Sentencia Nº 2021019152 de Sala Constitucional, 27-08-2021

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia2021019152
Número de expediente21-014701-0007-CO

*210147010007CO*

Exp: 21-014701-0007-CO

Res. Nº 2021019152


SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas quince minutos del veintisiete de agosto de dos mil veintiuno .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 21-014701-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA.

Resultando:

1.- Por escrito presentado en la Secretaría de la S. el 30 de julio de 2021, la recurrente interpone recurso de amparo contra la Universidad de Costa Rica. Indica que, el 19 de noviembre de 2019 interpuso una denuncia ante la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual de la Universidad de Costa Rica (UCR) en contra de un Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad. Acota que, al momento de la presentación de la queja, la funcionaria de la Comisión, señora G.B., se negó a recibirla; sin embargo, con la intervención de su abogada accedió a tramitarla. Sostiene que el 21 de noviembre de 2019, mediante el dictamen No. OJ-1160-2019, la Oficina Jurídica de la UCR se refirió al oficio No. CICHS-236-29, en el cual la coordinadora de la Comisión, señora T.R.C., solicitó el criterio de la Oficina sobre la recepción de su denuncia y la aplicación del artículo 18 del Reglamento de la UCR contra el hostigamiento sexual, en cuanto a la prescripción. Señala que dicha Oficina determinó lo siguiente: "se considera que esta denuncia ha sido interpuesta en tiempo y forma y puede continuarse el trámite del procedimiento administrativo". Alega que el 18 de diciembre de 2019, mediante un grupo de whatsapp llamado "13-19", se le notificó que la UCR abrió su caso y que la señora S.M.P. sería la psicóloga del Centro de Investigación de Estudios para la Mujer (CIEM) asignada. Refiere que, en el mes de abril de 2020, recibió un correo electrónico del Equipo Interdisciplinario contra el Hostigamiento Sexual de la UCR, indicando lo siguiente: "los procesos por hostigamiento sexual ante la Comisión Institucional de la Universidad de Costa Rica, se encuentran detenidos debido a la emergencia nacional por el COVID-19. (…) es importante que recuerde que esta situación no afecta de ningún modo los plazos de prescripción, que se detienen desde el momento en que la denuncia es presentada ". Añade que el 30 de julio de 2020, la Comisión, mediante la resolución No. 1-2020, emitió el auto de apertura y traslado de cargos en contra de [Nombre 005], bajo el expediente No. [Valor 002]. Expresa que, el 6 de agosto de 2020, se efectuó el primer y único intento de notificación del Catedrático [Nombre 005] . Relata que, el 23 de febrero de 2021, el D.C.S. respondió indicando que iba a consultar a la Oficina Jurídica de la UCR si él podría brindar esa información para no lesionar los derechos fundamentales del funcionario involucrado. Arguye que el 24 de febrero de 2021, la Oficina Jurídica le respondió al Decano que no contaba con suficiente información de contexto para emitir criterio sobre la consulta realizada, pero que existían casos de excepción a la confidencialidad de los datos, por lo que le recomendó consultar el objetivo de la solicitud de la dirección del catedrático y analizar si se encontraba dentro de una de las excepciones señaladas. Acota que el 24 de febrero de 2021 el coordinador de la Comisión realizó la solicitud de la dirección física del señor S., al director de la Oficina de Recursos Humanos de la UCR. Afirma que esa solicitud fue resuelta dos días después y se le brindó al coordinador de la Comisión el dato, fundamentado en el artículo 39 del Reglamento de la UCR. Manifiesta que el 3 de marzo de 2021 la psicóloga a cargo de su caso le indicó, de forma extraoficial, que el atraso en el proceso se debía a que no habían logrado notificar al denunciado, lo cual le reiteró su abogada el 25 de marzo de 2021 y el 28 de julio de 2021 por ambas. Afirma que, en esa última fecha, le solicitó a la Comisión una copia de su expediente ya que, desde el 19 de noviembre de 2019, no contaba con ninguna comunicación ni documentación por parte de esa instancia, ni de otra de la universidad, sobre lo acontecido en el caso contra el denunciado. Afirma que el expediente le fue entregado el 29 de julio de 2021. Relata que el señor [Nombre 005] se encuentra actualmente desarrollando un proyecto de investigación del Instituto de Investigaciones de la Universidad de Costa Rica, por lo que sigue manteniendo contacto directo y constante con el centro de estudios. Finalmente, acusa que han transcurrido 20 meses desde la presentación de la denuncia y la Universidad de Costa Rica no la ha llamado a comparecer, ni le han notificado ninguna decisión. Reclama que tampoco le han notificado ninguna resolución sobre las medidas cautelares solicitadas en el 2019.

2.- Mediante resolución de Presidencia de las 16:07 horas del 06 de agosto de 2021, se dio curso al amparo y confirió audiencia al Rector de la Universidad de Costa Rica.

3.- Mediante escrito presentado en la Secretaría de esta S. el 12 de agosto de 2021, rinde informe bajo fe de juramento, G.G.E., Rector de la Universidad de Costa Rica. Indica que, el 19 de noviembre de 2019, se recibió en la CICHS, una denuncia por parte de la recurrente [Nombre 001], en contra de [Nombre 005], a la cual, se le asignó el número [Valor 003] y que además, la recurrente interpuso la denuncia ante la Rectoría y la Decanatura de la Facultad de Derecho, estas última incompetentes para conocer de la denuncia, por lo que, remitieron los documentos a la CICHS. Señala que, del estudio del expediente, no se logra desprender que, la funcionaria G.B.(.se acogió a la jubilación) o cualquier otro funcionario se haya negado a recibir la denuncia planteada. Acota que, según el protocolo de actuación de la CICHS se le informa al denunciante que puede recibir asesoría y acompañamiento legal y psicológico de manera gratuita, del Equipo Interdisciplinario llamado Defensoría Contra Hostigamiento Sexual de la Universidad de Costa Rica, desde al reforma reglamentaria de agosto de 2020. R. que, la amparada fue informada mediante consentimiento informado del 19 de noviembre de 2019. Menciona que la versión de que la denuncia se recibió a causa de la opinión jurídica OJ-1160-2019, de la Oficina Jurídica de la Universidad de Costa Rica del 21 de noviembre de 2021, no es cierto. Continúa manifestando que, las comunicaciones a las partes interesadas dentro de los respectivos expedientes administrativos que tramita la CICHS, se realiza estrictamente por escrito al medio formal señalado para tales efectos y nunca por otros medios. Explica que, debido al cierre institucional de fin de año de 2019 y luego por el inicio de la pandemia por COVID-19, los plazos procesales de los expedientes que tramita la CICHS, siendo suspendidos en fecha 12 de diciembre de 2019 y hasta el mes de marzo de 2020 y luego del mes de marzo de 2020 hasta el mes de junio de 2020, por razones de pandemia. El auto de traslado de cargos se dictó el 30 de julio de 2020 y aclara que el funcionario acusado de apellidos [Nombre 005] , se encuentra en la modalidad de Teletrabajo desde antes de la pandemia, por lo cual, se remitió el respectivo auto de traslado a la Facultad de Derecho, para el diligenciamiento de la notificación personal, sin que se haya podido diligenciar (05 de agosto de 2020, primer intento fallido, ver folio 52 expediente administrativo, el segundo el 06 de agosto de 2020, ver folio 61, en esa ocasión con apoyo de la Rectoría con notificador de la UCR, sin que se pueda lograr). También se intentó a otras direcciones solicitadas a Recursos Humanos, sin que se lograra notificar. Alega que, el denunciante está obligado a comparecer a las audiencias –que así lo lograron notificar en otro caso- no obstante, en el caso que nos ocupa, no se han llevado a cabo las audiencias por razón de incapacidades médica de especialidad psiquiátrica, lo cual, ha impedido el avance del expediente. Finaliza diciendo que “…A la CICHS, no le consta si el denunciado realiza trabajos de investigación o de alguna otra naturaleza. Lo que sí consta es que cada vez que se le cita y emplaza para que comparezca ante la CIHS, ha ofrecido numerosas incapacidades que casualmente coinciden con las fechas en que ha sido citado para que comparezca, de lo cual la Rectoría fue puesta en conocimiento mediante oficio CICHS-106-2021 de fecha 7 de julio de 2021. Sin que al día de hoy haya sido posible lograr que comparezca…”. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Hernández López; y,

Considerando:

I.- ACLARACIÓN PREVIA. Antes de analizar el fondo del asunto, debe aclararse que, a partir de la Sentencia N° 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta S. ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute, si la administración ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o por leyes sectoriales para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues la parte recurrente asegura que existe dilación de las autoridades recurridas en resolver la renuncia que por acoso sexual contra un Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, la cual, según dice, presentó desde el 19 de noviembre de 2021 -tema de excepción amparable- en esta sede. Una vez aclarado lo anterior, se entra a conocer la acusación expuesta.

II.- Objeto del recurso. La recurrente, quien es estudiante de la Universidad de Costa Rica y denunciante por hostigamiento sexual, estima lesionados sus derechos fundamentales. Refiere que, el 19 de noviembre de 2019, interpuso una denuncia ante la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual de la Universidad de Costa Rica (UCR) en contra de un Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad. Acusa que: A- en un inicio una funcionaria universitaria de nombre G.B., se negó a recibir su denuncia. B- que el 30 de julio de 2020, mediante resolución No. 1-2020, se emitió el auto de apertura a juicio y traslado de cargos; no obstante, el 06 de agosto de 2020, por una única vez, se ha intentado notificar al denunciado, siendo la falta de notificación el motivo de la dilación en la resolución de la denuncia. C- Reclama que, actualmente el denunciado se encuentra desarrollando un proyecto de investigación del Instituto de Investigaciones de la Universidad de Costa Rica, por lo que sigue manteniendo contacto directo y constante con el centro de estudios.

III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque los recurridos hayan omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

  1. El 19 de noviembre de 2019, la recurrente [Nombre 001] interpuso una denuncia ante la Comisión Institucional Contra el Hostigamiento Sexual de la Universidad de Costa Rica (CICHS) contra [Nombre 005], a la cual, se le asignó el número [Valor 003]. Además, la recurrente interpuso la denuncia ante la Rectoría y la Decanatura de la Facultad de Derecho, estas últimas incompetentes para conocer de la denuncia, por lo que, remitieron los documentos a la CICHS. (Ver informe rendido bajo fe de juramento);

  2. El 19 de noviembre de 2019, se entregó a la recurrente, el consentimiento informado; según el protocolo de actuación de la CICHS, informándole que, puede recibir asesoría y acompañamiento legal y psicológico de manera gratuita, por parte del Equipo Interdisciplinario llamado Defensoría Contra Hostigamiento Sexual de la Universidad de Costa Rica. (Ver informe rendido bajo fe de juramento y documentación aportada)

  3. Las comunicaciones a las partes interesadas dentro de los respectivos expedientes administrativos que tramita la CICHS, se realiza estrictamente por escrito al medio formal señalado para tales efectos y nunca por otros medios. (Ver informe rendido bajo fe de juramento)

  4. Debido al cierre institucional de la Universidad de Costa Rica, de fin de año de 2019 y luego por el inicio de la pandemia por COVID-19, los plazos procesales de los expedientes que tramita la CICHS, fueron suspendidos desde el 12 de diciembre de 2019 y hasta el mes de marzo de 2020 y luego del mes de marzo de 2020 hasta el mes de junio de 2020. (Ver informe rendido bajo fe de juramento)

  5. En fecha 30 de julio de 2020, la universidad recurrida, dictó el auto de traslado de cargos. (Ver informe rendido bajo fe de juramento y documentación aportada)

  6. El denunciado [Nombre 005] desde antes de la pandemia, se encuentra en la modalidad de Teletrabajo. (Ver informe rendido bajo fe de juramento)

  7. En fecha 05 de agosto de 2020, se realizó el primer intento fallido de notificación, ver folio 52 expediente administrativo, el segundo intento, se llevó a cabo el 06 de agosto de 2020 (se llegó hasta el portón de entrada de la dirección aportada (…) pero nadie salió a abrir, es un residencial privado y no es posible acceder a la casa 18 directamente no hay caseta de guarda, un vecino confirmó que se trataba de la entrada del mencionado residencial) en esa ocasión con apoyo de la Rectoría con notificador de la UCR, sin que se pueda lograr). También se intentó a otras direcciones solicitadas a Recursos Humanos, sin que se lograra notificar. (Ver informe rendido bajo fe de juramento y documentación aportada)

  8. Existe una obligación de los denunciados a comparecer a las audiencias, momento en que podría notificarse; en este caso, las audiencias no se han realizado debido a las múltiples incapacidades médicas de la Especialidad de Psiquiatría presentadas por el recurrente. (Ver informe rendido bajo fe de juramento y documentación aportada)

  9. El 06 de agosto de 2021, el Rector de la Universidad de Costa Rica, fue notificado de la resolución de las 16:07 horas del 06 de agosto de 2021, que dio curso a este amparo. (Ver acta de notificación en el Sistema Electrónico de Gestión de este Despacho)

  10. Mediante el oficio No. CICHS-131-2021, del 10 de agosto de 2021, la CICHS, solicitó a A.C.S., Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, que notifique al denunciado, remitiendo la resolución 01-2020, de las 16:00 horas del 30 de julio de 2020. (Ver documentación aportada)

  11. El 11 de agosto de 2021, A.C.S., Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, recibió el oficio No. CICHS-131-2021, del 10 de agosto de 2021. (Ver documentación aportada)

  12. El denunciado se encuentra incapacitado hasta el 23 de agosto de 2021. (Ver documentación aportada)

IV.- Hecho no probado. No se estima como debidamente acreditado que:

Único. Que la denuncia de la recurrente, no haya sido recibida desde un inicio en fecha 19 de noviembre de 2019. (Los autos)

V.- Sobre el debido proceso. Esta S. ha señalado en reiterada jurisprudencia, que el principio y el derecho al debido proceso implica la obligatoriedad de respetar un debido proceso constitucional en todo procedimiento que tienda a la imposición de una sanción o supresión de un derecho. Asimismo, constantemente se ha indicado que el amparo constitucional solamente es procedente contra actos evidentemente arbitrarios que conculquen en forma directa derechos fundamentales, es decir, de violaciones graves, burdas y claras al derecho de defensa y al debido proceso, habida cuenta que esta sede no está llamada a corregir todos los vicios in procediendo, a pesar de que con frecuencia los litigantes pretenden arreglar cualquier irregularidad procesal, por pequeña que sea, acudiendo al amparo, el cual no está diseñado para ese propósito, sino solo para enmendar las infracciones a los elementos esenciales del debido proceso (sentencia No. 1998-002109 de las 17:24 hrs. del 25 de marzo de 1998). De esta forma, no toda infracción de normas procesales se convierte por sí sola en indefensión jurídico-constitucional y por ende en violación al derecho constitucional al debido proceso. Ahora bien, esta S. ha tenido sobradas oportunidades para examinar cuáles son los elementos básicos constitutivos del debido proceso constitucional en sede administrativa, indicándose fundamentalmente que tal derecho está constituido por los principios siguientes: a) Hacer traslado de cargos al afectado, lo cual implica comunicar en forma individualizada, concreta y oportuna, los hechos que se imputan; b) P. el acceso irrestricto al expediente administrativo; c) C. un plazo razonable para la preparación de su defensa; d) C. la audiencia y permitirle aportar toda prueba que considere oportuna para respaldar su defensa; e) Fundamentar las Resoluciones que pongan fin al procedimiento; f) Reconocer su derecho a recurrir contra la resolución sancionatoria (véase sentencia No. 1995-005469 de las 18:03 hrs. del 4 de octubre de 1995).

VI.- Sobre la presunta falta de recibo de la denuncia y el traslado de cargos a la parte denunciada. En el sublite, la recurrente, quien es estudiante de la Universidad de Costa Rica y denunciante por hostigamiento sexual, estima lesionados sus derechos fundamentales. Refiere que, el 19 de noviembre de 2019, interpuso una denuncia ante la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual de la Universidad de Costa Rica (UCR) en contra de un Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad. Acusa que: A- en un inicio una funcionaria universitaria de nombre G.B., se negó a recibir su denuncia. B- que el 30 de julio de 2020, mediante resolución No. 1-2020, se emitió el auto de apertura a juicio y traslado de cargos; no obstante, el 06 de agosto de 2020, por una única vez, se ha intentado notificar al denunciado, siendo la falta de notificación el motivo de la dilación en la resolución de la denuncia.

Al respecto, después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal acredita la lesión a los derechos fundamentales de la amparada. Lo anterior, porque en el informe rendido por los representantes de la autoridad recurrida -que se tiene por dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto, ha sido debidamente acreditado que, el 19 de noviembre de 2019, la recurrente [Nombre 001] interpuso una denuncia ante la Comisión Institucional Contra el Hostigamiento Sexual de la Universidad de Costa Rica (CICHS) contra de [Nombre 005], a la cual, se le asignó el número [Valor 003] . Además, la recurrente interpuso la denuncia ante la Rectoría y la Decanatura de la Facultad de Derecho, estas últimas incompetentes para conocer de la denuncia, por lo que, remitieron los documentos a la CICHS. Además que, el 19 de noviembre de 2019, se entregó a la recurrente, el consentimiento informado; según el protocolo de actuación de la CICHS, informándole que, puede recibir asesoría y acompañamiento legal y psicológico de manera gratuita, por parte del Equipo Interdisciplinario llamado Defensoría Contra Hostigamiento Sexual de la Universidad de Costa Rica. Aunado a lo anterior que, comunicaciones a las partes interesadas dentro de los respectivos expedientes administrativos que tramita la CICHS, se realiza estrictamente por escrito al medio formal señalado para tales efectos y nunca por otros medios. Debido al cierre institucional de la Universidad de Costa Rica, de fin de año de 2019 y luego por el inicio de la pandemia por COVID-19, los plazos procesales de los expedientes que tramita la CICHS, fueron suspendidos desde el 12 de diciembre de 2019 y hasta el mes de marzo de 2020 y luego del mes de marzo de 2020 hasta el mes de junio de 2020. Por s parte, en fecha 30 de julio de 2020, la universidad recurrida, a través de la CICHS dictó el auto de traslado de cargos. El denunciado [Nombre 005] desde antes de la pandemia, se encuentra en la modalidad de Teletrabajo. En fecha 05 de agosto de 2020, se realizó el primer intento fallido de notificación, ver folio 52 expediente administrativo, el segundo intento, se llevó a cabo el 06 de agosto de 2020 (“…se llegó hasta el portón de entrada de la dirección aportada (…) pero nadie salió a abrir, es un residencial privado y no es posible acceder a la casa 18 directamente no hay caseta de guarda, un vecino confirmó que se trataba de la entrada del mencionado residencial…”) en esa ocasión con apoyo de la Rectoría con notificador de la UCR, sin que se pueda lograr). También se intentó a otras direcciones solicitadas a Recursos Humanos, sin que se lograra notificar. Existe una obligación de los denunciados a comparecer a las audiencias, momento en que podría notificarse; en este caso, las audiencias no se han realizado debido a las múltiples incapacidades médicas de la Especialidad de Psiquiatría presentadas por el recurrente. El 06 de agosto de 2021, el Rector de la Universidad de Costa Rica, fue notificado de la resolución de las 16:07 horas del 06 de agosto de 2021, que dio curso a este amparo. Mediante el oficio No. CICHS-131-2021, del 10 de agosto de 2021, la CICHS, solicitó a Alfredo Chirino Sánchez, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, que notifique al denunciado, remitiendo la resolución 01-2020, de las 16:00 horas del 30 de julio de 2020. El 11 de agosto de 2021, Alfredo Chirino Sánchez, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, recibió el oficio No. CICHS-131-2021, del 10 de agosto de 2021. Finalmente que, el denunciado se encuentra incapacitado hasta el 23 de agosto de 2021.

Del cuadro fáctico descrito, este Tribunal acredita la lesión a los derechos fundamentales de la amparada. Nótese que, de lo previamente indicado, se desprende que entre los elementos esenciales que integran el debido proceso, están contenidos los principios de intimación e imputación. Lo que implica que en el supuesto de un procedimiento administrativo disciplinario, toda Administración Pública tiene el deber ineludible de poner en conocimiento del interesado, una relación oportuna, expresa, precisa, clara y circunstanciada de los hechos que se le atribuyen y las eventuales consecuencias jurídicas del acto final. Con lo cual, se garantiza a la persona investigada que se le comuniquen, de forma debida, los hechos que motivan la instrucción del procedimiento, para que esta pueda proveer a la efectiva defensa de sus derechos e intereses.

Ahora bien, en el presente asunto, de lo informado por las autoridades recurridas y la prueba aportada, se aprecia que, la denuncia interpuesta por la recurrente, fue presentada desde el 19 de noviembre de 2019 y que, transcurridos más de año y medio no se ha logrado notificar los cargos al denunciado. Esta S., no desconoce, que se han suscitado circunstancias como la pandemia por COVID-19, que ocasionan una cierta demora en los procesos; no obstante, tratándose de este tipo de denuncias, el plazo sin que se haya realizado al menos la notificación del auto inicial no resulta de recibo, más aún, cuando se observan largos períodos de inacción. Esta omisión, sin duda, ha incidido en el derecho de la recurrente de lograr obtener una justicia pronta, máxime en este caso, donde se denuncian presuntos hostigamientos sexuales en contra de la persona amparada.

Así las cosas, si bien es cierto, no se logró acreditar que la denuncia no haya sido recibida desde el momento de la interposición, no menos cierto resulta que, como se indicó líneas atrás, existe una cierta inacción por parte de la Comisión Institucional Contra el Hostigamiento Sexual de la Universidad de Costa Rica y otras autoridades de la Universidad de Costa Rica, para lograr que el caso denunciado continué su curso y se puedan determinar las responsabilidades que correspondan según se determine en resolución administrativa, con lo cual, se concluye que, el tratamiento de la denuncia interpuesta desde el 19 de noviembre de 2019, no ha sido atendida de forma oportuna y tramitada como en derecho corresponde, más aún, siendo una denuncia de esa índole, lo cual, evidentemente contraviene la promoción y efectiva defensa de los derechos humanos de la mujeres, tal como se establece en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)

En virtud de lo expuesto, se debe declarar con lugar el recurso, con las consecuencias que se dirán en la parte dispositiva de esta sentencia.

VII.- Sobre que el denunciado mantiene contacto directo y constante con el centro de estudios.

Finalmente, la recurrente acusa que, actualmente el denunciado se encuentra desarrollando un proyecto de investigación del Instituto de Investigaciones de la Universidad de Costa Rica, por lo que sigue manteniendo contacto directo y constante con el centro de estudios. En cuanto a este extremo, conviene indicarle a la recurrente que en materia constitucional, solamente, es procedente contra actos evidentemente arbitrarios que conculquen en forma directa derechos fundamentales, ya que esta sede no ha sido creada para corregir todos los vicios procedimentales. De esta manera, no toda infracción a las normas de procedimiento se convierten, per se, en una violación de relevancia constitucional amparable en esta sede. Si la amparada lo establece oportuno, debe plantear este reclamo en el propio procedimiento administrativo seguido con ocasión a su denuncia, para que se resuelva como en derecho corresponda. En mérito de lo expuesto, en cuanto a este argumento el recurso debe declararse sin lugar.

VIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.






POR TANTO:

Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente en cuanto a la falta de trámite de la denuncia por hostigamiento sexual, interpuesta por la parte recurrente desde el 19 de noviembre de 2019. Se ordena a G.G.E., Rector de la Universidad de Costa Rica, o a quien en su lugar ocupe dicho cargo, que en el procedimiento administrativo por hostigamiento sexual, denunciado por la recurrente [Nombre 001], cédula de identidad número [Valor 001], en contra de [Nombre 005], se realicen las acciones y se giren las ordenes pertinentes a fin de que, en el plazo máximo de 15 días, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se realice la notificación del auto de traslado de cargos, así como también, que se realicen las posteriores actuaciones y diligencias en plazos que no resulten desproporcionados y violatorios a los derechos fundamentales de la parte amparada. Se condena a la Universidad de Costa Rica al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso.


Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. S.zar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Marta Eugenia Esquivel R.



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