Sentencia Nº 2022-000492 de Sala Segunda de la Corte, 04-03-2022

EmisorSala Segunda de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia2022-000492
Fecha04 Marzo 2022
Número de expediente19-002342-1178-LA
*190023421178LA*
Corte Suprema de Justicia
SALA SEGUNDA
Exp: 19-002342-1178-LA
Res: 2022-000492
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las once horas quince minutos del cuatro de marzo de dos mil veintidós.
Proceso ordinario laboral establecido ante el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, Sección Primera, por [Nombre 001] , [Nombre 002] , [Nombre 003] , [Nombre 004], [Nombre 005], [Nombre 006], [Nombre 007], [Nombre 008], [Nombre 009], [Nombre 010], [Nombre 011], [Nombre 012], [Nombre 013], [Nombre 014], [Nombre 015], [Nombre 016], [Nombre 017], [Nombre 018], [Nombre 019], [Nombre 020], contra la MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, representada por su apoderada general judicial la licenciada S.O.C., casada, abogada, vecina de San José. Figura como apoderada especial judicial de las personas actoras, la licenciada T.R.A., abogada. Todos mayores, funcionarios municipales y de otras calidades desconocidas, con las excepciones indicadas.
Redacta el Magistrado A.G.; y,
CONSIDERANDO:
I.- ANTECEDENTES: La demanda se planteó para que se condene a la Municipalidad de San José a incorporar en el salario actual y a futuro los aumentos salariales que fueron retenidos para conformar su salario escolar; se cancele este beneficio como un tracto adicional e independiente; y se paguen en forma retroactiva los tractos salariales indebidamente retenidos desde el año 2010. Así mismo se pidió: “Pagar …retroactivamente las diferencias surgidas en conceptos salariales accesorios, al recalcular su valor con relación a los montos reales de salario que surgen de incorporar los tractos de salario retenido en el salario regular. Los montos accesorios que deben ser recalculados son horas extras, aguinaldo, vacaciones y salario escolar; así como cualquier plus salarial cuyo importe sea definido como un porcentaje del salario base. Solicitamos adicionalmente que se declare que las diferencias surgidas en el salario escolar deben ser canceladas de acuerdo con los porcentajes aplicables a la generalidad del sector público, desde el año 2010”. Por último, se solicitó el reconocimiento de intereses, indexación y ambas costas. La parte accionada se opuso a esas pretensiones y alegó las excepciones de falta de derecho y pago. Pidió que se declare sin lugar la demanda con las costas a cargo de las personas demandantes. La sentencia de instancia desestimó la demanda, a cuyo respecto acogió la defensa de falta de derecho. Resolvió sin especial condenatoria en costas.
II.- RECURSO DE LA PARTE ACTORA: La apoderada especial judicial de las personas demandantes, alega falta de determinación clara y precisa de los hechos acreditados, ya que, a su juicio, en el fallo se excluyó la consideración de todos los hechos expuestos en el escrito de demanda, entre ellos los hechos 3, 4 y 5. Alega también falta de fundamentación o insuficiente fundamentación de la sentencia, ya que en la resolución se recurre a normativa emanada del Gobierno Central, no así de la municipal interna o a los hechos del caso particular, a pesar de que esas fuentes de derecho fueron traídas a discusión al proceso. Cita entre esas normas el acuerdo de la municipalidad y los representantes sindicales del 2 de febrero de 2010, acuerdo municipal del 27 de febrero de 2018, dictamen 375-CAJ-2018 de la Comisión de Asuntos Jurídicos y el oficio 0027-SGARH-SA-18 del Departamento de Recursos Humanos; todos los cuales señalan que el salario escolar en el ayuntamiento está compuesto por retenciones salariales aplicadas bajo un modelo de pago diferido. Insiste en que en el fallo se aplicaron normas incorrectas al caso. Aduce que no existe prueba que demuestre que no se efectuaron las retenciones salariales pactadas en el acuerdo del 12 de febrero de 2010. Asegura que en la sentencia no se verificó que el sistema interno de retenciones salariales se ajusta a la normativa legal de fondo, y a la situación jurídica de la Municipalidad de San José, de haberse constatado, se tenía que concluir que las retenciones son ilegítimas o que su aplicación es permitida, pero que se debe ajustar a la legalidad. Para la recurrente las retenciones salariales para pagar diferidamente el salario escolar son ilegales, al constituir una afectación en el salario inventada por la administración municipal, sin sustento legal, pues tiene protección constitucional que la autonomía municipal no puede contradecir.
III.- SOBRE EL RECURSO DE CASACIÓN POR MOTIVOS PROCESALES: La parte actora expone dos agravios que tienen esa naturaleza, los cuales se encuentran contemplados en los incisos 3 y 5 del artículo 587 del Código de Trabajo, a saber: “Por razones procesales será admisible cuando se invoque: 3.- Falta de determinación, clara y precisa, de los hechos acreditados por el juzgado./… 5.- Falta de fundamento o fundamento insuficiente de la sentencia…”. No obstante, no se ha incurrido en tales yerros. En primer término, la Sala no aprecia la existencia de una falta de determinación clara y precisa de los hechos acreditados en la sentencia. A propósito de ello, debe tenerse presente que, el órgano jurisdiccional tiene potestades suficientes para elaborar el marco fáctico demostrado e indemostrado de la sentencia y esta tarea fue cumplida. Solo a mayor abundamiento de motivos, en el fallo número 783 de las 10:05 horas del 16 de mayo de 2018, esta Sala indicó que también se incurre en ese vicio cuando el elenco de hechos probados y no probados está incompleto y esta omisión incide negativamente en el análisis de fondo, circunstancia que no se configuró en la especie. Más en el asunto que se conoce, si bien es cierto solo se tuvieron hechos probados en el considerando III, en el considerando IV de fondo, se indicó “ De tal forma, queda en evidencia claramente que el planteamiento que realiza la parte trabajadora no tiene sustento jurídico, dado que la jurisprudencia de cita ilustra que desde su creación, no ha existido un rebajo salarial para obtener su cometido; y de forma indefectible, aclara que el salario escolar no se trata de una retención acumulada de parte del salario, como lo plantea la parte accionante; que de todas maneras, no se encuentra evidencia del material probatorio que consta en autos, no se logra evidenciar un rebajo propiamente del salario de los accionantes para tales efectos.” (Lo resaltado es agregado) Si el tener esa situación como no demostrada es correcto o no es una cuestión a analizar en el apartado de fondo. Luego, tampoco se está en presencia del supuesto previsto en la norma citada, referido a la falta de fundamento o fundamento insuficiente del fallo. Este órgano estima que la sentencia está debidamente motivada. La fundamentación de una sentencia consiste en plasmar las razones o fundamentos fácticos y jurídicos por los que se adopta una decisión. Por ello forma parte integrante del debido proceso y del derecho de defensa, pues sólo conociendo los motivos por los que se arriba a una determinación, es que se coloca al afectado en posibilidad de combatirla. La ausencia de motivación se advierte en dos hipótesis, la primera, cuando es inexistente, que es precisamente cuando la persona juzgadora omite consignar los cimientos de su pronunciamiento. La segunda, en aquellos casos en que el despliegue argumentativo del órgano resulta confuso y exhibe contradicciones que se erigen como un obstáculo para determinar de forma diáfana los motivos que le sirven de base. Esta situación es distinta de una discrepancia con los motivos o los argumentos de hecho o de derecho. En criterio de la Sala, quien recurre mezcla dos reparos, uno de orden procesal (falta de fundamentación) y otro de naturaleza sustantiva (preterición o indebida valoración de prueba). Estos agravios son excluyentes y no pueden abordarse por la vía formal introducida por el artículo 587 ídem, sin que ello sea óbice para analizar esas consideraciones sustanciales, en el apartado relativo al fondo del asunto.
IV.- SOBRE EL SALARIO ESCOLAR EN EL ÁMBITO MUNICIPAL: El tema relacionado con la naturaleza jurídica del salario escolar ha sido ampliamente debatido desde su creación en el ámbito de competencia del Poder Ejecutivo. En algunas ocasiones se le consideró como una retención de pago diferido. Más luego, esta Sala mantuvo el criterio de que constituyó un componente salarial más. Sin embargo, la Sala Constitucional, en una reciente sentencia abordó el análisis del tema y concluyó que el salario escolar está conformado por una retención del aumento salarial, cuyo pago se difiere para otorgarlo en el mes de enero de cada año. En ese sentido, en el voto 9188, de las 9:50 horas del 21 de mayo de 2020, esa Sala estableció: “Ahora bien, de lo expuesto anteriormente se desprende que el salario escolar surge a partir de los ajustes en los aumentos que por concepto de costo de vida fueron decretados en el año 1994, y que con base en el acuerdo de política salarial de ese año, fueron cancelados en forma gradual, pagándose un porcentaje de estos en forma acumulativa en el mes de enero ...Así, en resumen, el salario escolar surge como un porcentaje del aumento salarial de los trabajadores que sería pagado por los patronos en forma acumulada y diferida durante el mes de enero de cada año y que, por lo tanto, se encuentra dentro patrimonio del empleado. Lo anterior, implica que no se trata de un pago extraordinario, como es el caso del aguinaldo, sino que forma parte del salario del trabajador”. Sin embargo, esa discusión carece de importancia, en virtud de la autonomía prevista en la Carta Fundamental a favor de las Municipalidades, como lo es la demandada, sobre la cual, en la sentencia número 1884 del año 2020 se consideró: “La Constitución Política otorga autonomía a las municipalidades (artículo 170), la cual cubre el ámbito político, tributario, administrativo y normativo. La Sala Constitucional, ha definido sus alcances de la siguiente manera: "Desde un punto de vista jurídico-doctrinario, esta autonomía debe ser entendida como la capacidad que tienen las Municipalidades de decidir libremente y bajo su propia responsabilidad, todo lo referente a la organización de determinada localidad (el cantón, en nuestro caso). Así, algún sector de la doctrina ha dicho que esa autonomía implica la libre elección de sus propias autoridades; la libre gestión en las materias de su competencia; la creación, recaudación e inversión de sus propios ingresos; y específicamente, se refiere a que abarca una autonomía política, normativa, tributaria y administrativa, definiéndolas, en términos muy generales, de la siguiente manera: autonomía política: como la que da origen al autogobierno, que conlleva la elección de sus autoridades a través de mecanismos de carácter democrático y representativo, tal y como lo señala nuestra Constitución Política en su artículo 169; autonomía normativa: en virtud de la cual las municipalidades tienen la potestad de dictar su propio ordenamiento en las materias de su competencia, potestad que en nuestro país se refiere únicamente a la potestad reglamentaria que regula internamente la organización de la corporación y los servicios que presta (reglamentos autónomos de organización y de servicio); autonomía tributaria: conocida también como potestad impositiva, y se refiere a que la iniciativa para la creación, modificación, extinción o exención de los tributos municipales corresponde a estos entes, potestad sujeta a la aprobación señalada en el artículo 121, inciso 13 de la Constitución Política cuando así corresponda; y autonomía administrativa: como la potestad que implica no sólo la autonormación, sino también la autoadministración y, por lo tanto, la libertad frente al Estado para la adopción de las decisiones fundamentales del ente.” (véase sentencia n.º 1999-5445 de las 14:30 horas del 14 de julio de 1999)”. Tomando en consideración la referida autonomía, es claro que la normativa dirigida al Gobierno Central no le es aplicable a la Municipalidad accionada. Luego, tal y como se dice en el fallo recurrido, como el Código Municipal, Ley número 7794 del 30 de abril de 1998, no reguló el salario escolar, cada Municipalidad tiene la potestad de crearlo para ser aplicado en su propio ámbito, así como de determinar la manera de hacerlo (en ese sentido se pueden consultar los votos de esta Sala números 1911 de las 11:10 horas del 14 de octubre de 2020 y 1249 de las 9:50 horas del 17 de julio de 2019). Y de ahí que, para resolver este asunto precisa determinar el origen del reconocimiento del salario escolar en la Municipalidad de San José.
V.- ANÁLISIS DEL CASO: La parte accionante planteó en su demanda lo siguiente: “El “salario escolar” que le ha sido pagado a cada uno de los actores en realidad ha estado constituido por retenciones ilegales efectuadas a su propio salario, sobre aumentos que ya debieron haber sido integrados a su salario regular. O sea: a los actores en realidad no se les ha pagado el salario escolar como un tracto adicional como lo exige el marco jurídico actual, sino que se les está pagando con su propio salario regular que se les ha retenido indebidamente” (sic) (la negrita forma parte del original). También afirmó que el salario escolar debe “ser un componente salarial independiente y no una retención acumulada de parte del salario” (la negrita forma parte del original). La Municipalidad se fundó en la autonomía de que goza y negó la existencia de retenciones indebidas. No hay duda que el municipio ha implementado el salario escolar conforme al Convenio suscrito el 2 de febrero del año 2010 por la Comisión Negociadora del Aumento Salarial. Este se implementó como parte de una política de salario creciente y su porcentaje se ha contabilizado para ser girado a la persona trabajadora en el mes de enero del año siguiente al de su contabilización, previa deducción del impuesto de la renta y cargas sociales. En ese orden de ideas, la sentencia recurrida tuvo por probado, en lo de interés lo siguiente: “ b) Que la Municipalidad demandada les ha reconocido a los accionantes el componente salarial denominado Salario Escolar, desde el año 2010, conforme al Convenio suscrito el 02 de febrero 2010, por la Comisión Negociadora de Aumento Salarial para el año 2010 y la Resolución ALCALDÍA-0020-2017 (según se indica en la constancia n°24-SGARH-SA-20 emitido por la Sección de Gestión Administrativa de la Municipalidad de San José, el cual se encuentra incorporada de imagen 699 a la 705 formato pdf del expediente electrónico. Ello también, en concordancia con citado Convenio suscrito entre la parte patronal y los representantes de los trabajadores, visible a imagen 723 a la 727 formato pdf del expediente digital).- c) Que el Salario Escolar en el sector público fue promovido como un componente salarial calculado sobre el salario total que perciben las personas trabajadoras y cuyo pago se realiza en forma acumulada en el mes de enero del año siguiente. Es decir, que a diferencia del sector [privado], en el que el salario escolar está conceptuado como una deducción del aumento salarial autorizado, en el sector público es un componente salarial acumulado, que se calcula con base en el salario mensual percibido en un año. (ver consideraciones jurisprudenciales de fondo, con sustento en jurisprudencia de la Sala Constitucional, Sala Segunda y la Procuraduría General de la República). d) Que el verdadero origen del salario escolar no fue propiamente la referida resolución DG-062-94 de 5 de agosto de 1994 de la Dirección General de Servicio Civil, sino que esta se dictó con fundamento en un “Acuerdo de Política Salarial para el Sector Público” suscrito el 23 de julio de 1994 por los representantes de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público. (ver consideraciones jurisprudenciales de fondo, con sustento en jurisprudencia de la Sala Constitucional, Sala Segunda y la Procuraduría General de la República) (Sic). Más adelante en el considerando de fondo (IV) se indicó: “…que en el caso de la Municipalidad de San José, a pesar de que el derecho era de aplicación obligatoria desde el año 1994, como se vio en el anterior hecho; es hasta el año 2010 que representantes de la Administración y representantes sindicales suscriben un convenio para aplicación de dicho rubro para lo que se estableció la siguiente estrategia: Primer semestre 2010 un 1,25%, para el segundo semestre 2010 un 1,25%, para el primer semestre del 2011 un 1%, para el segundo semestre 1%, para el primer semestre 2012 1%, para el segundo semestre 1%, para el primer semestre 2013 inicialmente se pactó en un 1% y para el segundo semestre un 0,69%. No obstante, lo anterior, en la negociación salarial para el primer semestre 2013, se varía el acuerdo y se aplica un 1,69% alcanzándose el 8,19% a partir del primer semestre 2013. Los porcentajes indicados todos sobre los salarios ordinarios y extraordinarios que devenguen los trabajadores y trabajadoras municipales. Explicaron, que en el año 2018 se hace una variación del salario escolar conforme la directriz ALCALDÍA-00020-2017 de fecha 24 de marzo 2017 en cumplimiento del Decreto Ejecutivo N° 39202-MTSS-H publicado en la Gaceta N° 170 del 01 de setiembre de 2015. En la misma directriz se dispuso ajustar el salario escolar de la siguiente forma: a) del 1 de enero al 31 de diciembre 2016, varía de 8,19% a 8,23%. B) del 01 de enero al 31 de diciembre 2017 varía a 8,28%. c) a partir del 01 de enero 2018 en adelante se varió a 8,33%. Señalan los accionantes que en el oficio DSM-3028-2018 del 28 de febrero 2018 el Consejo Municipal de San José transcribe el Acuerdo 9, A.V. de la Sesión ordinaria N° 096 del 27 de febrero 2018, en el que menciona entre otros oficios de la administración el 0027-SGARH-SA-18 del 04 de enero 2018, suscrito por el Lic. [Nombre 059], Jefe de Administración del Recurso Humano que indica: “…por lo anterior el pago del salario escolar en esta institución corresponde a un sistema de retención y pago diferido de un porcentaje total del aumento detectado por costo de vida para el año que corresponda…” (Sic) Con base en ello, que no es controvertido ante este órgano, contrario a lo expuesto en el recurso, el fundamento principal de la demanda -una supuesta retención ilegal de los montos que componen el salario escolar- resulta improcedente, pues dicha retención no puede calificarse de indebida, sino, el presupuesto del derecho del pago del salario escolar. Por la misma razón, el que se hubiese incurrido en error al no tener por acreditado que se hayan realizado efectivamente las retenciones, no tiene la virtud de variar lo resuelto, pues, se repite, la pretensión principal incluida en la demanda es el que se reconozcan sumas retenidas para el pago posterior del salario escolar, la que siempre y a todas luces resultaría carente de fundamento.
VI.- CONSIDERACIÓN FINAL: En virtud de lo expuesto, procede declarar sin lugar el recurso.
POR TANTO:
Se declara sin lugar el recurso.
Orlando Aguirre Gómez
Julia Varela Araya Luis Porfirio Sánchez Rodríguez
Jorge Enrique Olaso Álvarez Roxana Chacón Artavia

Res: 2022000492

RSANCHOL/wdcerdas

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