Sentencia Nº 2021025248 de Sala Constitucional, 09-11-2021

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia2021025248
Fecha09 Noviembre 2021
Número de expediente21-021676-0007-CO

*210216760007CO*

Exp: 21-021676-0007-CO

Res. Nº 2021025248

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las diez horas cinco minutos del nueve de noviembre de dos mil veintiuno .

Recurso de amparo promovido por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
RESULTANDO:
1.- Mediante memorial presentado a las 16:54 horas de 17 de octubre de 2021, el recurrente promovió recurso de amparo, contra la Caja Costarricense de Seguro Social, pues, es portadora de lupus eritematoso sistémico desde el 2016, por el cual sufre varias enfermedades importantes, como insuficiencia renal y ahora necrosis en ambas caderas y hombros. Indica que desde el año 2019 presenta problemas en la cadera y hombros; no obstante, hasta en el mes de abril de 2021 se le diagnosticó la necrosis avascular en ambas cabezas femorales y en ambos hombros. Expone que el médico que la valoró en el Servicio de Ortopedia del centro médico recurrido, le prescribió cirugía de urgencia con alta prioridad (véase la solicitud de hospitalización asociada al memorial del recurso). No obstante, al entregar la documentación se le dijo que sería llamada en cuatro meses debido al atraso provocado por la pandemia (véase la documentación aportada como prueba donde se indica la posición 3267 dentro de la lista de espera). Acusa que pese a lo anterior, al día que acude a la Sala, han transcurrido seis meses sin que la recurrida la haya llamado para realizarle o programarle con fecha cierta la cirugía que tanto necesita. Añade que la enfermedad que padece avanza cada vez más, produciéndole dolores terribles y deterioro que le causa limitación funcional para caminar, realizar sus tareas diarias y valerse por sí misma toda vez que sus articulaciones se lo impiden. Señala que su condición actual, la coloca en riesgo inminente de que los huesos de la cadera colapsen o se deformen mientras espera la cirugía. Aclara que no puede costear la operación privada por lo que solicita la intervención de la Sala, máxime considerando que la próxima cita es para el 4 de enero de 2023, plazo que estima desproporcionado y violatorio de sus derechos fundamentales.
2.- Por resolución de las 15:42 horas de 29 de octubre de 2021 se dio curso al recurso y se requirió un informe a la directora médica y al jefe del Servicio de Ortopedia, ambos del Hospital San Juan de Dios, sobre esos hechos.
3.- Informa bajo juramento M.E.V.B., en condición de directora general del Hospital San Juan de Dios, e indica lo siguiente:
Fue valorada por el Dr. V.C.A., médico O. subespecialista en reemplazos articulares, el 14/04/2021. La señora de la O Castillo refirió ser portadora de lupus eritematoso sistémico, por lo que llevaba control con reumatología y tenía tratamiento con corticoesteroides, hidroxicloroquina, azatioprina y enalapril e indicó presentar dolor severo en las caderas. El examen físico demostró importante limitación de los arcos de movilidad de las caderas y las radiografías mostraron datos de necrosis avascular a ese nivel, por lo que el médico anotó el caso en la lista electiva de cirugía del Servicio de Ortopedia para un reemplazo total de ambas caderas con un nivel alto de prioridad. Puesto que también se documentó la necrosis avascular de ambas cabezas humerales, el especialista le explicó a la señora … que era muy probable que posteriormente requiriera ser sometida a un reemplazo de hombros. Además, le indicó una cita de control a cupo en la consulta de reemplazos articulares.
2) La paciente será revalorada en la consulta de reemplazos articulares el 04/01/2023 a la 01:30 pm.…”
Como es conocido desde marzo de 2020, el país atraviesa una crisis sanitaria de proporciones insospechadas hace unos meses atrás, en tal sentido, es preciso indicar, que a pesar de que el país se encuentra en esta emergencia, esta institución ha velado por adoptar e implementar todas las medidas administrativas y organizacionales para poder atender a nuestra población, evidenciándose una clara e inequívoca vocación de servicio de salud, por ello, debe de quedarse claro, que cualquier atraso en la programación de citas o cirugías, ha obedecido a causas ajenas a la administración hospitalaria, ya que también, se tiene un deber de cumplimiento en atención a las disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud, así bien, una de la medidas tomadas, fue la suspensión de las cirugías electivas.
Atendiendo a la literalidad de la medida cautelar, se realizará la valoración preoperatoria a la paciente y de no existir contraindicación médica será sometida a la cirugía de reemplazo total de la cadera más dolorosa durante el mes de febrero de 2022, siempre que su condición clínica lo permita, dé su
consentimiento para ser sometida a cirugía en periodo de pandemia y sea posible como consecuencia de la reorganización hospitalaria y del servicio ocasionadas por la pandemia por COVID-19. Además, la cirugía de la cadera contralateral se realizará de 8 a 12 meses después del primer procedimiento, siempre y cuando la paciente haya completado el proceso de rehabilitación de la intervención anterior y su condición clínica lo permita.
4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Picado Brenes; y,

CONSIDERANDO:
I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente apunta que en abril de 2021 se le diagnosticó la necrosis avascular en ambas cabezas femorales y en ambos hombros. Expone que el médico que la valoró en el Servicio de Ortopedia del Hospital San Juan de Dios, le prescribió cirugía de urgencia con alta prioridad, la cual se incluyó en lista de espera, sin que existiera fecha cierta para realizarla. Afirma que esa incertidumbre, vulnera sus derechos fundamentales.
II.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para la decisión del presente amparo se tienen por demostrados los siguientes: 1) El 14 de abril de 2021, el doctor V.C.A., médico asistente del Servicio de Ortopedia del Hospital San Juan de Dios, valoró a la amparada, quien refirió ser portadora de lupus eritematoso sistémico, por lo que llevaba control con reumatología y tenía tratamiento con corticoesteroides, hidroxicloroquina, azatioprina y enalapril e indicó presentar dolor severo en las caderas. El examen físico demostró importante limitación de los arcos de movilidad de las caderas y las radiografías mostraron datos de necrosis avascular a ese nivel, por lo que el médico anotó el caso en la lista electiva de cirugía del Servicio de Ortopedia para un reemplazo total de ambas caderas con un nivel alto de prioridad. Puesto que también se documentó la necrosis avascular de ambas cabezas humerales, el especialista le explicó que era muy probable que posteriormente requiriera ser sometida a un reemplazo de hombros. Además, le indicó una cita de control a cupo en la consulta de reemplazos articulares (informe rendido bajo juramento). 2) En fecha indeterminada se otorgó cita a la amparada, en la consulta de reemplazos articulares el 4 de enero de 2023 a la 01:30 pm (informe rendido bajo juramento). 3) El 1 de noviembre de 2021 se notificó el auto de traslado a las autoridades hospitalarias recurridas (actas de notificación visibles en el Historial de Acontecimientos del Expediente Electrónico). 4) En fecha indeterminada se dispuso realizar la valoración preoperatoria a la paciente y de no existir contraindicaci ón médica será sometida a la cirugía de reemplazo total de la cadera más dolorosa durante el mes de febrero de 2022, siempre que su condición clínica lo permita. Además, se acordó realizar la cirugía de la cadera contralateral de 8 a 12 meses después del primer procedimiento, siempre y cuando la paciente haya completado el proceso de rehabilitación de la intervención anterior y su condición clínica lo permita (informe rendido bajo juramento).
III.- HECHOS NO PROBADOS. Se estiman como no demostrados, los siguientes de relevancia: Único.- Que de previo a la interposición de este recurso, existiera fecha cierta o probable para realizar la cirugía reclamada.
IV.- CASO CONCRETO. En la especie, el recurrente apunta que en abril de 2021 se le diagnosticó la necrosis avascular en ambas cabezas femorales y en ambos hombros. Expone que el médico que la valoró en el Servicio de Ortopedia del Hospital San Juan de Dios, le prescribió cirugía de urgencia con alta prioridad, la cual se incluyó en lista de espera, sin que existiera fecha cierta para realizarla. Afirma que esa incertidumbre, vulnera sus derechos fundamentales.
De los autos se acredita que el 14 de abril de 2021 se valoró a la amparada en el Servicio de Ortopedia del Hospital San Juan de Dios. El examen físico demostró importante limitación de los arcos de movilidad de las caderas y las radiografías mostraron datos de necrosis avascular a ese nivel, por lo que el médico anotó el caso en la lista electiva de cirugía, para un reemplazo total de ambas caderas con un nivel alto de prioridad, sin que de previo a la interposición de este recurso, existiera fecha cierta para realizar ese procedimiento quirúrgico. Aunado a lo anterior, se demostró que con ocasión de la notificación del auto de traslado a los recurridos, se dispuso realizar la valoración preoperatoria a la paciente y de no existir contraindicación médica somet erla a la cirugía de reemplazo total de la cadera más dolorosa durante el mes de febrero de 2022, así como realizar la cirugía de la cadera contralateral de 8 a 12 meses después del primer procedimiento, siempre y cuando la paciente haya completado el proceso de rehabilitación de la intervención anterior y su condición clínica lo permita. Empero, como esto ocurrió una vez cursado este asunto, estima la Sala que se impone acoger el recurso, conforme se dirá.

V.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional ("Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes"), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta "únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes". Se subraya que la Ley indica "si fueren procedentes", lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: "toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia", donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. Artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

VI.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO S.A., ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA.

Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.

VII.- VOTO SALVADO PARCIAL DE LA MAGISTRADA G.V..

Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aún cuando el derecho haya sido restituido.

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.

VIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:
Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se ordena a M.E.V.B., en condición de directora general del Hospital San Juan de Dios, o a quien en su lugar ocupe dicho cargo, que disponga lo necesario para que, conforme se comprometió en su informe, se realice la valoración preoperatoria a la paciente amparada y de no existir contraindicación médica se le someta a la cirugía de reemplazo total de la cadera más dolorosa durante el mes de febrero de 2022, así como la cirugía de la cadera contralateral de 8 a 12 meses después del primer procedimiento, siempre y cuando la paciente haya completado el proceso de rehabilitación de la intervención anterior y su condición clínica lo permita. Lo anterior, según sea posible de acuerdo con la reorganización del servicio decretada por la emergencia hospitalaria con ocasión de la pandemia de coronavirus (COVID-19). Se advierte a la recurrida que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. El Magistrado S.A. salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada G.V. salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. N..
Fernando Castillo V.
Presidente
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ana María Picado B.
Alicia Salas T.
Ileana Sánchez N.
Documento Firmado Digitalmente
-- Código verificador --
*EPM3QDA2H43861*
EPM3QDA2H43861
EXPEDIENTE N° 21-021676-0007-CO

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, C.M., 100 mts.Sur de la iglesia del P.S.. Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, S.J., Distrito Catedral, B.G.L., calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

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