Sentencia Nº 2021028405 de Sala Constitucional, 28-12-2021

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha28 Diciembre 2021
Número de sentencia2021028405
Número de expediente21-024443-0007-CO

*210244430007CO*

Exp: 21-024443-0007-CO

Res. Nº 2021028405

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas quince minutos del veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno .

Recurso de amparo que se tramita en expediente No. 21-024443-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], a favor de [Nombre 002], cédula de identidad [Valor 002], contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaria de esta S. el 30 de noviembre de 2021, la parte recurrente interpone recurso de amparo a favor de [Nombre 002], contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, y manifiesta lo siguiente: que el amparado tiene 11 años y cuatro meses y fue remitido del hospital W.A. de Turrialba al hospital C.G., porque es necesario practicarle una cirugía de reconstrucción de los dientes. Expone que fue remitido en los primeros meses del año 2020 y desde entonces solo lo han llamado una vez y fue para cambiarle la cita. Reclama que ha llamada muchas veces; sin embargo, nadie atiende sus llamadas. Solicita que se ordene que atiendan al menor amparado.
2.- Mediante resolución a las 13:06 horas del 01 de diciembre de 2021, se dio curso al presente recurso.
3.- Por escrito incorporado al Sistema Jurídico el 07 de diciembre de 2021, T.L.P., D. General, y N.T.Q., J.d.S. de Odontología, ambos funcionarios del Hospital Dr. R.C.G., informan bajo juramento que el amparado registra las siguientes citas programadas a su favor: el 04 de junio de 2020, el 29 de junio de 2020, el 31 de agosto de 2021, el 18 de enero de 2021, el 11 de marzo de 2021, el 29 de abril de 2021, el 11 de junio de 2021, el 11 de agosto de 2021, el 03 de diciembre de 2021; sin embargo, todas ellas le fueron canceladas debido a la emergencia nacional del COVID-19. Agregan que se procedió a llamar al número 84999441, donde hablaron con el papá del amparado y se le agendó cita de valoración para el 03 de febrero de 2022. Solicitan que se declare sin lugar el recurso.
4.- Por escrito incorporado al Sistema Jurídico el 14 de diciembre de 2021, Anabelle Somarribas Meza, D. General a.i. del Hospital W.A.T., informa bajo juramento que el 04 de febrero de 2020, al amparado se le valoró su condición oral y esqueletal por medio de estudios radiográficos, los cuales evidenciaron condición de clase II esqueletal, por lo que se emitió referencia hacia el Hospital Calderón Guardia y se le da de alta. Señala que la razón de la referencia es porque en dicho nosocomio cuentan con la especialidad de odontopediatría y ortodoncia que resulta idóneas para el manejo de la patología del usuario. Por último, indica que la referencia fue para valoración y manejo de dichas especialidades y no específicamente para cirugía. Solicitan que se declare sin lugar el recurso.
5.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado S.A. ; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso. La recurrente manifiesta que el amparado tiene 11 años y cuatro meses y fue remitido del hospital W.A. de Turrialba al hospital C.G., porque es necesario practicarle una cirugía de reconstrucción de los dientes. Expone que fue remitido en los primeros meses del año 2020 y desde entonces solo lo han llamado una vez y fue para cambiarle la cita. Reclama que ha llamada muchas veces; sin embargo, nadie atiende sus llamadas. Solicita que se ordene que atiendan al menor amparado.
II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: a) el amparado [Nombre 002], de 11 años de edad, se le diagnóstico condición de clase II esqueletal y es paciente del Hospital Dr. R.C.G. (hecho no controvertido); b) el 04 de febrero de 2020, el Hospital W.A.T. emitió referencia médica a favor del amparado para ser valorado en el Hospital Dr. R.C.G. (ver informe rendido bajo juramento); c) el amparado registra las siguientes citas programadas a su favor: el 04 de junio de 2020, el 29 de junio de 2020, el 31 de agosto de 2021, el 18 de enero de 2021, el 11 de marzo de 2021, el 29 de abril de 2021, el 11 de junio de 2021, el 11 de agosto de 2021, el 03 de diciembre de 2021; sin embargo, todas ellas le fueron canceladas debido a la emergencia nacional del COVID-19 (ver informe rendido bajo juramento); d) el 06 de diciembre de 2021 a las 11:51 horas, el D. General del Hospital Dr. R.C.G. fue notificado de la resolución que dio curso al presente recurso (ver acta de notificación); e) luego de la notificación que dio curso al presente recurso, el Servicio de Odontología del Hospital Dr. Rafael Calderón Guardia reprogramó la cita de valoración a favor del amparado para el 03 de febrero de 2022 (ver informe rendido bajo juramento); f) a la fecha que las autoridades del Hospital Dr. R.C.G. rinden su informe el 07 de diciembre de 2021- al amparado no se le ha prescrito un procedimiento quirúrgico para atender su padecimiento (ver informe rendido bajo juramento).
III.- Sobre el caso en concreto.- Del análisis de informe rendido bajo juramento por parte de los representantes de la autoridad accionada, y de la prueba aportada para la resolución del asunto, ha sido debidamente acreditado que, el amparado [Nombre 002], de 11 años de edad, se le diagnóstico condición de clase II esqueletal y es paciente del Hospital Dr. R.C.G.. Se verifica que el 04 de febrero de 2020, el Hospital W.A.T. emitió referencia médica a favor del amparado para ser valorado en el Hospital Dr. R.C.G.. No obstante, el amparado registra las siguientes citas programadas a su favor: el 04 de junio de 2020, el 29 de junio de 2020, el 31 de agosto de 2021, el 18 de enero de 2021, el 11 de marzo de 2021, el 29 de abril de 2021, el 11 de junio de 2021, el 11 de agosto de 2021, el 03 de diciembre de 2021; sin embargo, todas ellas le fueron canceladas debido a la emergencia nacional del COVID-19. Así las cosas, en relación el objeto del recurso, se corrobora que contrario a lo señalado por el recurrente, al amparado no le han prescrito un procedimiento quirúrgico para atender su padecimiento, debido a que, primero debe ser valorado en el Servicio de Odontología del Hospital Dr. R.C.G.. En ese sentido, esta S. procede acoger el presente recurso, en razón de que, se evidencia un retardo en brindarle la atención médica al amparado a pesar de su situación de salud y su condición de menor de edad; sin embargo, se desprende que fue con ocasión a la notificación del presente recurso que las autoridades recurridas adoptaron las acciones necesarias resguardo a la salud del amparado al reprogramar la cita de valoración requerida para el 03 de febrero de 2022 en el Servicio de Odontología del Hospital Dr. Rafael C.G.. En consecuencia, se dispone acoger el recurso respecto a dichas autoridades de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción.
En cuanto a las autoridades del Hospital W.A. Taylor, no se acredita ninguna omisión o dilación que lesionara los derechos de la parte amparada, por ello en cuanto a dicha autoridad lo procedente es desestimar el recurso.
IV.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la ley de la jurisdicción constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la S. considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recursoúnicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes. Se subraya que la Ley indica “ si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr . artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

V.- NOTA DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL.- El tema de los recursos de amparo relacionados con el derecho a la salud y, sobre todo, el de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social son agravios que se ha tornado recurrentes en esta S. Constitucional. Este tipo de procesos han venido en un aumento exponencial, los cuales se evidencian mediante los números que se lleva en la estadística de este Tribunal:

Cantidad de expedientes de salud ingresados a la S. Constitucional:

AÑO
CANTIDAD EN SALUD
2012
1745
2013
1891
2014
2710
2015
3725
2016
4865
2017
5682
2018
6932
2019
7623
2020
5912
2021 (*)
3393

(*) Asuntos ingresados del 01 de enero al 15 de junio de 2021.

Del cuadro anterior se infiere que, desde el año 2012 a la fecha, ha habido un aumento constante en la cantidad de asuntos por violación al derecho a la salud que han ingresado a la jurisdicción constitucional. De esos asuntos, buena cantidad corresponde a listas de espera. A propósito de lo anterior, este Tribunal en la sentencia No. 2019-5560 de las 09:30 horas del 29 de marzo de 2019, declaró la vulneración sistemática y reiterada por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social al derecho a la salud de las personas aseguradas, específicamente, en virtud del estado de las listas de espera. Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal ordenó la elaboración, en el plazo de seis meses, de un sistema de gestión integrado para solventar los problemas de lista de espera e incorporar soluciones a las causas estructurales reconocidas por la propia Caja Costarricense de Seguro Social en su informe rendido en el expediente 18-14499-0007-CO; entre otras, ausencia de infraestructura adecuada, aumento poblacional, las consideraciones epidemiológicas, ausencia de un sistema adecuado para cubrir la falta de médicos especialistas, necesidades de equipamiento y demanda en aumento del primer nivel de atención, así como el ausentismo de pacientes a citas en diversos centros médicos de la institución recurrida. En el citado proyecto de sistema de gestión integrado, deberán definirse los plazos de espera razonables por patología o grupos relacionados de diagnóstico de acuerdo con la sintomatología, el nivel de urgencia y las condiciones del paciente, así como los criterios objetivos para precisar la inclusión y ubicación de un paciente en las listas de espera. Aunado a ello, el proyecto de sistema de gestión integrado deberá tomar en cuenta las particularidades de las poblaciones en estado de vulnerabilidad (personas adultas mayores, indígenas, personas en condición de pobreza, madres, niños, niñas y adolescentes, privados de libertad, entre otros) y orientarse bajo los principios constitucionales del servicio público: eficiencia, eficacia, razonabilidad, disponibilidad, accesibilidad y universalidad. Es decir, con la citada sentencia se pretende que la Caja Costarricense de Seguro Social de conformidad con sus competencias constitucionales y legales- tome las medidas para poner fin a la vulneración sistemática y reiterada al derecho a la salud de las personas que acuden a esa institución a recibir atención médica. Aunado a ello, en aras de dar un seguimiento del cumplimiento de esta sentencia, la S. Constitucional convocó a una audiencia oral y pública para el 14 de noviembre de 2019. Asimismo, se le ordenó a la Defensoría de los Habitantes que deberá coadyuvar con el seguimiento de la ejecución de esta resolución. Así las cosas, esta intervención promueve la obligación de la Caja Costarricense de disponer de acciones que reduzcan la problemática y que evite que los ciudadanos tengan que recurrir ante la S. Constitucional para poder ver satisfecho su derecho a la salud.

VI.- Voto salvado parcial del Magistrado S.A., únicamente en relación con la no condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida.

Si bien coincido con el resto de la S. en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la S. ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la S. haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la S., aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la S., implica una “terminación anormal del proceso”.

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta S. puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.
VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente contra el Hospital Dr. R.C.G., sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se ordena a T.L.P., D. General, y a N.T.Q., J.d.S. de Odontología, ambos funcionarios del Hospital Dr. Rafael C.G., o, a quienes en sus lugares ejerzan esos cargos, que dispongan de manera pronta y oportuna las acciones y coordinaciones necesarias, para que a partir de la comunicación de la presente resolución, y de conformidad con el criterio médico, realicen la cita de valoración que requiere la parte amparada [Nombre 002], cédula de identidad [Valor 002] , que fue programada para el 03 de febrero de 2022 en el Servicio de Odontología del Hospital Dr. R.C.G., si otra causa médica no lo impide y sea posible de acuerdo con la reorganización del servicio decretada por la emergencia hospitalaria con ocasión de la epidemia de coronavirus (COVID-19). Se advierte a la autoridad recurrida que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. El Magistrado Rueda Leal pone nota. El Magistrado S.zar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. En lo demás, se desestima el recurso. N..-

Paul Rueda L.
Presidente a.i
Luis Fdo. S.zar A.
Jorge Araya G.
Hubert Fernández A.
Aracelly Pacheco S.
Jorge Isaac Solano A.
Alexandra Alvarado P.

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Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, C.M., 100 mts.Sur de la iglesia del P.S.. Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, S.J., Distrito Catedral, B.G.L., calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

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