede el plazo establecido para tales efectos. En virtud de lo expuesto, estima conculcados los derechos constitucionales de su patrocinado. Solicita que se declare con lugar el recurso.
2.- En resolución de las 14:50 horas de 24 de junio de 2021, se previno al recurrente que aportara copia completa y legible del escrito de interposición.
3.- Por escrito remitido por medio de correo electrónico a las 11:15 horas de 30 de junio de 2021, el recurrente cumplió con lo prevenido.
4.- Mediante resolución de las 7:57 horas de 29 de junio de 2021, se dio curso al amparo y se solicitó informe al Jefe de la Sub-Área Asesoría de Prestaciones en Dinero, así como al Director Médico y al Jefe de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, ambos del Área de Salud de Desamparados, todos de la Caja Costarricense de Seguro Social, sobre los hechos alegados por el recurrente.
5.- Por escrito recibido mediante el correo electrónico de esta S. a las 11:15 horas de 30 de junio de 2021, informa bajo juramento A.M.R.R., en su condición de Directora Médica a.i. del C.A.I.S. Marcial Fallas Díaz, que el amparado no labora ni ha laborado para ese centro de salud. Solicita se declare sin lugar el recurso.
6.- Mediante escrito incorporado al expediente digital a las 19:18 horas de 7 de julio de 2021, informa bajo juramento A.L.Q., en su condición de Jefe de la Sub-área Asesoría Prestaciones en Dinero de la Caja Costarricense de Seguro Social, que de conformidad con el centro médico de adscripción del tutelado, Área de Salud Desamparados 2, este caso corresponde a la Sucursal de Desamparados de la Caja Costarricense de Seguro Social para su atención. Explica que para dar inicio al proceso de pago de una incapacidad por enfermedad otorgada a un funcionario de la Institución, debe poseer el refrendo en el sistema Registro Control y Pago de Incapacidades, por parte de las oficinas de recursos humanos. Asegura que lo anterior es requerido ya que cada boleta de incapacidad debe ser rebajada del salario del funcionario y a su vez se debe aplicar el análisis correspondiente del derecho o no al pago de esta. Señala que todos los asegurados asalariados bajo la cobertura del Reglamento del Salud reciben el 60% de su salario diario promediado, a partir del cuarto día de incapacidad por enfermedad, esto por concepto de subsidio, siempre que cumplan con los plazos de calificación requeridos. Explica que según el registro del sistema Registro Control y Pago de Incapacidades, la boleta de incapacidad [Valor 004], se encuentra en estado cancelada y comprende el período del 22 al 24 de febrero de 2021, es decir, 3 días de incapacidad. Asegura que la boleta de incapacidad en cuestión fue refrendada por la oficina de Recursos Humanos el 5 de julio de 2021, y en esa misma fecha el sistema realizó la creación y pago de los subsidios de forma automática. Sostiene que el monto correspondiente al subsidio, ¢56,660.00 (cincuenta y seis mil seiscientos sesenta colones con 00/100), fue depositado en la cuenta bancaria registrada a nombre del amparado, sea la No. [Valor 005], del Banco de Costa Rica. Solicita se declare sin lugar el recurso.
7.- En la substanciación del proceso se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Araya García; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso. Alega el recurrente que el tutelado labora para la Caja Costarricense de Seguro Social. Aduce que en febrero de 2021 el tutelado estuvo incapacitado, según boleta No. [Valor 003]. No obstante, acusa que, pese a sus múltiples gestiones la institución recurrida no le ha cancelado el pago del subsidio correspondiente a esa incapacidad. Considera que el tiempo que ha transcurrido para percibir el rubro económico por el pago de ese subsidio es desproporcionado e irracional, y, por ende, lesivo de los derechos fundamentales del amparado.
II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
  1. El amparado labora para la Caja Costarricense de Seguro Social (hecho incontrovertido).
  2. De conformidad con la boleta de incapacidad [Valor 004], el tutelado estuvo incapacitado en el período que va del 22 al 24 de febrero de 2021, para un total de 3 días de incapacidad (ver informe rendido por la autoridad recurrida).
  3. El 29 y 31 de agosto de 2021, se notificó la resolución de curso a las autoridades recurridas de la Caja Costarricense de Seguro Social (ver actas de notificación).
  4. El 5 de julio de 2021, la oficina de Recursos Humanos refrendó la boleta de incapacidad del tutelado (ver informe rendido por la autoridad recurrida).
  5. El 5 de julio de 2021, el sistema realizó la creación y pago del subsidio de incapacidad adeudado al tutelado de forma automática, por lo que el monto correspondiente al subsidio, ¢56,660.00, fue depositado en la cuenta bancaria registrada a nombre del amparado (ver informe rendido por la autoridad recurrida).
III.- Sobre el caso concreto. En el sub lite, el recurrente reclama que el tutelado labora para la Caja Costarricense de Seguro Social y aduce que en febrero de 2021 el tutelado estuvo incapacitado, según boleta No. [Valor 003]. No obstante, acusa que, pese a sus múltiples gestiones la institución recurrida no le ha cancelado el pago del subsidio correspondiente a esa incapacidad. Considera que el tiempo que ha transcurrido para percibir el rubro económico por el pago de ese subsidio es desproporcionado e irracional, y, por ende, lesivo de los derechos fundamentales del amparado.
Sobre el particular, analizada la prueba y el informe rendido bajo juramento, se tiene por acreditado que el tutelado labora para la Caja Costarricense de Seguro Social y que fue incapacitado del período que va del 22 al 24 de febrero de 2021, de conformidad con la boleta incapacidad citada.
Ahora bien, el recurrente acusa que no se le ha realizado el pago del subsidio respectivo que le corresponde al tutelado por esa incapacidad. Al respecto, consta en autos que fue sino hasta la notificación de la resolución que da curso de este proceso de amparo, que el 5 de julio de 2021, las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social procedieron a refrendar la boleta de incapacidad en cuestión y con esto, el mismo día, el sistema realizó la creación y pago del subsidio de incapacidad adeudado al tutelado de forma automática, por lo que el monto correspondiente al subsidio, ¢56,660.00, fue depositado en la cuenta bancaria registrada a nombre del amparado.
A partir de las consideraciones anteriores, esta S. tuvo por demostrado que existió una dilación indebida en el pago de la incapacidad respectiva al tutelado, y con ella se ocasionó una lesión a los derechos fundamentales del amparado. En razón de ello, procede declarar con lugar el recurso, para efectos indemnizatorios, pues consta, que la violación alegada cesó con el pago de la incapacidad respectiva.
IV.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios en el caso concreto. Por las razones ampliamente expuestas en las sentencias correspondientes, es criterio de mayoría de esta S. que cuando la declaratoria con lugar de un recurso de amparo obedezca a la aplicación del primer párrafo del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sea, porque habiéndose notificado la resolución de curso del amparo se revoque, suspenda o detenga la actuación impugnada, dicha estimatoria lo debe ser sin especial condena en daños y perjuicios. Sin embargo, bajo una mejor ponderación y como tesis de excepción, debe señalarse que cuanto el recurso de amparo verse de forma concreta sobre una situación patrimonial directa y estrictamente relacionada con la protección de derechos pecuniarios –sea la omisión de pago del salario o de las prestaciones que por derecho le corresponda a la persona interesada- sí procede la plena aplicación de la estimatoria del recurso de amparo, incluso con la correspondiente condena en costas, daños y perjuicios, por cuanto dicha condenatoria se erige en garantía de que lo adeudado podrá ser honrado por la Administración –de oficio o a gestión de parte- con la debida actualización o indexación que corresponda fijar en el ámbito de la legalidad ordinaria, en el respectivo proceso de ejecución de la sentencia constitucional estimatoria. Es por esta razón, que en el caso bajo estudio sí resulta procedente la condenatoria en costas, daños y perjuicios.
V.- Razones diferentes de la Magistrada H.L. sobre las consecuencias económicas derivadas de declarar con lugar este recurso. Coincido con la mayoría de la S. en la decisión tomada respecto de la existencia de una lesión a los derechos fundamentales en este caso, la cual ha sido corregida con ocasión de la intervención de la S..
No obstante, sostengo una posición particular en relación con el tema de las consecuencias económicas de esta sentencia, y es la siguiente: La jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y hábeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes, enfrentadas por una disputa legal. Su objetivo es brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales de manera que no sean perturbados en su disfrute, o privados de ellos, por actos de quien, de hecho o de derecho, realiza ejercicios concretos de autoridad, capaces de vulnerarlos.
Esa vocación protectora de la jurisdicción constitucional se concreta en un diseño procesal también peculiar, célere y gratuito en donde se impone a la autoridad pública recurrida la simple rendición de “un informe” sobre lo actuado en el caso denunciado (artículos 43, 44, 45 y 46 de la LJC). Así que no se trata técnicamente de un litigio y acorde con ello, se entregan a la S. Constitucional amplios poderes para orientar el curso del proceso de amparo o de hábeas corpus, tanto respecto de la posibilidad de requerir información a otras autoridades sobre lo sucedido, como respecto del manejo amplio de la prueba que pueda servir para aclarar lo sucedido.
Ese marco procesal, de la jurisdicción de la libertad, donde no existen dos partes antagónicas enfrentadas de modo que lo que gane una lo pierda la otra, impone alejarnos de las soluciones que para estas últimas cuestiones han sido previstos en sistemas procesales como el civil, el contencioso o el laboral, y esto incluye naturalmente -y en lo que nos viene a interesar aquí- la forma de entender las reglas prescritas sobre las consecuencias económicas de tales procesos de amparo y habeas corpus, en caso de que se compruebe una violación a los derechos constitucionales, de manera tal que –ante el reconocimiento de una lesión parte de la S., exista una restauración del disfrute de tales derechos y además una efectiva indemnización de los daños y gastos ocasionados, como parte del derecho a una justicia efectiva en cuanto a la reparación de las consecuencias dañosas generadas por las autoridades que resulten infractoras.
En concordancia con lo anterior los artículos 49 y 50 de la Ley, fijan las potestades de la S. para que –en caso de que se acoja el amparo- se pueda lograr el efectivo restablecimiento del disfrute de los derechos fundamentales afectados o bien –en los casos extremos de imposibilidad de restablecimiento- la prevención de que no se vuelva a incurrir en los actos lesivos. Y es por eso que, en esa línea, el artículo 51 de ley establece que: “(a)demás de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso…”.
Esta es la regla general con la que se debe operar en el ámbito indemnizatorio, cuando la S. ha tenido como comprobado el agravio en su decisión, y que se ampara en el concepto antes citado de una tutela efectiva de los derechos de las personas y en la noción de que la administración debe hacerse responsable por los daños y gastos que ocasione con su actuar inconstitucional. Las dudas que han surgido tienen como base la disposición del artículo 51 de la ley que, en apariencia, contiene una excepción al sistema general recién descrito; sin embargo, una lectura apegada al texto legal, y bajo el prisma de la especialidad de la jurisdicción constitucional apuntan a la inexistencia de tal excepción; en efecto, el artículo citado recoge un caso distinto, en donde el Tribunal Constitucional no ha alcanzado una convicción sobre la existencia de alguna lesión, como se expresa claramente cuando se dice que: “si estando en curso el amparo, se dictare resolución administrativa o judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas si fueren procedentes.”
La mención de una “resolución administrativa o judicial” debe llevarnos a entender que: a) se trata, por una parte, de situaciones en donde una autoridad distinta de la autora del agravio, interviene en el caso para revertir los efectos jurídicos de la actuación discutida; y b), que tal intervención se realiza previamente a que la S. conozca el fondo del asunto y, por tanto, no se emitirá en el proceso una valoración de fondo de los elementos de convicción existentes. Simplemente, la S. constataría en tal caso la existencia de la citada resolución (administrativa o judicial emitida por una autoridad diferente de la autora del agravio) y declararía con lugar el recurso, no por hallar de hecho alguna violación sino por mero imperativo legal y valorando apropiadamente la oportunidad de una condenatoria en daños perjuicios y costas.
Esta es la solución interpretativa que resulta más coherente con el artículo 50 de la Ley, en donde sí se regula de forma expresa el caso en que la S. -al momento de valorar el caso y dictar sentencia- se encuentra con que ya han “cesado los efectos del acto impugnado”, situación que –para poder distinguirla cabalmente del caso del artículo 52 de la LJC- debe entenderse que alude al supuesto de que la propia autoridad recurrida es quien ha hecho cesar los efectos del acto impugnado.
En este supuesto, tal y como lo ordenan los numerales 50 y 51 de la LJC, el recurso debe acogerse, disponiendo a la vez la condenatoria en daños, perjuicios y costas. En este caso, puede afirmarse que la S. ha valorado los elementos de juicio existentes y concluido la existencia de una lesión a derechos fundamentales, cuyos efectos nocivos han cesado al momento del pronunciamiento por la intervención de la autoridad recurrida, de modo que lo procedente es aplicar la doctrina de los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, excluyendo lo dispuesto en el artículo 52 por no corresponder su presupuesto de hecho al que se presenta en este proceso.
VI.- Razones diferentes del Magistrado S.A., en relación con la condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida. Coincido con el resto de la S. en declarar con lugar el recurso, pero difiero en cuanto a las razones que aduce la mayoría del Tribunal para condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada. La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:
“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que: “...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.
El artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la S. ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una
condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la S. haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.
Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la S., aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que implica una “terminación anormal del proceso”. El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta S. puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios; no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.
En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios.
VII.- Razones diferentes de la Magistrada G.V.. En términos generales, cuando la S. por mayoría declara con lugar un recurso de amparo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, al tenor del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), he salvado parcialmente mi voto. Lo anterior, porque el artículo 52 de la LJC dice:
“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas. Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Si el derecho ha sido violado y la S. así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.
Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la S. condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido. En síntesis, mi posición es que en los recursos de amparo declarados con lugar de conformidad con el artículo 52 de la LJC procede siempre la condenatoria en abstracto de los daños y perjuicios. En lo que respecta a las costas, la misma norma faculta a la S. a determinar –cuando lo considere justo- la procedencia de las mismas.
En consecuencia, concurro con la parte dispositiva de esta sentencia, al declarar con lugar el recurso de amparo por la condenatoria en daños y perjuicios, y en atención a las características del presente asunto estimo que también corresponde la condenatoria en costas.
IX.-Documentación aportada al expediente . Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 de 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 de 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43- 12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. La Magistrada H.L. da razones diferentes en relación con la condenatoria en daños, perjuicios y costas de conformidad con los artículos 50, 51 y 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El Magistrado S.A. da razones diferentes en relación con la condenatoria en costas, daños y perjuicios. La Magistrada G.V. da razones diferentes. N..-






Fernando Castillo V.
Presidente
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. S.zar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Marta Eugenia Esquivel R.
Mauricio Chacón J.



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