Sentencia Nº 2022-000617 de Sala Segunda de la Corte, 16-03-2022

EmisorSala Segunda de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente19-000071-1125-LA
Fecha16 Marzo 2022
Número de sentencia2022-000617
*190000711125LA*
Corte Suprema de Justicia
SALA SEGUNDA
Exp: 19-000071-1125-LA
Res: 2022-000617
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las once horas treinta y cinco minutos del dieciséis de marzo de dos mil veintidós.
Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, sede Pérez [Nombre 001], ama de casa; contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, representada por su apoderada general judicial, la licenciada E.V.F.R., casada. Figura, como apoderada especial judicial de la parte actora, la licenciada Nielci de los Ángeles Barrantes Pérez, de domicilio desconocido. Todas mayores, de estado civil desconocido, abogadas y vecinas de S.J., con las excepciones indicadas.
Redacta la Magistrada C.A.; y,
CONSIDERANDO:
I.- ANTECEDENTES: La actora promovió la presente acción para que en sentencia se condene a la demandada a otorgarle el pago de una pensión por vejez del Régimen No Contributivo desde la solicitud en sede administrativa, así como intereses y ambas costas del proceso. La apoderada general judicial de la accionada contestó negativamente la demanda y opuso la defensa de falta de derecho. El Juzgado acogió la excepción planteada, declaró con lugar la acción y condenó a la demandada al pago de una pensión por vejez del Régimen No Contributivo de Pensiones en beneficio de la parte actora, desde el 2 de junio del 2020. También concedió el pago de intereses legales y ambas costas, fijando las personales en la suma prudencial de doscientos mil colones.
II.- AGRAVIOS: La apoderada general judicial de la demandada muestra inconformidad con lo resuelto. Señala que, a la actora se le está otorgando la pensión de vejez por el régimen no contributivo sin encontrarse en estado de necesidad de amparo económico inmediato, ya que el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado - SINIRUBE- evaluó a la señora [Nombre 001], determinando que no se encuentra en pobreza. De ahí que, en sede administrativa se tuvo por demostrado que la demandante no se encontraba en estado de necesidad de amparo económico inmediato y, en consecuencia, no cumplía con los artículos 2° y 3° inciso c) del Reglamento del Programa del Régimen No Contributivo. Indica que, en la instancia anterior, aportó en calidad de prueba para mejor resolver la certificación de SINIRUBE actualizada a las 13:34 horas del 11 de enero del 2021, en la cual se establece que la parte actora es categorizada en condición de vulnerabilidad. Insiste en que, al momento de la solicitud en sede administrativa, la actora no se encontraba en condición de pobreza. Sostiene que, en la sentencia impugnada no se advirtió que la actora no cumplía con lo establecido en el artículo 3 inciso b) del Reglamento del Programa del Régimen No Contributivo, que refiere al SINIRUBE. Por otro lado, reprocha la condena en costas a cargo de su representada y solicita la exoneración al pago de estos gastos por haber litigado de buena fe (artículo 563 del Código de Trabajo). Alega que, en sede administrativa, se actuó de conformidad con los alcances del Reglamento del Programa del Régimen No Contributivo y apegados al principio de legalidad, siendo que la denegatoria de la pensión en dicha instancia se hizo basándose en el único elemento probatorio existente a ese momento, a saber, la evaluación del SINIRUBE que consta en el expediente administrativo, en la que se estableció que la demandante no se encontraba en una situación de necesidad de amparo económico inmediato. Conforme a lo expuesto, solicita acoger el recurso, revocar el fallo impugnado y, en su lugar, declarar sin lugar la demanda en todos sus extremos.
III.- ANÁLISIS DEL CASO: Mediante la Ley n.° 9137 del 30 de abril de 2013, con rige a partir del 5 de setiembre siguiente, se creó el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) como un órgano de desconcentración máxima adscrito al Instituto Mixto de Ayuda Social. Entre sus fines se incluyó el de: “Mantener una base de datos actualizada y de cobertura nacional con la información de todas las personas que requieran servicios, asistencias, subsidios o auxilios económicos, por encontrarse en situaciones de pobreza o necesidad”. En el artículo 6 se estipula : “Serán parte de este Sistema todas las instituciones del Estado que se dediquen a la ejecución de programas sociales”; entre ellas, la Caja Costarricense de Seguro Social. Mediante el Decreto Ejecutivo n.° 40650 del 1º de junio de 2017, vigente a partir del 3 de octubre de ese año, se reglamentó dicha ley; y en el numeral 77, respecto de la ficha de inclusión social, se dispuso: “El SINIRUBE, usando la información recibida de los integrantes del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado, gestionará la Ficha de Inclusión Social, en la que constarán compilados los datos y propondrá a las instituciones públicas y a los gobiernos locales, que dedican recursos para combatir la pobreza, una metodología única para determinar los niveles de pobreza. La FIS estará disponible para todos los integrantes del Sistema, a través del portal informático creado para el efecto (…)”. En distinto orden de ideas, el ordinal 2 del Reglamento del Programa Régimen no Contributivo de Pensiones estatuye: “...Este Régimen tiene por objeto proteger a todos los costarricenses y extranjeros residentes legales del país, así como a las personas menores de edad, quienes, a pesar de carecer de una condición migratoria regular en el territorio nacional, se encuentren en situación de pobreza o pobreza extrema (necesidad de amparo económico inmediato) y que no califican en alguno de los regímenes contributivos o no contributivos existentes, según las condiciones que se establecen en este Reglamento”. El tipo de personas beneficiarias se reguló en el numeral 6, que incluye a las personas adultas mayores, entendiendo por tales a aquellas que tengan 65 o más años de edad. En el artículo 3 se brindan los parámetros para determinar el estado de necesidad de amparo económico inmediato, por encontrarse en situación de pobreza o de pobreza extrema. En lo que interesa, la norma establece: “Para ser pensionado del Régimen no Contributivo, se deberá acreditar por parte de la Administración, que el solicitante se encuentra en estado de necesidad de amparo económico inmediato. Para ello, debe cumplir los siguientes aspectos: a. No ser pensionado de algún régimen contributivo o no contributivo existente. b. El solicitante debe encontrarse en condición de pobreza o pobreza extrema, según la Ficha de Información Social (FIS) o la Ficha de Integración Social del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios (SINIRUBE) -las cuales serán revisadas de oficio por la Administración-. En caso de que el solicitante no cuente con ninguna de estas fichas, la Administración deberá determinar si tiene insatisfecha alguna de sus necesidades básicas (salud, alimentación, vivienda, vestido o servicios públicos). c. El ingreso por persona del grupo familiar del solicitante debe ser inferior o igual al indicador de la línea de pobreza nacional establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), o línea de pobreza familiar ampliada, según corresponda (...)” (énfasis suplido). Si bien la recurrente lleva razón en su alegato, en tanto dicho numeral, en el inciso b), dice que la persona solicitante debe encontrarse en condición de pobreza o de pobreza extrema en los registros que lleva el sistema aludido, lo cierto es que esa exigencia constituye un aspecto formal que no puede apreciarse en forma aislada del resto del texto de la norma; aparte de que debe interpretarse en armonía con el derecho fundamental que tutela este tipo de régimen (derecho a una vida digna, derivado del principio de justicia social y consagrado en los ordinales 51 y 74 de la Constitución Política. En ese sentido, véase la sentencia de esta Sala n.° 31 de las 10:10 horas del 13 de enero de 2017). En concordancia con lo anterior, nótese que la misma norma contempla la posibilidad de que la persona no se encuentre dentro de la base de datos y establece que, en tal supuesto, la Administración deberá determinar si tiene alguna necesidad básica insatisfecha. De este modo, no cabe duda de que el fin primordial es comprobar que la persona ciertamente se encuentra en un estado de necesidad de amparo económico inmediato (artículo 2 del Reglamento del Programa Régimen no Contributivo de Pensiones), sin que para ello exista un medio probatorio en específico. Cabe recordar que en esta materia no opera un régimen de prueba tasada, con lo cual todos los elementos probatorios admisibles son válidos para acreditar los hechos controvertidos, correspondiéndole a la persona juzgadora realizar el análisis de dichos elementos con sustento en las reglas de la sana crítica racional (véanse las resoluciones de este Despacho n.° 1910 de las 10:50 horas del 10 de octubre de 2019 y 1030 de las 15:55 horas del 26 de julio de 2017 y más concretamente lo establecido en el numeral 481 del Código de Trabajo). Bajo esa inteligencia, el requisito de la ficha de integración social del SINIRUBE resulta deseable, mas no indispensable. No puede dejar de advertirse que las condiciones socioeconómicas de las personas no son inmutables. Por eso, la información del registro no puede ser considerada como una condición que impida la constatación de un estado de pobreza o de pobreza extrema; pues, más bien, el estudio pertinente puede llevar a la modificación de los datos que constan en el sistema. La Ficha de Integración Social puede constituir un elemento para tratar de unificar la información sobre el estado de pobreza o pobreza extrema en que se encuentra una determinada persona, para el mejor funcionamiento de las instituciones sociales del Estado y el adecuado reparto de las asistencias entre la población con necesidad, pero no puede enarbolarse como una condición inquebrantable y definitiva para denegar un beneficio como el reclamado por la accionante. La indicada ficha técnica es una declaración administrativa, como tal, revisable en la vía judicial, en tanto de su definición depende el otorgamiento de un derecho. P., por ejemplo, que en el mencionado sistema se incluya información falsa, parcial o errónea, que limite a la persona el acceder a un derecho. Bajo la tesis de la demandada, la definición de la condición del estado de necesidad de amparo económico inmediato, y consecuentemente el otorgamiento del derecho, estaría a cargo de lo que se defina en la ficha del SINIRUBE, y con ello, las personas no tendrían posibilidad de reclamar en sede judicial contra la denegatoria administrativa. La ley otorga el derecho a las personas en situación de pobreza o pobreza extrema, de manera que es el cumplimiento de esa condición lo que compete dilucidar a los fines del otorgamiento del beneficio. La declaración de persona en condición de pobreza que se pueda realizar al amparo del SINIRUBE podrá constituirse en un instrumento de la demandada, para la acreditación de la condición de la persona beneficiaria; pero la determinación que se haga en ese sistema no constituye un requisito en sí mismo de la condición económica de la persona; es decir, la información que se haga contar en la ficha del SINIRUBE no sustituye el requisito previsto por la ley para el otorgamiento de la pensión, pues incluso puede darse el caso de que la persona no cuente con ninguna de estas fichas, en cuyo caso lo que la Administración debe investigar es si tiene insatisfecha -dice la misma norma reglamentaria- alguna de sus necesidades básicas (salud, alimentación, vivienda, vestido o servicios públicos). De resultar correcto lo que pretende la impugnante, serían inconducentes las demás exigencias contenidas en el artículo 3 citado, en cuanto conceptúan la condición de pobreza a partir del ingreso familiar y del indicador de la línea de pobreza nacional establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. En definitiva, de acuerdo con los ordinales 2 y 4 de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares y el artículo 3 del Reglamento del Régimen No Contributivo de Pensiones por Monto Básico, las personas beneficiarias de una pensión de este régimen son quienes se encuentren en condición de pobreza o pobreza extrema (necesidad de amparo económico inmediato). Los criterios objetivos para la determinación de esa condición los brinda la norma reglamentaria: No ser pensionado de algún régimen contributivo o no contributivo existente; no tener satisfecha alguna de sus necesidades básicas (salud, alimentación, vivienda, vestido o servicios públicos); y el ingreso por persona del grupo familiar del solicitante debe ser inferior o igual al indicador de la línea de pobreza nacional establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. En caso de que la petente tenga inscritos bienes muebles o inmuebles, derechos de usufructo en su condición personal o a nombre de una persona jurídica en que tenga participación en el capital social, deberá demostrar los ingresos que estos le generen, los cuales la Administración deberá tomar en cuenta para determinar los ingresos del grupo familiar y calcular el ingreso por persona. Por esa razón, aun cuando la institución accionada pueda recurrir a la ficha del SINIRUBE para determinar la condición de pobreza o pobreza extrema de las personas reclamantes, ello no obsta para que, en esta sede, dichas personas puedan objetar aquella decisión y demostrar el cumplimiento de las condiciones reglamentarias que las sitúan como personas en pobreza o pobreza extrema, con necesidad de auxilio económico inmediato, que es lo que las hace merecedoras del beneficio. En consecuencia, en ninguna violación de ley ni de normativa reglamentaria ha incurrido el A quo si, al amparo de las demás probanzas traídas al proceso, se tuvo por acreditado que la actora se encuentra en la condición de necesidad del auxilio estatal que le permite acceder al Régimen No Contributivo de Pensiones.
IV.- COSTAS: El administrador de justicia condenó a la demandada al pago de las costas, lo que resulta conforme con lo dispuesto en el artículo 562 del Código de Trabajo, según el cual en toda sentencia se condenará al vencido, a quien ha satisfecho el derecho o a la parte sancionada con la finalización del asunto, al pago de las costas personales y procesales causadas. Los supuestos de excepción a esa regla los autoriza el numeral 563 siguiente, dentro de los cuales se encuentra cuando la parte ha litigado con evidente buena fe. La institución accionada alega una supuesta actuación de buena fe, porque su gestión fue conforme con la norma reglamentaria, dado que, en ese momento, la actora no se encontraba en estado de necesidad de amparo económico inmediato por parte del Estado, según la evaluación del SINIRUBE. No obstante, la desestimación de ese argumento evidencia que la justificación brindada a la denegatoria en sede administrativa no era correcta; y que fue la negativa infundada de la institución la que obligó a la promovente a acudir a esta sede judicial para el reconocimiento de su derecho, por lo cual no es posible considerar que su actuación haya sido de evidente buena fe.
V.- CONSIDERACIÓN FINAL: Conforme con lo expuesto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso.
POR TANTO:
Se declara sin lugar el recurso.
Orlando Aguirre Gómez
Julia Varela Araya Luis Porfirio Sánchez Rodríguez
Jorge Enrique Olaso Álvarez Roxana C.A.
Res: 2022-000617
MMONGEROD/RPC

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