Sentencia Nº 2021023644 de Sala Constitucional, 22-10-2021

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha22 Octubre 2021
Número de sentencia2021023644
Número de expediente21-018000-0007-CO

*210180000007CO*

Exp: 21-018000-0007-CO

Res. Nº 2021023644


SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas quince minutos del veintidos de octubre de dos mil veintiuno .

Recurso de amparo que se tramita en expediente N° 21-018000-0007-CO interpuesto por [Nombre 001], contra el MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ.
Resultando:
1.- Por escrito incorporado al expediente electrónico a las 16:53 horas del 10 de septiembre 2021, el recurrente interpone recurso de amparo contra el Ministerio de Justicia y Paz, y manifiesta en resumen que se encuentra privado de libertad en el Centro de Atención Institucional J.A.M.C., propiamente, en el pabellón C-2. Advierte que los privados de libertad tienen problemas con el techo del espacio que tiene ese pabellón para caminar, debido a que se deben de cambiar al menos veinte láminas de zinc. Indica que debido a esa situación, cuando llueve el lugar se moja e inunda y, por ende, se torna peligroso para desplazarse. Agrega que ese es el único sitio que tienen para caminar cuando llueve, para hacer ejercicio, ejercer la artesanía y tender la ropa. Aduce que en el lugar ni siquiera se han colocado tomacorrientes, lo que les impide utilizar implementos electrónicos para escuchar música. Tampoco hay luz, por lo cual estima que se deberían colocar fluorescentes. Comenta que esta situación es de conocimiento de las autoridades penitenciarias, quienes pese a sus reclamos, no han hecho nada por solucionar su problema. Solicita se declare con lugar el recurso.
2.- Mediante resolución de las 12:23 horas del 14 de septiembre de 2021, se dio curso al presente recurso de amparo y se solicitó informe a la Ministra de Justicia y Paz y a la D. General del Centro de Atención Institucional J.A.M.C..
3.- Informa bajo juramento M.G.O. en su condición de D. General a.i. del Centro de Atención Institucional J.A.M.C., y manifiesta en resumen que, el amparado se encuentra en el centro penitenciario recurrido, en el ámbito C, módulo C-2, dormitorio 1, descuenta una sentencia de treinta y cuatro años y seis meses de prisión por el delito de homicidio calificado tentativa. Señala, que según se desprende del oficio N° ACC-2610-2021 del 15 de septiembre de 2021, suscrito por el Supervisor del Ámbito de Convivencia C de ese centro, se procedió a informarle al Director del Ámbito, que se reunió el viernes 10 de septiembre de 2021, con los representantes de los módulos C-2 y C-1 (pues éste último presenta una situación similar) y se pone en conocimiento al Área de Mantenimiento para la respectiva valoración. Así las cosas, el 15 de septiembre de 2021, se apersonaron los funcionarios Alexander Venegas Araya de ese departamento, y los ingenieros A.U.R. y C.C.S., con el fin de verificar el daño e informan que van a proceder a facilitar los materiales que correspondan para cambiar ciertas láminas de zinc en un plazo aproximado de ocho días. En cuanto a los tomacorrientes, indica que la instalación eléctrica del ámbito no está preparada para soportar más carga eléctrica, pues afectaría las lámparas, entorpeciendo la labor de seguridad, sobre todo en horas de la noche, no obstante, los radios y otros implementos electrónicos funcionan también con baterías, en la mayoría de los casos. En cuanto a que el pasillo no está iluminado, es por cuanto el acceso a ese espacio tiene un horario de las 06:00 horas a las 17:00 horas, por tanto no es necesaria su iluminación. Señala que, en cuanto a la sustitución de las láminas de zinc, dicha labor se estuvo ejecutando semanas atrás, sin embargo, los trabajos se tuvieron que suspender en razón de que aparecieron varios casos positivos por COVID-19 en el módulo C-2 del Ámbito de Convivencia C, siendo que el Ministerio de Salud emitió una orden sanitaria, lo que provocó un retraso en la continuidad de la obra, sin embargo, los mismos se retomarán nuevamente con el fin de finalizar la obra y subsanar la necesidad de la población privada de libertad. Aunado a lo anterior, el nuevo material es de recién ingreso, siendo que la compra del mismo se ejecutó bajo los lineamientos de la Ley de Contratación Administrativa y bajo una serie de procedimientos, mismos que se desarrollan en un periodo de tiempo e ingresan a lo largo del año. En lo que se refiere a que cuando llueve, el lugar se moja e inunda y, por ende, se torna peligroso para hacer ejercicio, ejercer la artesanía y tender la ropa, no lleva razón el amparado, pues en los dormitorios de la población penal de ese ámbito se pueden realizar las artesanías y hacer ejercicio cardio si estuviera lloviendo, aunado al hecho de que los privados de libertad cuentan con salidas a la plaza de fútbol dos veces por semana como mínimo, con el fin de ejercitarse. Únicamente en cuanto al tendido de ropa sí se dificulta por la lluvia, pero como se indicó líneas atrás, este espacio será techado a más tardar en el plazo de ocho días hábiles, tomando en consideración los factores climáticos que pudiesen afectar el proceso de dicha labor. Menciona, que cuando existe algún desperfecto o carencia, cada ámbito cuenta con una cuadrilla de mantenimiento que realiza las separaciones que se requieran para cubrir dichas necesidades, siendo que se cuenta con la colaboración de diez privados de libertad que laboran con incentivo económico, las cuales tienen a su cargo, conjuntamente y bajo la vigilancia de dos funcionarios administrativos, velar por atender cualquier situación que se presente y estar al tanto de las mejores de infraestructura que se requieran, esto bajo la supervisión del Departamento de Arquitectura del Ministerio de Justicia y Paz. Solicita se declare sin lugar el recurso.
4.- Informa bajo juramento F.S.R. en su condición de Ministra de Justicia y Paz, y manifiesta en resumen que, la problemática que motivó la interposición de la presente gestión, fue atendida a través de una reunión sostenida por parte del señor S.A.B., director de ese ámbito de interacción carcelaria, el pasado 10 de setiembre, junto a los representantes de los pabellones C-1 y C2, acordando que se trasladaría la situación al departamento de Mantenimiento para que se coordinen las reparaciones pertinentes, siendo que el 15 de setiembre anterior los funcionarios de esa instancia verificaron los daños en la infraestructura del techo, disponiendo suministrar las láminas de zinc para el remplazo de las dañadas, y con ello subsanar los derrames de agua, lo cual se tardaría en promedio ocho días para brindar la solución definitiva al problema; añade además en relación con la colocación de tomacorrientes, que la instalación eléctrica de ese ámbito no podría soportar abastecer más implementos electrónicos, lo cual de hacerse vendría a obstaculizar el desempeño de las lámparas de vigilancia, aunado a que los radios en la mayoría de casos funcionan con corriente suministrada por baterías y para las labores de barbería se les facilita una extensión, que custodia el guarda. Ahora bien, en cuanto a la iluminación del pasillo alegado por el accionante, refieren que esta no es necesaria, toda vez que el horario para uso de esas instalaciones está comprendido de las seis horas a las diecisiete horas, por lo cual, es iluminado de forma natural; reitera esa representación que la colocación de láminas de zinc que estaban siendo remplazadas, se estaba llevando a cabo días atrás, no obstante debió suspenderse temporalmente ante el surgimiento de algunos casos positivos por el virus Sars-Cov2 en el pabellón convivencial C-2, que conllevó abstenerse de cualquier obra y acatar el aislamiento contemplado en una orden sanitaria emitida para ese espacio, sin embargo ya están siendo retomadas las obras. Considera, que no es de recibo el escenario planteado en el sentido que es el único lugar donde los administrados pueden accesar a actividades recreativas o bien confección de artesanías, toda vez que en sus respectivos dormitorios cuentan con zonas que pueden utilizar para esos efectos, sumado a que constantemente son egresados para practicar deporte en la plaza de fútbol del reclusorio en mención, como mínimo dos veces por semana, siendo que su afectación es únicamente para efectos de tender ropa en caso que llueva, sin embargo, como ya se explicó se prevé que las obras estén finalizadas en aproximadamente ocho días, contemplando las condiciones climatológicas que puedan limitar la posibilidad de ejecutarlas. Por otra parte, añade esa instancia que cada ámbito de convivencia cuenta con su propia cuadrilla de mantenimiento, en su condición de privados de libertad se les otorga un incentivo económico al colaborar y solucionar las eventuales afectaciones que se suscitan, siendo los encargados de velar por la infraestructura bajo supervisión de personeros administrativos pertenecientes al departamento de Arquitectura. Concordante con lo hasta ahora expuesto, la señora M.C.J., jefa del departamento de Arquitectura, añadió a través del oficio ARQ-0761-2021 fechado 14 de setiembre de 2021, que el material que se requiere para efectuar las labores de remplazo fue solicitado a las bodegas, el cual es de ingreso reciente, recordando que la adquisición de este tipo de artículos están sujetos a los parámetros contemplados en la Ley de Contratación Administrativa, que conllevan una serie de trámites que impiden su accionar de manera inmediata. Señala, que si bien es cierto existe una afectación en la infraestructura de los techos del pasillo del pabellón C-2 donde se alberga el tutelado, situación que es de conocimiento del personal policial y administrativo, estos ya llevaron a cabo las coordinaciones para solucionar el problema, incluso ya se había intervenido con anterioridad y se vio limitada la capacidad de acción por encontrarse vigente una orden sanitaria para ese espacio, teniéndose previsto una solución en un período de ocho días hábiles como ya se explicó, y no está de más recordar que la llegada de la pandemia por el virus Sars-Cov2 llevó a una serie de medidas aplicadas al aparato gubernamental que han limitado el recurso económico existente, y es por ello que debe analizar y gestionar de manera objetiva cada aplicación de presupuesto que se requiera, no obstante, en todo momento se ha actuado en procura de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y condiciones mínimas para la estancia carcelaria de los administrados. Solicita se declare sin lugar el recurso.

5.- Por constancia de fecha 15 de octubre de 2021, se hace constar que en llamada telefónica realizada por la Técnica Judicial encargada del trámite del expediente, el señor S.A.B., en su condición de Director del Ámbito C del Centro de Atención Institucional J.A.M.C., manifestó que, durante la semana del 5 de octubre de 2021, se realizó la sustitución de las latas de zinc en el techo del módulo C-2, que se encontraban en mal estado.

6.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado A.G.; y,

Considerando:
I.- Objeto del recurso. El recurrente, privado de libertad en el Centro de Atención Institucional J.A.M.C., acude ante esta S. alegando las siguientes situaciones: 1) el techo del pabellón C-2 requiere el cambio de, al menos, veinte láminas de zinc, pues cuando llueve el lugar se moja y se inunda, y no se puede caminar, hacer ejercicio, hacer artesanías y tender la ropa, 2) en el lugar no hay tomacorrientes, lo que les impide utilizar implementos electrónicos para escuchar música, y; 3) no hay luz, por lo cual estima que se deberían colocar fluorescentes. Comenta que esta situación es de conocimiento de las autoridades penitenciarias, quienes pese a sus reclamos, no han hecho nada por solucionar su problema. Solicita la intervención de la S..
II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos de relevancia:
  1. El amparado se encuentra privado de libertad en el pabellón C-2, ámbito C, del Centro de Atención J.A.M.C. (véase informes y pruebas aportadas).
  2. El 10 de septiembre de 2021, el supervisor del Ámbito de Convivencia C se reunió con los representantes de los módulos C-1 y C-2, y se puso en conocimiento al Área de Mantenimiento para la respectiva valoración de los problemas alegados (véanse informes y pruebas aportadas).
  3. La resolución de curso del presente asunto fue notificada a las autoridades recurridas el 14 de septiembre de 2021 (véanse los autos)
  4. El 15 de septiembre de 2021, los funcionarios Alexander Venegas Araya, A.U.R. y C.C.S. realizaron una revisión en el módulo C-2, con el fin de verificar el daño, e informaron que facilitarían los materiales que correspondan para cambiar ciertas láminas de zinc en un plazo aproximado de ocho días (véanse informes y pruebas aportadas).
  5. Las autoridades penitenciarias iniciaron los trabajos de techado; sin embargo, fueron suspendidos en razón de que aparecieron varios casos positivos por COVID-19 en el módulo C-2 (véanse informes y pruebas aportadas).
  6. En la semana del 5 de octubre de 2021, se realizó el cambio de las latas de zinc que se encontraban en mal estado, en el módulo C-2 (véase constancia de llamada telefónica).
  7. La instalación eléctrica del ámbito C no está preparada para soportar más carga eléctrica, por lo que no se pueden colocar toma corrientes (véanse informes y pruebas aportadas).
  8. El acceso al pasillo del módulo C-2 tiene un horario de las 06:00 horas a las 17:00 horas (véanse informes y pruebas aportadas).
III.- Sobre el caso concreto. En el caso bajo estudio, el recurrente -privado de libertad en el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro- acude ante esta S. alegando la violación de sus derechos fundamentales, debido al mal estado del módulo C-2 en cuanto a tres aspectos: la necesidad de cambiar las latas de zinc en el patio, la falta de toma corrientes y la ausencia de iluminación en el pasillo. Al respecto, la autoridad recurrida manifiesta que el 10 de septiembre de 2021, se sostuvo una reunión entre el supervisor del ámbito C y el representante del módulo C-2, a fin de conocer sus requerimientos. En dicha reunión, se determinó solicitar al Área de Mantenimiento del centro, que realizaran una visita y una valoración de los daños alegados, la cual se realizó el 15 de septiembre de 2021, y se determinó que se facilitarían las láminas de zinc para la reparación del techo, en un plazo de ocho días. Ahora bien, los trabajos de techado fueron suspendidos en razón de que aparecieron varios casos positivos por COVID-19 en el módulo C-2, de modo que, al levantarse la orden sanitaria, se retomaron las actividades de reparación del tejado, y en la semana del 5 de octubre se realizó la sustitución de todas las láminas de zinc que se encontraban en mal estado. Por otra parte, en cuanto a la falta de iluminación y toma corrientes alegada por el recurrente, las autoridades recurridas manifiestan que la instalación eléctrica del ámbito C no resiste la instalación de nuevos toma corrientes, sin embargo, los dispositivos para escuchar música pueden utilizar baterías, y en ocasiones, se les facilita una extensión que custodia el guarda de seguridad. Asimismo, los dormitorios poseen iluminación, y el pasillo no requiere la instalación de lámparas fluorescentes pues su acceso es permitido únicamente de 06:00 horas a 17:00 horas, por lo que es iluminado naturalmente. Ante ese panorama, el recurso deviene parcialmente procedente, únicamente por la omisión de las autoridades penitenciarias de reparar el techo en la zona del patio del módulo C-2. Sin embargo, siendo que estas obras fueron efectuadas el pasado 5 de octubre de 2021, con ocasión a la interposición del recurso de amparo se brindó una solución definitiva a la situación alegada por el recurrente, por lo que la declaratoria se realiza sin condenatoria en costas, daños y perjuicios, como se indica a continuación.
IV.- Nota de los Magistrados C.V., A.G. y E.R., con redacción del primero. Si bien no condenamos en daños y perjuicios y costas cuando se da el supuesto del artículo 52, párrafo primero, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, toda vez que esto solo es posible cuando fuere procedente, bajo una mejor ponderación, cuando se trata de privados de libertad, y dada su condición de vulnerabilidad en que se encuentran, consideramos que en estos casos sí se debe proceder a condenar a la entidad responsable de la vulneración del derecho fundamental en los extremos supra citados.
V.- Razones diferentes de la Magistrada H.L., sobre las consecuencias económicas derivadas de declarar con lugar este recurso. Coincido con la mayoría de la S. en la decisión tomada respecto de la existencia de una lesión a los derechos fundamentales en este caso, la cual ha sido corregida con ocasión de la intervención de la S.. No obstante, sostengo una posición particular en relación con el tema de las consecuencias económicas de esta sentencia, y es la siguiente:
La jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y hábeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes, enfrentadas por una disputa legal. Su objetivo es brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales de manera que no sean perturbados en su disfrute, o privados de ellos, por actos de quien, de hecho o de derecho, realiza ejercicios concretos de autoridad, capaces de vulnerarlos.
Esa vocación protectora de la jurisdicción constitucional se concreta en un diseño procesal también peculiar, célere y gratuito en donde se impone a la autoridad pública recurrida la simple rendición de “un informe” sobre lo actuado en el caso denunciado (artículos 43, 44, 45 y 46 de la LJC). Así que no se trata técnicamente de un litigio y acorde con ello, se entregan a la S. Constitucional amplios poderes para orientar el curso del proceso de amparo o de hábeas corpus, tanto respecto de la posibilidad de requerir información a otras autoridades sobre lo sucedido, como respecto del manejo amplio de la prueba que pueda servir para aclarar lo sucedido.
Ese marco procesal, de la jurisdicción de la libertad, donde no existen dos partes antagónicas enfrentadas de modo que lo que gane una lo pierda la otra, impone alejarnos de las soluciones que para estas últimas cuestiones han sido previstos en sistemas procesales como el civil, el contencioso o el laboral, y esto incluye naturalmente -y en lo que nos viene a interesar aquí- la forma de entender las reglas prescritas sobre las consecuencias económicas de tales procesos de amparo y habeas corpus, en caso de que se compruebe una violación a los derechos constitucionales, de manera tal que –ante el reconocimiento de una lesión parte de la S., exista una restauración del disfrute de tales derechos y además una efectiva indemnización de los daños y gastos ocasionados, como parte del derecho a una justicia efectiva en cuanto a la reparación de las consecuencias dañosas generadas por las autoridades que resulten infractoras.
En concordancia con lo anterior los artículos 49 y 50 de la Ley, fijan las potestades de la S. para que –en caso de que se acoja el amparo- se pueda lograr el efectivo restablecimiento del disfrute de los derechos fundamentales afectados o bien –en los casos extremos de imposibilidad de restablecimiento- la prevención de que no se vuelva a incurrir en los actos lesivos. Y es por eso que, en esa línea, el artículo 51 de ley establece que: “(a) demás de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso…”. Esta es la regla general con la que se debe operar en el ámbito indemnizatorio, cuando la S. ha tenido como comprobado el agravio en su decisión, y que se ampara en el concepto antes citado de una tutela efectiva de los derechos de las personas y en la noción de que la administración debe hacerse responsable por los daños y gastos que ocasione con su actuar inconstitucional.
Las dudas que han surgido tienen como base la disposición del artículo 51 de la ley que, en apariencia, contiene una excepción al sistema general recién descrito; sin embargo, una lectura apegada al texto legal, y bajo el prisma de la especialidad de la jurisdicción constitucional apuntan a la inexistencia de tal excepción; en efecto, el artículo citado recoge un caso distinto, en donde el Tribunal Constitucional no ha alcanzado una convicción sobre la existencia de alguna lesión, como se expresa claramente cuando se dice que: “si estando en curso el amparo, se dictare resolución administrativa o judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas si fueren procedentes.
La mención de una “resolución administrativa o judicial” debe llevarnos a entender que: a) se trata, por una parte, de situaciones en donde una autoridad distinta de la autora del agravio, interviene en el caso para revertir los efectos jurídicos de la actuación discutida; y b), que tal intervención se realiza previamente a que la S. conozca el fondo del asunto y, por tanto, no se emitirá en el proceso una valoración de fondo de los elementos de convicción existentes. Simplemente, la S. constataría en tal caso la existencia de la citada resolución (administrativa o judicial emitida por una autoridad diferente de la autora del agravio) y declararía con lugar el recurso, no por hallar de hecho alguna violación sino por mero imperativo legal y valorando apropiadamente la oportunidad de una condenatoria en daños perjuicios y costas.
Esta es la solución interpretativa que resulta más coherente con el artículo 50 de la Ley, en donde sí se regula de forma expresa el caso en que la S. -al momento de valorar el caso y dictar sentencia- se encuentra con que ya han “cesado los efectos del acto impugnado”, situación que –para poder distinguirla cabalmente del caso del artículo 52 de la LJC- debe entenderse que alude al supuesto de que la propia autoridad recurrida es quien ha hecho cesar los efectos del acto impugnado. En este supuesto, tal y como lo ordenan los numerales 50 y 51 de la LJC, el recurso debe acogerse, disponiendo a la vez la condenatoria en daños, perjuicios y costas.
En este caso, puede afirmarse que la S. ha valorado los elementos de juicio existentes y concluido la existencia de una lesión a derechos fundamentales, cuyos efectos nocivos han cesado al momento del pronunciamiento por la intervención de la autoridad recurrida, de modo que lo procedente es aplicar la doctrina de los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, excluyendo lo dispuesto en el artículo 52 por no corresponder su presupuesto de hecho al que se presenta en este proceso.
VI.- Razones diferentes del Magistrado S.A., en relación con la condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida. Coincido con el resto de la S. en declarar con lugar el recurso, pero difiero en cuanto a las razones que aduce la mayoría del Tribunal para condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.
La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:
Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:
...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.
El artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la S. ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la S. haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.
Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la S., aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que implica una “terminación anormal del proceso”.
El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta S. puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios.

VII.- Razones diferentes de la Magistrada G.V.. En términos generales, cuando la S. por mayoría declara con lugar un recurso de amparo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, al tenor del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), he salvado parcialmente mi voto. Lo anterior, porque el artículo 52 de la LJC dice:

“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “ resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “ si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la S. así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la S. condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.

En síntesis, mi posición es que en los recursos de amparo declarados con lugar de conformidad con el artículo 52 de la LJC procede siempre la condenatoria en abstracto de los daños y perjuicios. En lo que respecta a las costas, la misma norma faculta a la S. a determinar –cuando lo considere justo- la procedencia de las mismas.

En consecuencia, concurro con la parte dispositiva de esta sentencia, al declarar con lugar el recurso de amparo por la condenatoria en daños y perjuicios, y en atención a las características del presente asunto estimo que también corresponde la condenatoria en costas.
VIII.- Voto salvado parcial del Magistrado Rueda Leal respecto a la condenatoria en costas, daños, perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la ley de la jurisdicción constitucional. Tal como lo he venido considerando anteriormente (véase, verbigracia, sentencias n.°s 2019009616 de las 9:30 horas del 28 de mayo de 2019, 2019011535 de las 10:20 horas del 25 de junio de 2019, 2019013735 de las 9:20 horas del 24 de julio de 2019, 2019014142 de las 9:50 horas del 30 de julio de 2019, 2019017370 de las 9:20 horas del 11 de setiembre de 2019, 2019018433 de las 9:30 horas del 24 de setiembre de 2019, 2019018393 de las 9:30 horas del 24 de setiembre de 2019, 2019025098 de las 10:45 horas del 17 de diciembre de 2019, 2019025386 de las 10:45 horas del 20 de diciembre de 2019 y 2020003230 de las 10:05 horas del 18 de febrero de 2020), estimo que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“ Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria del sub lite debe ser sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “ únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la referida ley indica “ si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como el sub examine , el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia” , donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, estimo que lo procedente es resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.
IX.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. En la especie, la parte recurrente plantea varios reclamos, entre ellos, que en el pabellón C-2 del CAI J.A.M.C. se requiere efectuar un cambio de 20 latas de zinc, puesto que cuando lleve ese lugar se inunda, lo que ha provocado caídas de personas privadas de libertad e impide tener la ropa y hacer ejercicio. Acusa que en ese lugar no hay tomacorrientes para conectar implementos eléctricos y que no hay iluminación.
Visto lo anterior, cabe advertir que desde las sentencias n.os 1998001611 y 1998003646, este Tribunal estableció que el Código Procesal Penal actual derogó las disposiciones anteriores relacionadas con la ejecución de la pena y confirió amplias facultades a los jueces de ejecución de la pena. Efectivamente, el Código Procesal Penal plasma una clara judicialización del proceso de ejecución de la pena, consecuente con el artículo 153 de la Constitución Política donde se establece:
“Corresponde al Poder Judicial, además de las funciones que esta Constitución le señala, conocer de las causas civiles, penales, comerciales, de trabajo y contencioso-administrativas, así como de las otras que establezca la ley, cualquiera que sea su naturaleza y la calidad de las personas que intervengan; resolver definitivamente sobre ellas y ejecutar las resoluciones que pronuncie, con la ayuda de la fuerza pública si fuere necesario” (el destacado no corresponde al original)
Así, el juez de ejecución de la pena, en la última legislación, fue creado para ejercer controles formales y sustanciales en la ejecución penitenciaria. Esto representa un salto cualitativo con respecto a la legislación anterior, pues, anteriormente, el juez ejecutor tenía funciones muy reducidas y limitadas. En la actualidad, el juez ejecutor formalmente debe ocuparse de todos aquellos aspectos que tienen que ver con el cómputo del plazo de la pena y sustancialmente debe controlar, entre otros, la eficacia de la pena en relación con sus finalidades, el respeto a los derechos fundamentales de los condenados, las sanciones disciplinarias que se imponen en el centro penal, etc... Conforme al numeral 482 del Código Procesal Penal, es competencia del Juez Ejecución de la Pena el mantener, sustituir, modificar o hacer cesar la pena y las medidas de seguridad, así como las condiciones de su cumplimiento; visitar los centros de reclusión, por lo menos una vez cada seis meses, con el fin de constatar el respeto de los derechos fundamentales y penitenciarios de los internos, y ordenar las medidas correctivas que se estimen convenientes; resolver con aplicación del procedimiento previsto para los incidentes de ejecución, las peticiones o quejas que los internos formulen en relación con el régimen y el tratamiento penitenciario en cuanto afecten sus derechos; resolver por vía de recurso las reclamaciones que formulen los internos sobre sanciones disciplinarias; y aprobar las sanciones de aislamiento por más de cuarenta y ocho horas en celdas. Esto se da en el marco de un procedimiento jurisdiccional de tipo sumario, informal y célere, como lo estatuyen los artículos 478 y 482 del Código Procesal Penal, de manera que queda plenamente resguardado el mandato convencional a la protección judicial (Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.”).
De ahí que el numeral 482 del Código Procesal Penal le otorga amplias atribuciones a los jueces de ejecución, quienes únicamente se encuentran sometidos a la ley, en sentido amplio, los tratados internacionales y la Constitución Política. En consecuencia, en lo atinente a la materia propia de la ejecución de la pena, las autoridades administrativas se encuentran supeditadas a lo que decidan los jueces de ejecución de la pena y son estos, en su condición de operadores de justicia, los primeros llamados a resolver las gestiones de los privados de libertad que planteen en defensa de sus derechos (incluso los fundamentales) durante el cumplimiento de la pena. De manera que, en lo atinente al control de constitucionalidad concreto, solo entraría a conocer los casos que se admitan por la vía del habeas corpus, toda vez que el amparo es improcedente contra las resoluciones y actuaciones jurisdiccionales del Poder Judicial (ordinal 30 inciso b de la Ley de la Jurisdicción Constitucional), esto último con excepción de los asuntos referidos a mora judicial en los términos dispuestos por la jurisprudencia constitucional.
Así como también, aquellos asuntos relativos a cuestiones de salud y vida de los amparados, cuya resolución no debe retardarse remitiendo al recurrente a la jurisdicción de la ejecución de la pena, dada la relevancia de dichos derechos para la propia existencia del ser humano.
Ahora bien, en el sub examine, el alegato planteado por el tutelado concerniente a que en el pabellón C-2 del CAI J.A.M.C. se requiere efectuar un cambio de 20 latas de zinc, puesto que cuando lleve ese lugar se inunda, lo que ha provocado caídas de personas privadas de libertad, está relacionado con aspectos de salud que, según aduce la parte amparada, le afectan. Tal reclamo configura un supuesto de excepción para mí, dada la relevancia de ese derecho para la propia existencia del ser humano y cuya resolución debe ser atendida prontamente. Por consiguiente, respecto a este extremo no salvo el voto como ordinariamente lo hago y remito el asunto al Juez de Ejecución de la Pena.

Por su parte, respecto a lo acusado por el accionante de que en el pabellón C-2 del centro penal accionado no hay tomacorrientes para conectar implementos eléctricos y que no hay iluminación, advierto que tales reclamos no se encuentran entre los supuestos de excepción antes mencionados. En mérito de lo expuesto, el amparo resulta inadmisible y debe rechazarse de plano en cuanto a esto extremos.
X.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes, que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del Despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Los M.C.V., A.G. y E.R. ponen nota. La Magistrada H.L. da razones diferentes sobre la condenatoria en daños, perjuicios y costas, de conformidad con los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El Magistrado S.A. da razones diferentes en relación con la condenatoria en costas, daños y perjuicios. La Magistrada G.V. da razones diferentes en cuanto a la condenatoria en costas, daños y perjuicios. El Magistrado Rueda Leal salva parcialmente el voto respecto a la condenatoria en costas, daños y perjuicios. El Magistrado Rueda Leal salva parcialmente el voto y rechaza de plano el recurso en cuanto a lo acusado por el accionante relativo a que en el pabellón C-2 del centro penal accionado no hay tomacorrientes para conectar implementos eléctricos y que no hay iluminación. N..-



Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. S.zar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Marta Eugenia Esquivel R.



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