Sentencia Nº 2021025448 de Sala Constitucional, 12-11-2021

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha12 Noviembre 2021
Número de sentencia2021025448
Número de expediente21-020658-0007-CO

*210206580007CO*

Exp: 21-020658-0007-CO

Res. Nº 2021025448

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas quince minutos del doce de noviembre de dos mil veintiuno .

Recurso de amparo interpuesto por L.G.S., cédula de identidad 0108760664, a favor de [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001] contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

Resultando:

1.- Por escrito agregado a este expediente el 15 de octubre del 2021, el recurrente alegó, en resumen, que la amparada es una persona adulta mayor, quien presenta fuertes dolores en la pierna izquierda, condición que afecta su disfrute de la vida cotidiana. Al acudir al hospital recurrido, el personal médico le indicó a la paciente que requería cirugía de extracción de material quirúrgicamente implantado con criterio de prioridad alta. No obstante, al momento de la interposición del recurso, a la señora [Nombre 001] no se le ha realizado el procedimiento, pese a su edad y condición delicada de salud. Agrega que, ante la incertidumbre de su situación por no habérsele brindado fecha probable para el procedimiento de interés, la paciente sufre ansiedad y miedo. Acusa que el plazo que ha esperado su representada para recibir la atención que requiere es desproporcionado, irrazonable y lesivo de los derechos fundamentales a la salud y a una vida digna de la amparada, en especial dada su condición de doble vulneración.
2.- Por resolución de las 18:43 horas del 18 de octubre del 2021, se le dio curso al proceso, lo que se notificó al Hospital S.J. de Dios el día 18 de octubre de 2021, posteriormente mediante resolución de las 14:08 horas del 28 de noviembre de 2021, se amplió el curso del proceso y se le dio audiencia al Hospital M.M.V., resolución que fue notificada a dicho nosocomio el 03 de noviembre de 2021.
3.- Informa bajo juramento M.E.V.B., directora general del Hospital S.J. de Dios, que el caso de la amparada ingresó a la lista de espera electiva en el servicio de ortopedia del Hospital M.M.V. y no del citado hospital.

4.- Informan bajo juramento P.G.E., director general y F.R.F., C. del servicio de Hospitalización y Sala de Operaciones, ambos del Hospital Manuel Mora Valverde, que la amparada tiene cita para la realización del procedimiento quirúrgico para el día 15 de diciembre de 2021, lo cual fue debidamente comunicado a la amparada vía telefónica.

5.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales.

Redacta la M.....S.T. ; y,

Considerando:

I.- OBJETO DEL RECURSO. Señala el recurrente, que la amparada es una persona adulta mayor, quien presenta fuertes dolores en la pierna izquierda, condición que afecta su disfrute de la vida cotidiana. Al acudir al hospital recurrido, el personal médico le indicó a la paciente que requería cirugía de extracción de material quirúrgicamente implantado con criterio de prioridad alta. No obstante, al momento de la interposición del recurso, a la señora [Nombre 001] no se le ha realizado el procedimiento, pese a su edad y condición delicada de salud.
II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
  1. La amparada es paciente del hospital M.M.V. y en fecha 5 de abril de 2021, se le indicó cirugía para extracción de material quirúrgico implantado del segmento posterior del ojo, extracción de metal y segundo tiempo a artroplastia de cadera, (ver registro electrónico).

  2. La amparada tiene cita para la realización del procedimiento quirúrgico para el día 15 de diciembre de 2021, lo cual fue debidamente comunicado a la amparada vía telefónica (ver registro electrónico).

  3. Por resolución de las 18:43 horas del 18 de octubre del 2021, se le dio curso al proceso, lo que se notificó al Hospital S.J. de Dios el día 18 de octubre de 2021, posteriormente mediante resolución de las 14:08 horas del 28 de noviembre de 2021, se amplió el curso del proceso y se le dio audiencia al Hospital M.M.V., resolución que fue notificada a dicho nosocomio el 03 de noviembre de 2021 (ver registro electrónico).

III.- SOBRE EL FONDO. Sobre el particular, la Sala advierte que aun no siendo urgente la intervención, el examen, procedimiento o atención que se indica a los pacientes, y con mayor razón en las que sí lo son, someterlos a la indefinición de una fecha certera para la valoración de sus padecimientos o a un plazo desproporcionado, resulta contrario no solamente a los principios de eficiencia, eficacia, celeridad, oportunidad y conveniencia que deben regir la prestación de los servicios de salud, sino también impone circunstancias agravantes que ciertamente inciden en su calidad de vida, pues la indefinición de fechas o programaciones de cirugía, exámenes, procedimientos o valoraciones, genera un estado de pendencia constante sobre el momento en que los mismos podrían ser realizados, así como cuestionamientos sobre su oportunidad para el abordaje de la patología que presente el paciente. Para el caso particular, esta Sala constata que la amparada es paciente del hospital M.M.V., y en fecha 5 de abril de 2021, se le indicó cirugía para extracción de material quirúrgico implantado del segmento posterior del ojo, extracción de metal y segundo tiempo a artroplastia de cadera, cuenta con cita para la realización del procedimiento quirúrgico para el día 15 de diciembre de 2021, lo cual fue debidamente comunicado a la amparada vía telefónica, todo lo cual se realizó en razón de la notificación de la resolución que dio curso al presente recurso, por lo que se estima el amparo en los términos que se indican en la parte dispositiva de esta sentencia y únicamente en cuanto al Hospital M.M.V., por cuanto la amparada no es paciente del hospital S.J. de Dios.

IV.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine , de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“ Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes . Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes ”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia” , donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr . artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

V.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA G.V.. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “ si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.

VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a la parte recurrente que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, deberá retirarlos del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el «Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial», aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente en cuanto a las actuaciones del Hospital M.M.V., sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se ordena a Pablo Gómez Esquivel, director general y a F.R.F., C. del servicio de Hospitalización y Sala de Operaciones, ambos del Hospital M.M.V., o a quienes en su lugar ocupen dichos cargos, disponer lo necesario para que se mantenga la fecha programada para la amparada en la especialidad de cirugía general, para el 15 de diciembre de 2021. Lo anterior, siempre y cuando no exista alguna causa o condición médica que lo impida y sea posible de acuerdo a la reorganización del servicio decretada por la emergencia hospitalaria con ocasión de la epidemia de coronavirus (COVID-19). En caso de que no sea posible cumplir con lo anterior, en atención a las razones mencionadas, deberán adoptarse las medidas del caso para que la orden dada sea acatada dentro del plazo otorgado por este pronunciamiento, luego de superada la epidemia de coronavirus, siempre y cuando no exista posibilidad de hacerlo antes. Se advierte a los recurridos que de conformidad con el artículo 71, de la Ley de esta Jurisdicción, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. La Magistrada G.V. salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas. N..

Fernando Castillo V.
Presidente
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ana María Picado B.
Alicia Salas T.
Ileana Sánchez N.

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