Sentencia Nº 2021026571 de Sala Constitucional, 26-11-2021

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia2021026571
Número de expediente21-020987-0007-CO
Fecha26 Noviembre 2021

*210209870007CO*

Exp: 21-020987-0007-CO

Res. Nº 2021026571

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas quince minutos del veintiseis de noviembre de dos mil veintiuno .

Recurso de amparo que se tramita en expediente N° 21-020987-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001] y [Nombre 002], cédula de identidad [Valor 002], contra el MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ.
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala al ser las 17:20 horas del 19 de octubre de 2021, los recurrentes interponen recurso de amparo contra el Ministerio de Justicia y Paz. Manifiestan que se encuentran privados de libertad en el Centro de Atención Institucional Calle Real. Indica que las autoridades recurridas han lesionado su derecho a la educación, al no tratarlos con igualdad ante los programas educativos y ante el Ministerio de Educación Pública, situación que les impide contar con una adecuada preparación académica y avanzar en sus estudios, para su reinserción en la sociedad. Señalan que estaban matriculados para la convocatoria de Bachillerato por M., en los meses de junio y julio, pero debido a la pandemia por la enfermedad de COVID-19, se suspendió el curso lectivo. Añaden que el Ministerio de Educación Pública eliminó el examen de Bachillerato por M. y adicionó un examen para ser valorado por un docente. Exponen que se les informó que la profesora de matemáticas R.R., funcionaria nombrada en el programa de Educación Abierta, daría un curso de matemáticas para aquellos alumnos que aún deben esa asignatura y así poder aprobarla. Agregan que la profesora informó que el curso se daría de forma virtual; sin embargo, al encontrarse privados de libertad no tienen acceso a equipos de cómputo y no tienen conocimiento en dicha tecnología. Refieren que la D. de la Sección Educativa del centro penal recurrido nunca se acercó para presentarse, ni mencionó la posibilidad de tomarlos en cuenta para un cambio de formato y acondicionamiento del curso para la modalidad de educación a la cual pertenecen, sea, modelo de educación abierta en la modalidad de Bachillerato por M.. Sostienen que las autoridades recurridas no les han brindado ninguna ayuda adicional y les preocupa que las lecciones que reciben sean muy limitadas. Destacan que la materia de matemáticas requiere de una adecuada preparación, debido a que, de acuerdo a las estadísticas, es la asignatura que más reprueban las personas. Manifiestan que los recurridos no han valorado que por su condición de privados de libertad tienen limitaciones y restricción para el acceso a la educación. Explican que la D. de la Sección Educativa indicó a la profesora de matemáticas que les fijara una nota simbólica, pero desconocen su finalidad, ya que a la docente le pareció inusual debido a que en el programa donde están matriculados, se debe realizar una prueba y corresponde a la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del Ministerio de Educación Pública la evaluación y posterior comunicación del resultado del examen. Alegan que no se les permite desarrollarse de forma adecuada e igualitaria a los programas académicos y así avanzar en sus estudios, para su superación personal. Consideran que los hechos expuestos lesionan sus derechos fundamentales.
2.- Mediante resolución de las 04:56 horas del 21 de octubre de 2021, se dio curso al presente recurso de amparo.
3.- Informa bajo juramento P.M.C., en su condición de Director de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del Ministerio de Educación Pública, que el ámbito de competencia de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del Ministerio de Educación Pública, está señalado en el artículo 102 y siguientes del Decreto Ejecutivo N° 38170-MEP, del 30 de enero de 2014, al indicar que corresponde al Departamento de Evaluación Académica y Certificación, elaborar y administrar la aplicación y calificación de las pruebas nacionales del dominio cognitivo para la educación formal y la educación abierta. Acota que se le solicitó informe a la Coordinadora del Programa Bachillerato por M. Suficiente, quien indicó: “ 1. En el mes de mayo, por motivo del periodo de vacaciones que se les asignaron a los docentes y el cambio de fechas en el Calendario Escolar, las fechas de los programas de educación abierta se reprogramaron y fueron comunicados con mucha antelación. 2. A pesar del cambio de fechas para la convocatoria 02-2021 del programa Bachillerato por M.S., las tablas de especificaciones para las pruebas de certificación de conocimientos del programa Bachillerato por M. Suficiente no ha tenido ningún cambio. Es importante aclararles que cualquiera de los libros de texto cuyo uso se recomiende en las opciones educativas que se ofrecen en los programas de certificación de conocimientos de la Educación Abierta, constituye únicamente un material de apoyo (cf. Acuerdo N°04-37 del Consejo Superior de Educación, tomado en la sesión N°37-09 del 10 de agosto del 2009) 3. Dentro del ámbito de competencia de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, se les debe aclararle que ésta dirección no tiene injerencia en las diferentes opciones de mediación pedagógica, que utilicen los postulantes en su preparación para presentar las pruebas que les corresponde realizar. 4. Cabe mencionar que el señor [Nombre 004] se presentó a realizar su prueba de Matemática de la convocatoria 02-2021 del programa Bachillerato por M.S. sin ningún inconveniente y con respecto al señor [Nombre 003] , en atención al EXP. 21-020983-0007-CO, y el informe dado por esta dirección DMDVM- AC-DGEC-0852-2021, sus pruebas van a ser reprogramadas en el mes de diciembre”. Refiere que según dicho informe, al recurrente [Nombre 004] se le aplicó el domingo 17 de octubre de 2021 la prueba de matemáticas del programa Bachillerato por M., convocatoria 02-2021 y con respecto al recurrente [Nombre 003] se le reprogramarán las pruebas del programa Bachillerato por M. de Biología y Matemáticas, convocatoria 02-2021. Alega que no se les cambió la modalidad en la inscripción del programa matriculado por los recurrentes, ahora bien, en cuanto a la preparación para las pruebas no es competencia de esa Dirección. Solicita a la Sala que declare sin lugar el recurso.
4.- Informa bajo juramento E.S.A., en su condición de D. del Centro de Atención Institucional Liberia, que el recurrente [Nombre 003] se encuentra en condición jurídica de indiciado a la orden del Tribunal de Juicio de Santa Cruz y el recurrente [Nombre 004], también se encuentra en condición de indiciado a la orden del Tribunal de Juicio de Liberia.
5.- Informa bajo juramento A.P.P. en su condición de Jefa de la Sección Educativa del Centro de Atención Institucional Liberia, que respecto a los recurrentes: “ se ha brindado la orientación que corresponde y los trámites que ha demandado, posterior a ello la PPL es la que elige el programa educativo del cual desea participar, se revisa la cuestión de requisitos y se le inscribe en convocatoria abierta que presente el Ministerio de Educación Pública, como así sucedió con los estudiantes [Nombre 003] Y [Nombre 004], el programa educativo en el que participan ambos dicentes, que administra esta oficina y está dirigido a personas adultas que por diversos motivos no pudieron concluir sus estudios en el Sistema Tradicional (colegios). Por su misma esencia y principios prima el autodidactismo, de tal forma que, no es necesaria la acción presencial del estudiante en su preparación para presentar las pruebas, al estar en libertad de escoger la forma en que estudia para rendirlas, además de decidir cuáles pruebas presentar en una determinada convocatoria, definiendo así personalmente al avance de sus estudios de acuerdo con sus posibilidades, dicha información es del conocimiento de ambos estudiantes PL por cuanto no es la primera vez que participan de dicha modalidad de estudio, si bien para el presente curso lectivo el Ministerio de Educación Pública aplicó suspenderlo y retomarlo a finales de julio, dicha suspensión se aplicó para todas las modalidades, extendiendo la conclusión para los diferentes programas, tampoco es cierto que el Ministerio de Educación eliminó las pruebas para el programa Educación Abierta lo que incluye la modalidad de bachillerato, todas las pruebas para dicho programa se mantienen, los docentes que brindan las tutorías no aplican pruebas, eso le corresponde a la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del Ministerio de Educación Pública. La Sección Educativa que hoy me ocupa les ha brindado la atención, el acompañamiento, trámite y traslado de sus diferentes solicitudes en las siguientes fechas, dieciocho de mayo y veinticuatro de agosto del presente, quien corresponde gestionar y por ende dar las respuestas ante dichas consultas y solicitudes es a la institución educativa IPEC CINDEA de Liberia a través del Satélite ubicado en el Centro de Atención Institucional Liberia, misma que nombra el Ministerio de Educación Pública. En cuanto a la necesidad de una atención a nivel académico, es potestad del Ministerio de Educación Pública el cual se brindó como está organizado en el Programa de Educación Abierta a solicitud de la Sección Educativa que hoy me ocupa...”. Solicita a la Sala que declare sin lugar el recurso.
6.- Informa bajo juramento V.B.C. en su condición de D. General a.i. de Adaptación Social, bajo los mismos términos que E.S.A. en su condición de D. y A.P.P. en su condición de Jefa de la Sección Educativa, ambas del Centro de Atención Institucional Liberia.

7.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

R.e.M.....S.A. ; y,

Considerando:
I.- Objeto del recurso. Los recurrentes consideran lesionado su derecho a la educación, toda vez que, se encuentran privados de libertad en el Centro de Atención Institucional Calle Real, y estaban matriculados para la convocatoria de Bachillerato por M., en los meses de junio y julio, pero debido a la pandemia, se suspendió el curso lectivo y se eliminó el examen de Bachillerato por M.. Además, se brindaría un curso para la materia de matemáticas de forma virtual; sin embargo, no tienen acceso a equipos de cómputo. Acusan que no se les permite desarrollarse de forma adecuada e igualitaria a los programas académicos y así avanzar en sus estudios, para su superación personal.
II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos de relevancia:
a) El amparado [Nombre 001] , se encuentra ubicado en el Centro de Atención Institucional Liberia, en condición jurídica de indiciado, a la orden del Tribunal de Juicio de Santa Cruz (véase informe rendido por las autoridades del Ministerio de Justicia y Paz y pruebas aportadas).
b) El recurrente [Nombre 002] , se encuentra en el Centro de Atención Institucional Liberia, en condición de indiciado, a la orden del Tribunal de Juicio de Liberia (véase informe rendido por las autoridades del Ministerio de Justicia y Paz y pruebas aportadas).
c) Según informe del Ministerio de Educación Pública: “e l señor [Nombre 004] se presentó a realizar su prueba de Matemática de la convocatoria 02-2021 del programa Bachillerato por M.S. sin ningún inconveniente y con respecto al señor [Nombre 003], en atención al EXP. 21-020983-0007-CO, y el informe dado por esta dirección DMDVM- AC-DGEC-0852-2021, sus pruebas van a ser reprogramadas en el mes de diciembre” (véase informe rendido por la autoridad accionada del Ministerio de Educación Pública y prueba aportada).
d) Al recurrente [Nombre 004] se le aplicó, el domingo 17 de octubre de 2021, la prueba de matemáticas del programa Bachillerato por M., convocatoria 02-2021 (véase informe rendido por la autoridad accionada del Ministerio de Educación Pública y prueba aportada).
e) Las autoridades recurridas fueron notificadas del presente recurso de amparo, el 21 de octubre de 2021 (véase actas de notificación).
f) Al amparado [Nombre 003] , con ocasión a la notificación del presente recurso de amparo, se le reprogramarán las pruebas del programa Bachillerato por M.S. de Biología y Matemáticas, Convocatoria 02-2021, para el mes de diciembre de 2021 (véase informe rendido por la autoridad accionada del Ministerio de Educación Pública y prueba aportada).
III.- Sobre el caso concreto. En el caso bajo estudio, los recurrentes consideran lesionado su derecho a la educación, toda vez que, se encuentran privados de libertad en el Centro de Atención Institucional Calle Real, y estaban matriculados para la convocatoria de Bachillerato por M., en los meses de junio y julio, pero debido a la pandemia, se suspendió el curso lectivo y el Ministerio de Educación Pública eliminó el examen de Bachillerato por M.. Además, en el caso de la materia de matemáticas, la profesora informó que el curso se daría de forma virtual; sin embargo, al encontrarse privados de libertad, no tienen acceso a equipos de cómputo y no tienen conocimiento en dicha tecnología. Acusan que no se les permite desarrollarse de forma adecuada e igualitaria a los programas académicos y así avanzar en sus estudios, para su superación personal.
Al respecto, las autoridades del centro penitenciario accionado niegan los hechos, e indican que en ningún momento se les ha negado el derecho a la educación, pues en todo momento han tenido acceso a éste. Por otro lado, las autoridades del Ministerio de Educación Pública, aclaran que, según oficio N° DVM-AC-DGEC-0852-2021, se tiene que al recurrente [Nombre 004] se le aplicó, el domingo 17 de octubre de 2021, la prueba de matemáticas del programa Bachillerato por M., convocatoria 02-2021 y al amparado [Nombre 003], con ocasión a la notificación del presente recurso de amparo, se le reprogramarán las pruebas del programa Bachillerato por M. de Biología y Matemáticas, para el mes de diciembre de 2021.
De lo anterior, este Tribunal tiene por acreditado que por motivo del periodo de vacaciones que se les asignaron a los docentes y el cambio de fechas en el calendario escolar, las fechas de los programas de educación abierta se reprogramaron. Ahora bien, se tiene que a la autoridad del Ministerio de Educación Pública, se le notificó la resolución que da curso al presente proceso el 21 de octubre de 2021 y que, con ocasión a dicha notificación, las pruebas pendientes del recurrente [Nombre 003] fueron programadas para el mes de diciembre de 2021. Dicha situación no ocurrió con el recurrente [Nombre 004], a quien se le aplicó la prueba requerida previo a la notificación del presente proceso. Cabe destacar que, en ninguno de los dos casos, a los recurrentes se les discriminó por su condición ni se les negó el acceso a la educación. Ante ese panorama, el recurso deviene parcialmente procedente, en los términos dispuestos en la parte dispositiva de esta Sentencia.
IV.- Nota de los M.C.V. y A.G., con redacción del primero. Si bien no condenamos en daños y perjuicios y costas cuando se da el supuesto del artículo 52, párrafo primero, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, toda vez que esto solo es posible cuando fuere procedente, bajo una mejor ponderación, cuando se trata de privados de libertad, y dada su condición de vulnerabilidad en que se encuentran, consideramos que en estos casos sí se debe proceder a condenar a la entidad responsable de la vulneración del derecho fundamental en los extremos supra citados.
V.- Nota del Magistrado Rueda Leal. Advierto que en este recurso no salvo el voto como ordinariamente lo hago y remito el asunto al Juez de Ejecución de la Pena, dado que la parte tutelada es indiciada, por lo que no aplica a este caso lo dispuesto en el artículo 482 del Código Procesal Penal.
VI.- Razones diferentes de la Magistrada H.L., sobre las consecuencias económicas derivadas de declarar con lugar este recurso. Coincido con la mayoría de la Sala en la decisión tomada respecto de la existencia de una lesión a los derechos fundamentales en este caso, la cual ha sido corregida con ocasión de la intervención de la Sala. No obstante, sostengo una posición particular en relación con el tema de las consecuencias económicas de esta sentencia, y es la siguiente:
La jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y hábeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes, enfrentadas por una disputa legal. Su objetivo es brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales de manera que no sean perturbados en su disfrute, o privados de ellos, por actos de quien, de hecho o de derecho, realiza ejercicios concretos de autoridad, capaces de vulnerarlos.
Esa vocación protectora de la jurisdicción constitucional se concreta en un diseño procesal también peculiar, célere y gratuito en donde se impone a la autoridad pública recurrida la simple rendición de “un informe” sobre lo actuado en el caso denunciado (artículos 43, 44, 45 y 46 de la LJC). Así que no se trata técnicamente de un litigio y acorde con ello, se entregan a la Sala Constitucional amplios poderes para orientar el curso del proceso de amparo o de hábeas corpus, tanto respecto de la posibilidad de requerir información a otras autoridades sobre lo sucedido, como respecto del manejo amplio de la prueba que pueda servir para aclarar lo sucedido.
Ese marco procesal, de la jurisdicción de la libertad, donde no existen dos partes antagónicas enfrentadas de modo que lo que gane una lo pierda la otra, impone alejarnos de las soluciones que para estas últimas cuestiones han sido previstos en sistemas procesales como el civil, el contencioso o el laboral, y esto incluye naturalmente -y en lo que nos viene a interesar aquí- la forma de entender las reglas prescritas sobre las consecuencias económicas de tales procesos de amparo y habeas corpus, en caso de que se compruebe una violación a los derechos constitucionales, de manera tal que –ante el reconocimiento de una lesión parte de la Sala, exista una restauración del disfrute de tales derechos y además una efectiva indemnización de los daños y gastos ocasionados, como parte del derecho a una justicia efectiva en cuanto a la reparación de las consecuencias dañosas generadas por las autoridades que resulten infractoras.
En concordancia con lo anterior los artículos 49 y 50 de la Ley, fijan las potestades de la Sala para que –en caso de que se acoja el amparo- se pueda lograr el efectivo restablecimiento del disfrute de los derechos fundamentales afectados o bien –en los casos extremos de imposibilidad de restablecimiento- la prevención de que no se vuelva a incurrir en los actos lesivos. Y es por eso que, en esa línea, el artículo 51 de ley establece que: “(a) demás de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso…”. Esta es la regla general con la que se debe operar en el ámbito indemnizatorio, cuando la Sala ha tenido como comprobado el agravio en su decisión, y que se ampara en el concepto antes citado de una tutela efectiva de los derechos de las personas y en la noción de que la administración debe hacerse responsable por los daños y gastos que ocasione con su actuar inconstitucional.
Las dudas que han surgido tienen como base la disposición del artículo 51 de la ley que, en apariencia, contiene una excepción al sistema general recién descrito; sin embargo, una lectura apegada al texto legal, y bajo el prisma de la especialidad de la jurisdicción constitucional apuntan a la inexistencia de tal excepción; en efecto, el artículo citado recoge un caso distinto, en donde el Tribunal Constitucional no ha alcanzado una convicción sobre la existencia de alguna lesión, como se expresa claramente cuando se dice que: “si estando en curso el amparo, se dictare resolución administrativa o judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas si fueren procedentes.
La mención de una “resolución administrativa o judicial” debe llevarnos a entender que: a) se trata, por una parte, de situaciones en donde una autoridad distinta de la autora del agravio, interviene en el caso para revertir los efectos jurídicos de la actuación discutida; y b), que tal intervención se realiza previamente a que la Sala conozca el fondo del asunto y, por tanto, no se emitirá en el proceso una valoración de fondo de los elementos de convicción existentes. Simplemente, la Sala constataría en tal caso la existencia de la citada resolución (administrativa o judicial emitida por una autoridad diferente de la autora del agravio) y declararía con lugar el recurso, no por hallar de hecho alguna violación sino por mero imperativo legal y valorando apropiadamente la oportunidad de una condenatoria en daños perjuicios y costas.
Esta es la solución interpretativa que resulta más coherente con el artículo 50 de la Ley, en donde sí se regula de forma expresa el caso en que la Sala -al momento de valorar el caso y dictar sentencia- se encuentra con que ya han “cesado los efectos del acto impugnado” , situación que –para poder distinguirla cabalmente del caso del artículo 52 de la LJC- debe entenderse que alude al supuesto de que la propia autoridad recurrida es quien ha hecho cesar los efectos del acto impugnado. En este supuesto, tal y como lo ordenan los numerales 50 y 51 de la LJC, el recurso debe acogerse, disponiendo a la vez la condenatoria en daños, perjuicios y costas.
En este caso, puede afirmarse que la Sala ha valorado los elementos de juicio existentes y concluido la existencia de una lesión a derechos fundamentales, cuyos efectos nocivos han cesado al momento del pronunciamiento por la intervención de la autoridad recurrida, de modo que lo procedente es aplicar la doctrina de los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, excluyendo lo dispuesto en el artículo 52 por no corresponder su presupuesto de hecho al que se presenta en este proceso.
VII.- Razones diferentes del Magistrado S.A., en relación con la condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida. Coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, pero difiero en cuanto a las razones que aduce la mayoría del Tribunal para condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.
La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:
Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes ”.
Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:
...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales… ”.
El artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisi ón de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.
Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que implica una “terminación anormal del proceso”.
El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “ únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios.

VIII.- Razones diferentes de la Magistrada G.V.. En términos generales, cuando la Sala por mayoría declara con lugar un recurso de amparo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, al tenor del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), he salvado parcialmente mi voto. Lo anterior, porque el artículo 52 de la LJC dice:

“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “ resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes ” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título derivado de este proceso para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.

En síntesis, mi posición es que en los recursos de amparo declarados con lugar de conformidad con el artículo 52 de la LJC procede siempre la condenatoria en abstracto de los daños y perjuicios. En lo que respecta a las costas, la misma norma faculta a la Sala a determinar cuando lo considere justo- la procedencia de las mismas.

En consecuencia, concurro con la parte dispositiva de esta sentencia, al declarar con lugar el recurso de amparo por la condenatoria en daños y perjuicios, y en atención a las características del presente asunto estimo que también corresponde la condenatoria en costas.
IX.- Voto salvado parcial del Magistrado Rueda Leal respecto a la condenatoria en costas, daños, perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la ley de la jurisdicción constitucional. Tal como lo he venido considerando anteriormente (véase, verbigracia, sentencias n.°s 2019009616 de las 9:30 horas del 28 de mayo de 2019, 2019011535 de las 10:20 horas del 25 de junio de 2019, 2019013735 de las 9:20 horas del 24 de julio de 2019, 2019014142 de las 9:50 horas del 30 de julio de 2019, 2019017370 de las 9:20 horas del 11 de setiembre de 2019, 2019018433 de las 9:30 horas del 24 de setiembre de 2019, 2019018393 de las 9:30 horas del 24 de setiembre de 2019, 2019025098 de las 10:45 horas del 17 de diciembre de 2019, 2019025386 de las 10:45 horas del 20 de diciembre de 2019 y 2020003230 de las 10:05 horas del 18 de febrero de 2020), estimo que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria del sub lite debe ser sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “ únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la referida ley indica “si fueren procedentes ”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como el sub examine, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, estimo que lo procedente es resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.
X.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes, que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del Despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente en cuanto a la reprogramación de las pruebas del recurrente [Nombre 001]. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Los M.C.V. y A.G. consignan nota. El Magistrado Rueda Leal pone nota. La Magistrada H.L. da razones diferentes sobre la condenatoria en daños, perjuicios y costas, de conformidad con los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El Magistrado S.A. da razones diferentes en relación con la condenatoria en costas, daños y perjuicios. La Magistrada G.V. da razones diferentes en cuanto a la condenatoria en costas, daños y perjuicios. El Magistrado Rueda Leal salva parcialmente el voto respecto a la condenatoria en costas, daños y perjuicios. N..-
Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Alicia Salas T.
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