Sentencia Nº 2022-000614 de Sala Segunda de la Corte, 16-03-2022

EmisorSala Segunda de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha16 Marzo 2022
Número de expediente16-000872-0929-LA
Número de sentencia2022-000614
*160008720929LA*
Corte Suprema de Justicia
SALA SEGUNDA
Exp: 16-000872-0929-LA
Res: 2022-000614
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las once horas veinte minutos del dieciséis de marzo de dos mil veintidós.
Proceso ordinario laboral establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, por [Nombre 001], en unión de hecho, trabajador agrícola, contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, representada por su apoderada general judicial la licenciada M.I.A. y L., de calidades desconocidas. Figura como apoderado especial judicial del actor, el licenciado R.G.O., casado, abogado. Todos mayores y vecinos de Limón, con las excepciones indicadas.
Redacta la Magistrada V.A.; y,
CONSIDERANDO:
I.- ANTECEDENTES: Con la demanda, el actor pretende el otorgamiento de una pensión por invalidez a partir de la solicitud administrativa, conjuntamente con el aguinaldo, los intereses sobre las sumas a las que tiene derecho; y las costas de la acción, las que estimó en doscientos cincuenta mil colones. La representante legal de la accionada negó la procedencia de tales pretensiones, a las que opuso la excepción de falta de derecho. Por sentencia número 1113-2020, de las 9:15 horas del 23 de setiembre de 2020, el Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica rechazó la citada defensa y acogió la demanda obligando a la accionada a otorgarle al actor, una pensión mensual por invalidez, a partir del 22 de marzo de 2016, conjuntamente con las mensualidades y aguinaldos retroactivos adeudados desde esa fecha y hasta su efectivo pago; los intereses legales sobre las rentas vencidas según las reglas del artículo 565 del Código de Trabajo, a partir del 22 de marzo de 2016 y hasta su efectivo pago; y la indexación de los extremos económicos principales otorgados, a partir del 1° de noviembre de 2016 hasta el mes anterior a aquél en que se efectúe el pago. De igual manera le impuso el pago de las costas, fijando los honorarios de abogado en la suma prudencial de doscientos cincuenta mil colones. Contra esa decisión recurre la apoderada de la parte demandada (escrito visible a imagen 85 del expediente virtual del Juzgado).
II.- AGRAVIOS PLANTEADOS EN EL RECURSO: 1) Se alega violación de los artículos 6, 7 y 8 del Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte, por un error en la apreciación de la prueba al no resolver conforme a las pruebas constantes en el expediente, por cuanto, cuando al actor se le denegó la pensión en sede administrativa, no se encontraba bajo la condición médica requerida para jubilarse, según criterio emitido por la Comisión Calificadora de la Invalidez. Solicita valorar la documentación ofrecida y aportada, donde los médicos de la demandada evaluaron dicha condición médica, concluyendo que el actor no cumple con ella, por lo que solicita se otorgue la pensión a partir de la valoración realizada en sede judicial. Hace referencia a la validez y el peso del criterio de los Médicos Forenses, para lo cual cita el voto de esta Sala, número 2004-5 de las 9:00 horas del 16 de enero de 2004. 2) Se alega violación de la norma de fondo, por un error directo, al haberse fallado en contra de lo que dispone el numeral 9 del Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte. En este sentido aduce que la fijación del rige de la pensión es carente de toda motivación por cuanto, si la Comisión Calificadora determinó que el actor no cumple con la situación médica requerida para jubilarse, no existe razón o motivo para retrotraer los efectos a la fecha de presentación del reclamo administrativo. Considera que tal condición del actor debe considerarse sobrevenida a la fecha de su solicitud en sede administrativa, no siendo posible retrotraer los efectos de la sentencia a la solicitud administrativa porque para ese momento sus condiciones no eran suficientes para cumplir el requisito médico para pensionarse. Por lo anterior, la pensión debe regir a partir de la firmeza de la sentencia, o en el mejor de los casos, a partir de la fecha del dictamen médico forense. En relación con este criterio cita la sentencia de esta Sala número 2013-1290 de las 10:40 horas de 8 de noviembre de 2013, por lo que considera que la sentencia fue dictada sin una correcta valoración de la prueba, contraviniendo con ello lo dispuesto por los artículos 153 y 155 del anterior Código Procesal Civil. Insiste en que la denegatoria administrativa se sustentó en el criterio emitido por la Comisión Evaluadora del Estado de Invalidez y que fue con posterioridad que la Sección de Medicina del Trabajo de la Medicatura Forense estimó que sí cumplía con el requisito de la condición médica para jubilarse, por lo que el rige debe ser a partir de la firmeza de la sentencia que reconoce el derecho. 3) Finalmente, plantea que por haber actuado de buena fe, se resuelva este asunto sin especial condena en costas, considerando que el monto ordenado por costas personales, es completamente desproporcionado.
III.- DEL RIGE DE LA PENSIÓN: La disconformidad de la recurrente es respecto de la fecha a partir de la cual se ordenó la vigencia de la pensión, pues en su criterio, cuando el actor presentó la gestión administrativa no cumplía con la condición médica requerida para el régimen en el que pretendía jubilarse, según criterio de la Comisión Calificadora de la Invalidez. Las objeciones planteadas no son de recibo. En esta materia, el criterio sostenido por esta Sala –y por la Constitucional también- es que la pensión debe ser concedida desde el momento en que la persona cumple los requisitos de la normativa aplicable. Cuando el acto administrativo denegatorio del derecho se impugna en la vía judicial, en la sede judicial lo que se analiza es su ajuste con la legalidad. De ahí que, por lo general, cuando se determina que el derecho fue indebidamente denegado, éste se concede a partir del reclamo administrativo y no, de las valoraciones y pericias médico - legales que determinan el diagnóstico requerido, pues estas pericias lo que constatan es la existencia de una situación. Por eso se ha dicho que estos dictámenes no son constitutivos de la condición que declaran. Lo anterior, salvo que de la pericia técnica se determine efectivamente, que la condición de la persona solicitante fue sobrevenida al estudio médico administrativo. Es decir, la instancia judicial no es una fase ulterior para el análisis del cumplimiento de los requisitos por parte de la persona solicitante de una pensión. En esta otra vía judicial, lo que se revisa es la legalidad del acto administrativo denegatorio del derecho, que involucra, el cumplimiento de los requisitos. En la especie, está acreditado que en sede administrativa, mediante resolución No. 700400896-2016 de las 14:18:47 horas del 11 de octubre de 2016, la institución accionada resolvió la solicitud de pensión por invalidez planteada por [Nombre 001], denegando dicha gestión porque la Comisión Calificadora del estado de invalidez, lo declaró NO INVÁLIDO (ver imagen 5 del expediente virtual del Juzgado). En esta otra sede, el análisis se encamina a verificar la conformidad de esa decisión, con el ordenamiento jurídico; lo que involucra las razones de la negativa administrativa. El criterio emitido por la Comisión Evaluadora de la entidad demandada, forma parte de la motivación que sustenta al acto administrativo por lo cual, a fin de analizar si tal motivación es o no, correcta, en esta sede judicial se ordena la realización de una pericia técnica, por parte del órgano médico forense que asiste a los tribunales de la República. En este caso, el Dictamen Médico Legal, emitido por la Unidad Médico Legal, del Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial, el 21 de mayo de 2017 (ver imagen 35 del expediente virtual del Juzgado) fue concluyente en que “Para fines de Pensión por Invalidez considero que el paciente SI tiene más de las dos terceras (2/3) partes de pérdida de la capacidad para desempeñar su labor habitual u otra compatible con su capacidad residual.” De lo anterior resulta, que con el citado dictamen se confirma la condición médica del actor, una persona adulta mayor -de 69 años a la fecha de la evaluación- peón agrícola, con deterioro propio de la edad, con pérdida del 100% de la visión del ojo derecho; con moderados cambios degenerativos crónicos en la columna vertebral dorsolumbar, patologías crónicas y condiciones que, según el criterio experto, dadas las características de la actividad que representa, lo invalidan para realizar labores remuneradas. Es decir, esa pericia médica contradice y descarta aquel criterio médico rendido en sede administrativa; sin que existan elementos -no se mencionan en el recurso- que permitan concluir que lo constatado por la medicatura forense obedezca a una situación sobrevenida al actor, luego de haber sido examinado en aquella otra sede. Por esa razón, al acordarse el derecho a la pensión a partir de la gestión en sede administrativa, no se incurre en ninguna violación a las normas reglamentarias, pues lo que se hace en esta instancia judicial es comprobar la ilegalidad del acto administrativo denegatorio, pues ningún elemento permite pensar –como se plantea en el recurso- que la situación médica constatada por la pericia oficial, surgiera hasta el momento de la realización de esta pericia. Por el contrario, la sana crítica con la que se deben valorar los elementos probatorios en esta materia –doctrina del artículo 481 del Código de Trabajo- solo posibilita concluir que la motivación del acto administrativo denegatorio fue injustificado, y que el actor, desde el momento en que planteó su gestión ya presentaba la condición médica que le permite acceder al derecho reclamado. Por último, debe señalarse que con la supuesta incorrección en la valoración de la prueba nunca pudo infringirse los artículos 153 y 155 del anterior Código Procesal Civil, pues esas disposiciones hacían referencia a los requisitos formales que deben cumplir las sentencias.
IV.- COSTAS: Se solicita la exoneración en costas a la demandada por haber actuado de buena fe, petición que no resulta atendible. Si bien, el artículo 563 del Código de Trabajo, autoriza la exención en esos gastos a la parte perdidosa que haya litigado con evidente buena fe; del expediente no se extrae –ni se menciona en el recurso- alguna razón que permita considerar que la oposición de la demandada, haya sido en esa condición. Por el contrario, fue su negativa –infundada- a reconocerle el derecho en aquella vía, lo que lo obligó a acudir a esta sede judicial, con los consecuentes gastos que ello demanda y lo más relevante, con la imposibilidad de acceder en forma oportuna, a la pensión que requiere, dada la condición inválida que le impide proveerse de ingresos económicos con las cuales asistir a sus necesidades. Finalmente, estima la Sala que el monto acordado por concepto de costas personales es razonable y ajustado a la labor de un proceso que ha requerido de la intervención de un profesional en derecho, que ha atendido la litis por más de cinco años.
V.- CONCLUSIÓN: Como los agravios planteados no son de recibo para anular o modificar lo sentenciado, el recurso interpuesto deberá ser denegado.
POR TANTO:
Se declara sin lugar el recurso.
Orlando Aguirre Gómez
Julia V.A. Luis Porfirio Sánchez Rodríguez
Jorge Enrique Olaso Álvarez Roxana Chacón Artavia

Res: 2022000614

MALLON/mrg

1
EXP: 16-000872-0929-LA

Teléfonos: 2295-3671, 2295-3676, 2295-3675 y 2295-4406. Facsímile: 2295-3009. Correos Electrónicos: imoralesl@poder-judicial.go.cr. y jmolinab@poder-judicial.go.cr

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR