Sentencia Nº 2021023034 de Sala Constitucional, 15-10-2021

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente21-018367-0007-CO
Número de sentencia2021023034
Fecha15 Octubre 2021

*210183670007CO*

Exp: 21-018367-0007-CO

Res. Nº 2021023034


SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas quince minutos del quince de octubre de dos mil veintiuno .

Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001] ; contra la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALIANZA DE P.Z., R.L.
Resultando:

1.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 19:08 horas del 16 de setiembre de 2021, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza de Pérez Zeledón R.L. Manifiesta que el 29 de enero de 2021, sin previa autorización, la recurrida le rebajó de su salario la suma de cinco mil colones por concepto de capital social. Posteriormente continuaron los rebajos de salario hasta llegar a treinta mil colones. Ante lo ocurrido solicitó las explicaciones del caso y solo se le respondió que eso lo hace el sistema automáticamente. Acusa que ya él había renunciado a la organización recurrida, por lo que no desea ni pretende permitir que se le cobre monto alguno por concepto de capital social y más bien desea que se le devuelva la suma que ha acumulado por dicha razón, lo cual no había ocurrido a la fecha de la interposición del recurso. Pide que se ordene la devolución de los dineros cobrados y retenidos de forma indebida. Solicita que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley.

2.- Mediante resolución de Presidencia de las 20:09 horas del 17 de setiembre de 2021, se dio curso al proceso.

3.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 16:43 horas del 30 de setiembre de 2021, contesta la audiencia F.M.M., en su condición de G. General de Coopealianza R.L, que el recurrente presentó su renuncia como asociado a la cooperativa y la misma fue aprobada y registrada el día 28 de abril del 2020; sin embargo, al tener el recurrente una operación de crédito activa, al momento en el que se aplique un abono al crédito el sistema automáticamente procede aplicar el monto correspondiente para la aplicación al capital social. Manifiesta que, por un aspecto de procedimiento de aplicación de abonos al crédito, se aplicaron en fechas 29 de enero del 2021 y 29 de julio del 2021, la suma total de treinta mil colones, los cuales fueron considerados por el sistema como abono al capital social del recurrente; sin embargo, siendo que para esas fechas ya la renuncia del recurrente como asociado a la cooperativa había sido aprobada y registrada, se procedió el 27 de setiembre del 2021 a trasladar el monto indicado a su cuenta personal de ahorro a la vista, los cuales fueron retirados por el recurrente el mismo día. Indica que el recurrente solicitó la exclusión del pago de su crédito por medio del sistema planilla, por cuanto para el mes en curso ya no habrá ingreso de planilla por parte del recurrente, por ende, no existirán más rebajos por concepto de capital social. Señala que también fue corregido el procedimiento de aplicación de la cuota de crédito, de manera que cuando el recurrente cancele por cajas la cuota del crédito pendiente, no se aplicará ningún aporte de capital social. Afirma que se procedió a reintegrar el dinero aplicado a su capital social posterior a la aprobación de la renuncia, razón por la cual ya no existe interés. Sostiene que ya se realizó la corrección al sistema y, en adelante, no se aplicará suma alguna al capital social del recurrente en razón de su renuncia. Explica que mediante oficio N° GG-2025-2021 emitido en fecha 22 de junio de 2021, se le orientó al recurrente respecto a su desafiliación y la entrega del capital social. Alega que queda aún pendiente un saldo por pagar, de manera que el recurrente y deudor debe seguir pagando esas obligaciones hasta su extinción. Aduce que el amparado sigue presentando una obligación crediticia personal para con COOPEALIANZA R.L., dado que hoy el recurrente presenta una operación con un saldo de más de nueve millones de colones. Menciona que COOPEALIANZA R.L. tiene claro que no es la cooperativa quien dispone quién puede o no retirarse de ella, sino que eso es una facultad del asociado, pero eso es independiente de la obligación de crédito adquirida. Solicita a la S. que declare sin lugar el recurso.
4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado S.A.; y,

Considerando:

I.- Admisibilidad del recurso. Tratándose de acciones de amparo dirigidas contra sujetos privados, como es aquí el caso, la S. ha sido clara al decir: "Por su excepcional naturaleza, el trámite ordinario de los recursos de amparo contra sujetos de derecho privado exige comenzar por examinar si, en la especie, estamos o no ante alguno de los supuestos que lo hacen admisible, para –posteriormente y en caso afirmativo– dilucidar si es estimable o no" (Sentencia N° 1997-000151 de las quince horas y veintisiete minutos del ocho de enero de mil novecientos noventa y siete). Establece el artículo 57, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que esta clase de demandas se conceden contra las acciones u omisiones de sujetos de derecho privado cuando estos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o se encuentren, de derecho o de hecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o libertades fundamentales a que se refiere el artículo 2, inciso a) de la misma Ley. En el caso bajo examen, considera la S. que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza de P.Z. R.L. podría estar actuando desde una posición de poder, de hecho o de derecho, frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resultarían claramente insuficientes, motivo por el cual se estima que el recurso que nos ocupa sí es admisible, procediendo de inmediato a resolver el fondo del asunto.
II.- Objeto del recurso. La parte recurrente alega que el 29 de enero de 2021, sin previa autorización, la cooperativa recurrida le rebajó de su salario cierta suma de dinero por concepto de capital social. Posteriormente continuaron los rebajos de salario, pese a que ya él había renunciado a la organización recurrida. Aclara que no desea que se le cobre monto alguno por concepto de capital social y más bien desea que se le devuelva la suma que ha acumulado por dicho concepto.
III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
  1. El recurrente presentó su renuncia como asociado a la cooperativa accionada y la misma fue aprobada y registrada el día 28 de abril del 2020 (ver contestación del recurrido y prueba aportada).

  2. Al momento de la renuncia, el recurrente tenía una operación de crédito activa, de manera que cuando se aplica un abono al crédito, el sistema automáticamente procedía a aplicar el monto correspondiente para capital social (ver contestación del recurrido y prueba aportada).

  3. En fechas 29 de enero del 2021 y 29 de julio del 2021 se aplicó una suma de dinero como abono al capital social del recurrente, por parte del sistema informático (ver contestación del recurrido y prueba aportada).

  4. Visto que para esas fechas ya la renuncia del recurrente como asociado a la cooperativa había sido aprobada y registrada, se procedió el 27 de setiembre del 2021 a trasladar el monto indicado a su cuenta personal de ahorro a la vista, los cuales fueron retirados por el recurrente el mismo día (ver contestación del recurrido y prueba aportada).

  5. La resolución de curso de este amparo le fue notificada a la autoridad accionada en fecha 24 de setiembre de 2021 (ver acta de notificación).

IV.- Sobre la libertad de asociación. En un Estado Social y Democrático de Derecho, la libertad no se concibe solo como el reconocimiento de una esfera irreductible de autonomía de los ciudadanos, sino, además, como una actividad que permite la participación activa de todos los ciudadanos en la vida comunitaria. Dentro de esta categoría se encuentra el artículo 25, de la Constitución Política, que dispone: “Los habitantes de la República tienen derecho de asociarse para fines lícitos. Nadie podrá ser obligado a formar parte de asociación alguna”. El contenido esencial de esta libertad puede manifestarse mediante la llamada libertad positiva de fundar y participar en asociaciones o de adherirse y pertenecer a ellas, así como en el ejercicio negativo de la libertad, en virtud del cual no es posible obligar a ninguna persona a formar parte de asociaciones ni a permanecer en ellas. Esta libertad ha sido incorporada por el cooperativismo como uno de sus principios fundamentales, no siendo Costa Rica la excepción en la materia, al punto que el artículo 3º, inciso a), de la Ley de Asociaciones Cooperativas, instituyó la libre adhesión y retiro voluntario de los asociados. Ahora bien, este Tribunal Constitucional ha señalado en reiteradas ocasiones que esta libertad pública no se limita a la protección del derecho de organización, sino de todos los derivados de ese principal o necesarios para su adecuado ejercicio de estatus de asociado en condiciones de igualdad (en este sentido, ver Sentencia N° 1995-004431 de las 10:03 horas del 11 de agosto 1995, reiterada recientemente en la N° 2021-007470, de las 09:15 horas del 16 de abril de 2021).
V.- Sobre el caso concreto. En la especie, luego del análisis de los autos, la S. estima que sí existe mérito suficiente para acoger parcialmente el presente recurso, solo para efectos indemnizatorios. Como puede verificarse del elenco de hechos probados, el recurrente presentó su renuncia como asociado a la cooperativa accionada y la misma fue aprobada y registrada el día 28 de abril del 2020. Sin embargo, al momento de la renuncia, el recurrente tenía una operación de crédito activa, de manera que cuando se aplica un abono al crédito, el sistema automáticamente procedía a aplicar el monto correspondiente para capital social, pese a que el amparado ya no era asociado de la cooperativa, esto por una falla del sistema informático, según explicó el recurrido. Se tiene que en fechas 29 de enero del 2021 y 29 de julio del 2021 se aplicó una suma de dinero como abono al capital social del recurrente, por parte del sistema informático, pese a que ya no pertenecía a la cooperativa. Visto que para esas fechas ya la renuncia del recurrente como asociado a la cooperativa había sido aprobada y registrada, se procedió el 27 de setiembre del 2021 a trasladar el monto indicado a su cuenta personal de ahorro a la vista, los cuales fueron retirados por el recurrente el mismo día. Sin embargo, visto que la resolución de curso de este amparo le fue notificada a la autoridad accionada en fecha 24 de setiembre de 2021, es claro que la corrección de la situación denunciada por el amparado en este asunto (27 de setiembre de 2021), fue efectuada en virtud de este proceso. Por ende, lo que corresponde es acoger parcialmente el amparo, solo para efectos indemnizatorios. Finalmente, es preciso aclararle al promovente que lo relativo a la devolución de las sumas por capital social, en virtud de su renuncia a la cooperativa, deberá gestionarlo ante la cooperativa accionada, o bien, tramitarlo en la vía de la legalidad, por no ser un aspecto que pueda ser conocido por este Tribunal.

VI.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios en el caso concreto. Por las razones ampliamente expuestas en las sentencias correspondientes, es criterio de mayoría de esta S. que cuando la declaratoria con lugar de un recurso de amparo obedezca a la aplicación del primer párrafo del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sea, porque habiéndose notificado la resolución de curso del amparo se revoque, suspenda o detenga la actuación impugnada, dicha estimatoria lo debe ser sin especial condena en daños y perjuicios. Sin embargo, bajo una mejor ponderación y como tesis de excepción, debe señalarse que cuanto el recurso de amparo verse de forma concreta sobre una situación patrimonial directa y estrictamente relacionada con la protección de derechos pecuniarios –sea la omisión de pago del salario o de las prestaciones que por derecho le corresponda a la persona interesada- sí procede la plena aplicación de la estimatoria del recurso de amparo, incluso con la correspondiente condena en costas, daños y perjuicios, por cuanto dicha condenatoria se erige en garantía de que lo adeudado podrá ser honrado por la administración –de oficio o a gestión de parte- con la debida actualización o indexación que corresponda fijar en el ámbito de la legalidad ordinaria, en el correspondiente proceso de ejecución de la sentencia constitucional estimatoria. Es por esta razón, que en el caso bajo estudio sí resulta procedente la condenatoria en costas, daños y perjuicios.

VII.- Razones diferentes del Magistrado S.A., en relación con la condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida. Coincido con el resto de la S. en declarar con lugar el recurso, pero difiero en cuanto a las razones que aduce la mayoría del Tribunal para condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

El artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la S. ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la S. haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la S., aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que implica una “terminación anormal del proceso”.

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta S. puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios.

VIII.- Razones diferentes de la Magistrada G.V.. En términos generales, cuando la S. por mayoría declara con lugar un recurso de amparo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, al tenor del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), he salvado parcialmente mi voto. Lo anterior, porque el artículo 52 de la LJC dice:

“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “ resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “ si fueren procedentes” se refiere a las costas.
Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.
Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Si el derecho ha sido violado y la S. así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.
Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la S. condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.
En síntesis, mi posición es que en los recursos de amparo declarados con lugar de conformidad con el artículo 52 de la LJC procede siempre la condenatoria en abstracto de los daños y perjuicios. En lo que respecta a las costas, la misma norma faculta a la S. a determinar –cuando lo considere justo- la procedencia de las mismas.

En consecuencia, concurro con la parte dispositiva de esta sentencia, al declarar con lugar el recurso de amparo por la condenatoria en daños y perjuicios, y en atención a las características del presente asunto estimo que también corresponde la condenatoria en costas.

IX.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por Tanto:

Se declara parcialmente con lugar el recurso, solo por el rebajo por concepto de capital social pese a existir renuncia a la cooperativa. Se condena a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza de P.Z. R.L. al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a la presente declaratoria, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia de lo civil. Respecto a los demás extremos, se declara sin lugar el recurso. El Magistrado S.A. da razones diferentes en cuanto a la condenatoria en daños, perjuicios y costas a la parte recurrida, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50, 51 y 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. La Magistrada G.V. da razones diferentes en cuanto a la condenatoria en costas, daños y perjuicios. N..-


Fernando Castillo V.
Presidente
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. S.zar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Marta Eugenia Esquivel R.
Alejandro Delgado F.



Documento Firmado Digitalmente

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