Sentencia Nº 2021022272 de Sala Constitucional, 05-10-2021

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente21-018718-0007-CO
Número de sentencia2021022272
Fecha05 Octubre 2021

*210187180007CO*

Exp: 21-018718-0007-CO

Res. Nº 2021022272


SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las once horas treinta minutos del cinco de octubre de dos mil veintiuno .

Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la S. el 21 de setiembre de 2021, el recurrente interpone recurso de amparo contra la Caja Costarricense de Seguro Social y manifiesta que presentaba dolores en la rodilla derecha y, en agosto de 2020 al alzar un peso (a su hija) la rodilla le quedó totalmente desmontada y sin movilidad. Pese a lo anterior, en el centro de salud recurrido, se le envió a su casa. En fecha no indicada se realizó por cuenta propia un ultrasonido, en cuyo resultado se determinó la ruptura de ligamentos y meniscos. Por tal razón, acudió al Servicio de Emergencias del hospital recurrido, donde fue internada y, una vez que hubo espacio, pasada a sala. Al mes siguiente, en una cita médica se le informó que el ligamento cruzado de la rodilla no pudo ser operado porque el hospital no cuenta con el equipo necesario, el cual debía ser solicitado. Una vez que terminó el período de incapacidad que se le había ordenado tuvo que volver a trabajar, esto, aunque sufre de constantes dolores y una inflamación en el área con el mínimo esfuerzo que haga. Comenta que pasa las noches sin dormir y que los fines de semana los pasa tratando de recobrar el esfuerzo realizado con cremas y descanso. Aduce que todo lo que le ha pasado desmejoró su condición de vida. Apunta que su condición actual en general y en especial la "renquera" que ahora presenta le ha sumido en una depresión e, incluso, ha afectado su desempeño laboral, por su actual lentitud y la imagen "decaída" que tiene. Reclama que el plazo que ha esperado para que se le brinde la atención médica que necesita -cirugía- es desproporcionado, irrazonable y lesivo de sus derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley.
2.- Mediante resolución de las 21:48 horas del 22 de setiembre de 2021, este Tribunal dictó la resolución del curso del presente asunto.
3.- Informan bajo juramento J.S.C., en su condición de directora general, y R.G.G., en su condición de jefe del Servicio de Ortopedia y Cirugía, ambos del Hospital Escalante Pradilla (informe rendido el 30 de setiembre de 2021), en los siguientes términos: “I. Consta que, la paciente fue intervenida en una primera ocasión 20 de agosto de 2020 operada por el Dr. J.L.L.M. código 4804, quien le practica una Artroscopia, el cual es un procedimiento tanto de diagnostico - dado que permite la visualización directa de la articulación como sus componentes internos - como terapéuticas (en algunas circunstancias), NÓTESE QUE LA PACIENTE FUE INTERVENIDA QUIRÚRGICAMENTE. II. De la artroscopia realizada el 20 de agosto de 2020 se constata, en la transoperatoria, la ruptura de Ligamento Cruzado Anterior, es en este momento en que se determina la ruptura de los ligamentos y los meniscos; DESMINTIENDO el hecho de se determina por medio de un ultrasonido que pagó con dinero recaudado por la familia, lo que si es cierto es que dicha patología requiere de equipo especial para ser realizado el cual se debe coordinar previo a realización de la plastia de este, ya que, no es algo que se hace en toda artroscopia. III. Posterior a dicha cirugía, fue valorada en cita el 30 de septiembre de 2020 por el Dr. J.L.L.M. código 4804 quien realiza boleta de inscripción a lista de espera para “PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR”. IV. Es de suma importancia recalcar que a pesar de que la amparada indica padecer de dolores y molestias y todo lo que ha padecido, tanto en su vida cotidiana, como en su vida laboral, esto debido a su patología, se revisa detalladamente su expediente clínico y tomando como fecha de referencia 20 de agosto del 2020, fecha en que fue intervenida quirúrgicamente, se logra determinar que en ningún momento ha solicitado o acudido a este centro hospitalario, para que sea atendida producto de sus padecimientos, o bien, haya tenido que recibir atención relacionada a esta, ya sea, en el servicio de urgencias, o bien como atención primaria, por lo tanto referirse a esos puntos de los hecho es imposible, lo que sí es importante es mencionar con base a lo anteriormente indicado, que en ningún momento se ha violentado su derecho a la salud y mucho menos negarle una atención medica por parte de este centro hospitalario. V. Ahora bien, se procede a revisar sistema de lista de espera quirúrgica donde se consta que la paciente es ingresada el 01 de octubre de 2020 sin prioridad, para lo cual se ha procedido a programarle fecha para procedimiento quirúrgico requerido para el 08 de diciembre de 2021 siempre y cuando cumpla con los requisitos pre operatorios y no exista alguna contraindicación para la realización de dicho procedimiento. Cabe destacar que debido a la pandemia mundial y a lo vivido en nuestro país la lista de espera quirúrgica se vio afectada y la cual será siendo resulta con forme se comporte dicha pandemia y recurso con el que se cuente”. Solicita que se declare sin lugar el recurso planteado.
4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Araya García; y,

Considerando:
I.- Objeto del recurso. La recurrente reclama violación a su derecho a la salud, pues acusa que se encuentra en lista de espera para realizarle una cirugía, sin fecha cierta para la misma y con mucho dolor en su rodilla.
II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
  1. El 20 de agosto de 2020, la recurrente fue intervenida en el Servicio de Cirugía del Hospital Escalante Pradilla, por el Dr. José Luis López Mendoza código 4804, quien le practicó una Artroscopia, el cual es un procedimiento tanto de diagnóstico - dado que permite la visualización directa de la articulación como sus componentes internos - como terapéuticas. Así, de esa artroscopia realizada se constató, en la transoperatoria, la ruptura de Ligamento Cruzado Anterior, y es en este momento en que se determina la ruptura de los ligamentos y los meniscos (ver informe rendido y la prueba aportada).
  2. El 30 de setiembre de 2020, la recurrente fue valorada en el Servicio de Cirugía del Hospital Escalante Pradilla, por el Dr. José Luis López Mendoza código 4804, quien realizó boleta de inscripción a lista de espera para “PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR” (ver informe rendido y la prueba aportada).
  3. El 01 de octubre de 2020, la recurrente ingresó a lista de espera para realizarle una cirugía en el Servicio de Cirugía del Hospital Escalante Pradilla (ver informe rendido y la prueba aportada).
  4. El 27 de setiembre de 2021, se notificó la resolución de curso a la autoridad recurrida (ver acta de notificación).
  5. Con ocasión de la interposición del presente recurso, a la recurrente se le programó el procedimiento quirúrgico requerido para el 08 de diciembre de 2021 en el Servicio de Cirugía del Hospital Escalante Pradilla (ver informe rendido y la prueba aportada).
III.- Sobre el fondo. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal verifica la violación al derecho a la salud de la recurrente. Lo anterior, porque en el informe rendido por el representante de la autoridad recurrida -que se tiene por dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto, ha sido debidamente acreditado que el 20 de agosto de 2020, la recurrente fue intervenida en el Servicio de Cirugía del Hospital Escalante Pradilla, por el Dr. J.L.L.M. código 4804, quien le practicó una Artroscopia, el cual es un procedimiento tanto de diagnóstico - dado que permite la visualización directa de la articulación como sus componentes internos - como terapéuticas. Así, de esa artroscopia realizada se constató, en la transoperatoria, la ruptura de Ligamento Cruzado Anterior, y es en este momento en que se determina la ruptura de los ligamentos y los meniscos. Posteriormente, el 30 de setiembre de 2020, la recurrente fue valorada en el Servicio de Cirugía del Hospital Escalante Pradilla, por el Dr. José Luis López Mendoza código 4804, quien realizó boleta de inscripción a lista de espera para “PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR”. Así, el 01 de octubre de 2020, la recurrente ingresó a lista de espera para realizarle una cirugía en el Servicio de Cirugía del Hospital Escalante Pradilla.
En este sentido, se constata que la recurrente tiene de estar esperando su cirugía aproximadamente 01 año, lo cual es un plazo desproporcionado, máxime si la paciente presenta dolor. En virtud de ello, se acredita la lesión a su derecho a la salud de la recurrente, pues si bien es cierto, esta S. comprende la necesidad de priorizar los asuntos en los centros médicos, de modo que las situaciones que impliquen un mayor riesgo sean atendidas con prontitud, es deber de la Caja Costarricense de Seguro Social, resguardar de forma efectiva el derecho a la salud de toda persona, lo que incluye la obligación de prestar, de manera oportuna y diligente, la atención especializada y el tratamiento médico que necesitan sus pacientes, incluyendo las soluciones quirúrgicas; por lo que mantener en lista de espera en estado de incertidumbre a un paciente sin una fecha cierta para la realización del procedimiento conlleva una violación a su derecho a la salud. Así, considera esta S. que la espera en la que la autoridad pretende mantener a la recurrente para realizarle la cirugía que requiere, constituye una violación al derecho a la salud, consagrado en el numeral 21 de la Constitución Política. De tal forma, al acreditarse la violación al derecho a la salud en los términos dichos, el recurso debe ser declarado con lugar.
Ahora bien, se constata que, con ocasión de la interposición del presente recurso, a la recurrente se le programó el procedimiento quirúrgico requerido para el 08 de diciembre de 2021 en el Servicio de Cirugía del Hospital Escalante Pradilla. En este sentido, lo que corresponde es declarar con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, según las indicaciones de la parte dispositiva.
IV.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la ley de la jurisdicción constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la S. considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.
V.- Voto salvado parcial del Magistrado S.A., únicamente en relación con la no condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida. Si bien coincido con el resto de la S. en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.
La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:
“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:
“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.
En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la S. ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la S. haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.
Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la S., aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la S., implica una “terminación anormal del proceso”.
El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta S. puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.
En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.
VI.- Voto salvado parcial de la Magistrada G.V.. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.
Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Si el derecho ha sido violado y la S. así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.
Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la S. condene en costas, aún cuando el derecho haya sido restituido.
En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.
VII.- Documentación aportada al expediente . Se previene a la parte que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 de 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 de 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se ordena a J.S.C., en su condición de directora general, y R.G.G., en su condición de jefe del Servicio de Ortopedia y Cirugía, ambos del Hospital Escalante Pradilla, o a quienes ocupen esos cargos, que dicte las órdenes necesarias para que, efectivamente, a la recurrente se le realice la cirugía que en ese centro médico el próximo 08 de diciembre de 2021, tal y como se informó bajo juramento; lo anterior siempre y cuando sea posible, según el criterio de su médico tratante y tomando en cuenta los factores de riesgo que pueda presentar la recurrente y, de acuerdo con la reorganización del servicio decretada por la emergencia hospitalaria con ocasión de la epidemia de coronavirus (COVID-19). En caso de que no sea posible cumplir con lo anterior, en atención a las razones mencionadas, deberán adoptarse las medidas del caso para que la orden dada sea acatada dentro del plazo otorgado por este pronunciamiento, luego de superada la epidemia de coronavirus, siempre y cuando no exista posibilidad de hacerlo antes. Lo anterior, bajo la prevención que, de conformidad con el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se les impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. El Magistrado S.A. salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada G.V. salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas. N..


Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Luis Fdo. S.zar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Marta Eugenia Esquivel R.
Mauricio Chacón J.



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