Sentencia Nº 2022-000453 de Sala Segunda de la Corte, 25-02-2022

EmisorSala Segunda de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha25 Febrero 2022
Número de sentencia2022-000453
Número de expediente21-000386-0173-LA
*200016731178LA*
Corte Suprema de Justicia
SALA SEGUNDA
Exp: 21-000386-0173-LA
Res: 2022-000453
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las doce horas cuarenta y cinco minutos del veinticinco de febrero de dos mil veintidós.
Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, por [Nombre 001], vecina de San José, contra la MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, representada por su apoderada general judicial, la licenciada M.F.A.V., vecina de Cartago. Figura como apoderada especial judicial de la actora, la licenciada T.R.A., de calidades desconocidas. Todas mayores, casadas y abogadas, con la excepción indicada.
Redacta la Magistrada C.A.; y,
CONSIDERANDO:
I.- ANTECEDENTES: La demanda se planteó para que se condene a la Municipalidad de San José a incorporar en el salario actual y a futuro los aumentos salariales que fueron retenidos para conformar su salario escolar; se cancele este beneficio como un tracto adicional e independiente; y se paguen en forma retroactiva los tractos salariales indebidamente retenidos desde el año 2010. Así mismo se pidió: “Pagar … retroactivamente las diferencias surgidas en conceptos salariales accesorios, al recalcular su valor con relación a los montos reales de salario que surgen de incorporar los tractos de salario retenido en el salario regular. Los montos accesorios que deben ser recalculados son horas extras, aguinaldo, vacaciones y salario escolar; así como cualquier plus salarial cuyo importe sea definido como un porcentaje del salario base. Solicitamos adicionalmente que se declare que las diferencias surgidas en el salario escolar deben ser canceladas de acuerdo con los porcentajes aplicables a la generalidad del sector público, desde el año 2010”. Por último, se solicitó el reconocimiento de intereses, indexación y ambas costas. La parte accionada se opuso a esas pretensiones y alegó las defensas de falta de derecho, prescripción y pago. El Juzgado acogió las defensas de falta de derecho y pago; desestimó la demanda en todos sus extremos e impuso las costas a cargo de la parte actora, fijando las personales en la suma prudencial de cien mil colones.
II.- RECURSO DE LA PARTE ACTORA: En primer término, alega la falta de determinación clara y precisa de los hechos acreditados, por no incluir o excluir como tal, si el salario escolar en la Municipalidad está compuesto o no por tractos retenidos de aumento salarial (con independencia de la consideración de si este sistema es legítimo o no). Dice que el hecho se acreditó con los porcentajes específicos de retención que la Municipalidad admitió aplicar, los que se ajustan exactamente con los alegados en el hecho 5 de la demanda. Seguidamente reclama la falta de fundamento o fundamento insuficiente del fallo, por cuanto, se omite indicar la conclusión a la que se arriba, a pesar de partir de la autonomía municipal y que el salario escolar se origina en el acuerdo del año 2010 el cual reconoce la existencia de retenciones de los aumentos salariales para conformar el salario escolar. También se le reprocha a dicho pronunciamiento la falta de fundamento sobre las consecuencias legales de un sistema municipal legítimo y autorregulado de retenciones salariales. A propósito de ello, argumenta que al parecer el fallo procede a “… dar por sentado que la modalidad interna dispuesta por la Municipalidad de San José es un sistema de retenciones de aumento salarial legítimo, tal y como lo dispone la normativa interna, en razón del principio de autonomía municipal. En atención a esa posibilidad, esta parte trajo a discusión las implicaciones jurídicas de tal consideración eventual en su escrito de conclusiones…”. También reclama el haberse obviado que “… si el salario escolar se rige por la normativa interna municipal, y la normativa interna municipal dispone claramente que el salario escolar está compuesto por retenciones de aumento salarial, entonces esos tractos de aumento salarial retenidos deben necesariamente ser tomados en cuenta para efectos de cálculo de otros tractos salariales dispuestos por ley, pues no hacerlo sería desconocer su naturaleza salarial y evadir las disposiciones a nivel de ley que la Municipalidad no tiene potestad para obviar”. Según el recurso, aun considerando legítima la modalidad de pago del salario escolar en la Municipalidad accionada, a saber, como una retención de aumentos salariales, esto tiene implicaciones en la cancelación de los salarios, pues, los tractos deben considerarse como salario “… para efectos de calcular tractos regulados por ley, como lo son el aguinaldo, las horas extra y las vacaciones. La Municipalidad no puede brincarse la ley y escoger cuáles tractos salariales serán utilizados como “salario” y cuáles no. El salario escolar, siendo compuesto por aumentos salariales, debe también toma para efectos de realizar los demás cálculos de tractos salariales”. Por último, se muestra inconformidad con la imposición de las costas, por haber accionado de buena fe, creyendo tener derecho a lo pretendido. Fundamenta este reparo en lo siguiente: el fallo llegó a una conclusión interpretativa contraria al texto del acuerdo que origina el derecho al salario escolar en la Municipalidad, el que contempla un sistema de retenciones; se dio inicialmente una concurrencia de personas trabajadoras que acudieron a reclamar; en otros procesos semejantes desacumulados, se ha resuelto sin especial condena de esos gastos; se incurre en una injusticia y en desigualdad procesal, el que por haberse desacumulado, algunas personas tienen la “suerte ” de que se les exima de esos gastos, mientras que otras no; y, por el principio protector, ante la existencia como mínimo de duda de la naturaleza legítima y buena fe de la acción.
III.- SOBRE EL RECURSO DE CASACIÓN POR MOTIVOS PROCESALES: La parte actora expone dos agravios que tienen esa naturaleza, los cuales se encuentran contemplados en los incisos 3 y 5 del artículo 587 del Código de Trabajo, a saber: “ Por razones procesales será admisible cuando se invoque: 3.- Falta de determinación, clara y precisa, de los hechos acreditados por el juzgado. /… 5.- Falta de fundamento o fundamento insuficiente de la sentencia…”. No obstante, no se aprecia que se haya incurrido en tales yerros. En primer término, la Sala no aprecia la existencia de una falta de determinación clara y precisa de los hechos acreditados en la sentencia. A propósito de ello, debe tenerse presente que, el órgano jurisdiccional tiene potestades suficientes para elaborar el marco fáctico demostrado e indemostrado de la sentencia y esta tarea fue cumplida. Solo a mayor abundamiento de motivos, en el fallo número 783 de las 10:05 horas del 16 de mayo de 2018, esta Sala indicó que también se incurre en ese vicio cuando el elenco de hechos probados y no probados está incompleto y esta omisión incide negativamente en el análisis de fondo, circunstancia que no se configuró en la especie. Más en el asunto que se conoce, en el único hecho tenido por no acreditado claramente se tuvo como tal el siguiente: “1.- No demuestra la demandante, como era su deber hacer de conformidad con el artículo 41 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria por el artículo 428 del Código de Trabajo, que la Corporación Municipal le haya retenido de alguna manera parte de su salario. No hay prueba de ello en los autos.. Si el tener ese hecho como no demostrado es correcto o no es una cuestión a analizar en el apartado de fondo. Luego, tampoco se está en presencia del supuesto previsto en la norma citada, referido a la falta de fundamento o fundamento insuficiente del fallo. Este órgano estima que la sentencia está debidamente motivada. La fundamentación de una sentencia consiste en plasmar las razones o fundamentos fácticos y jurídicos por los que se adopta una decisión. Por ello forma parte integrante del debido proceso y del derecho de defensa, pues sólo conociendo los motivos por los que se arriba a una determinación, es que se coloca al afectado en posibilidad de combatirla. La ausencia de motivación se advierte en dos hipótesis, la primera, cuando es inexistente, que es precisamente cuando la persona juzgadora omite consignar los cimientos de su pronunciamiento. La segunda, en aquellos casos en que el despliegue argumentativo del órgano resulta confuso y exhibe contradicciones que se erigen como un obstáculo para determinar de forma diáfana los motivos que le sirven de base. Esta situación es distinta de una discrepancia con los motivos o los argumentos de hecho o de derecho. En criterio de la Sala quien recurre mezcla dos reparos, uno de orden procesal (falta de fundamentación) y otro de naturaleza sustantiva ( preterición o indebida valoración de prueba). Estos agravios son excluyentes y no pueden abordarse por la vía formal introducida por el artículo 587 ídem, sin que ello sea óbice para analizar esas consideraciones sustanciales, en el apartado relativo al fondo del asunto.
IV.- SOBRE EL SALARIO ESCOLAR EN EL ÁMBITO MUNICIPAL: El tema relacionado con la naturaleza jurídica del salario escolar ha sido ampliamente debatido desde su creación en el ámbito de competencia del Poder Ejecutivo. En algunas ocasiones se le consideró como una retención de pago diferido. Más luego, esta Sala mantuvo el criterio de que constituyó un componente salarial más. Sin embargo, la Sala Constitucional, en una reciente sentencia abordó el análisis del tema y concluyó que el salario escolar está conformado por una retención del aumento salarial, cuyo pago se difiere para otorgarlo en el mes de enero de cada año. En ese sentido, en el voto 9188, de las 9:50 horas del 21 de mayo de 2020, estableció: “Ahora bien, de lo expuesto anteriormente se desprende que el salario escolar surge a partir de los ajustes en los aumentos que por concepto de costo de vida fueron decretados en el año 1994, y que con base en el acuerdo de política salarial de ese año, fueron cancelados en forma gradual, pagándose un porcentaje de estos en forma acumulativa en el mes de enero ...Así, en resumen, el salario escolar surge como un porcentaje del aumento salarial de los trabajadores que sería pagado por los patronos en forma acumulada y diferida durante el mes de enero de cada año y que, por lo tanto, se encuentra dentro patrimonio del empleado. Lo anterior, implica que no se trata de un pago extraordinario, como es el caso del aguinaldo, sino que forma parte del salario del trabajador”. Sin embargo, esa discusión carece de importancia, en virtud de la autonomía prevista en la Carta Fundamental a favor de las Municipalidades, como lo es la demandada, sobre la cual, en la sentencia número 1884 del año 2020 se consideró: “La Constitución Política otorga autonomía a las municipalidades (artículo 170), la cual cubre el ámbito político, tributario, administrativo y normativo. La Sala Constitucional, ha definido sus alcances de la siguiente manera: "Desde un punto de vista jurídico-doctrinario, esta autonomía debe ser entendida como la capacidad que tienen las Municipalidades de decidir libremente y bajo su propia responsabilidad, todo lo referente a la organización de determinada localidad (el cantón, en nuestro caso). Así, algún sector de la doctrina ha dicho que esa autonomía implica la libre elección de sus propias autoridades; la libre gestión en las materias de su competencia; la creación, recaudación e inversión de sus propios ingresos; y específicamente, se refiere a que abarca una autonomía política, normativa, tributaria y administrativa, definiéndolas, en términos muy generales, de la siguiente manera: autonomía política: como la que da origen al autogobierno, que conlleva la elección de sus autoridades a través de mecanismos de carácter democrático y representativo, tal y como lo señala nuestra Constitución Política en su artículo 169; autonomía normativa: en virtud de la cual las municipalidades tienen la potestad de dictar su propio ordenamiento en las materias de su competencia, potestad que en nuestro país se refiere únicamente a la potestad reglamentaria que regula internamente la organización de la corporación y los servicios que presta (reglamentos autónomos de organización y de servicio); autonomía tributaria: conocida también como potestad impositiva, y se refiere a que la iniciativa para la creación, modificación, extinción o exención de los tributos municipales corresponde a estos entes, potestad sujeta a la aprobación señalada en el artículo 121, inciso 13 de la Constitución Política cuando así corresponda; y autonomía administrativa: como la potestad que implica no sólo la autonormación, sino también la autoadministración y, por lo tanto, la libertad frente al Estado para la adopción de las decisiones fundamentales del ente.” (véase sentencia n.º 1999-5445 de las 14:30 horas del 14 de julio de 1999)”. Tomando en consideración la referida autonomía, es claro que la normativa dirigida al Gobierno Central no le es aplicable a la Municipalidad accionada. Luego, tal y como se dice en el fallo recurrido, como el Código Municipal, Ley número 7794 del 30 de abril de 1998, no reguló el salario escolar, cada Municipalidad tiene la potestad de crearlo para ser aplicado en su propio ámbito, así como de determinar la manera de hacerlo (en ese sentido se pueden consultar los votos números 1911 de las 11:10 horas del 14 de octubre de 2020 y 1249 de las 9:50 horas del 17 de julio de 2019). Y de ahí que, para resolver este asunto precisa determinar el origen del reconocimiento del salario escolar en la Municipalidad de San José.
V.- ANÁLISIS DEL CASO: La parte accionante planteó en su demanda lo siguiente: “ El “salario escolar” que le ha sido pagado a cada uno de los actores en realidad ha estado constituido por retenciones ilegales efectuadas a su propio salario, sobre aumentos que ya debieron haber sido integrados a su salario regular. O sea: a los actores en realidad no se les ha pagado el salario escolar como un tracto adicional como lo exige el marco jurídico actual, sino que se les está pagando con su propio salario regular que se les ha retenido indebidamente” (sic) (la negrita forma parte del original). También afirmó que el salario escolar debe “ser un componente salarial independiente y no una retención acumulada de parte del salario” (la negrita forma parte del original). La Municipalidad se fundó en la autonomía de que goza y negó la existencia de retenciones indebidas. No hay duda que el municipio ha implementado el salario escolar conforme al Convenio suscrito el 2 de febrero del año 2010 por la Comisión Negociadora del Aumento Salarial. Este se implementó como parte de una política de salario creciente y su porcentaje se ha contabilizado para ser girado a la persona trabajadora en el mes de enero del año siguiente al de su contabilización, previa deducción del impuesto de la renta y cargas sociales. En ese orden de ideas, la sentencia recurrida tuvo por probado, en lo de interés lo siguiente: “2. Que la Municipalidad demandada les ha reconocido a los accionantes el componente salarial denominado Salario Escolar, desde el año 2010, conforme al Convenio suscrito el 02 de febrero 2010, por la Comisión Negociadora de Aumento Salarial para el año 2010, indicándose en dicho acuerdo: “1. Definir que para el año 2010, los aumentos salariales serán los convenidos en esta negociación, y corresponden a: 1.1. El 3,25 % para el primer semestre del año 2010, porcentaje del cual se aplicará como aumento directo el 2,0 %, afectando en esa proporción los salarios base, a partir del 1 de enero del 2010, El 1,25 % restante, se acumulará para, en forma diferida, ser pagado al personal, en el último pago del mes de enero del 2011, (…). 1.2. El 3,25 % para el segundo semestre del año 2010, porcentaje del cual se aplicará como aumento directo el 2,0%; afectando en esa proporción los salarios base, a partir del I de julio del 2010. El 1 % restante se acumulará para; en forma diferida, ser pagado al personal, en el último pago del mes de enero del 2011 (…). 2. Para los años sucesivos (2011, 2012 y 2013), la Municipalidad se compromete a negociar los aumentos salariales con los representantes de los trabajadores, sobre la base de las proyecciones de inflación, convenidos los cuales: de los porcentajes pactados en cada período, se retendrá para la acumulación del salario escolar. a) Enero 2011: el 1%; b) Julio 2011: el 1 c) Enero 2012: el d) Julio 2012: el e) Enero 2013: el f) Julio 2013: el 0,69 %. A partir del año 2014, la Municipalidad, además de los aumentos por costo de vida que pacte con los (as) representantes de los (as) trabajadores (as), deberá pagar a estos (as) el 8,19 % -porcentaje definido en la Resolución DG-136-97 dictada por la Dirección General de Servicio Civil reconocimiento del salario escolar- en forma diferida y sobre los devengados del periodo, pago —obviamente- que se hará efectivo en enero del 2015 y así sucesivamente. A partir del año 2014, la Municipalidad, además de los aumentos por costo de vida que pacte con los (as) representantes de los (as) trabajadores (as), deberá pagar a estos (as) el 8,19 % -porcentaje definido en la Resolución DG-136-97 dictada por la Dirección General de Servicio Civil reconocimiento del salario escolar en forma diferida y sobre los devengados del período, pago —obviamente- que se hará efectivo en enero del 2015 y así sucesivamente”, así se desprende del documento visible a imagen 698-702, del expediente electrónico y la Resolución ALCALDÍA-0020-2017, visible a imagen 710-711, en el cual se indicó en el “Por Tanto”, que “Este despacho resuelve incrementar el porcentaje por concepto de salario escolar en los mismos términos definidos en el Decreto N°39202-MTSS-H, y la Resolución No. DG-011-2016, conforme la disponibilidad presupuestaria”, acreditándose de esta manera de que efectivamente el ente municipal, a partir del año 2010, procedió a reconocer a sus trabajadores el rubro por concepto de salario escolar. 4.- Que mediante circular alcaldía 677-2010, el alcalde municipal, aclara el fondo de la negociación sobre los aumentos pactados en fecha 29 de enero de 2010, indicando que: “… 3.- Pagar el salario escolar a partir de enero del año en curso para lo cual a partir de ese mes se reconocerá el 2.25% sobre los salarios totales que devenguen los (as) trabajadoras (as) al 31 de diciembre próximo. El efecto de estos dos tractos se pagará en la segunda bisemana de enero de 2011. Este acumulado se ampliará con tractos parecidos (1% a retener de los aumentos que se pacten en enero y julio del 2011, 2012 y primer semestre el 2013 y un último tracto, del 0.69% en julio del 2013)”. (Ver circular alcaldía 677-2010, visible a imagen 703 del expediente electrónico, libro versión pdf.). 5.- Que mediante oficio 5642, de fecha 11 de febrero de 2010, se comunicó el acuerdo I, A.I., de la Sesión Ordinaria 198, celebrada por el Concejo Municipal en fecha 10 de febrero de 2010, indicándose en el “punto 2. Acoger la justificación y propuesta para el pago diferido del salario escolar y aprobar el reconocimiento en ese sentido de un aumento sobre los salarios totales de los trabajadores, según lo convenido y plasmado en el acuerdo de cita, de 1.25% a partir de enero y 1.25 a partir de julio de 2010, a pagar a las (as) trabajadores (as) en la segunda bisemana de 2011”. Lo cual se acredita mediante documento visible a imágenes 704-705, del expediente electrónico, libro versión pdf. En igual sentido ver el oficio 5644, de fecha 11 de febrero de 2010, mediante el cual se transcribe el acuerdo 3, A.I., de la sesión ordinaria 198, con referencia al mismo tema, documento visible a imagen 706, del expediente electrónico, libro versión pdf.” (sic). Con base en ello, que no es controvertido ante este órgano, contrario a lo expuesto en el recurso, el fundamento principal de la demanda -una supuesta retención ilegal de los montos que componen el salario escolar- resulta improcedente, pues dicha retención no puede calificarse de indebida, sino, el presupuesto del derecho del pago del salario escolar. Por la misma razón, el que se hubiese incurrido en error al no tener por acreditado que se hayan realizado efectivamente las retenciones, no tiene la virtud de variar lo resuelto, pues, se repite, la pretensión principal incluida en la demanda es el que se reconozcan sumas retenidas para el pago posterior del salario escolar, la que siempre y a todas luces resultaría carente de fundamento. Por último, la consideración contenida en el recurso de que los tractos de aumento salarial retenidos deben necesariamente ser tomados en cuenta para efectos de cálculo de otros tractos salariales dispuestos por ley, se encuentra fuera del marco del debate, toda vez que las diferencias pretendidas en el libelo inicial se incluyeron como una cuestión accesoria, consecuencia de acogerse la principal, la que por las razones indicadas no resulta procedente.
VI.- SOBRE LAS COSTAS: En materia laboral el numeral 562 del Código de Trabajo se ocupa de las resoluciones en las cuales se debe hacer pronunciamiento sobre costas y los parámetros para fijar las personales. Mientras que el 563 siguiente, contempla los supuestos que posibilitan a quien juzga resolver el asunto sin especial condena de esos gastos; así como de aquellos en los que se considera no existe buena fe. De ese elenco normativo se desprende que la regla es condenar en costas a la parte vencida, teniendo quien administra justicia la facultad de exonerar de tales gastos, cuando se esté en presencia de alguna de las referidas hipótesis, entre las que se encuentra el haber litigado con evidente buena fe (inciso 1 del numeral 563), en la que se fundamentó el fallo recurrido. La Sala avala la posición de la parte actora, según la cual, debió dispensársele de la cancelación de esos gastos. Es evidente que, al acudir a estrados judiciales, la parte actora lo hizo con la plena convicción de que le asistía derecho a lo pretendido, a la luz de las distintas interpretaciones que sobre el salario escolar se han dado en el Sector Público.
VII.- CONSIDERACIÓN FINAL: En virtud de lo expuesto, procede declarar parcialmente con lugar el recurso y anular la sentencia recurrida únicamente en cuanto le impuso las costas a la parte actora, para resolver el asunto sin especial condena en esos gastos.
POR TANTO:
Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se anula la sentencia recurrida únicamente en cuanto impuso la condena en costas a cargo de la parte actora. En su lugar, se resuelve el presente asunto sin especial condena en esos gastos.
Orlando Aguirre Gómez
Julia Varela Araya Luis Porfirio Sánchez Rodríguez
Jorge Enrique Olaso Álvarez Roxana Chacón Artavia

Res: 2022000453

MRAMIREZS/mrg

1
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