Sentencia Nº 2022-000598 de Sala Segunda de la Corte, 16-03-2022

EmisorSala Segunda de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha16 Marzo 2022
Número de sentencia2022-000598
Número de expediente18-001614-0641-LA
*180016140641LA*
Corte Suprema de Justicia
SALA SEGUNDA
Exp: 18-001614-0641-LA
Res: 2022-000598
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las diez horas del dieciséis de marzo de dos mil veintidós.
Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo de Cartago, por [Nombre 001], divorciado, contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, representada por su apoderado general judicial el licenciado Henry Morera Madrigal, de calidades desconocidas. Actúa como apoderado especial judicial del actor la licenciada A.C.H.G.. Todos mayores y vecinos de Cartago.
Redacta el Magistrado A.G.; y,
CONSIDERANDO:
I.- ANTECEDENTES: El actor dijo que solicitó una pensión por vejez del Régimen no Contributivo, ya que es una persona adulta mayor, enferma, no tiene medios de subsistencia, y los empleadores que tuvo solo en algunas ocasiones le aseguraron, por lo que no tiene las cuotas suficientes para una pensión por el régimen de invalidez y muerte. La le fue denegada en sede administrativa, razón por la cual solicita en esta sede se condene a la demandada a otorgarle la pensión por vejez a partir de la fecha en que hizo la solicitud administrativa, intereses y costas. El apoderado general judicial de la accionada opuso las excepciones de falta de derecho y falta de interés actual. Manifestó que la Caja Costarricense de Seguro Social le denegó la pensión administrativamente porque su condición socioeconómica no se ajusta a la reglamentación. Su IPC es mayor al parámetro establecido, producto del ingreso reportado como trabajador independiente por ¢313.592; no integra un grupo familiar y el indicador vigente al momento de la gestión era de ¢96.366, el cual es inferior al reportado por el actor. Para otorgar el beneficio solicitado, la persona interesada debe cumplir dos requisitos: la edad y el estado de necesidad evidente y manifiesta. Pidió que se declare sin lugar la demanda y se condene al actor al pago de ambas costas. El Juzgado declaró con lugar la demanda, condenó a la accionada a otorgarle al petente una pensión del Régimen no Contributivo por V. a partir del trece de setiembre de dos mil dieciocho, fecha en la que se interpuso proceso, y condenó a al demandada al pago de intereses legales sobre los montos de rentas vencidas, hasta su efectiva cancelación. Denegó las excepciones y condenó a la parte demandada al pago de ambas costas. Fijó las personales en cien mil colones. Consideró la persona juzgadora que el actor cumple con los requisitos reglamentarios, ya que se encuentra en estado de necesidad de amparo económico inmediato, carece de salario; sus posibles ingresos son inferiores a la línea de pobreza, pues lo que percibe -ocho mil colones al mes- proviene de cuidar una mascota; es un adulto mayor, recibe tratamiento de oncología por lo que su salud se ha venido deteriorando; tiene dos dos hijos, pero solo uno le ayuda económicamente con cincuenta mil colones mensuales y no tiene contacto con la hija desde larga data. Una sobrina le paga el seguro, y la casa donde habita es prestada por su hijo. Toda esa situación fue constatada a través de un estudio socioeconómico forense, el cual no fue desvirtuado por la accionada, que, si bien lo objetó, no presentó pruebas de que el actor no es merecedor de la pensión. Consideró la juzgadora que en la actualidad el demandante no cuenta con redes de apoyo familiar, no tiene el ingreso de ¢317.167, pues se encuentra desempleado. Los ingresos que recibe rondan los ¢69.000 mensuales, razón por la cual no supera la línea de pobreza que corresponde a ¢111.822.
II.- AGRAVIOS: Recurre el apoderado general judicial de la demandada y dice que en el fallo no se consideró la autonomía de la CCSS, que le permite autoregularse. Conforme a esa potestad, en el trámite administrativo de la pensión que solicitó el actor se constató que no se ajustaba a la reglamentación vigente, en especial los artículos 2 y 3 inciso a) del Reglamento de Régimen no Contributivo, por cuanto su IPC es mayor al parámetro establecido, debido al ingreso reportado para el aseguramiento como trabajador independiente por ¢313.592, que se encontraba por encima del indicador vigente a la fecha de la solicitud, el cual era de ¢96.366. Para otorgar la pensión pretendida se deben cumplir dos requisitos: la edad y el estado de necesidad evidente y manifiesta. Dice que como trabajador independiente -inscrito bajo esa modalidad-, reportó ese ingreso de alguna actividad, por lo cual debe considerarse lo que establece el artículo 7 del Instructivo del Régimen no Contributivo, que señala: “ En los casos de trabajadores independientes o asegurados voluntarios o por convenios, se tomará en cuenta el ingreso de referencia reportado en el SIP al momento del estudio o el monto anotado en la Declaración Jurada, si este último es mayor…” A su juicio, en el proceso se desvirtuó la ampliación del informe social al indicarse que sigue sin aclararse si la parte actora se encuentra en estado de pobreza extrema, y tampoco se profundizó en el aspecto de que el actor procreó un hijo, el cual le brinda un aporte económico de cincuenta mil colones mensuales y le paga los servicios públicos; una sobrina le cancela el seguro, todo lo cual fue omitido por el Juzgado, dejando a su representada en estado de indefensión. Critica la condena a pagar costas e intereses, pues su representada litigó con buena fe; inclusive la pensión se otorgó a partir del 13 de septiembre de 2018, fecha en la que se interpuso la demanda, evidenciándose que administrativamente el actor no cumplía los requisitos.
III.- FONDO DEL RECURSO: La parte recurrente critica el fallo pues, a su juicio, la juzgadora no tomó en cuenta que al momento de asegurarse voluntariamente el actor reportó ingresos muy superiores al IPC (¢96.366), ya que en aquel momento consignó ingresos mensuales de ¢313.592, y no formaba parte de un grupo familiar. El agravio no es de recibo. Si bien es cierto el monto del aseguramiento voluntario fue tomado en cuanta en la vía administrativa para denegar el reclamo, en la judicial, a través de un estudio socioeconómico se constató que los ingresos del demandante hoy día apenas llegan a los ¢69.000, no los ¢317.167 indicados para efectos de aseguramiento. La accionada pretende que se tome el monto de ingresos con que el actor se aseguró voluntariamente, como si esos fueran los ingresos reales en la actualidad; pero la situación no puede considerarse de esa forma, porque lo mencionado por la demandada no es prueba suficiente para considerar que el demandante continuó percibiendo ese ingreso. Para establecer tal situación a la luz de lo pretendido en esta demanda, debe analizarse toda la prueba que consta en el expediente, ya que la pensión solicitada es del régimen no contributivo, lo que se pidió así porque el demandante no clasifica para percibir el beneficio del IVM. En armonía con lo anterior, como se indica en el mismo recurso, con fundamento en lo expuesto en la sentencia, la pensión no fue fijada a partir de la gestión administrativa, sino desde el 13 de septiembre de 2018, fecha en la que se interpuso la demanda, con base en un estudio socioeconómico forense, según el cual el actor está en condiciones de necesidad. En autos el dictamen emitido por la Oficina de Trabajo Social y Psicología de Cartago el 10 de junio de 2119 (imagen 97 a la 102 del libro PDF del Juzgado), en el cual se concluyó que “El actor es un adulto mayor de 71 años de edad, con educación secundaria incompleta y de estado civil divorciado. Actualmente, los ingresos que percibe son mediante ayuda voluntaria de vecino como cuidador de mascota. Así mismo, recibe ayuda voluntaria por parte de familiares; en ambos casos el apoyo es temporal. A partir de la valoración realizada se identifica al grupo unifamiliar, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), en condición de Pobreza, debido a que según la línea de pobreza el ingreso per cápita es inferior a los parámetros establecidos por esta entidad a nivel nacional. A la vez, se identifica un nivel de egresos mayor a los ingresos reportados, limitando la satisfacción de las necesidades básicas del evaluado. También, se identifica como factor de vulnerabilidad la condición etaria y de salud del referido, debido a que es una persona que presenta antecedentes de Seminoma Testicular con Control Oncológico y afección en las articulaciones entre otras dolencias; imposibilitando al valorado poder optar por una responsabilidad laboral y por tanto limitando la obtención de un salario fijo para suplir las necesidades básicas propias, sea del grupo unifamiliar. Por otra parte, se identifica como factor protector que el referido cuenta con apoyo de un descendiente en el ámbito de vivienda, así como también en cuanto a ayuda económica ocasional por parte del último, familiares y vecinos en la medida que sus posibilidades socioeconómicas se lo permiten; razón por la cual en términos generales prevalece el estado de necesidad del señor ….”. En ese estudio se constató que al actor tiene ingresos por la suma de ¢69.000 mensuales, provenientes del pago de ocho mil colones por el cuido de una mascota, diecisiete mil colones que una sobrina le paga para que tenga seguro social, y cincuenta mil colones mensuales de ayuda voluntaria de su hijo y si bien la suma de esos tres factores en realidad es ¢75.000, sigue siendo inferior a la línea de pobreza -¢111.822 mensuales-. Por otro lado, tiene egresos de ¢110.000 por concepto de alimentos, productos de higiene y limpieza, servicio de agua, electricidad y el referido seguro, estos tres últimos le son donados. De ese informe se dio audiencia a las partes, y la accionada presentó un escrito en el cual alegó que en el dictamen socioeconómico forense no se tomó en consideración que en el expediente administrativo se constató que el actor se aseguró con un ingreso de ¢317.167, monto superior a la línea de pobreza, ni que procreó dos hijos, uno de los cuales le suministra cincuenta mil colones mensuales y una sobrina le paga diecisiete mil colones del seguro, por lo que pidió que se ampliara el informe, el cual fue aclarado y adicionado el 28 de junio de 2019 (imágenes 74 a la 78), y se reiteró que en la actualidad prevalece el estado de necesidad de amparo económico del actor. Con respecto a esa ampliación, la demandada alegó que en el estudio social se seguía sin tomar en cuenta los elementos que determinaron administrativamente la denegatoria de la pensión, sea el ingreso familiar reportado para efectos del aseguramiento como trabajador independiente. Es decir, la accionada insistió en que en la valoración socioeconómica debía considerarse que el demandante se aseguró por supuestos ingresos superiores al IPC, lo cual repite en el recurso que se conoce, pero no señala ningún elemento probatorio que desvirtúe el estudio efectuado por la profesional en trabajo social realizado, el cual se basa en la situación en que se encuentra el actor y se encontraba en el momento de la valoración. Debió la parte inconforme aportar pruebas que descartaran el informe, no bastando para desvalorizarlo, presumir que la base contributiva con que se inscribió en algunos meses del año 2012, 2013 y 2016 (ver detalle de las últimas doce cuotas en imagen 220 y 147 del libro PDF del Juzgado), se seguiría manteniendo en el tiempo, pues eso, precisamente, no fue lo que se constató en el informe de trabajo social realizado el 10 de junio de 2019 (imagen 97 ibidem), sino todo lo contrario. Incluso el artículo 7 del Instructivo del Régimen no Contributivo que invoca el recurrente, señala: “En los casos de trabajadores independientes o asegurados voluntarios o por convenios, se tomará en cuenta el ingreso de referencia reportado en el SIP al momento del estudio o el monto anotado en la Declaración Jurada, si este último es mayor…”. Es decir, ese es un ingreso de referencia, y la norma de comentario señala que ese ingreso de referencia “se tomará en cuenta”, no que es el único parámetro a usar, redacción de la norma que resulta razonable, pues en casos como el del actor, las pruebas técnicas demostraron que sus ingresos son inferiores a la línea de pobreza. La protesta de que el fallo omitió referirse a que el actor procreó un hijo, el cual le brinda un aporte económico de cincuenta mil colones mensuales y le paga los servicios públicos, y que una sobrina le suministra el seguro, no es de recibo, porque esos aspectos sí fueron valorados en el fallo al considerar los ingresos que recibe el actor, los que precisamente suman ¢69.000 (en realidad son ¢75.000) -únicos ingresos que percibe-. No existe, entonces, la errónea valoración de la prueba que se alega ni omisión en la consideración de esos ingresos. Como consecuencia de lo anterior y agregando a ello la condición de salud del demandante, el pronunciamiento de que se conoce está correcto y merece confirmatoria, con la excepción que se dirá.
IV.- COSTAS E INTERESES: Pretende el apoderado de la demandada que se exima de costas e intereses a su representada, porque actuó de buena fe, y como ejemplo de ello afirma que se le condenó a pagar la pensión a partir del 13 de septiembre de 2018, fecha en la que se interpuso la demanda, evidenciándose que administrativamente el actor no cumplía los requisitos. El agravio es de recibo parcialmente. El artículo 562 del Código de Trabajo establece que, en todo proceso laboral, la parte vencida debe correr con el pago de las costas y el 563 siguiente contempla los supuestos por los cuales las personas juzgadoras pueden exonerarles de esos gastos, siendo uno de ellos cuando haya litigado con evidente buena fe -inciso 1). En el caso del actor, la pensión se está concediendo con fundamento en una realidad constatada a través del estudio socieconómico efectuado en vía judicial, por lo que se considera que sí se está frente al supuesto eximente, es decir, la evidente buena fe de la accionada, por lo que debe anularse la sentencia solo en cuanto condenó a la Caja Costarricense de Seguro Social a pagar ambas costas del proceso, y fijó las personales en cien mil colones, para en su lugar exonerarle del pago de esos gastos. La pretensión de que se exima a la recurrente del paago de intereses por haber actuado en el proceso de buena fe, es improcedente. La obligación de resarcirlos se encuentra expresamente contemplada en el inciso 1 del artículo 565 del Código de Trabajo, y no se enuncian en la norma excepciones por la causa mencionada.
POR TANTO:
Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se anula la sentencia solo en cuanto condenó a la accionada a pagar ambas costas del proceso y fijó las personales en cien mil colones. En su lugar se exime a esa parte de pagar esos gastos. En lo demás, se desestima.
Orlando A.G.
Julia Varela Araya Luis Porfirio Sánchez Rodríguez
Jorge Enrique Olaso Álvarez Roxana Chacón Artavia
Res: 2022-000598
RSANCHOL/RPC

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