Sentencia Nº 2022-000073 de Sala Segunda de la Corte, 14-01-2022

EmisorSala Segunda de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente20-000046-1342-LA
Número de sentencia2022-000073
Fecha14 Enero 2022
*200000461342LA*
Corte Suprema de Justicia
SALA SEGUNDA
Exp: 20-000046-1342-LA
Res: 2022-000073
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las once horas veinte minutos del catorce de enero de dos mil veintidós.
Proceso ordinario establecido ante el Juzgado Civil, Trabajo, Familia, Penal Juvenil y Violencia Doméstica de Sarapiquí por [Nombre 001] , soltero, oficial de policía y vecino de Heredia, contra el ESTADO, representado por su procuradora adjunta, la licenciada Durley Verónica Arguedas Arce, casada y vecina de S.J.. Ambos mayores.
R.e.M.U.G.; y,
CONSIDERANDO:
I.-ANTECEDENTES: El actor formuló una demanda ordinaria laboral contra el Estado, pretendiendo el pago del incentivo por operaciones de alto riesgo desde el inicio de la relación de servicio y hacia el futuro; pidió, además, las correspondientes diferencias de aguinaldo, vacaciones y salario escolar; finalmente, solicitó los intereses, la indexación y las costas. La contestación fue negativa y se opusieron las defensas de falta de derecho y falta de legitimación. El a quo declaró parcialmente con lugar la demanda, rechazando las excepciones planteadas. Ordenó el pago del alto riesgo a partir del 12 de abril del año 2000 y hacia futuro; al igual que los respectivos reajustes de aguinaldo, vacaciones y salario escolar. Dispuso que se hicieran los correspondientes aportes a la seguridad social. Otorgó los intereses legales (si bien en el “por tanto” no se consignó la palabra “legales”, ello se infiere de la parte considerativa de la sentencia, donde se hizo mención de los numerales 565 del Código de Trabajo y 497 del Código de Comercio) y la indexación. Por último, condenó en costas al accionado.
II.- SÍNTESIS DEL RECURSO DE LA PARTE DEMANDADA: 1) Plus por operaciones de alto riesgo: Por razones de legalidad, se cuestiona que el juzgador de instancia haya concedido este rubro. La Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, en el STAP n.° 683-2000 del 12 de abril de 2000, informó que en la sesión extraordinaria n.° 3-2000, celebrada el 10 de abril de ese año, se había creado el incentivo denominado “alto riesgo”, el cual se aplicaría solo a los funcionarios enmarcados en los artículos 21 y 22 de la Ley 7410 (Ley General de Policía). Se aduce que la condena violenta el principio de reserva de ley, porque el promovente está nombrado en un código presupuestario que no se encuentra contemplado dentro de los códigos autorizados para percibir el sobresueldo en cuestión, según lo ha establecido la Autoridad Presupuestaria. A mayor abundamiento, las funciones que realiza el demandante no calzan con los numerales 21 y 22 de cita. En otro orden de ideas, la Ley 9635 (Fortalecimiento de las Finanzas Públicas), en su artículo 55, estatuye que la creación de incentivos, compensaciones o pluses salariales solo podrá efectuarse por medio de una ley. 2) Intereses e indexación: Se acusa el indebido reconocimiento de intereses legales e indexación, pues a juicio del recurrente, debió otorgarse interés neto e indexación o solamente el interés legal. Los intereses corresponden al resarcimiento ocasionado por la falta de cumplimiento de una obligación en dinero y la consiguiente imposibilidad de disponer del capital. El juez que precedió en el conocimiento del asunto indicó que el artículo 565 del Código de Trabajo establece que toda sentencia de condena a pagar una obligación dineraria implica para el deudor la obligación a pagar interés, salvo pacto en contrario. En ese entendido, al estar frente a una obligación dineraria, se entiende el pago de los intereses. Los intereses y la indexación no son excluyentes, pero de darse los dos extremos, debe aplicarse el interés neto y no el legal, pues este último ya tiene incorporado un componente indexatorio, por cuanto el pago de intereses (legales o convencionales) constituye una medida compensatoria e indexatoria a la vez, en tanto ajusta los desacoples en el valor del dinero por el paso del tiempo, así como las afectaciones por la indisponibilidad de aquel. Al conferírsele ambos extremos (interés legal e indexación), el actor estaría recibiendo por partida doble la devaluación monetaria. Al respecto, se invoca el voto de la S. Primera n.° 00378-2018. 3) Costas: Se requiere la exoneración en costas, en virtud del mérito que el Estado tenía para litigar, al considerar que se estaba violentando el principio de reserva de ley; aunado a lo anterior, el sublitem versa sobre un reclamo planteado sobre disposiciones administrativas que ameritaban la interpretación de los tribunales de justicia.
III.- PLUS POR OPERACIONES DE ALTO RIESGO: Este incentivo fue implementado por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria en su acuerdo n.° 5878 de la sesión extraordinaria 3-2000 del 10 de abril de 2000, con base en las siguientes motivaciones: “1. Que los miembros de la fuerza pública efectúan funciones que consisten en el mantenimiento del orden, seguridad ciudadana y/o represión delictiva. 2. Que se requiere que los miembros de la fuerza pública participen en operaciones de alto riesgo como allanamientos, situaciones de crisis, acciones antiterroristas, protección de figuras públicas o visitantes oficiales, entre otras, en las que el funcionario expone en forma directa su vida y su integridad física. 3. Que estos miembros de la fuerza pública deben cumplir con la atención de contingencias que atentan contra la Seguridad Nacional en forma oportuna y eficaz. 4. Que existen diferencias salariales en el mercado de trabajo a favor de los agentes de seguridad de la empresa privada, lo que provoca una alta rotación de personas e inestabilidad en el servicio. 5. Que, en virtud del riesgo y peligro implícitos en las funciones efectuados por los funcionarios de la fuerza pública, procede autorizar un incentivo denominado de 'OPERACIONES DE ALTO RIESGO´, a los efectos de cumplir con las responsabilidades vinculadas a la Seguridad Nacional. 6. Que el incentivo aquí creado debe considerarse diferente al denominado ‘Riesgo Policial’ cuyo fin es garantizar la seguridad nacional de los bienes, así como el respeto de los derechos y libertades de los ciudadanos”. Esta S. ha tenido la oportunidad de conocer asuntos similares al presente y ha concluido que la negativa de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria de extender el pago del sobresueldo en cuestión a otros cuerpos policiales resulta contraria a derecho, en tanto las personas integrantes de esos otros cuerpos policiales se encuentran en los supuestos de hecho que se previeron en el acuerdo que aprobó ese plus, razón por la cual tienen derecho a las mismas consecuencias jurídicas. En efecto, el acuerdo de creación del sobresueldo se previó para aquellas personas servidoras cuyas funciones y competencias se enmarcan en los artículos 21 y 22 de la Ley General de Policía, que corresponden a las asignadas a las entonces denominadas Guardia Civil y Guardia de Asistencia Rural. El numeral 22 regula las atribuciones de esos cuerpos policiales así: “a) Asegurar el ejercicio de las garantías constitucionales, la protección del orden constitucional, la seguridad ciudadana, la soberanía nacional y la integridad territorial. b) Mantener la tranquilidad y el orden públicos. c) Velar por la seguridad y la integridad de las personas y los bienes de los habitantes de la República. d) Mantener el respeto por las propiedades y los demás derechos de los habitantes de la República. e) Prevenir y reprimir la comisión de infracciones punibles dentro del territorio nacional”. En el caso concreto, se tuvo por acreditado que el actor ha ocupado la clase de Agente 1 FP en la Policía de Fronteras. El a quo consideró demostrado que sus funciones consistían en defender la soberanía nacional, mantener el orden público, encargarse de la vigilancia y seguridad ciudadana y garantizar la seguridad nacional. Lo anterior lo tuvo por probado de acuerdo a lo señalado en el hecho segundo de la demanda, el cual -dijo el juez- la representación estatal se limitó a rechazar, indicando que no se trataba de un hecho, sino de apreciaciones subjetivas de la parte actora. En cuanto a este punto -subrayó el administrador de justicia-, al ser la carga de la prueba de la demandada y no haber controvertido dicho hecho, debía tenerse por demostrado. Este razonamiento del a quo no fue objetado en el recurso que nos ocupa, por lo que la S. no lo puede remover y debe partir de la premisa de que las referidas son las funciones que ejerce el demandante; las cuales concuerdan con las reguladas en el canon 22 de la Ley General de Policía. Lo anterior permite concluir que las funciones policiales del actor son equiparables a las asignadas a las personas integrantes de las entonces denominadas Guarda Civil y Guarda de Asistencia Rural. No puede dejar de advertirse que el Ministerio de Seguridad Pública ha pretendido el reconocimiento del sobresueldo respecto de otros cuerpos policiales. En ese sentido, la Sección de Incentivos y Beneficios del Departamento de Compensaciones de la Dirección de Recursos Humanos elaboró un documento en el cual se exponen las razones que justifican la ampliación del beneficio salarial a todos los cuerpos policiales, en el siguiente sentido: “En la actualidad el alto riesgo implícito en la función policial es común a todos los servidores policiales indistintamente del lugar o cuerpo policial donde ejecuten sus labores (...). Los cuerpos policiales no cubiertos por el STAP-0683-2000 deben hacer frente a las situaciones que enmarca la génesis del Incentivo de Alto Riesgo” (imagen 92). De esa manera, aun cuando el Ministerio de Seguridad Pública se encuentre sujeto a los lineamientos y directrices emanados de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, los órganos jurisdiccionales no están obligados a aplicar una normativa que crea, sin sustento alguno, una situación de desigualdad. En ese entendido, el precepto 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en lo que interesa, estipula: “ Los funcionarios que administran justicia no podrán: (…) 2.- Aplicar decretos, reglamentos, acuerdos y otras disposiciones contrarias a cualquier otra norma de rango superior”. De ahí que el agravio formulado en el sentido de que lo resuelto lesiona el principio de legalidad no puede prosperar, pues hay valores jurídicos de mayor relevancia que deben ser tutelados por encima de la decisión de dicho órgano técnico (artículos 33 y 57 de la Constitución Política). En el subjudice , a pesar del criterio de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, se impone atender principios y normas de rango superior, entre ellos el fundamental a la igualdad, lo que permite concluir sobre el derecho del accionante a la aplicación de la normativa sectorial creada para regular las relaciones de servicio con los cuerpos policiales. Lo expuesto no significa que esta S. desconozca los principios de legalidad y de reserva de ley, pero entre ellos y los principios de igualdad e igualdad salarial, deben prevalecer estos últimos, para no generar discriminación. Así las cosas, con base en la naturaleza de las funciones desempeñadas por el accionante, se llega a la conclusión de que son similares a las que pretende compensar dicho incentivo, independientemente del código presupuestario donde se ubica su plaza, y por el cual es remunerada, pues esa ubicación responde a criterios de administración, no de legalidad. Luego, el reproche de que reconocer el incentivo a favor del actor quebranta el numeral 55 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, n.° 9635 del 3 de diciembre de 2018, no merece ser atendido. Esa norma regula el principio de reserva de ley en la creación de incentivos como el reclamado, siendo que la sentencia no está creando ningún incentivo, sino declarando el derecho a que un servidor policial perciba uno ya creado desde muchos años atrás.
IV.- INDEXACIÓN E INTERESES: El artículo 565 del Código de Trabajo, en cuanto a los intereses, dispone que el porcentaje será el fijado en la Ley n.° 3284 del 30 de abril de 1964 (Código de Comercio), cuyo canon 497 define el interés legal, que es el aplicable a falta de acuerdo expreso entre las partes. Ese numeral reza: “Interés legal es el que se aplica supletoriamente a falta de acuerdo, y es igual a la tasa básica pasiva del Banco Central de Costa Rica para operaciones en moneda nacional y a la tasa 'prime rate' para operaciones en dólares americanos”. Sin realizar ninguna exclusión, el ordinal 565 en mención -que es el aplicable en esta materia- también prevé expresamente que toda sentencia de condena a pagar una obligación dineraria implicará para el deudor la obligación de adecuar los extremos económicos principales, actualizándolos a valor presente. De modo que en ninguna infracción habría podido incurrir el Juzgado al ordenar el reconocimiento del interés legal conjuntamente con la indexación de los rubros reconocidos, pues la ley así lo ordena, independientemente de la interpretación que hayan podido hacer otros tribunales en relación con este tema. Para la S., la norma es clara y no admite la interpretación que intenta hacer valer el impugnante, al alero de lo resuelto por otros despachos judiciales, cuya decisión -por lo demás- no resulta vinculante para este otro Órgano. Luego, aun cuando la tasa de interés pueda contemplar la de la inflación, lo cierto es que ambas figuras compensan factores distintos. La indexación se prevé para compensar la pérdida del valor del dinero ocurrida por el transcurso del tiempo en relación con la inflación, mientras que los intereses compensan el costo de oportunidad, por no haber podido disponer del dinero en forma oportuna. En consecuencia, debe entenderse que la indexación y los intereses legales no son extremos excluyentes, y al estar regulados por ley, no implican un doble pago.
V.- COSTAS: La absolución en costas que plantea quien recurre, bajo el argumento de que se litigó con el criterio de que se está violentando el principio de reserva de ley y porque, además, se trata de un reclamo formulado sobre disposiciones administrativas que ameritaban la interpretación de la instancia judicial, no es de recibo. De conformidad con el artículo 562 del Código de Trabajo, la regla es imponer el pago de las costas a la parte vencida. Las razones de fondo que alega el impugnante para solicitar la exención, no prosperaron, lo cual significa que no le asistió razón en su oposición. Por ello, no hay mérito para considerar que su actuación en juicio fue de evidente buena fe, único de los supuestos del artículo 563 del Código de Trabajo que habría podido cobijar tales argumentos. No es procedente la exoneración pretendida, pues el actor tuvo que acudir al proceso judicial en defensa de derechos legítimos, respecto de los cuales la parte demandada ha mostrado oposición, a pesar de haberse resuelto que la situación del accionante se ajustaba a los supuestos de las regulaciones pertinentes. Aunado a ello, esta S. ya ha resuelto asuntos similares, en los cuales se le ha explicado a la representación estatal las razones por las cuales el agravio que ahora expresa, acerca de la improcedencia del pago del sobresueldo de alto riesgo a quienes se desempeñan en la Policía de Frontera, deviene improcedente.
VI.- CONSIDERACIÓN FINAL: Como corolario de lo expuesto, ha de declararse sin lugar el recurso.
POR TANTO:
Se declara sin lugar el recurso.
Orlando Aguirre Gómez
Luis Porfirio Sánchez Rodríguez Jorge Enrique Olaso Álvarez
Roxana Chacón Artavia Olman Gerado Ugalde González

Res: 2022000073

SKRAMLAN/mrg

1
EXP: 20-000046-1342-LA

Teléfonos: 2295-3671, 2295-3676, 2295-3675 y 2295-4406. Facsímile: 2295-3009. Correos Electrónicos: imoralesl@poder-judicial.go.cr. y jmolinab@poder-judicial.go.cr

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR