Sentencia Nº 2022-000606 de Sala Segunda de la Corte, 16-03-2022

EmisorSala Segunda de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente20-000327-1125-LA
Número de sentencia2022-000606
Fecha16 Marzo 2022
*200003271125LA*
Corte Suprema de Justicia
SALA SEGUNDA
Exp: 20-000327-1125-LA
Res: 2022-000606
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las diez horas cuarenta minutos del dieciséis de marzo de dos mil veintidós.
Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, sede P.Z., por [Nombre 001], soltera, desempleada, y vecina de San José, contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, representada por su apoderado general judicial, el licenciado H.M.M.. Figura como abogado de asistencia social de la actora, el licenciado L.M.H.. Todas las personas mayores de edad, abogadas y demás calidades desconocidas, con la excepción indicada.
Redacta el Magistrado A.G.; y,
CONSIDERANDO:
I.- ANTECEDENTES: La demanda fue planteada para que se condene a la Caja Costarricense de Seguro Social, a reconocerle a la actora una pensión por vejez del Régimen no Contributivo que ella administra, a partir de la fecha en que la solicitó en sede administrativa; junto con los intereses, indexación y ambas costas (escrito inicial incorporado al escritorio virtual del Juzgado el 2 de octubre de 2020). La parte demandada se opuso a esas pretensiones porque en sede administrativa lo que se pidió fue una pensión por invalidez y la propiedad inscrita a nombre de la accionante no se ajusta a la normativa vigente. Opuso las defensas de prescripción, caducidad, falta de interés actual, falta de agotamiento de la vía administrativa (resuelta por auto de las 10:01 horas del 23 de noviembre de 2020) y falta de derecho (contestación incorporada a ese escritorio virtual el 22 de octubre siguiente). La sentencia de instancia otorgó la pensión reclamada a partir 21 de junio de 2021 (fecha de la incorporación del Informe de Trabajo Social), junto con intereses e indexación pretendidos y le impuso a la accionada el pago de ambas costas, fijándolas prudencialmente en la cantidad de ciento cincuenta mil colones (fallo incorporado al escritorio virtual el 4 de agosto de 2021).
II.- RECURSO DE CASACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA: Reprocha que no se tomó en consideración su autonomía (artículos 73 de la Constitución Política y 1 de su Ley Constitutiva), que implica la capacidad para definir sus propias metas. Considera que en este asunto se ha quebrantado el principio de legalidad (numerales 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública), al que está sujeto el personal judicial, pues, no necesariamente se debe enviar a una persona trabajadora social, para determinar el ámbito socioeconómico de la actora, por cuanto la Ley de Creación del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE), número 9137; su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 40650 - MP-MIDHIS y la Directriz de Presidencia número 060-MTSS-MDHIS, publicada en la Gaceta número 202 del 24 de octubre del 2019; establecen la obligatoriedad de utilizar la clasificación de SINIRUBE como fuente de información socioeconómica de las personas y de los hogares que habitan en Costa Rica para todas las instituciones públicas del sector social, incluida la CCSS (artículos 1 y 3 inciso b) de dicha Directriz). Si la accionante no se encuentra ubicada en condición de pobreza o pobreza extrema (aporta constancia actualizada de SINIRUBE del 29 de junio de 2021), carece de derecho a la pensión pretendida. A su respecto cita la reforma del numeral 3 del Reglamento del Programa del Régimen No Contributivo de Pensiones, adoptada en el artículo 7 de la Sesión 8907 del 25 de mayo de 2017. Considera contrario a derecho otorgar la pensión, ya que la parte actora no cumple con los requisitos establecidos en dicha normativa. Dice que en sede administrativa se denegó el derecho porque el SINIRUBE la categoriza en NO POBRE. Por ello, la parte demandada se opuso al Dictamen Socioeconómico del 18 de junio de 2021. De esta manera, se evidencia que el a quo no solicitó modificar el Dictamen Socioeconómico que es totalmente contrario a derecho. Seguidamente manifiesta que cuando se le puso en conocimiento la referida pericia, indicó que la demandante no se encuentra en estado de pobreza o de pobreza extrema, según lo declarado en la Solicitud de Pensión con Carácter de Declaración Jurada donde se comprueba que tiene satisfechas todas sus necesidades básicas: alimentación, vivienda, vestido, servicios básicos y salud, no cumpliendo con las exigencias reglamentarias. Luego se opone a la fecha de rige de la pensión que viene dispuesta, por inobservar el artículo 3 inciso b) del Reglamento del Programa Régimen No Contributivo de Pensiones vigente a partir del mes de mayo de 2017, pues para el 21 de junio de 2021, se encontraba vigente la reforma al Reglamento del Programa del Régimen No Contributivo de Pensiones del 25 de mayo de 2017, resolviéndose la litis con base en la norma incorrecta, dejándose de considerar el requisito incorporado en los incisos a) y b) del artículo 3 de dicho Reglamento, según el cual es requisito sine qua non para la Caja contar con la clasificación de pobreza o pobreza extrema de la Ficha de integración Social del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios (SINIRUBE). Sostiene que primero se debió considerar y valorar la concurrencia o no de los requerimientos exigidos por la reforma al reglamento, especialmente el requisito de contar y resolver con base en la clasificación socioeconómica dada por el SINIRUBE al solicitante; y luego, proceder a la revisión de la validez del acto administrativo de rechazo de la pensión, considerando la obligatoriedad para la CCSS de resolver con base en la señalada calificación socioeconómica. En consecuencia, el fallo debe anularse y como la accionada se encuentra legal y reglamentariamente obligada al rechazo de la pensión (tanto al momento de resolver la solicitud y hasta que exista sentencia firme que la autorice), debió concederse la pensión a partir de la firmeza de la sentencia y no desde el 21 de junio de 2021. Por último, reprocha la condena en costas, debido a que administrativamente la parte actora no alcanzó los requisitos de la pensión, evidenciando que ha actuado de buena fe. Por ello, dicha imposición es improcedente; caso contrario, se solicita fijarla en una suma prudencial y no en la suma que se está condenando. Aparte de que es incongruente condenar en costas, si se está otorgando la pensión a partir del 21 de junio de 2021, fecha del Dictamen Social emitido en vía judicial. En términos generales, pide acoger el recurso, revocar y/o anular la sentencia impugnada y dictar una sentencia conforme a derecho (impugnación incorporada al escritorio virtual del Juzgado el 6 de agosto de 2021).
III.- SOBRE EL FONDO: El Régimen no Contributivo de Pensiones por Monto Básico fue creado por el artículo 4 de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares número 5662 del 23 de diciembre de 1974, reformado por el inciso 14, del numeral 14, de la Ley número 7018 del 20 de diciembre de 1985, que dispone lo siguiente: “D.F. se tomará un veinte por ciento para la formación de un capital destinado a financiar un programa no contributivo de pensiones por monto básico, en favor de aquellos ciudadanos que, encontrándose en necesidad de amparo económico inmediato, no hayan cotizado para ninguno de los regímenes contributivos existentes, o no hayan cumplido con el número de cuotas reglamentarias o plazos de espera requeridos en tales regímenes. / Este porcentaje se girará a la Caja Costarricense de Seguro Social, institución a la cual se le encomendará la administración de este régimen, a título de programa adicional al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte. La reglamentación correspondiente para el otorgamiento de tales beneficios, quedará a cargo de dicha institución”. Al igual que el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares del cual se nutre, ese régimen, cuya administración fue confiada a la entidad demandada, tiene como beneficiarias a personas en estado de pobreza o pobreza extrema (artículo 2 ídem). Su finalidad es la protección social de quienes no puedan obtener una pensión de alguno de los regímenes contributivos existentes y que, por cualquier condición, carezcan de la posibilidad de asegurarse ingresos económicos suficientes para velar por sus necesidades o las de sus dependientes y, por ello, se encuentren en necesidad de amparo económico inmediato (véanse, en sentido similar, los votos números 226, de las 9:30 horas, del 30 de setiembre de 1992; 876, de las 10 horas, del 11 de octubre de 2000; 359, de las 16 horas, del 17 de julio de 2002; 468, de las 15:40 horas, del 26 de agosto de 2003; 349, de las 10 horas, del 12 de mayo de 2004 y 864, de las 10:05 horas, del 14 de noviembre de 2007). Para el otorgamiento de la pensión, debemos considerar las regulaciones previstas en el Reglamento del Programa del Régimen no Contributivo de Pensiones. Según la parte recurrente, la sentencia de instancia aplicó una normativa que no rige el caso. Debe tenerse presente que si en sede judicial se revisa el acto administrativo denegatorio de la pensión, la normativa aplicable al asunto es la vigente al momento de la solicitud de pensión en vía administrativa (17 de setiembre de 2019). La pensión pretendida fue denegada en sede administrativa mediante resolución número 104370769-2020 del 22 de mayo de 2020, para lo cual se basó en el Reglamento del Programa del Régimen no Contributivo de Pensiones reformado en sus numerales 3, 8, 17 y 18 (reforma que entró a regir desde el 14 de julio de 2017), el que también el fallo identifica como su fundamento jurídico. El basamento dado fue el siguiente: “Usted no se encuentra en estado de pobreza o pobreza extrema, esto según lo declarado en la Solicitud de Pensión con Carácter de Declaración Jurada donde se comprueba que usted tiene satisfechas todas sus necesidades básicas como lo son alimentación, vivienda, vestido, servicios básicos y salud”. El numeral 3 reglamentario reformado, en lo de interés, reza: “Artículo 3° REQUISITOS PARA TENER POR CUMPLIDO EL ESTADO DE NECESIDAD DE AMPARO ECONOMICO INMEDIATO. Para ser pensionado del Régimen no Contributivo, se deberá acreditar por parte de la Administración, que el solicitante se encuentra en estado de necesidad de amparo económico inmediato. Para ello, debe cumplir los siguientes aspectos:/ a. No ser pensionado de algún régimen contributivo o no contributivo existente./ b. El solicitante debe encontrarse en condición de pobreza o pobreza extrema, según la Ficha de Información Social (FIS) o la Ficha de integración Social del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios (SINIRUBE), -las cuales serán revisadas de oficio por la Administración-. En caso de que el solicitante no cuente con ninguna de estas fichas, la Administración deberá determinar si tiene insatisfecha alguna de sus necesidades básicas (salud, alimentación, vivienda, vestido o servicios públicos)./ c. El ingreso por persona del grupo familiar del solicitante debe ser inferior o igual al indicador de la línea de pobreza nacional establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), o línea de pobreza familiar ampliada, según corresponda./ El indicador de la línea de pobreza familiar ampliada (LPFA) se utilizará para aquellos casos en que el solicitante declare y demuestre, mediante prueba fehaciente, que el grupo familiar tiene gastos por necesidades especiales. Dicho indicador se construye con el monto de la línea de pobreza total del grupo familiar vigente más los gastos por necesidades especiales. E] resultado del indicador LPFA que se obtenga para cada situación particular, se comparará con el ingreso total mensual del grupo familiar./ Si el resultado de este último es inferior o igual a la LPFA, se tendrá por cumplido este requisito./ Grupo familiar:/ Corresponde a la familia nuclear, conyugal o simple y comprende a los progenitores (padres) y sus hijos que no han logrado independencia económica y se encuentran solteros. incluye aquellos miembros ausentes por razones/ laborales o de salud. Bienes muebles o inmuebles:/ En caso de que el solicitante tenga inscritos bienes muebles o inmuebles, derechos de usufructo en su condición personal o a nombre de una persona jurídica en que tenga participación en el capital social, deberá demostrar los ingresos que éstos le generen, los cuales la Administración deberá tomar en cuenta para determinar los ingresos de grupo familiar y calcular el ingreso por persona...”. Este órgano ha externado criterio en el sentido de que, el hecho de que la persona se encuentre registrada en situación de pobreza o de pobreza extrema en el SINIRUBE es un aspecto formal que no puede apreciarse en forma aislada del resto del texto de la norma, debiendo interpretarse en armonía con el derecho fundamental que tutela este tipo de régimen (derecho a una vida digna, derivado del principio de justicia social y consagrado en los ordinales 51 y 74 de la Constitución Política (en ese sentido se puede consultar la sentencia de esta Sala número 31, de las 10:10 horas del 13 de enero de 2017). En concordancia con lo anterior, la misma norma contempla la posibilidad de que la persona gestionante no se encuentre dentro de la base de datos y establece que, en ese supuesto, la Administración deberá determinar si tiene alguna necesidad básica insatisfecha. Luego, no cabe duda de que el fin primordial es comprobar que la persona ciertamente se encuentra en un estado de necesidad de amparo económico inmediato (artículo 2 del Reglamento del Programa Régimen no Contributivo de Pensiones), sin que para ello exista un medio probatorio específico, pues, en esta materia no opera un régimen de prueba tasada, con lo cual todos los elementos probatorios admisibles son válidos para acreditar los hechos controvertidos, correspondiéndole a la persona juzgadora realizar el análisis de dichos elementos con sustento en las reglas de la sana crítica racional (véanse las resoluciones de esta Sala números 1910, de las 10:50 horas del 10 de octubre de 2019, y 1030, de las 15:55 horas del 26 de julio de 2017). Bajo esa inteligencia, el requisito de la ficha de integración social del SINIRUBE resulta deseable, mas no indispensable; y de contarse con ella ubicando a la persona en una condición de no pobreza, esto no inhibe la revisión del acto administrativo a efecto de determinar si realmente coincide con la realidad. Es cierto que, el otorgamiento de la pensión es un acto reglado, por lo que sólo se puede conceder si se cumplen las exigencias establecidas, entre ellas, el que la demandante se encuentre en situación de pobreza extrema (necesidad de amparo económico inmediato); requisito que se echó de menos en sede administrativa y que el fallo de que se conoce tuvo por acreditado dando razones de su decisión, las cuales no se combaten en forma precisa, de manera que puedan revisarse para variar lo que viene dispuesto.
IV.- SOBRE LA VIGENCIA DEL DERECHO: Ya este órgano ha externado criterio en el sentido de que en sede judicial se revisa si el acto administrativo denegatorio de la pensión está ajustado a derecho. Durante este proceso ha quedado establecido que, contrario a la motivación externada para denegar el beneficio, la actora sí se encuentra en necesidad de amparo económico del Estado para solventar sus necesidades básicas y del expediente -incluido el mencionado informe socio económico- no se desprende que dicho requisito lo cumpliera con posterioridad a su solicitud de pensión en aquella otra sede. Aparte de que ni siquiera en el recurso se da cuenta de alguna circunstancia acreditada, que provocara una variación de las condiciones económicas de la demandante. No obstante, el fallo de que se conoce fijó la fecha de la indicada pericia, como el punto de partida de la vigencia del derecho, sin que la parte interesada haya hecho un reclamo sobre el particular, no pudiendo este órgano modificar ese aspecto en perjuicio de la parte accionada, única recurrente ante la Sala.
V.- SOBRE LAS COSTAS: La normativa laboral contiene regulaciones especiales relativas a este tema; a saber, los numerales 562 y 563 del Código de Trabajo, de los cuales se desprende que la regla es condenar a la parte vencida al pago de las costas, en este caso, a la Caja Costarricense de Seguro Social, pudiendo dispensársele en los supuestos contemplados en esta última norma, a saber: “… cuando: 1) Se haya litigado con evidente buena fe. /2) Las proposiciones hayan prosperado parcialmente. /3) Cuando haya habido vencimiento recíproco. /La exoneración debe ser siempre razonada… /No podrá considerarse de buena fe a la parte que negó pretensiones evidentes que el resultado del proceso indique que debió aceptarlas, no asistió a la totalidad de la audiencia, adujo testigos sobornados o testigos y documentos falsos, no ofreció ninguna probanza para justificar su demanda o excepciones, si se fundaran en hechos disputados…”. Las alegaciones contenidas en el recurso tienden a que se considere que se está en presencia del primer supuesto citado. No obstante, para este órgano, es claro que la demandante se vio obligada a acudir a estrados judiciales en procura de la satisfacción de un derecho que legalmente le correspondía y, por esa razón, es justo que se le retribuya los gastos en que se le hizo incurrir; sin que el hecho de que se fijara la vigencia del derecho en una fecha coincidente con la pericia realizada durante el proceso, tenga la virtud de variar lo dispuesto sobre las costas, dado que como ya se explicó, no hay prueba de que los requisitos para la pensión fueran alcanzados con posterioridad a la solicitud administrativa. Por último, este es un asunto de cuantía inestimable con trascendencia económica, por lo que a la luz de esa normativa, por ese concepto debió fijarse un porcentaje de la condena hasta la firmeza de la sentencia, pudiendo incluso agregarse hasta un cincuenta por ciento adicional. No obstante, esto no lo combate la parte interesada. Mientras que la demandada lo que alega es que la cantidad impuesta por las personales (ciento cincuenta mil colones) resulta desproporcionada; agravio que no es de recibo. Esa suma se considera inferior a la que comúnmente se ha impuesto en este tipo de asuntos, atendiendo a la labor realizada, la cuantía de la cosa litigada y la posición económica de las partes; aspectos a tomar en consideración en aplicación del numeral 562 indicado.
VI.- CONSIDERACIÓN FINAL: Conforme con lo que viene expuesto, procede desestimar el recurso.
POR TANTO:
Se declara sin lugar el recurso.
Orlando A.G.
Julia Varela Araya Luis Porfirio Sánchez Rodríguez
Jorge Enrique Olaso Álvarez Roxana Chacón Artavia
Res: 2022-000606
MBOGANTES/RPC

1
EXP: 20-000327-1125-LA

Teléfonos: 2295-3671, 2295-3676, 2295-3675 y 2295-4406. Facsímile: 2295-3009. Correos Electrónicos: imoralesl@poder-judicial.go.cr. y jmolinab@poder-judicial.go.cr

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR