Sentencia Nº 2022-000619 de Sala Segunda de la Corte, 16-03-2022

EmisorSala Segunda de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia2022-000619
Fecha16 Marzo 2022
Número de expediente20-000029-0694-LA
*200000290694LA*
Corte Suprema de Justicia
SALA SEGUNDA
Exp: 20-000029-0694-LA
Res: 2022-000619
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las once horas cuarenta y cinco minutos del dieciséis de marzo de dos mil veintidós.
Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, sede S.R., por [Nombre 001], desempleado y vecino de Alajuela, contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, representada por su apoderado general judicial, el licenciado R.A.S.D., vecino de San José. Figura como abogado de asistencia social del actor, el licenciado José Gerardo Sánchez Jiménez, de calidades desconocidas. Todos mayores, casados y abogados, con las excepciones indicadas.
Redacta el Magistrado A.G.; y,
CONSIDERANDO:
I.- ANTECEDENTES: En la demanda, el actor señaló que es una persona adulta mayor. Agregó que vive en una casa adquirida mediante un bono, en San Ramón de Alajuela, con su esposa, dos hijas y una nieta, quienes han dependido siempre de él. Indicó que fue peón agrícola, pero actualmente ya no puede realizar ninguna labor remunerada por su avanzada edad, por lo que tiene ingresos propios. Explicó que una de sus hijas, que no vive en el hogar, es quien paga los recibos de servicios públicos y la alimentación, pues él no tiene un trabajo estable, pero esa ayuda no es suficiente para solventar las necesidades del núcleo familiar. Por lo anterior, pidió se condene a la accionada a otorgarle una pensión por vejez desde el requerimiento en sede administrativa, intereses y ambas costas (imágenes 2-8 del expediente virtual del Juzgado). La parte accionada contestó en términos negativos y opuso la excepción de falta de derecho (imágenes 175-179 del expediente virtual del Juzgado). La a quo declaró sin lugar la demanda y resolvió sin especial condena en costas (imágenes 226-231 del expediente virtual del Juzgado).
II.- AGRAVIOS: La parte actora presenta recurso ante esta Sala. Acusa incorrecta valoración de la prueba y errónea aplicación del numeral 3 del Reglamento de Régimen no Contributivo. Rechaza lo indicado en el dictamen realizado por Trabajo Social, ya que sí se encuentra en una condición de vulnerabilidad, pues al no tener ingresos propios no cuenta con autonomía ni independencia de ningún tipo e incluso ve desatendidas necesidades básicas. Reitera que en el informe económico se toma en cuenta, como parte de sus ingresos, una beca estudiantil a favor de su nieta, monto debe ser excluido pues el mismo es pagado por Estado con el único fin de que su nieta pueda seguir estudiando, y eso mismo está destinada exclusivamente a la educación de la menor. Asimismo, se opone a la aplicación que se le da al inciso b) del numeral 3 del Reglamento del Régimen no Contributivo, ya que si bien es cierto, debe cumplirse con la condición de pobreza extrema para optar por la pensión, la misma no puede ser verificada de forma automática mediante las fichas de Información Social o la Ficha de integración Social del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios (SINIRUBE), dado a que estos sistemas no cuentan con un proceso real de actualización de datos por carecer de un método de análisis cuantitativo realizado en “el campo”, por lo que en caso de controversia respecto a la información allí contenida, debe resolverse el punto por un peritaje socio económico, el cual constituye prueba científica que a su vez debe ponderarse con la que ambas partes aporten al expediente. Hace ver que debe tomarse en cuenta que, si bien es cierto, el actor ha procreado hijos, no es cierto que ellos tengan los medios para apoyar sus necesidades básicas sin descuidar la propias y las de sus respectivos núcleos familiares. A su juicio, de la lectura del dictamen se desprende que el demandante se encuentra en una condición económica desfavorable.
III.- ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO: Según el artículo 14 del Reglamento del Programa Régimen no Contributivo de Pensiones, vigente a partir del 26 de setiembre de 2008, aplicable al presente caso, el régimen tiene como objeto proteger a las personas adultas mayores y a las inválidas, con o sin dependientes; a las viudas desamparadas, a las personas menores de edad huérfanas y a otras (según las definiciones establecidas en el numeral 6), cuando estén en necesidad de amparo económico inmediato y no hayan podido cotizar para algún otro régimen, o no hayan logrado cumplir los requisitos exigidos en esos otros regímenes. En el caso que nos ocupa, es un hecho no controvertido que el promovente es una persona adulta mayor de setenta y un años de edad (ver cédula en imagen 69 del expediente virtual del Juzgado). No obstante, no basta con que la persona gestionante cumpla con dicho requisito, por cuanto además debe encontrarse en un estado de necesidad de amparo económico inmediato. El artículo 3 del reglamento citado establece: “REQUISITOS PARA TENER POR CUMPLIDO EL ESTADO DE NECESIDAD DE AMPARO ECONÓMICO INMEDIATO. Para ser pensionado del Régimen no Contributivo, se deberá acreditar por parte de la Administración, que el solicitante se encuentra en estado de necesidad de amparo económico inmediato. Para ello, debe cumplir los siguientes aspectos: /a. No ser pensionado de algún régimen contributivo o no contributivo existente. /b. El solicitante debe encontrarse en condición de pobreza o pobreza extrema, según la Ficha de Información Social (FIS) o la Ficha de Integración Social del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios (SINIRUBE), -las cuales serán revisadas de oficio por la Administración-. En caso de que el solicitante no cuente con ninguna de estas fichas, la Administración deberá determinar si tiene insatisfecha alguna de sus necesidades básicas (salud, alimentación, vivienda, vestido o servicios públicos). /c. El ingreso por persona del grupo familiar del solicitante debe ser inferior o igual al indicador de la línea de pobreza nacional establecido por Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), o línea de pobreza familiar ampliada, según corresponda […] /d. Para aquellos solicitantes que hayan cumplido con los requisitos anteriores y que sean asalariados o trabajadores independientes, registrados como tales ante la Caja, la eficacia de este beneficio se tendrá una vez que los asalariados se encuentren cesantes, y en caso de los trabajadores independientes, a partir de su exclusión ante la Caja. (Así reformado en sesión N° 8907 del 25 de mayo de 2017)”. Y, el artículo 6 de esa norma regula, “Tipología de beneficiarios. Las prestaciones y beneficios que ofrece este Régimen se asignarán a las personas que se ubiquen en alguna de las siguientes tipologías: a. Personas adultas mayores: Son aquellas personas con 65 (sesenta y cinco) o más años de edad”. Así las cosas, para acceder a una pensión por el referido régimen se deben cumplir las siguientes condiciones: 1. No ser pensionado de algún régimen contributivo o no existente. 2. La persona solicitante se debe encontrar en pobreza o pobreza extrema según la ficha de información del SINIRUBE. 3. El ingreso per cápita debe ser inferior o igual al indicador de la línea de pobreza establecida por el INEC. 4. Tener 65 años de edad o más. En esta línea, consta en autos dictamen socio económico número 20-000932-0770-TS en el cual se concluye que “Según el análisis se determina que el ingreso per cápita de la persona referida es superior a la cantidad fijada por línea de pobreza en el mes de enero del 2021 para zona rural por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, por lo que se encuentra en condición de no pobreza extrema al momento de la valoración social. / En línea con lo anterior, como factor protector se identifica la presencia de la red de apoyo familiar que ha permitido la satisfacción de las necesidades básicas y materiales, no habiéndose hallado limitaciones en este aspecto, pese a que a la fecha, la única persona de la prole del señor A. que cumple con su responsabilidad legal es la señora [Nombre 004] . / Siguiendo el análisis, a partir de la aplicación del método de Pobreza Multidimensional y de los indicadores establecidos en este, no se hayan limitaciones que sitúen en condición de pobreza a la persona referida” (imágenes 197-204 del expediente virtual del Juzgado). En ese orden de ideas, la parte recurrente alega que la condición de pobreza no puede ser verificada de forma automática mediante las fichas de integración social del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios y Beneficiarias (SINIRUBE), pues a su juicio, no se cuenta con un proceso real de actualización de datos. Según su criterio, el asunto se debe resolver valorando un peritaje socioeconómico elaborado por las personas trabajadoras sociales del Poder Judicial y la prueba aportada a los autos por ambas partes. Además, asegura, no se puede tener como hecho probado que el accionante no se encuentra en una situación de necesidad de amparo económico solo porque el SINIRUBE así lo establece. Considera esta Sala que ese alegato no es procedente, por cuanto, el Juzgado llegó a esa conclusión apreciando la ficha de información del SINIRUBE, en la cual, el actor registra como “no pobre” y, el dictamen socioeconómico llevado a cabo por la trabajadora social del Poder Judicial. Es importante indicar que, como bien lo indica el recurrente, para valorar si la persona solicitante se encuentra en condición de pobreza no basta con verificar la información de las fichas de integración social del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios y Beneficiarias (SINIRUBE), pues también se deben valorar los demás elementos probatorios aportados a los autos. Sin embargo, este Despacho considera que no existen razones de mérito para variar lo dispuesto en primera instancia, por cuanto del informe social realizado en la sede judicial se colige que el accionante, así como su esposa, hija y nieta, tienen satisfechas sus necesidades básicas materiales. Aunado a ello, en el dictamen social se estableció que una de las hijas del solicitante que viven fuera del hogar, la señora [Nombre 004], asumió la satisfacción total de las necesidades básicas del núcleo familiar. Asimismo, se determinó que a pesar de su condición de salud, el actor no tiene necesidades especiales que impliquen gastos extraordinarios. De esta manera, y al considerarse que el ingreso per cápita es superior a la línea de pobreza para enero de 2021 (¢89.370,00), la trabajadora social estableció que el actor y su familia no se encuentran en condición de desamparo económico. Ahora bien, el demandante reprocha que el dictamen considere, como parte de sus ingresos, una beca estudiantil a favor de su nieta. Sobre lo anterior, debe indicarse que esta Sala ha reiterado el criterio de que determinados ingresos del grupo familiar no deben ser ponderados para establecer su relación con la línea de pobreza. Al respecto, se ha hecho ver que las asistencias derivadas de una beca estudiantil tienen destinatarios y fines específicos, por lo que no pueden considerarse como ingreso a los efectos de determinar la satisfacción de las necesidades del grupo familiar. De esta manera, lleva razón el solicitante en que dicho aporte no debe valorarse a la hora de determinar el ingreso familiar. Sin embargo, siguiendo lo considerado en la relación de ingresos y egresos del dictamen socio económico, aún y cuando se excluya de los ingresos la suma de ¢68.320,00, correspondiente a la beca estudiantil, el ingreso per cápita sigue superando la línea de pobreza, e incluso, suficiente para cubrir la totalidad de los egresos familiares. Así las cosas, no lleva razón la parte recurrente en cuanto alega incorrecta valoración de la prueba y del numeral 3 del Reglamento de Régimen No Contributivo de la C.C.S.S., dado que, como fue indicado supra, no se acreditó en los autos que el actor se encuentre en una situación de estado económico de amparo inmediato. Por lo anterior, procede mantener lo resuelto.
IV.- CONSIDERACIONES FINALES: Por las razones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso interpuesto por la parte actora.
POR TANTO:
Se declara sin lugar el recurso interpuesto por la parte actora.
Orlando Aguirre Gómez
Julia Varela Araya Luis Porfirio Sánchez Rodríguez
Jorge Enrique Olaso Álvarez Roxana Chacón Artavia

Res: 2022000619

AVMIRANDAS/wdcerdas

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EXP: 20-000029-0694-LA

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